Toda esta nueva dinámica implica espalda financiera. Se dice que el déficit en infraestructura alcanza los 111 mil millones de soles (S/. 111 000 000 000), pero, seriamente, no puede afirmarse una cifra definitiva si no se ha hecho el análisis de la oferta de infraestructura que mencionaba anteriormente, contrastándola con la demanda y generando una propuesta de reordenamiento. Hasta eso no sabremos si es menos (que los dioses se apiaden) o más lo que necesitamos. En todo caso, cualquiera que sea la situación, hemos propuesto una fórmula de financiamiento en una columna anterior (“UN TRACTOR EN EL GARAJE” 09/02/22) que podría incluir nuestros problemas de infraestructura.  Además de todo esto, quienes tienen la infraestructura educativa a su cargo deben contar con habilidades para trabajar con la población y los gobiernos regionales, sin lo cual nada podrán hacer.

Todo este paquete implica respaldo político, las mejores capacidades técnicas de distintas profesiones y la capacidad de coordinar todas estas tareas entre sí, algo indispensable en la gestión pública. Así como la educación no es solo un tema de maestros, los problemas de la infraestructura educativa no son como vaciar un techo ni los resuelve un maestro de obra, por bueno que sea.

Este Abril las carencias de infraestructura de nuestra escuela pública se van a destacar más que nunca. En un universo alternativo, el Perú aprovechó los dos años de pandemia para atacar esos problemas, pena que no nos haya tocado

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Educación, Gobierno, sociedad

 

Una pesadilla: un robo en la calle y usted parece culpable; al comienzo colabora, pero el policía le habla en Shipibo, idioma del que no entiende nada. Viendo que eso no va a funcionar, logra escaparse, corre, pero se resbala y cae, se golpea la cabeza y queda inconsciente.

Cuando despierta, un médico insiste en preguntarle sus síntomas en Quechua de Lamas, que reconoce porque lo ha escuchado alguna vez, pero no entiende; Finalmente, luego de hacerse entender por señas, termina en la comisaría. Está tratando de ordenar sus ideas, pero estornuda. Entonces, amablemente, uno de los policías le dice “Gesundheit”, usted lo mira, empieza a sonar el tema de la serie Black Mirror, y despierta, sudando.

 

Lengua Materna

 

Los derechos lingüísticos están orientados a garantizar que las personas puedan elegir los idiomas en los cuales comunicarse sin discriminación de ningún tipo. Esto cubre los procesos legales, administrativos y judiciales, la educación y los medios de comunicación. El 21 de Febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el fin de promover la diversidad lingüística y cultural y la preservación y protección de todos los lenguajes usados por la gente de este planeta. El lunes de esta semana, esta disposición de la Naciones Unidas cumplió dos décadas, pero, como veremos a continuación,  hasta ahora ha tenido poca repercusión en esta región del globo terráqueo.

 

Kay Pacha

En el Perú hay 3,8 millones de personas que tienen el Quechua como lengua materna, medio millón de hablantes en Aymara y cerca de 150 mil personas que emplean para comunicarse alguna lengua amazónica originaria; en este último caso hablamos de alrededor de 50 lenguas con universos de hablantes muy diversos y dispersos.

Probablemente no hay peruano de la tercera edad que no recuerde el Tawa Canal, Limamanta Pacha con que saludaba a su audiencia el canal 4 (tawa en quechua) bajo el impulso del gobierno militar de los años 70, que convirtió ese idioma en lengua oficial. Sin embargo, a pesar del valor simbólico de este y otros eventos, lo cierto es que no hemos tenido un gran desarrollo de políticas sobre el tema de derechos lingüísticos. Las buenas intenciones y algunos excelentes cuadros profesionales de los 70 en adelante chocaron con la restricción crónica de recursos de nuestro Estado y solo a partir de la década pasada se intensificó la tarea de elaboración de alfabetos para las lenguas originarias y, en el ámbito escolar, alcanzó masa crítica la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Eso nos pone aún a años luz de que el Estado garantice los servicios de salud, seguridad, justicia, etc. de quienes no tienen el castellano como lengua materna. Nunca se pensó cómo facilitar la atención cara a cara de hablantes no castellanos en los otros servicios del Estado.

 

Alternativas tecnológicas

En ese sentido, sin quitar mérito a los avances que pueda haber en Educación, ¿no será necesario atacar algunos problemas concretos de la interfaz estado-servicio público-ciudadanos? ¿Y no podría algún otro sector liderar esta alternativa?

