Desde los destapes de casos emblemáticos como Lava Jato o el Club de la Construcción, la aplicación de medidas anticorrupción en todas las organizaciones ha empezado a ser relevante para evitar el daño que genera este delito.
Para las empresas el daño económico también es relevante. En los últimos tres años se registraron más de 200 sanciones a empresas por omisiones o faltas graves en sus Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Estas sanciones implican multas por procesos que suelen involucran responsabilidad de los directivos, gerentes y oficiales de cumplimiento directamente involucrados.
Beneficios estratégicos
Por ello, cada vez son más las empresas que vienen implementando programas de cumplimiento normativo, también llamados sistemas de “compliance”, que buscan prevenir delitos de corrupción y sanciones por fraude, soborno o cohecho, lavado de activos, entre otros.
En ese sentido, MERITUM Business School, escuela peruana de negocios no universitaria online, considera que implementar estas medidas genera al menos cinco ventajas en las organizaciones:
Buena reputación. Protegen la imagen y la reputación de una empresa. Con este instrumento se logra una opinión positiva, que hace a la organización más confiable para la realización de negocios e inversiones. Una empresa libre de corrupción, malas prácticas comerciales, fiscales, administrativas o gerenciales siempre será bien vista.
Vigilancia y control. Estos programas de cumplimiento permiten generar sistemas de control de manera interna, con lo cual, es posible identificar si algún trabajador está incurriendo en algún delito como fraude, soborno, lavado de activos, entre otros.
Reducción de riesgos. Estas medidas de control disminuyen el riesgo de que los colaboradores de las empresas incurran en malas prácticas por desconocimiento o que puedan provocar sanciones fiscales o penales de manera premeditada. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad que tienen las organizaciones es muy amplia.
Más competitividad. Nada es más atractivo para los inversionistas que una organización en la cual puedan depositar su confianza y estar seguros de que el capital proviene y se desarrolla con ética, de forma legal y con acciones transparentes.
Crecimiento ordenado. Estas normas de cumplimiento disponen también la posibilidad de crecer bajo una estructura saludable y ordenada, aplicando códigos de buen comportamiento, integridad, antisoborno y anticorrupción.
La vicepresidenta de Empresarios por la Integridad, Mariela García, en entrevista con Sudaca señala que se requiere de líderes firmes que combatan la corrupción en todos sus ámbitos. Es enfática en apuntar que combatirla es una lucha donde deben intervenir todos los sectores: público, privado y sociedad civil.
Previo al inicio de este gobierno, Empresarios por la Integridad emitió un comunicado al presidente Pedro Castillo instando a luchar contra la corrupción…
La corrupción es uno de los principales problemas en el país. Nosotros creemos que es un reto y una tarea de todos los peruanos, de todas las organizaciones: del sector público y del sector privado. Hemos partido del sector privado, que es donde nos desenvolvemos, pero también queremos ser interlocutores en esta problemática a nivel nacional, y el sector público es parte de esta tarea. Cuando se anunció el gabinete de ministros, salieron varios medios e instituciones a alertar sobre el perfil o la trayectoria de algunos de ellos, las dudas sobre su real compromiso con la integridad y la lucha anticorrupción, siendo además un tema que el Presidente constantemente comenta que está en su agenda. Entonces era un poco disonante el hecho de que algunos miembros del gabinete no sean tan claros. Nosotros creemos que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ser muy vocales y por eso hicimos este llamado de alerta. Consideramos que no se han dado todos los pasos que hubiéramos esperado que son algunos cambios en el gabinete.
Una de las personas más cuestionadas de este gabinete es el premier Guido Bellido, que el domingo lanzó un tuit sobre la nacionalización de Camisea. Desde Empresarios por la Integridad, ¿Cómo ven el impacto de la nacionalización de empresas como esta?
