Antes de empezar, voy a permitirme una aclaración. El candidato y el autor de esta entrevista no tienen ningún parentesco. Dicho esto, empecemos.
Hace apenas un par de años usted declaró en algunas entrevistas que Keiko Fujimori no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, ¿cree que su pronóstico se cumpla?
No. La campaña de demolición que organizó el gobierno de Martín Vizcarra y los fiscales a su servicio fue muy fuerte, muy violenta y hasta cierto punto hizo creer falsamente que Keiko Fujimori había cometido delitos en la campaña del 2011 cuando recibió aportes privados, cosa que no era delito. Eso también lo he dicho yo desde el principio. No obstante, ha habido algunos cambios. Primero, que el jefe de la campaña de difamación y mentiras [se refiere a Martín Vizcarra] ha quedado desenmascarado como un corrupto y como un manipulador del sistema judicial. En segundo lugar, los operadores de esa campaña, empezando por el fiscal politizado y prevaricador José Domingo Pérez están también muy desacreditados, lo que hicieron fue usar la fiscalía para atacar a los enemigos de Vizcarra. No era delito el 2011 recibir aportes privados y menos aún estas cosas absurdas de organización criminal y lavado de activos.
Pero ese dinero era sucio, venía de la “Caja 2” de Odebrecht.
Eso es mentira, el dinero que recibió Keiko Fujimori del Banco de Crédito no era sucio…
Pero el dinero de Odebrecht…
En el caso de Odebrecht, Keiko Fujimori niega haber recibido el dinero y la fiscalía no ha podido demostrar que haya sido así. En todo caso, no es dinero sucio, no es dinero como el del narcotráfico o de la minería ilegal. Un asunto es que Odebrecht soborne a funcionarios públicos para recibir obras, cosa que ocurrió en los gobiernos de Humala y Toledo, y otra cosa son aportes de campaña que, según Odebrecht, [también] recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo. Ninguno de ellos está acusado de organización criminal.
Están siendo investigados. Y por el mismo equipo fiscal al que usted critica.
Es el mismo equipo politizado y prevaricador que solamente ha perseguido y acusado por ese supuesto delito a Keiko Fujimori. Pero en el caso que tú mencionas de Odebrecht, nadie ha podido demostrar, y Odebrecht jamás ha admitido, que el dinero que utilizó para financiar campañas electorales de muchos candidatos sea dinero sucio. Es dinero legítimo. Y, además, lavado de activos implica que el que recibe dinero sabe que es un dinero producto de un delito. En el año 2011, nadie acusaba a Odebrecht de ser una empresa corrupta. Los fiscales están presentado kilos de papel, están haciendo un show mediático.
Candidato, la fiscalía tiene colaboradores eficaces y testimonios de gente muy cercana a Keiko en este proceso. El mismo Rolando Reátegui…
Desde que yo tengo conocimiento, todas las campañas, 100%, han recibido dinero que no se declaraba. Y ese dinero lo han introducido en sus campañas. Siempre.
¿Y usted cree que fuera gratuito, por ejemplo, el aporte del BCP? ¿No cree que Keiko Fujimori iba a pagar los favores siendo presidenta?
Esas son suposiciones que no tienen ningún asidero dentro de la realidad. Yo puedo suponer, tú puedes suponer, todos pueden suponer.
Lo he escuchado en entrevistas recientes mencionar que una de las cualidades del fujimorismo es la institucionalidad. ¿Históricamente, el fujimorismo no representa todo lo contrario?
Tú estás fijado en el pasado, yo estoy fijado en el presente y en el futuro. El presente es el de la última década y es que Keiko Fujimori está haciendo algo que casi nadie hace en el Perú, que es construir un partido político. La única manera de fortalecer la democracia. Y eso lo he visto yo personalmente, por lo menos, desde el año 2011, cuando la apoyé en la segunda vuelta contra Ollanta Humala. A partir de ahí, en varias oportunidades, me han invitado a participar en eventos de Fuerza Popular.
