corrupción

Es imprescindible entonces tomar medidas necesarias para contrarrestar la criminalidad y la corrupción. Eso implica un liderazgo político activo para reactivar el Concejo de Seguridad Ciudadana y para llevar el problema a una discusión pública para la toma de medidas claves que cambien la percepción ciudadana de inseguridad. No esperemos que llegue Batman, que es ficción. Pero tengamos en cuenta que puede volver el discurso autoritario que puede ganar una elección y quitar las libertades.

Existe un voto cautivo para este tipo de liderazgos y discursos de mano dura. Ese es uno de los grandes retos del país para reformar las instituciones.

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Ante esta situación, es urgente que se tomen medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Además, se requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia para promover una cultura de transparencia y participación ciudadana.

Tenemos tres años por delante para lograrlo si no queremos que esa encuesta se vuelva premonitoria y si bien sean otros los nombres, las mismas actitudes detrás de ellos sean las que predominen en una próxima jornada electoral, convirtiendo estos años políticos en un quinquenio también perdido no solo en materia económica.

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A pesar de los costos que implica implementar una política anticorrupción efectiva, ella es imperativa. La corrupción ha causado un daño incalculable a la economía peruana y ha minado la confianza de la ciudadanía. Sin una política anticorrupción efectiva, el Perú seguirá siendo un país que no cumple con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, lo que afectará la inversión extranjera y el crecimiento económico a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que los costos de no implementar una política anticorrupción son inmensos. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también corroe la democracia y el Estado de derecho. Si no se toman medidas efectivas para combatirla, la corrupción seguirá siendo una amenaza para el bienestar de los peruanos y para el futuro del país.

La implementación de una política anticorrupción efectiva es una necesidad urgente en el Perú. Es hora de tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

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La corrupción es un cáncer que debe ser extirpado de raíz si queremos tener una sociedad justa y equitativa. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para todos los ciudadanos, porque solo así podremos construir un futuro mejor para todos. El castigo a los corruptos del más alto escalafón social, como un expresidente, deja en ese sentido huella profunda.

El daño político que la corrupción de Toledo, símbolo de muchas esperanzas políticas y sociales (particularmente identitarias), ha dejado, es inmenso y merece por ello la justicia más severa, sin contemplaciones, y mucho menos haciendo eco de los argumentos pueriles de su defensa (que ya parece calco y copia de la del inefable exmandatario, Pedro Castillo).

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En definitiva, la reflexión de Semana Santa que debemos hacer en el Perú es sobre el valor de la honestidad y la integridad en la vida pública. Hay claramente una contradicción esencial entre ser un país tan católico confeso y a la vez tan corrupto. Los sepulcros blanqueados abundan y demuestran que el mensaje ético católico simplemente es letra muerta. Es imperativo recordar que la corrupción es un mal que afecta a todos y que solo podemos combatirlo juntos, con el compromiso y la participación de todos los ciudadanos. Solo así podremos construir un país más justo, equitativo y próspero para todos.

Corrección: me hacen notar, con razón, que he pecado de exageración al cuestionar la miopía moral del arzobispo Carlos Castillo respecto de la gestión de Pedro Castillo, y me traen a colación que fue uno de los primeros en pedir la renuncia del exmandatario. Mea culpa. Rectifico la dureza de mi columna de ayer.

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Como en esos países el socialismo consiguió entronizar en el poder a líderes que por cumplir sus promesas agotaron los fondos económicos en muy pocos años, el aumento de la pobreza provocó una migración trasnacional que desató una ola de violencia que llegó hasta Ciudad Capital, circulando por las calles, asesinando migrantes, trabajadoras sexuales y víctimas de trata. El fascismo en Ciudad Capital sacó provecho de la lucha contra las bandas delincuenciales y al igual que en sus vecinos países fascistas, encontró en su erradicación, la forma de justificar el olvido de los derechos humanos, impulsando la represión y el encarcelamiento masivo. Así el fascismo aprovechó para enviar la doctrina social de la iglesia de regreso a los túneles de las catacumbas, y darle a las iglesias nacionales y extranjeras fascistas de Ciudad Capital el control de la moral.  De inmediato sus pastores declararon detestar a las instituciones que se atrevieran a hablar sobre poblaciones vulnerables y mayores atrocidades. Por eso el gobernador de Ciudad Capital, tan firme y místico creyente, ha clausurado el Museo de la memoria, el único lugar donde se resguardaba la verdad que contradecía tan duramente el discurso del fascismo y a sus aclamados escritores, quienes decidieron volver a contar la historia de tal manera que nunca se diga algo malo sobre los fascistas o algo bueno sobre esa horrenda creencia en los derechos humanos que tanto daño le hace a Ciudad Capital.

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Hay tres hechos que podrían tumbarse al gobierno de Dina Boluarte: 1.- que la protesta social recrudezca y la respuesta represiva sea torpe y desmedida como sucedió entre diciembre y enero; 2.- que cometa un error político mayúsculo que la lleve a enemistarse con sus bases de apoyo congresales en el centro y la derecha parlamentarias; 3.- que aparezca alguna denuncia de corrupción que roce siquiera a la figura presidencial y ello lleve a un mayor desplome de su ya débil apoyo ciudadano y que, por ende, su respaldo congresal se pierda y se produzca una nueva vacancia en la política nacional.

La prensa debe estar atenta a cualquier estropicio corrupto que se pueda cometer. Si la consecuencia de una denuncia es la caída de Boluarte, pues bien merecido será. Ya no podemos repetir el error de tener consideraciones políticas por encima de atingencias morales respecto de una gestión gubernativa.

La del estribo: más vale tarde que nunca. Imperdible la obra teatral Juzgado de Familia Nro. 6. Magistralmente interpretada por Nani Pease, bajo la dirección de Tirso Causillas, es de lo mejor que se ha visto en los últimos tiempos teatrales peruanos. Lamentablemente, solo va hasta hoy, en el Centro Cultural de la PUCP. Entradas en joinnus.

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Se han ido millones por el desagüe. Allí sí ha funcionado el drenaje, directo a los bolsillos de centenares de funcionarios corruptos que se han llevado en camión los dineros que debieran haber servido para construir puentes, reforzar riberas y edificar drenajes pluviales. Se han gastado 51 mil millones de soles y no se ha hecho casi nada. El país sigue expuesto a las mismas desgracias que todos los años, desde hace décadas, vemos en tiempos de lluvias. Hay varios que ojalá terminen en la cárcel, porque lo que se ha hecho es un latrocinio sin nombre. El Ministerio Público debería nombrar una Fiscalía ad hoc para afrontar este caso de espanto en el manejo de los dineros de todos los peruanos. Debe haber más de un personaje de alto vuelo comprometido en el enjuague.

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“El desarrollo de las propuestas tiene claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el ponente.

Asimismo, Von Hesse puntualizó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten mejoras como autorizar la contratación de personal altamente cualificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otras.

“Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplan sus funciones a cabalidad”, acotó el director de Videnza.

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