corrupción

Que la corrupción siempre ha existido en el Perú, eso es indiscutible. Un país que desde la colonia siempre ha vivido del extractivismo y la exportación, ha tenido que aprender de buena o mala manera a lo largo de sus dos siglos de república, a combatirla y rebajarla lo que fuera posible. Sin duda, si las prácticas de abuso y corrupción como las del siglo XIX (cuando antes y después de la guerra del Pacífico un puñado de familias peruanas y extranjeras se repartió tierras, ganado y minas con todo y población para enriquecer sus bolsillos) siguieran vigentes hoy en día, seríamos un serio motivo de preocupación internacional. Sin embargo, aunque los criterios éticos mundiales contemporáneos de buen gobierno y nuestra dolorosa lucha interna por los derechos humanos se han encargado de ir cerrando el paso a los descalabros de angurria política que busca regresar a aquellos tiempos de leyes con apellidos, las actuales cabezas de redes de clientelaje regional, agroexportación, minería, y narcotráfico han encontrado una vía inesperada que nos ha resultado terriblemente amenazante: han descubierto que pueden perpetuarse en el Congreso y en el Poder Judicial mediante una simple reforma constitucional que les permita perpetuarse en su curul.

 

Esa potestad que tenían los congresistas de poder reelegirse indefinidamente gracias a la Constitución de 1993, las peruanas y los peruanos la habíamos logrado eliminar con el referéndum del año 2018. Como en el referéndum también se planteó la bicameralidad, quisieron los congresistas dárselas de criollos y utilizar esta otra reforma solicitada como un recurso para que el Poder Ejecutivo no pudiera disolver el Congreso tras haber negado la confianza a dos gabinetes ministeriales. Su jugarreta consistió en poner en el proyecto que, si tanto la cámara de Senado como la de Diputados se oponía a esta decisión, esta orden de disolver quedaba anulada. ¡Así de simple! No nos quedó más remedio que tener que abandonar la bicameralidad para que no la utilizaran a su favor. Pero no les dimos el gusto.

 

Ahora bien, sin rendirse, y sacando provecho de la circunstancia electoral presidencial que en estas últimas semanas ha copado nuestra preocupación, y escondiéndose detrás de la campaña acordada por los propietarios de los principales medios de comunicación para no hablar de otra cosa que no sea la que provoque el miedo al comunismo, la mayoría del Congreso, de manera aún más burda, nuevamente ha conseguido cómo cambiar la Constitución para recuperar su posibilidad de reelegirse. Incansables, sabiendo estos congresistas que con una sola legislatura ya no podían modificar nada, porque los cambios a la Constitución solo pueden darse si consiguen la votación favorable en dos legislaturas ordinarias consecutivas o la aprobación en una legislatura y la ratificación en un referéndum, de pronto, de manera tan sorprendente como desconcertante, ¡aprobaron dividir la última legislatura en dos! Aunque usted no lo crea, como en un truco de sombrero o en un momento irónico de Lewis Carroll, consiguieron las dos legislaturas necesarias. El plazo entre la primera y la segunda, la que permite discutir sus propuestas de reformas antes de que cesen sus funciones, durará solo un mes. Un mes tendrán para aprobar la bicameralidad, de tal manera que pasar del cargo de senador a diputado y viceversa, elimine el impedimento para conseguir la reelección indefinida perfecta.

 

Como bien les señaló la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, puede que sea legal, pero indudablemente, no haberse inventado la posibilidad de crear una legislatura de esa manera no puede ser legítima. De decretarse esta reelección, los congresistas de las 10 bancadas del parlamento que entrará en funciones el 28 de junio (6 de las cuales están vinculadas a Fuerza Popular y otras agrupaciones con congresistas investigados por corrupción) podrán reelegirse una y otra y otra vez. Lo ha leído correctamente. Y si además, usted no vota por la candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República (ya se lo deben haber dicho por la televisión o la radio). perderá su canon familiar y se hundirá en la peor miseria comunista.

 

¿Hasta dónde podrán llegar los engaños y cortinas de humo de las cabezas de las redes de corrupción nacional? Quizá ya deberíamos ser un serio motivo de preocupación internacional.

 

1 de junio de 2021

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Congreso, corrupción, Perú

El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

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corrupción, Ministerio público, tráfico de madera, tumbes
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