Audiocolumna

De hecho, el fallecimiento del líder histórico del fujimorismo, Alberto Fujimori, con la imagen de unidad precedente que había logrado galvanizar con su familia, supondrá una inyección anímica política a favor del keikismo.

Si ya, según las encuestas, Keiko mostraba índices de potencial votación cercanos al 10%, seguramente aquellos subirán y la colocarán ya, casi segura, en la segunda vuelta del 2026.

De allí la urgencia de clamar por la unidad de la centroderecha liberal. Le haría daño al país que llegue al poder la opción populista, mercantilista, autoritaria y conservadora que representa Keiko Fujimori, que ha heredado lo peor del legado de su padre y le ha agregado un ingrediente conservador que su progenitor no tenía.

Debe evitarse a toda costa que el país se vea envuelto nuevamente en la tesitura de tener que votar por Keiko Fujimori como mal menor frente a un Antauro Humala o un Guido Bellido, como sucedió en el 2021 frente al nefasto Pedro Castillo.

El país merece una opción de derecha moderna, democrática e institucionalista, ya no el modelo ajado del keikismo, pero si no se produce una conjunción de esfuerzos políticos le estarán regalando el pase a la segunda vuelta a Fuerza Popular.

Y lo peor es que lo más probable es que pierda esa elección. En los predios naranjas confían en que esta vez sí la harán porque Antauro es un cuco mayor que Castillo. Se equivocan de cabo a rabo. Antauro es mejor candidato que Pedro Castillo y, además, postula encaramado sobre una mayor furia popular que la que existía el 2021.

Si queremos a un desquiciado proyecto político sentado en Palacio el 2026, asegurémonos de que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta. Para evitarlo, no nos cansaremos de reiterarlo, ello pasa por lograr un gran frente centroderechista, con equipos tecnocráticos y un buen programa de gobierno (además de, por supuesto, un buen candidato).

Hay momentos históricos que hacen que las naciones requieran de un tipo de gobierno en particular, si alguno de derecha inclinado sobre todo a reforzar la marcha económica o si alguno de izquierda predispuesto más a construir un tejido institucional.

Hoy, el Perú necesita a gritos un régimen de derecha liberal, que ponga especial énfasis en romper el marasmo económico instalado en el país desde el 2011 cuando Ollanta Humala empezó a pervertir las fórmulas de mercado construidas desde la reforma de los 90.

Con ello, el Perú recuperará las tasas de crecimiento que permitieron la generación de una inmensa clase media (por primera vez en su historia el dibujo sociográfico de las clases sociales peruanas era un rombo), disminuir radicalmente la pobreza y aminorar las desigualdades.

De la mano con ello, con ese sostén sociológico prodemocracia, abocarse a hacer lo que los regímenes de la transición no hicieron, que es construir reformas institucionales en salud, educación, seguridad y justicia, pero desde un punto de vista liberal, no de izquierda, ni caviar (por años, la izquierda ha manejado estos sectores y los resultados saltan a la vista: millones en consultorías -que debieran ser investigadas- y cero resultados).

Lo único bueno que se hizo en materia institucional fue la reforma educativa dirigida por Jaime Saavedra, que solo quien no lo conoce puede tildar de izquierdista, caviar o estatista. Hay decenas de estudios de políticas públicas que, desde un punto de vista liberal, proponen fórmulas de arreglo de problemas seculares como la salud y la educación públicas, la justicia y la seguridad.  A ellos y sus tecnócratas hay que acudir.

Anticipo mi voto: lo haré por aquel candidato de derecha liberal que sepa ofrecer un programa de gobierno y un equipo tecnocrático capaz de empezar a hacer estar reformas estructurales desde el primer día. No votaré por la izquierda y mucho menos por la derecha populista y mercantilista que impera, por ejemplo, en el Congreso actual.

Se necesita una refundación republicana, pero rápida y acelerada, no gradual no timorata. La vorágine reformista de los 90 en materia económica debe ser replicada incluyendo en esta ocasión materias de institucionalidad democrática secularmente soslayadas en el Perú y que han generado la justificada irritación popular con el statu quo.

Tags:

candidatos peru 2026, elecciones peru 2026

El apaleo desmedido e injustificado que sufriera a manos de la policía, Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, a propósito de los justificados reclamos que el gremio sindical está realizando por convenios incumplidos por este gobierno, lo lanza de lleno a la arena política.

Ya de por sí, Castro está registrado como parte del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y busca, por ende, afianzar una opción política de izquierda para las elecciones del 2026. No ha tenido mejor lanzamiento que el que el gobierno, torpemente, le ha desplegado por la habitual conducta abusiva de las fuerzas represivas.

