Parece sensata la preocupación de la presidenta Boluarte por recomponer presencialmente la figura del país a través de la diplomacia presidencial (sin soslayar los cuestionamientos constitucionales que existen respecto de sus anunciados viajes al exterior), pero pareciera que el orden de prioridades palaciegas anda un poco de cabeza.
Antes que ir a Brasil, Europa o Estados Unidos, Dina Boluarte debe poder ir a Cusco, Ayacucho o Puno, entre otras regiones, donde en estos momentos su presencia es inadmisible. No es aceptable que haya localidades del país a las cuales la primera mandataria no pueda siquiera acudir.
El sur andino es el más refractario a la presencia presidencial. Razones de sobra existen. Y no se ve del lado del régimen un proyecto de recomposición política al respecto. Se ha hablado de una suerte de plan Marshall. Nada de nada. Vinculación política directa con las autoridades locales. Tampoco nada. Políticas de reparación a los deudos de las víctimas. Menos.
Es clave, en términos políticos, que el gobierno logre esa reconciliación. Si se mantiene la situación como está, el sur andino va a votar en bloque por una opción radical de izquierda, con lo cual aquella tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. Y conocido el ánimo antiestablishment de gruesos sectores de la ciudadanía, es probable que se repita el fenómeno Castillo. Y esta vez, con mayor presencia o mayoría congresal, asegurando así que se pierda el país democrático y el régimen económico en menos de un lustro.
A la propia Boluarte debería interesarle que eso no ocurra. Si le sucede un gobierno de esas características, conocida la ineludible influencia de Palacio en el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo más probable es que la dupla Boluarte-Otárola termine en prisión.
Si es auténtico el giro a la derecha del gobierno, a una derecha mediocre y sin luces, pero derechista, con mayor razón debería tener en claro que no es posible dejar el sur andino librado a esta suerte de emulsión radical creciente que se aprecia. Se necesita de un gran operativo sociopolítico y económico para remediar ese problema. Y ello debería ser prioridad política número uno, muy por encima de los arrellanados viajes al exterior.