Me voy a coger de sus declaraciones del pasado reciente. Cuando el fujimorismo fue por la cabeza del entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez, usted dijo en una entrevista a TV Perú que la bancada “estaba actuando como una aplanadora, pasando por encima de la institucionalidad y no respetando ninguna regla política”. ¿No es una contradicción con su actual discurso?
No, para nada. Eso no tiene que ver. Una cosa es construir la institucionalidad política con un partido con errores que, sin duda, cometió la bancada y que ellos mismos han reconocido…
¿Pero no fueron digitados por Keiko?
No, no sé, de repente tú estabas dentro de la bancada y escuchabas eso [ríe].
¿Y los chats [del grupo de Telegram “La Botica”]?
Yo no sé. Sin duda, no es fácil manejar una bancada y, menos aún, una bancada de 73 personas, que es una cosa grande. Sin duda ahí ha habido de todo. Pero ese es el pasado, pues. Si seguimos centrados en eso…
Pero es el pasado reciente. Eso es lo que preocupa.
Sí, ellos lo han reconocido. Y tú puedes creerles o no. Ese es otro tema. Pero el punto es que estamos ahora en una crisis política, económica y de salud, y necesitamos superarla. Y yo creo que la mejor opción es, sin duda alguna, Fuerza Popular. No sólo porque es un partido organizado, sino porque tiene un equipo y tiene propuestas que son las adecuadas para salir adelante. Si tú te vas a quedar pegado al pasado, puedes estar ahí toda tu vida, pero no creo que puedas avanzar mucho.
Candidato, cuando ve a Keiko en un spot junto a la figura de su padre, Alberto Fujimori, ¿no le da escalofríos? Usted que luchó contra esa dictadura.
No, no. No pues, porque es muy obvio que ellos se pelearon el 2017 y 2018, dentro de Fuerza Popular y dentro de la propia familia, y una parte de su esfuerzo ha sido recomponer eso.
Pero yo me refiero a la figura de Alberto Fujimori como dictador, como el dictador contra el que usted se enfrentó.
Mira, como te digo, este es un esfuerzo de Fuerza Popular y de la familia por cerrar heridas y recomponer una relación. Punto. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante.
El 2019, en una entrevista con el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, se le preguntó por la cartera de clientes de su consultora “FRC Consultores”, pero no quiso dar detalles. Ahora que es candidato es pertinente insistir con la pregunta: ¿quiénes son los clientes de su consultora?
No, por supuesto, no vas a insistir en esa pregunta. Y si insistes no te voy a responder. No tiene ninguna relevancia.
¿No cree que, a modo de transparencia, por la gente que quiere votar por usted, sería bueno revelar quiénes son sus clientes?
No, para nada. Para nada.
¿No lo diría tampoco de llegar al Congreso? Previendo posibles conflictos de intereses, digo.
No tengo ningún conflicto de interés. Yo he desarrollado mi vida en la actividad privada. Tanto en el periodismo, como en la vida académica, como en las consultorías… Yo no vivo del Estado.
Lo digo previendo posibles conflictos de interés cuando esté en el Parlamento.
No hay ninguno.
¿Y lo habrá?
No hay ningún conflicto de interés, a menos que yo, en la eventualidad de salir elegido, siguiera desarrollando la actividad privada… Eso está prohibido.
Pasemos al plan de gobierno. Si usted tuvo que ver con el capítulo de seguridad ciudadana, asumo que usted va a querer ejecutarlo. Es decir, aceptaría ser ministro del Interior de Keiko.
Mira, por favor, eso nadie lo sabe. Primero hay que participar en la primera vuelta, luego en la segunda y después armar un gabinete. Eso está fuera de la discusión ahora. Ahora de lo que se trata es de explicar cuáles son las propuestas.
Vamos con una de ellas. Para acabar con la corrupción policial, se propone crear una oficina de asuntos internos. ¿Ya no existe la Inspectoría General de la PNP?