La historia política del país está plagada de hechos así, que luego escalan y se convierten en hitos fundacionales de líderes. Desde el manguerazo de Belaunde, el desplante de Alan García a Manuel Ulloa, el propio desempeño del radical y taimado Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017, sirvieron de catalizadores de la opinión pública.

En el caso particular de Lucio Castro, este gesto tiene un componente adicional. Sintoniza perfectamente con la irritación popular que este gobierno genera, que el statu quo produce, y que ya se expresa en diversas circunstancias por arrebatos de furia popular.

La educación y su mejora son un clamor ciudadano. Y el Sutep ha sabido ponerse del lado de la reforma magisterial. Sus reclamos tienen, por ello, una legitimidad mayor porque exige lo que la ciudadanía hace suyo: una mejor educación pública para todos los sectores populares.

En la izquierda ya hay varias candidaturas, pero ninguna tiene la base sindical organizada y galvanizada que tiene Lucio Castro. Más de 350 mil maestros alineados como un puño (se ha logrado derrotar al senderista sindicato de Castillo) son una fuerza política de arranque que permite avizorarle un futuro electoral promisorio.

Tags:

izquierda peruana, lucio castro, partido de los trabajadores y emprendedores

Acabo de hablar con el presidente de Colombia Gustavo Petro por la tensa situación que estamos viviendo a nivel regional producto de la incertidumbre que existe en Venezuela. Concordamos que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano y que a la brevedad se trasparenten los resultados de la elección mediante una verificación imparcial. Trabajaremos juntos para colaborar en que la paz y la democracia prevalezcan en nuestra América”.

Recibí en La Moneda al canciller AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además, hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia.

Ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra. He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía.

Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro “el adjetivo cuando no da vida, mata”, y ellos han asesinado la palabra democracia”.

La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile. Mis respetos a todo el pueblo venezolano que lucha por la democracia, la justicia y la libertad”.

¿Lo dice un derechista anticomunista, un enfebrecido radical reaccionario? No, es el izquierdista mandatario chileno Gabriel Boric. Ojalá algún día tengamos una izquierda así en el Perú.

Van a tener que trabajar mucho, sostenida e inteligentemente, los candidatos de la centroderecha y centroizquierda democráticas, para lograr enfrentar la tendencia a que el 2026 irrumpa con inesperada contundencia un candidato antisistema, radical, populista y/o autoritario.

Las condiciones están dadas para que ocurra algo semejante. Tenemos un Estado débil, incapaz de desplegar políticas públicas y mucho menos de brindar servicios esenciales de calidad, la gente está irritada y furiosa por ello (todas las encuestas coinciden al respecto), la clase media -sostén histórico de las democracias- está disminuyendo a pasos agigantados (o por la pobreza creciente o por la emigración masiva de sus miembros).

En el mundo, además, las democracias occidentales han perdido su hegemonía ante la aparición de la China y la revitalización de Rusia, rompiendo el monopolio que después de la caída del muro de Berlín ejercieron los Estados Unidos y la Unión Europea. Es más, en las propias democracias occidentales, la democracia misma está seriamente amenazada por la irrupción de la derecha radical autoritaria.

En el caso peruano se suma el desgaste de la transición democrática post Fujimori por no haber sido capaz de afrontar los desafíos sociales que le correspondían, limitándose a gobernar en piloto automático.

El fenómeno no es nuevo. En circunstancias parecidas han emergido Fujimori, Bukele, Milei, Bolsonaro, Correa, Chávez, Castillo, el propio Trump, para no hablar de los extremistas europeos.

Las cartas vienen jugadas en ese sentido. Por el lado izquierdo, un Antauro o un Bellido; por el lado derecho un Butters o un Álvarez. Si el gran centro democrático no se pone las pilas y no toma consciencia del grave riesgo de la fragmentación y la futilidad de las campañas cortas, perderá sin atenuantes las próximas elecciones.

Que nadie se dé después por sorprendido. Si al coctel mencionado, le sumamos, la penetración de las redes sociales y la destructiva participación de los dineros ilegales en las campañas -seguramente apoyando a los candidatos disruptivos- entenderemos la magnitud del desafío. Ojalá lo entienda el poco de clase política democrática decente que subsiste en el país.

Uno ya no sabe si está ante un cuadro de cinismo desembozado, o un estado de confusión moral e ideológica pavoroso, cuando escucha a la excongresista Indira Huillca, escamotear las inquisitivas preguntas de Jaime Chincha respecto del caso de Venezuela y si lo que allí se vive califica como dictadura, respondiendo que sí, pero que es igual a la que se vive en el Perú.