Nosotros saludamos algunas declaraciones que hizo el presidente recientemente, como en sus reuniones con empresarios en los Estados Unidos. Lo que venimos comentando es que en la agenda del país, así como está la lucha contra la pandemia, debe estar la salud financiera y económica de todos los peruanos. Sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo en el entorno político y lo que se necesita hoy es inversiones para generar puestos de trabajo. Lo que se requiere es estabilidad en las reglas de juego, reducir la incertidumbre. El propio ministro de Economía lo ha reconocido así. Entonces el anuncio de este tipo, donde además no se ve confluencia en el sentir, pensar y deseos de los diferentes actores del gobierno, no hace más que agrandar la incertidumbre y ahuyentar toda posible inversión con la consecuente generación de puestos de trabajo. Nosotros esperamos que en los próximos días se aclare el panorama, porque vemos anuncios en dos sentidos muy distintos al interior del Ejecutivo.
¿Ven ustedes la posibilidad de renegociar contratos con algunas empresas que de pronto vienen siendo cuestionadas en los últimos años?
Yo creo que en muchos sectores y muchos gremios han opinado ya sobre la apertura para poder conversar sobre necesidades que pueda tener el país. Creo que el empresariado en general ha mostrado bastante predisposición al diálogo. El diálogo se tiene que iniciar de otra manera y no con el tuit de la naturaleza que hemos visto.
Sobre corrupción: en el Perú tenemos empresas involucradas en estos casos. ¿Qué medidas se pueden adoptar para tener tolerancia cero a la corrupción?
Necesitamos líderes comprometidos y que pongan el tono desde la alta dirección de su compañía. Que se hable de esto. A veces los ciudadanos han vivido desde chicos aceptando algunos actos de pequeña corrupción, como normales. Entonces tenemos que ser muy vocales en las empresas sobre cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué es lo correcto. Pero claro, hablando solamente no podemos garantizar, sobre todo en las empresas que son más grandes, que solamente hablando todo el mundo actual actúe como queremos. Por eso es que cobran tanta importancia los programas de cumplimiento, los modelos de prevención que tienen una serie de elementos.
¿Cuáles son?
El primero es tener personas a cargo de este programa, dedicarle el tiempo y los recursos. Luego hacer un análisis de los principales riesgos en cada empresa, en cada giro del negocio y poner los controles. Lo siguiente es monitorear expedientes de los colaboradores para poder detectar cualquier señal de cambio en el patrimonio que pudiera alertarnos un comportamiento indebido. Una vez que ya contamos con el compromiso de los líderes, que son vocales que hablan de esto en su organización, que se aseguran de generar una cultura debemos ayudar a este cambio con la instalación de los modelos de prevención que deben ser certificados y evaluados por un tercero.
Al momento de detectar algún caso de corrupción dentro de las empresas, ¿cuál es el protocolo a seguir?
Lo ideal es detectarlo antes con los modelos de prevención. Por ejemplo, con controles de cómo sale el dinero en la empresa, si hay doble firma, verificar quién tiene que aprobar determinados documentos que van a generar ingresos en las empresas. El check in balance nos va a permitir evitarlo. Apenas uno toma conocimiento de estos casos, puede recurrir a los canales de denuncia abiertos donde se puede denunciar seas colaborador, cliente o un proveedor.
¿Aproximadamente cuánto dinero hace perder la corrupción a las empresas y cómo esto impacta en la economía del país?
Es gigante. Hay un estudio de la Contraloría de la República que estima que el costo de la corrupción en el país equivale a un 3% del PBI. Esta cifra representa el 15% de la ejecución del presupuesto nacional. Además, no es solamente económico, sino que inhibe las contrataciones público-privadas. Se deja de contratar a los mejores proveedores, por contratar con aquellos que quisieron salir de una conducta íntegra.
La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas. La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación.
El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado.
El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”.
(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida. Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.
Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.
El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.
En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.
De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados.
La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación.
El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.
Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.
La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.
En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.
14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.
El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019. El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final.
“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.
Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.
La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.
Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.
Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.
Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.
Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita.
“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.
La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.
Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.
6 de setiembre. En la curva de Chastudal, a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica, se despistó el bus que dejó dos haitianos muertos.