Por ejemplo, explorar opciones tecnológicas:  en nuestros días quien tiene un smartphone puede, simplemente empleando una app, comunicarse con los hablantes de casi cualquier lengua que Google o Microsoft hayan incluido en sus traductores y convertir en texto todo el intercambio entre los interlocutores. No será algo perfecto en todos los casos, pero es un salto gigante en la comunicación humana. Nuestras lenguas originarias están actualmente fuera de ese canal, y, por tanto, bloqueadas en su acceso a la modernidad. Es cierto que tienen algunas características específicas (su oralidad, pueden tener alfabetos, pero no una literatura que soporte sus procesos de traducción; esto crea dificultades informáticas) que hacen más difícil emplearlas en un traductor.

Sin embargo, ha habido algunos avances en la “traducción” de lenguas originarias, especialmente el Quechua. Hace ya 20 años, la ONPE concibió usar alternativas de voz en lenguas originarias en la modalidad de voto electrónico; en nuestros días el profesor Walter Velásquez ha desarrollado un robot que puede procesar instrucciones en quechua hablado, y un equipo de profesionales quechua-hablantes que tuvo financiamiento de CONCYTEC y fue liderado por el ingeniero Luis Camacho, ha desarrollado un sistema de captura de voz a texto también en Quechua.

Atender a la ciudadanía mediante estos productos, mejorados, permitiría elaborar más fácilmente historias clínicas, denuncias policiales, diagnósticos médicos, sentencias judiciales y otros documentos bilingües de uso público, y, por encima de ello, restituir al menos parte de sus derechos a las personas que, por uno u otro motivo, hablan preferentemente un idioma distinto del Castellano.

 

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Cultura, Idioma, Lengua

 

Una anécdota del expresidente Francisco Sagasti[i], ocurrida en los tempranos años setenta ilustra bien las relaciones habituales entre inversión en educación y presupuesto público. Un equipo de jóvenes ingenieros en el que participó Sagasti fue convocado para costear la Reforma Educativa que a partir del año 1972 intentó implementar el Gobierno militar de entonces; los cálculos que realizaron arrojaron que la Reforma costaría cinco veces el Presupuesto Nacional del año en curso, ¡Atención! no hablamos del presupuesto destinado a educación sino de todo el Presupuesto de la República. En broma o en serio, el equipo en que participó Sagasti fue acusado de contrarrevolucionario, y otro joven profesional, Richard Webb, fue encargado de chequear los cálculos, pues los funcionarios responsables de la tarea estaban seguros de que algún error tenía que haber.

A las pocas semanas, según nos han relatado, Webb regresó, ratificando los números que habían entregado Sagasti y colegas. Ese día realmente murió la deseada Reforma Educativa, pues los mandamases militares decidieron que con esos costos no era posible hacerla. Por supuesto hubo pilotos de la Reforma que todavía son recordados por los protagonistas, tanto en la capacitación de maestros como en la producción de materiales (algunos muy buenos); incluso hubo docentes y funcionarios que voluntariamente sufragaron  actividades de la Reforma de su propio bolsillo, pero para efectos prácticos, para la gran masa de profesores y estudiantes del país, esta Reforma no ocurrió, dado que el nivel de inversión necesario resultaba excesivo para el Estado Peruano, y que, además, otros rubros presupuestales, por ejemplo, Defensa Nacional, fueron considerados más importantes en aquel momento.

Esta anécdota coincide con que, efectivamente, en esos años se inicia un descenso gravísimo de la inversión en educación en nuestro país: intentábamos hacer una reforma, proceso que lógicamente implica incrementar costos, mientras expandíamos el sistema educativo, por ejemplo, extendiendo la secundaria a prácticamente todo el territorio, y disminuíamos el presupuesto público en educación, un escenario imposible. Reitero entonces mi hipótesis: esta propuesta de reforma no llegó a implementarse realmente, aunque trajo algunas ideas muy interesantes, recogidas luego en otras latitudes.

Y la reforma quedó pendiente. Pero ¿cuál era el contenido de la reforma?

En las décadas de los 50 y 60, el Perú estaba sufriendo una transformación, empujado por las migraciones, el desarrollo de infraestructura, especialmente vías pero también escuelas, junto con  un inicio de  industrialización y la creación de algunas entidades fundamentales para el Estado peruano; la introducción de nuevas políticas («progresistas», en el sentido que tenía el término en la época); coronando todos estos cambios, se produjo  una desestructuración radical de la sociedad estamental durante los primeros años del gobierno militar encabezado por Velasco Alvarado.

