Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.
Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.
“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.
Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.
El origen
La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.
El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.
Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.
Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.
Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.
Romero: ¿Cuál es la verdad?
Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.
Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?
Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.
Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.
La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.
Explicaciones que no convencen
Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.
El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.
El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.
El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.
En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.
Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.
Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.
La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.
Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.
En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”.
Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.
De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.
“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.
Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.
Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.
Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.
Con la plata de todos
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.
El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.
Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.
Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.
El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.
Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.
(*) Fotocomposición de portada: Leyla López