EL ORIGEN
11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.
Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.
María: A la pista… ¿peruana es?
Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.
[…]
María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser?
Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.
“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.
La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.
La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.
La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.
Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.
9 de setiembre. Fiscales especializados en crimen organizado encuentran en un inmueble cercano a la frontera a un grupo de migrantes. Había venezolanos y colombianos.
En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.
En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.
Conversación interceptada entre uno de los coyotes y un falsificador de documentos. El primero le pregunta si le puede hacer una autorización para que un menor viaje. El segundo le responde: “normal, no hay problema con eso”.
Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.
El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.
La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.
No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.
Fiscal especializado en Crimen Organizado César Changa Echevarría. Lleva investigando tres años a la mafia de coyotes junto a su colega Evelyn Taboada.
Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.
La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:
Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?
Chueco: ¿Qué ha pasado?
Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?
Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.
Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?
Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha.
La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.
“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.
Comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre el presunto cabecilla de esta mafia y uno de sus cómplices, que le cuenta que ha tenido que mandar a una migrante “por la trocha”. Es decir, por el desierto.
Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años.Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.
Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.
Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.
Durante el segundo trimestre de este año, Estonia, ex país comunista, superó el PBI per cápita de España. 30 años de políticas liberales y de modernización han llevado al país báltico a ser un caso de éxito. ¿Cómo lo logró?
Estonia fue conquistado por la Unión Soviética en 1939. A principios de los noventa, se vivía una situación familiar a la de muchos países comunistas: su sector industrial estaba en ruinas, los salarios reales se habían reducido a la mitad, la inflación era incontrolable y los alimentos, escasos.
En 1993, el historiador Mart Laar se convirtió en primer ministro. Laar mencionaba con frecuencia que, para ese momento, el único libro de economía que había leído era “Libertad para elegir”, de Milton Friedman. Desde la gestión de Laar, se implementaron una serie de medidas de libertad económica que lograron pasar de una economía centralizada y estatal a una economía de mercado dinámica, con unatasa de crecimiento anual del PIB de 4,02% en promedio, por encima del promedio europeo. Veamos algunas de las medidas que se implementaron.
Impuestos simples y atractivos: Es decir que, independiente de lo que gane un trabajador, la tasa de impuestos es siempre 20%. Las empresas son sujetas a un sistema bastante atractivo, ya que los impuestos se pagan solo cuando se han distribuido los beneficios (cuando se pagan dividendos, por ejemplo), incentivando así la reinversión por parte de las empresas. Las empresas pagan solo 20% de impuestos, y estos pueden ser reducidos hasta 14%.
Tecnología y bajos niveles de corrupción: Estonia es el único país donde el internet es un derecho garantizado en la Constitución. Son líderes en el llamado “gobierno electrónico”, y la mayoría de los trámites gobierno-ciudadano se hacen a través de internet, reduciendo costos y burocracia. Crear una empresa, votar, o adquirir un pasaporte son todos tramites que pueden hacerse de manera virtual. El alto nivel de digitalización ha llevado también a altos niveles de transparencia. Entre el 2003 y el 2020, el ex país comunista mejoró 20 puestos en el índice de corrupción global. Se estima que la digitalización les ahorra el 2% del PBI en sueldos y gastos.
Facilidad para hacer negocios: Estonia ostente el récord mundial de empresas emergentes por persona y está superando al resto de Europa. Esto se debe a que es muy fácil crear una empresa: todo puede hacerse de manera digital, los impuestos son bajos, las declaraciones de impuestos se realizan en menos de 3 minutos y los dividendos pagados a los no residentes no están sujetos a retención de impuestos.
Política macroeconómica responsable: esto no debe sorprender, pero Estonia es el país con menor endeudamiento de Europa, y ha mantenido en los últimos 30 años políticas fiscales saludables.