En esos años, muchos educadores peruanos, de los más ilustres a los más anónimos, se percataron de que la educación necesitaba una mutación que preparara a las nuevas generaciones para vivir en un Perú más industrializado, menos rural, con más rutas abiertas (físicas y también simbólicas), con más mujeres trabajando fuera de sus casas, y más encuentros entre diferentes, los cuales seguramente nunca se hubieran conocido en etapas previas de nuestra historia. En esos años se hizo evidente que era necesario modificar la escuela (sobre todo la pública) para educar jóvenes que pudieran responder a esos retos, así como a otros que en ese momento eran insospechables.

Es verdad que la Reforma de los 70 tenía una carga ideológica muy pesada; sin duda les ofrecía a sus estudiantes una visión novedosa pero conflictiva y nada consensual del país. Pero también tenía algunas fortalezas: la importancia dada a la educación inicial y a las variantes técnicas de formación, las cuales eran potenciadas en las ESEP; propuestas metodológicas y  pedagógicas basadas en el nivel de desarrollo científico de esos años, por ejemplo la llamada tecnología educativa (que no tenía que ver con máquinas sino con procesos de aprendizaje), la integración de los cursos de ciencias sociales (que irónicamente hoy se atribuye a Fujimori) y varios puntos positivos más.

Pero, vuelvo a mi punto inicial, la Reforma Educativa no se hizo. Heredamos de esas décadas tareas que aún están pendientes: el cierre de brechas y la mejora de la calidad de nuestros servicios educativos. Y, tal vez más importante, la discusión sobre en qué educar y para qué educar.

Y termino: hay una Reforma Educativa pendiente, discutamos su contenido, porque ya no es la que nos propusieron los expertos de los años 70, muchas de esas ideas no funcionaron y además el país no es el mismo. Pero hay un gran cambio que hacer en educación, que, aunque necesite más recursos, no pasa simplemente por más presupuesto. Las nuevas generaciones lo requieren para poder vivir y desarrollarse en “un Perú nuevo dentro del mundo nuevo”, como escribía alguno de nuestros clásicos.

 

 

[i] Le agradezco al expresidente Sagasti darme detalles de su anécdota y permitirme compartirla en este espacio.

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Francisco Sagasti

 

Imagínese una entidad financiera dedicada a la educación, plena de recursos; una institución independiente del gobierno de turno y de los partidos políticos, libre de clientelismo, que financie (previa evaluación de su viabilidad) proyectos de innovación en diferentes rubros del campo educativo, destinados a cerrar las distintas brechas que hoy presentan nuestras escuelas. Imagine qué cosas podrían lograrse en, digamos, 15 años de trabajar con esta modalidad.

Pocos lo saben, pero, al menos en términos legales, esta entidad existe: es el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) creado por ley del año 2006. Actualmente se usa muy limitadamente y se explota una mínima fracción de todo el potencial que tiene. Aquí les cuento la historia por si alguna autoridad educativa se entera y lo activa.

Pero antes, ¿qué cosa es un “fondo”, en la jerga del Estado? Cuando nos hablan de fondos normalmente los ciudadanos de a pie pensamos inmediatamente en dinero contante y sonante, pero para el Estado un fondo no es simplemente dinero, plata, chivilines, etc. Un fondo es una especie de “bolsillo” en el que el Estado (mediante un Ministerio o entidad de ese nivel) guarda recursos que tienen un objetivo específico, y cuya primera peculiaridad es que -a diferencia del resto del presupuesto público- no se devuelve a fin de año al tesoro, sino que se acumula e invierte.

El MEF es el responsable del manejo de los aproximadamente 50 fondos con que cuenta el Estado Peruano. Uno solo de ellos corresponde al Sector Educación, el mencionado FONDEP. El FONDEP fue una iniciativa de la entonces representante Gloria Helfer, en acuerdo con Mercedes Cabanillas del Apra y el Ministro Javier Sota, del gobierno de ese entonces, para financiar los proyectos innovadores que diseñaran los maestros del país para sus escuelas.

Esta idea inicial fue llevada al MEF para que le diera forma y no “chocar” con la caja del Estado; y ahí ocurrió un milagro: la iniciativa no se bloqueó, sino que fue mejorada. Un/a genio anónimo (dicho sin la menor ironía) pensó que la mejor forma de hacer esto era crear un fondo, como los que tenían otros sectores, por ejemplo, para extender la electricidad, los servicios de agua y desagüe, o la conectividad, pero en este caso para financiar actividades educativas, algo que, increíblemente, no existía en nuestro país. Y así, en esos términos, con una ley muy amplia en que se incluye todo tipo de actividades educativas, el Congreso aprobó el FONDEP por consenso; todo el Congreso votó a favor, hace tres lustros.