Fuera de la retórica y demagógica calificación de “dictadura congresal” que la izquierda se ha inventado para definir la prepotencia y daño democrático que nuestro Legislativo, sin duda, está perpetrando, no hay forma, ni en la más enfebrecida imaginación, que pueda hacer que se califique el gobierno de Dina Boluarte como dictatorial.

Acá el Congreso puede hacer idioteces, pero no ha sido capaz siquiera de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y sus leyes son desacatadas por el Poder Judicial, explícita o tácitamente (como en el caso de la prescripción de los delitos de lesa humanidad); la prensa actúa independientemente y mayoría, si no la totalidad, es crítica del régimen; la sociedad civil (ONGs y gremios empresariales) opera con libertad y autonomía y sus integrantes pueden decir, como lo hacen, lo que les viene en gana sin temer ser encarcelados al día siguiente o sufrir represalias económicas.

Hubo muertes injustificadas a fines del 2022 e inicios del 2023, y la justicia ya tiene un camino trazado para juzgar a los responsables (inclusive el Ministerio Público ha presentado denuncia constitucional contra la presidenta). En una democracia también ocurren violaciones a los derechos humanos, pero, a diferencia de Venezuela, que tiene más muertos en su haber, acá hay un derrotero de justicia que al final del día sancionará a los culpables.

¿Algo así podría ocurrir en Venezuela? Allá se detienen a los opositores, se ha acogotado a la prensa independiente hasta casi hacerla desparecer, las ONGs no existen y los gremios empresariales que osen protestar sufren de inmediato expropiaciones o severos castigos y la represión asesina a diario a opositores. Los poderes del Estado (el sistema judicial y electoral) están copados por el gobierno y éste es capaz por ello de tramitar un fraude escandaloso como el de las últimas elecciones presidenciales.

¿Puede Indira Huillca, sin ruborizarse, decir que vivimos en una dictadura como la venezolana? Eso lo dice para rebajar el calificativo que le endosa al régimen de Maduro y demuestra una vez más, lamentablemente, que un sector importante de la izquierda peruana ha involucionado y ya no tiene entre sus banderas a enarbolar la de la democracia.

Una respuesta lacerante, por los efectos corrosivos que contiene para la democracia, es aquella que responde a la pregunta de cuán interesada está la ciudadanía respecto de la política.

Según la última encuesta de Datum, al 43% le interesa poco informarse sobre política y al 28% le interesa nada, 71% a la que le resbala simplemente todo lo que tiene con ver con la política nacional.

Esta respuesta calza perfectamente con otra medición del IEP, donde al 68% de la población le interesa poco (26%) o nada (42%) la política. Un desdén por los asuntos públicos de gobierno alarmante.

Alarmante porque supuestamente transitamos por una seria crisis política, que tiene los reflectores de la prensa permanentemente prendidos sobre ella, pero que a pesar de tal, no concita el desvelo de la mayor parte de la ciudadanía, a quien seguramente la preocupa mucho más el futuro de Cueva en el fútbol peruano que lo que acontece en el damero de Pizarro o la plaza Bolívar.

Ese ciudadano “alpinchista” es el que luego, como suele suceder en el Perú, vota por joder, y así, aparecen candidatos que reflejan ese estado de ánimo y generan una ruleta de la suerte que, al final, puede tirar por la borda años de esfuerzo partidario, programático, de convocatoria de buenos equipos de gobierno o listas congresales.

Tiene que ver también este desinterés con la poca movilización ciudadana que genera el actual statu quo, con una alianza fáctica deleznable y funesta entre el Ejecutivo y el Congreso. A la mayoría no le importa. Está más preocupada -como también revelan las encuestas- en superar el páramo económico, la sensación devastadora de que la corrupción nos gobierna y la terrible incertidumbre vital que genera la descontrolada inseguridad ciudadana.

El resultado de todo ello es una anomia republicana que reviste los peores pronósticos para el 2026. Pobladores sin república debió haberse llamado el libro de Alberto Vergara. La ciudadanía es una aspiración colectiva aún pendiente.

 

Es tal la penetración de las economías ilegales en la política peruana, generada con mayor impunidad desde el gobierno de Pedro Castillo, pero mantenida y acentuada por el régimen actual, que recuperar el país de esas mafias le va a costar al gobernante que emprenda esa tarea una resistencia violenta y sangrienta.

De por sí, que no sorprenda si durante la campaña algún candidato que ponga especial énfasis en ello pueda ser víctima de un atentado. Los miles de millones de dólares que mueven la minería legal, la tala de maderas, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el transporte informal, los sindicatos mafiosos de la construcción civil, las bandas extorsivas de cupos, los ha empoderado al punto de animarse a infiltrar la política y las principales instituciones del país.