Adicional a todas estas buenas prácticas, Estonia es un país con políticas avanzadas en términos de igualdad de género, y de hecho este año se volvió el primer país del mundo en tener tanto presidente como primera ministra mujer. El país báltico ostenta el puesto #8 en el índice de libertad humana, por encima de Alemania, Suecia, Finlandia y Noruega, siendo su puntaje más fuerte en libertad personal. Es, además, el único país ex soviético que acepta las uniones civiles entre personas del mismo sexo y reconoce matrimonios realizados en otros países.
Envidiable, pues, lo de Estonia. Ojalá en el Perú podamos acercarnos más a las ideas y políticas que han llevado a este país a la prosperidad, y menos a políticas controlistas que restrinjan no solo la libertad económica, sino también la política y humana.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos.
¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.
Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.
El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.
“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.
Hablan los testigos
“La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz
Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas.
“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.
La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.
Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.
De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.
La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.
Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500.
Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.
Cobros crueles
Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.
Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.
En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.
También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.
Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.
Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.
El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.
“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.
La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular toda una organización que se habría dedicado a facilitar -a cambio de coimas- los trámites para quienes querían sacar o renovar sus licencias de conducir. Ello, en complicidad con los funcionarios del órgano encargado: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC).
Sudaca accedió a la resolución judicial que ordena la detención de 38 personas involucradas en estos presuntos delitos. En ella no solo se explica el modus operandi de la red y se expone su organigrama. También se registran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en los últimos dos años, las cuales han servido para establecer que algunos personajes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón e involucrados en la campaña electoral, habrían usado su influencia en el partido al servicio de la corrupción, para contratar, cesar o reubicar a los funcionarios del aparato público.
Las investigaciones preliminares de la fiscalía se vienen realizando desde el 2019 y se saldaron el pasado martes con la detención de 27 personas, siete de ellos vinculados a Perú Libre. Según fuentes de la región, esta mafia estaría enquistada en Junín desde hace varios años. Lo único que cambian son los funcionarios. “Esto no ocurre ahora nada más, sino también en gestiones pasadas. La única diferencia es que ahora los han agarrado con las manos en la masa, pero esto siempre ha sido parte de la región Junín”, dice José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo.
Ayer, Cárdenas publicó un comunicado “apersonándose” al proceso y pidió que se levante la orden de captura en su contra. Su abogado, Wilder Romero, dice que al cierre de esta edición su patrocinado no le había dado autorización para declarar.
La resolución señala, por ejemplo, que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado,cuando trabajaba como externo para la dirección de Educación, el dirigente se habría comunicado con Marina Vásquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del partido que ha llevado a la presidencia a Pedro Castillo.
Ambos acordaron, según el documento judicial, «dar por concluido los contratos CAS de Edgar Fredy Capcha Sanabria y una persona señalada como Yanina y favorecer en la contratación de Miguel Ángel Rivera Mauricio para que labore en la entidad regional antes señalada, decisiones que fueron dadas por razones de afiliación y/o vínculo político”. Rivera figura como militante de Perú Libre desde septiembre de aquel 2020.
¿Qué hacía un importante militante de Perú Libre, sin competencia en los temas de transporte, coordinando renovaciones, reubicaciones y hasta ceses de personal en este sector? Llamamos a Arturo Cárdenas, pero su celular está apagado.
Según la resolución, “se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos donde el partido político Perú Libre se encuentra en gestión», como lo venía denunciando Sudaca. Ello a pesar de que Cárdenas no tenía ningún cargo que le brinde estas atribuciones. Esta es una de las conclusiones atribuidas a la fiscalía.
La imputación contra Arturo Cárdenas, según la resolución judicial: «(…) quien aprovechándose de su condición de secretario nacional de Perú Libre tiene la facultad de colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en los puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones».
En un diálogo, Cárdenas hablaría con una mujer sobre la presunta reubicación de personal a distintas áreas del gobierno, como las subgerencias de desarrollo económico, social y promoción de inversiones:
Yiuliana: Oye Arturo, ¿cómo es el tema de la renovación? Cantorín nos ha sacado de la lista, algunos dicen que a ti también
Arturo: Sí, justo Ronald, de recursos, me ha llamado y me ha dicho: ‘ oye, te han llamado a la reunión de gerentes y subgerentes, incluso nos han sacado del whatsapp’ […] pero no importa, hemos cumplido con la valla en inversión, pero los únicos cambios que se han dado en desarrollo económico y social.