Pero ¿qué pasó después? ¿por qué nadie (o casi) ha sabido de esta maravilla? Y, sobre todo, ¿por qué nuestra educación no se benefició del fondo creado hace 15 años? Hay varias características que estos fondos (en general, no solo el FONDEP) deben tener para funcionar bien, que sería un poco largo enumerar, pero en primer lugar está contar con una fuente de recursos asegurada en su marco legal (o en la Ley del Presupuesto del año correspondiente) que el FONDEP no tiene, es un fondo que nació sin plata.

Pero además había poca comprensión de lo que un fondo podía hacer por la educación. Sus primeros directivos, interesados como estaban en el objetivo inicial de financiar innovaciones de los docentes, se pusieron a buscar plata en otras fuentes, por ejemplo, la cooperación internacional; y con esos recursos limitados, pasaron a ser ejecutores directos de pequeñas actividades en lugar de convertirse en la fuerte entidad financiera que podría haber sido.

Por lo mismo, el Fondo nunca funcionó como tal, y entre capacitaciones y pequeños concursos para maestros, su cartera de actividades se parece actualmente a la de una ONG, con la diferencia de que su gasto corriente lo pagamos los contribuyentes.

Una acción inmediata a favor de la educación peruana sería la recuperación de la función que su ley de creación le daba al FONDEP, profesionalizándolo para este objetivo, dándole un directorio de amplio espectro, dejándole la implementación de las innovaciones a las distintas direcciones del ministerio y también a entidades como los gobiernos regionales y otros actores, o combinarlas con operaciones de obras por impuestos, solo el cielo y nuestra imaginación les ponen límites a las posibilidades.

Y respecto a la plata para este fondo, anualmente una parte importante de los recursos de inversión en educación no llegan a ejecutarse y se devuelven, o se asignan muy tarde a alguna entidad regional para que figuren como ejecutados; ¿por qué no usarlos parcial o totalmente en un esquema de trabajo como el que hemos descrito aquí? Es como tener un tractor en el garaje por falta de gasolina, mientras desperdiciamos esta última.

 

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MEF

Sobre descentralización, dice bien Juan Carlos Tafur (Sudaca, 19 de Enero): “los gobiernos regionales, provinciales y distritales son antros de corrupción, las obras un desastre inacabado, las responsabilidades esenciales son abandonadas” y enumera un largo etcétera de problemas; efectivamente, el resultado de ese proceso es muy malo hasta ahora, pero, como también añade el director de Sudaca,  “No se puede volver al centralismo. Es antirepublicano y antidemocrático”

 

Y tampoco sería realista intentar volver atrás, la descentralización es obligatoria en una realidad como la nuestra: el Perú es enorme, ocupa el lugar número 20 en magnitud de superficie en el mundo, dato que esconde una topografía que parece un papel arrugado, decenas de climas simultáneos, una gran diversidad humana … Las disposiciones del gobierno central normalmente han sido letra muerta fuera de Lima y las principales ciudades, carecen de valor por falta de información específica local actualizada, sus procesos de implante por lo regular se interrumpen por el cambio de autoridades; se necesita instancias regionales que conozcan territorio, población, y trabajen en su propio espacio, y estas solo pueden ser resultado de procesos democráticos para tener legitimidad. 

 

Hablando más precisamente de la regionalización, hay medidas que sería conveniente implementar pero que resultan imposibles sin pasar por grandes tensiones sociales, por ejemplo, reagrupar las regiones que se crearon erróneamente tomando como base los antiguos departamentos. Seguramente esto sería deseable desde la perspectiva de la política pública, pero altamente resistido por la ciudadanía regional.

Buscando alternativas de mejora que pudieran tener viabilidad, creo que vale la pena dedicarle atención a la baja definición de la división del trabajo entre gobiernos regionales y el gobierno central. Para esto propongo usar un esquema muy conocido en el desarrollo organizacional y también en la gestión pública: el ciclo Diseño-Ejecución-Evaluación-Mejora (los términos varían ocasionalmente); casi cualquier actividad puede analizarse siguiendo este flujo de operaciones. 

Si aplicáramos el esquema a la división gobierno central/gobierno regional, habría que asignar la Ejecución al segundo. Por ejemplo, en Educación esto pasaría por habilitar colegios, contratar profesores, garantizar los materiales impresos y electrónicos, etc. La Evaluación, complementariamente, debería ser independiente de los procesos mencionados , nadie puede ni debe ser al mismo tiempo ejecutor y evaluador de una misma actividad (es buena parte del origen de la tensión actual entre SUNEDU y los rectores de universidades truchas). Por esto, lo más razonable sería asignar la función evaluativa al gobierno central, pero coordinando con los gobiernos regionales los estándares respecto a los cuales serán evaluados y amarrando los avances a la disposición de recursos.