La Inspectoría existe claro, pero el problema es que ahí hay policías que tienen compañeros, amigos, subordinados y entonces, en mi experiencia, eso no funciona adecuadamente. La oficina de asuntos internos es algo que yo hice el año 2002 [Rospigliosi fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo], con la asesoría de un equipo del FBI. Creé la oficina, pero requería modificaciones legales que no alcancé a hacer. Era dirigida por un civil y policías investigadores para detectar casos de corrupción, pero yendo a las cabezas, a los generales. Pero no tenía capacidad sancionadora, lamentablemente. Como no hubo continuidad, eso fue liquidado.
Sobre la lucha contra el narcotráfico, usted propone la erradicación de cultivos en el Vraem y el desarrollo alternativo. Es una fórmula que se viene proponiendo hace años, pero no se logra nada. ¿Por qué ahora sería diferente?
En la década del 2000 la principal producción de drogas en el Perú estaba en el Alto Huallaga. Esa combinación, de erradicación forzosa, lucha contra el narcotráfico y programas de desarrollo alternativo fue muy exitosa. Al punto de que prácticamente desaparecieron los cultivos de drogas, o la mayor parte, de toda esa región. Funcionó bien y tiene que ir todo junto.
Pero en el Vraem hay otro problema, porque hace tiempo se anuncia que se va a entrar y no pasa nada.
Es que no ha habido erradicación y no va a haber mientras estén estos remanentes terroristas. Y ahí también hay una alternativa, que ya se ensayó en el Alto Huallaga, entre el 2006 y el 2012, cuando la Policía liquidó a la banda terrorista de Artemio, que trabajaba estrechamente vinculada al narcotráfico. Eso fue indispensable para hacer la erradicación y la liquidación de cultivos de hoja de coca. Se hizo con inteligencia y golpes de mano. Se averiguaba, se infiltraba y se descubría dónde estaban los terroristas, y se les capturaba o se les abatía. Eso se empezó a hacer en el Vraem, el 2012 y 2013 se hizo eso y se liquidó a varios cabecillas del grupo terrorista. Después, no sé por qué, nunca más se llevó a cabo esa estrategia.
En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿regresarían a sus puestos los oficiales defenestrados por Sagasti?
Inmediatamente, si es que antes el Poder Judicial no los ha repuesto.
Pero justamente varios de ellos tienen investigaciones por corrupción.
Se les retornaría y las investigaciones que tengan que hacerse, se tendrán que hacer. Lo que no puede hacerse es violar la ley, la Constitución, y maltratar a la institución. La ley es clarísima. El presidente puede nombrar al jefe de la policía entre los tres primeros. No al número 18. Esto está clarísimo y Sagasti va a tener que responder eso a partir del 29 de julio.
En el plan de gobierno se señala que las movilizaciones de noviembre contra Merino fueron violentas. ¿Únicamente violentas de parte de los manifestantes? ¿Qué opina de la actuación policial?
Los policías responden una agresión. Está clarísimo y demostrado con videos. Por ejemplo, en el Jirón de la Unión y Emancipación son atacados a pedradas, con gente que llevaba piedras en la mochila para atacarlos. Y lo mismo ocurre en las avenidas Abancay y Colmena. Está clarísimo que hubo grupos organizados y violentos que atacaron a la Policía con objetos contundentes y pirotécnicos. Nadie va a una manifestación pacífica con pirotécnicos. La Policía no atacó a manifestantes pacíficos…
Pero hay testimonios que van en contra de lo que usted dice. Y no testimonios de manifestantes, sino de los mismos periodistas que sufrieron agresiones de la policía. ¿No cree que se les pasó la mano o cree que las canicas salieron disparadas por obra y gracia de quién sabe quién?