Yiuliana: Arturo, más que nada quiero empezar en otra cosa, en el tema de salud.
Arturo: Ya, yo voy a chequear […] voy a conversar bien ese tema porque yo le dije a Carlos que, bueno, ahí el monopolio lo tiene él, pero el partido está por encima. También Eduardo Gutarra de transportes salió, yo voy a ver ese tema.
Otra conversación que cita el juzgado redondea la hipótesis. En esta, Cárdenas le dice a su interlocutora que ya no hay “espacio” en el gobierno regional, y por eso tendrá que quedarse en una municipalidad:
Arturo: Dame tus datos por WhatsApp y en qué área vas estar de la muni. Sí, para que te quedes ahí.
Tali: Pero yo quiero ir al gobierno [regional].
Arturo: Es que ahí ya no hay espacio, te vas a quedar en la muni.
La fiscalía, según recoge el documento judicial, cree que la influencia de Cárdenas también habría servido para obtener recursos con el objetivo de movilizarse durante la campaña electoral. El dinero, según el documento, habría salido de los “cupos” regularmente cobrados por la mafia de los brevetes.
“Tal poder lo ejercería por su vinculación con el partido político Perú Libre, que se encuentra en la gestión regional actualmente […] siendo que “Waldys”, a fin de continuar desarrollando la actividad criminal de la organización en la provincia de Satipo, vendría entregando a “Arturo” o “Burro” [los alias de Cárdenas] el importe obtenido por concepto de un acto ilícito [cobro de cupos] de favorecimiento, cuyo monto oscilaría entre los S/1.300 a S/1.500”, apunta el escrito, que no precisa la periodicidad en la entrega de estos montos.
“Waldys” es Waldys Vilcapoma Manrique, encargado desde el 2019 de la sede Satipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. También es militante de Perú Libre. Según denunció Correo, durante el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón fue designado como director regional de Producción pese a no contar con el grado de licenciado, requisito para ejercer el cargo. En estas recientes elecciones, postuló como congresista por la región de Pasco.
Otro viejo militante que también quiso ser congresista y actualmente está no habido es José Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador de Perú Libre el año 2012 y actual secretario de prensa nacional. En abril del 2019, fue nombrado por Vladimir Cerrón como director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Cuando a fines de aquel año Cerrón fue destituido luego de su condena por corrupción, Bendezú siguió en su puesto hasta mayo del 2020.
Según la resolución judicial, en sus comunicaciones una funcionaria de nombre Marina “le proporciona información que debería ser clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección para plazas CAS, que efectuarán funcionarios de la DRTC Junín, con lo cual Bendezú podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus recomendados”.
Bendezú no se detuvo ni cuando en diciembre del 2020 fue contratado como gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, otro de los bastiones más importantes del partido del lápiz. El 9 de ese mes, Benedezú conversó telefónicamente con una persona que se identificaba como Flores, para interceder por un vehículo que acababa de ser internado en el depósito. “Un servicio, espérame ahí o, si no, espera al señor Pompeyo. ¿Sabes qué? Su carrito lo han intervenido, es un auto, por favor dale todas las facilidades, por favor dale todas las facilidades de parte del mismo alcalde”, le dijo a su interlocutor, según la resolución.
La imputación a José Bendezú Gutarra, «al haber colaborado e influenciado en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización, por la contratación en puestos laborales que se vinculan al trámite y emisión de licencias de conducir».
El documento también recuerda que en mayo del 2020 Bendezú fue denunciado públicamente por el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cobro de cupos.Así informó el medio ‘Portal Central’, de Junín: “el sindicato denuncia que existe un ‘negocio de cupos’ para los exámenes de conocimiento y manejo”. El gremio también involucraba en sus acusaciones a Marina Vásquez López -la “Marina” antes mencionada-, jefa de personal de la mentada Dirección y cofundadora y actual secretaria de organización Oriente de Perú Libre.