¿Se ha preguntado por qué no hay “operaciones Walquiria” contra estas mafias? ¿Por qué no hay megaprocesos judiciales? ¿Por qué no hay operativos policiales o recursos de inteligencia destinados a capturar a los cabecillas de estas verdaderas organizaciones criminales? ¿Por qué en el Congreso se dictan normas recurrentes a su favor? ¿Por qué los gobiernos regionales no mueven un dedo por tocar sus intereses y más bien conviven “armoniosamente” con ellas?

El país que, con sus terribles defectos y ausencias reformistas, padecimos entre el 2001 y el 2021, ya lo hemos perdido. La transición no fue hacia una mejor democracia, más arraigada y sólida, sino hacia la conformación de una sociedad cercana a la categoría híbrido criminal que portales de investigación como Insight Crime le asignan a regímenes como el de Maduro, en Venezuela.

Va a costar sangre romper ese statu quo. Laresistencia de estos grupos criminales será violenta. Ocurrirá como en México cuando el presidente Felipe Calderón decidió darle lucha frontal al narcotráfico (nunca México tuvo tantos muertos como en esa época). No vienen tiempos fáciles para el país, sobre todo, si nos toca en suerte un gobernante democrático decente, decidido a acabar con estas mafias.

Pero queda claro que esta es la primera tarea gubernativa por desplegar si se quiere que la democracia y la economía de mercado sigan siendo los ejes vitales sobre los cuales se mueve el carromato de la nación peruana.

-La del estribo: una recomendación insoslayable. ¡Acudan a ver Como una uva seca al sol, de Lorraine Hansberry, que dirige magistralmente Ebelin Ortiz, con actuaciones de primer orden de un elenco mixto, de experimentados y noveles! Es, de lejos, lo mejor que se ha puesto en teatro este año en la cartelera limeña. Va en el Centro Español del Perú hasta el 7 de octubre. Entradas en Teleticket.

Siguiendo con la saga: a leer Crónicas con garra, del gran periodista Rubén Marruffo. No es la historia del centenario del equipo más grande del Perú, sino un conjunto de anécdotas interesantísimas, muy bien narradas y con solvencia de datos. Como dice su autor, es el “detrás de cámaras” con historias desconocidas para la mayoría de hinchas cremas.

Desmontando el Estado regulatorio que Ollanta Humala se esmeró en construir, retrocediendo en las reformas económicas estrenadas en los 90 y que fueron continuadas por Toledo y García, se podría generar nuevamente el estado virtuoso de la primera década del siglo.

La pandemia ha trastocado todo, inclusive los ánimos políticos y ha hecho estallar la disconformidad con el modelo económico, entendiendo como tal no solo los principios de una economía de mercado, sino, sobre todo, la provisión de servicios básicos de calidad (salud y educación, seguridad y justicia, particularmente).

Ese debe ser el mensaje central, empaquetado en un alejamiento extremo de los políticos tradicionales, aborrecidos hoy por la ciudadanía. El statu quo es detestado por la población y ya lo está expresando de mil maneras, incluidas las encuestas.

Fondo y forma van a ser esenciales en esta campaña electoral. Mensajes y rostros nuevos pueden tener un nivel de aceptación gradual mayor que el que albergarían los envases tradicionales y mucho peor los identificados hoy con el gobierno de Dina Boluarte.

A los nuevos candidatos que se asoman con esas características no les puede pasar lo de Vargas Llosa en los 90, que sucumbió cuando se mostraron impunes, a su costado, con una campaña publicitaria ostentosa, los rostros de Acción Popular y el PPC, dos agrupaciones entonces desprestigiadas, por hacer sido corresponsables del desastre del 80-85 (la tragedia de esa década no empezó con el apocalipsis de Alan García).

La mesa está servida para la izquierda radical, lo hemos dicho, pero hay suficiente tiempo para revertir esa tendencia, si la centroderecha hace un trabajo inteligente, despliega programas de gobierno atractivos y disruptivos y, además, se asesora en términos de marketing político con las nuevas técnicas que hoy se aplican en el mundo.

Hay que remar con fuerza e inteligencia en esa línea. Ese trabajo dará frutos, sin duda, y lo veremos apenas empiece la campaña electoral. Se debe empezar a sembrar desde ya -como algunos partidos ya lo están haciendo- y no cabe duda que el país puede dar un giro que refuerce el modelo y lo haga moderno e inclusivo, cosa que no ha ocurrido en estos 25 años de transición post Fujimori.

x