Para nada, la Policía respondió una agresión violenta e hizo bien. Y evitó, por ejemplo, lo que ocurrió en Guatemala, donde una turba atacó el Congreso y le prendió fuego. O lo que sucedió en Estados Unidos, donde una turba ingresó al Congreso y causó destrozos. Acá no ocurrió eso, porque la policía lo evitó. Hubo claramente una provocación de parte de manifestantes violentos, que lo que estaban buscando eran muertos y heridos. Lamentablemente murieron estos dos muchachos, estos dos delincuentes juveniles que estaban ahí no precisamente para defender la democracia. Hay que ser muy idiota o muy ingenuo o muy canalla para inventar historias como esas. (**)
Pero uno de esos chicos al que usted llama “delincuente juvenil” sólo estaba desactivando los gases lacrimógenos. O sea, no hubo un ataque de él…
Yo no digo que son delincuentes juveniles. Eso lo dice el Poder Judicial y la Policía. Antes de esas manifestaciones, uno de ellos fue sentenciado por robo agravado y el otro fue detenido por microcomercialización de drogas.
Pero usted sabe cómo funciona la Policía y los casos de microcomercialización. Cualquiera puede haber sido detenido…
Ah ya, ya, ya. Claro, claro, cualquiera puede ser detenido. ¡Hazme el favor! ¡Lee el atestado! Ahora, ese no es un delito mayor y no justifica que ese muchacho haya muerto, ¡pero no me vengan a inventar héroes de la democracia! ¡No me vengan, pues! ¡No me cuenten cuentos! Este gobierno, que denigra y ataca a la Policía ha emitido un inmundo informe responsabilizando a la Policía y no responsabilizando a los que atacaron a la Policía. Sin ninguna evidencia. ¿Sabes cuál es la pena por atacar a la Policía? 12 años de prisión. ¿Cuántos detenidos hay por atacarla? ¿O también vas a negar que atacaron a la Policía?
Yo no estoy negando eso. Yo le hablo de la circunstancia particular de estos dos jóvenes…
¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos sentenciados por atacar a la Policía? Y ahí el informe del ministerio del interior del gobierno morado de Sagasti no responsabiliza a nadie por atacar a la Policía. Los únicos culpables son los que defienden el orden público. Se trata de una campaña sistemática para desmoralizar y destruir a la Policía.
Me sorprende que no haya un matiz en sus respuestas anteriores. Usted mismo, en el plan de gobierno señala que “la formación policial no solamente es deficiente”. ¿Esa deficiencia no ha llevado, por ejemplo, a las detenciones arbitrarias que se realizaron en noviembre?
Claro, los 70 desaparecidos que inventaron, ¿no? ¿Dónde están los desaparecidos? [ríe]
No, yo hablo de las detenciones arbitrarias que sí ocurrieron.
Es verdad que, desgraciadamente se ha hecho populismo, se ha llegado a crear 29 escuelas policiales en todo el país que la Policía no puede manejar adecuadamente. Hay que reducir significativamente el número y concentrar las escuelas policiales. Lo más importante es la calidad. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esas supuestas 70 desapariciones, no hubo una sola desaparición.
Yo me refiero no a los 70, sino a personas identificadas, con nombre y apellidos.
Bueno, si había gente manifestando y atacando a la Policía, esta tiene el derecho de detenerlos. Si hubo algún error, no sé. Lo que sí hubo fue, al contrario, una falta de detenciones y de procesamientos a los responsables de los ataques a la policía.
En su plan se habla de un marco normativo que proteja a la Policía, ¿ya no se aprobó la ley Del Castillo de protección policial?
Claro, un grupo de personas colaboramos con el congresista Del Castillo en un paquete de leyes que él presentó. Uno de esos proyectos fue aprobado el año 2019. Vizcarra disolvió el Congreso y se negó a promulgar la ley. Pero Manuel Merino, cuando fue presidente del Congreso, la promulgó por insistencia. Pero hay otras propuestas, como la doctrina Del Castillo, que no tienen nada que ver con el excongresista. Implican que, si alguien invade mi casa, yo tengo derecho a defenderme. Y si en el curso de esa agresión, el delincuente termina abatido, el habitante de la vivienda no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil. Yo espero que eso sea aprobado en el siguiente Congreso.
(**) Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, niega que este registre antecedentes penales o judiciales.
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