Daniel Reyes Salguerán, militante de Perú Libre entre el 2013 y el 2017, es otro de los embarrados en todo este asunto. El pasado 7 de enero, en una conversación con Francisco Muedas Santana, un funcionario del área de licencias y afiliado al partido desde septiembre del 2020, Reyes coordinaba el favorecimiento a su hijo durante un examen de manejo. El documento describe así al retoño del funcionario: un “postulante que durante su evaluación resultará desaprobado, pero que producto de las influencias ejercidas por Reyes Salguerán posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir A-I”.
El negociado quedó registrado en las escuchas telefónicas:
Fran: Su hijo ha desaprobado. En el último se ha parado encima del blanco (…) Depende de usted si le apoyamos.
Reyes: Claro, de una vez. Para olvidarme del tema
Fran: ya, pero no le diga nada, porque yo lo he dejado que siga nomás.
Reyes: Ah, ya, ya.
José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo, apunta que varios de los funcionarios involucrados en esta investigación nunca debieron ocupar estos cargos pero que fueron protegidos por Vladimir Cerrón desde el inicio de su gestión. “En un momento se mencionó que ellos [funcionarios como Arturo Cárdenas] no cumplían con el perfil para asumir estos cargos. Hay informes de la Contraloría que mencionan que no se debía mantener en el cargo a estas personas por no cumplir ese perfil. Sin embargo, en ese entonces, el exgobernador Cerrón manifestó una frase que hasta ahora queda en Junín: ‘Mis técnicos son altamente políticos y mis políticos son altamente técnicos’, palabras con las que se excusó para no hacer ningún cambio”, dice.
Operativo en riesgo
La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue citada el día de ayer al Congreso por este caso, denominado “Los Dinámicos del Centro”, en un nuevo episodio parlamentario de pérdida de tiempo. Esto a raíz de que el diario Perú21 dijera que el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había frustrado que el megaoperativo se lleve a cabo antes de la segunda vuelta electoral, algo que hubiesen aplaudido los dueños del Grupo El Comercio por el golpe que podría haber significado para la candidatura del profesor.
Carta de la fiscal Bonnie Bautista dirigida a Perú 21: «debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados».Sin embargo, Sudaca accedió ayer a una carta firmada por la fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, y dirigida al diario de marras. En esta aclara que ella recién comunicó a Tello la fecha tentativa del operativo el pasado 8 de junio, dos días después de las elecciones.
“Debo rechazar tajantemente tales afirmaciones por ser falsas. El despacho bajo mi cargo no planificó ni coordinó llevar a cabo el operativo al que se refiere la publicación antes del 6 de junio, dado que todo megaoperativo debe planificarse conjuntamente con el personal de la Diviac a fin de garantizar el éxito del mismo”, escribe Bautista.
“Asimismo, debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”, agrega la fiscal. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se usa como arma política.
(**) Fotoportada: Leyla López: En la imagen aparecen (a la izquierda) José Bendezú Gutarra y (derecha) Arturo Cárdenas Tóvar. Ambos militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.
Recuerdo cuando hace pocos años atrás mostrábamos preocupación por la banalidad de las actividades del gobierno de Vizcarra proyectadas para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. El asunto sobre esa conmemoración llegó a mayores cuando el año pasado irrumpe la pandemia y con la restricción social se tira abajo muchos más de los actos planificados. Pero eso no fue todo, pues su sentido se trastoca nuevamente cuando tras la vacancia de la Presidencia de la República y el golpe del congresista Manuel Merino, se le otorga un nuevo significado: doscientos años de sometimiento y explotación negados por el exitoso modelo neoliberal, quedan develados ante la envergadura de nuestras profundas carencias en salud, la pérdida de un año de educación regular y la exposición de los puntos más débiles de nuestra institucionalidad democrática. Es entonces cuando el emblema del bicentenario pasan a encarnarlo las vidas de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sacrificadas durante la lucha en las calles contra la descontrolada represión policial, otorgándole con el nombre “Generación bicentenario” un homenaje a los jóvenes que con su fuerza consiguieron un gobierno transitorio que convoca a elecciones presidenciales y de pronto…
Debido a que nuestro sistema democrático permite postular hasta a una candidata en plena investigación judicial por dirigir una presunta organización criminal de lavado de activos; ante el desconcierto nacional, pasan a la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y un recordado y sorprendente líder sindical, profesor de escuela rural de educación primaria, llamado Pedro Castillo que postula invitado por un partido cuyo líder se encuentra también acusado de corrupción. Lentamente, Castillo deslinda sus vínculos con el fundador del partido marxista leninista que lo albergó, cambia su postura sobre el enfoque de género y da forma a un equipo técnico, con claro esfuerzo porque quedara conformado con una notoria mayoría de intelectuales y científicos regionales y con el menor número de capitalinos posible.
Keiko y los sectores socioeconómicos A y B de las principales ciudades de la costa peruana, entre ellas la más desproporcionadamente poblada Lima, declararon cerrar filas contra el comunismo. Pero en realidad, cerraron filas contra los campesinos, con un racismo y un clasismo quizá sólo vistos hasta cuando los terratenientes pudieron mantenerlos analfabetos en las décadas de 1950 y 1960, aquellas del “desborde popular”.
Esa es la razón por la que el triunfo de Pedro Castillo no simboliza una división para el país, sino la primera integración real, radical y democrática de las hijas, de los hijos de los campesinos analfabetos que pudieron atender a la escuela por primera vez en sus familias. Y ya su esposa se ha encargado de contarnos cómo fue que se conocieron en sus aulas, en su patio, en ese espacio que Castillo supo reconocer y valorar desde niño como un medio de transformación.
Keiko Fujimori y el sector que la respalda (encabezado por el marqués Mario Vargas Llosa, defensor “porque sí” del sistema liberal) insisten en que Castillo sí lo divide, pues encabeza a los “resentidos sociales” o “ignorantes” que han sido capaces de realizar un “fraude” organizado a nivel nacional. La prueba principal para exigir la nulidad de las actas se basa en considerar que las firmas no totalmente similares al DNI son falsas, única explicación que justifica que pueblos rurales enteros hayan votado por Castillo.
Al resto del Perú no le queda la menor duda que la razón por la que acusa sin verdaderas pruebas es porque falta poco para retornar a la prisión preventiva el próximo lunes 21 de junio y porque luego será condenada a treinta años de prisión por los delitos cometidos. Pero lo interesante es que sus seguidores, quienes repiten todo lo que ella denuncia de manera obcecada, parecen perpetuar un juego especular en el que ella proyecta sus delitos y culpas en sus opositores. Ella se declara protectora de la libertad y la democracia cuando niega los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, amenaza al Jurado Nacional de Elecciones y sus aliados políticos piden golpe de estado. Sus seguidores gritan portando antorchas que se respete su voto, pero ellos insisten en que el voto de los pobladores rurales es falso. De ser así, si todo aquello de lo que son culpables lo proyectan, ¿quiénes están sintiendo el “resentimiento social” al que se refieren? La población que ha venido hasta Lima para velar por su voto, para defenderse de la cárcel que la imputación de firma falsa implica como castigo, solo ha compartido, desde que ha llegado a la capital, solidaridad, sonrisas y alegrías durante las marchas. Una esperanza y una unión nunca antes vista. Si de rencor se trata, entonces, que aprendan a darse cuenta de que puede estar dentro de quien lo acusa, que quizá sea esa rabia que da ver que el poder que se ejercía sometiendo y despreciando a quienes no hablan su castellano, comen o se visten como ellos, es la patética furia que ya llegó la hora de apagar, pues llegó el tiempo, doscientos años después, para que los igual de verdaderos y merecidos dueños de nuestra tierra se encarguen de nuestro gobierno.