Las otras dos grandes funciones, el Diseño de las acciones y la Mejora post evaluación son más complejas; respecto a la primera, el gobierno central vía el ministerio de educación es rector del sector, por lo que debería ser tarea suya; esto cubre cosas como el currículo (no usar la expresión “currícula”), los lineamientos para materiales impresos y electrónicos, la formación y capacitación docente, etc. Sin embargo, esta también es una función compartida, el diseño central generalizable a todo el país, debería limitarse a lo mínimo indispensable y dar a las regiones suficiente autonomía como para que la regla no termine ahogando la ejecución. Y lo mismo vale para la mejora, la instancia central no debería excederse en sus prerrogativas y entregar lineamientos más que productos acabados; esto implica manejar los tiempos de la gestión de modo distinto y reducir la “creatividad” en las políticas, que en realidad es generada por la alta rotación de las autoridades, la llamada con ironía “gestión por ocurrencia”.

Pero, se preguntará el lector, ¿podemos darle estas funciones a unos gobiernos que se han mostrado ineptos durante años para implementar incluso tareas menores? Podemos si hacemos esto con seriedad, iniciando la transformación de un par de regiones en acuerdo con el gobierno central en un proceso muy pautado y seguido de cerca, donde se pueda aprender y mejorar la propuesta en la propia ruta. 

Pero estos cambios dibujan unos ministerios distintos de los actuales; que dejen de trabajar en paralelo a los gobiernos regionales, contengan su afán regulador, profesionalicen sus capacidades de evaluar, desarrollen programas de asistencia técnica que impulsen la mejora del trabajo en las regiones en acuerdo con ellas. Y que aprendan a gestionar el conocimiento requerido contratando bien y transparentemente, porque para cumplir tareas de esta magnitud no basta el sector público: el Estado nacional y los gobiernos regionales requieren de socios, privados, del “tercer sector”, etc. para poder transformarse.

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estado nacional, gobiernos regionales, sector privado, tercer sector

Desde 1823 las constituciones peruanas, incluyendo la actual, reconocen el derecho a la educación y las obligaciones del Estado en ese campo. Una ejecución deficiente ha acompañado esas buenas intenciones.

Pero hay una Época de Oro de la educación pública, en que se inauguraban buenos colegios y los docentes y funcionarios eran bien pagados. Esta Arcadia existió entre 1950 y 1967: un crecimiento constante de recursos se tradujo en infraestructura, bibliotecas y salarios, produciéndose una fuerte mejora en la apreciación del sistema educativo que aún se mantiene en la memoria de los profesores más antiguos. En ese periodo el presupuesto público en educación prácticamente se multiplicó por 9, pasando de poco menos de 850 millones a 7 mil 340 millones (medidos en soles constantes de 2016); la inversión por estudiante, indicador tan o más importante que el volumen total del presupuesto, creció de 831 a 3 161 soles por año, mostrando que hay una asociación entre inversión sostenida en educación y mejora efectiva de esta.

Y ¿qué pasó después? En un largo proceso que va de 1968 a 1992, la inversión por estudiante en términos reales regresa al nivel de 1950. En otras palabras, todo el crecimiento de la inversión educativa ganados entre 1950 y 1967, se pierde en el periodo 1968-1992.

A este proceso siguió una lenta recuperación que ganó velocidad con la llegada del nuevo milenio, periodo en el que la necesidad de incrementar recursos en educación se vio espoleada por los malos resultados obtenidos en pruebas internacionales. En la actualidad tanto el presupuesto en educación (35 mil millones de soles, efectivamente, 35,000,000,000; con todos sus ceros, una fortuna anual) como el nivel de inversión por estudiante (4 000 soles por estudiante por año) son los más altos de nuestra historia. Sin embargo, por múltiples razones el sentimiento de optimismo frente a nuestra educación no ha renacido.

En 2019 había señales en estudios internacionales de que empezaban a mejorar los resultados educativos del Perú, al menos en pruebas estándar del estilo PISA, pero es probable que la pandemia nos haya devuelto a nuestra anterior situación de pobreza educativa, liquidando la incipiente mejora.  En todo caso, dado ese contexto, vale la pena preguntarse ¿cuánto más debemos aumentar la asignación presupuestal a la educación para obtener buenos resultados?  Y ¿en cuánto tiempo veremos ese cambio?

No hay estudio internacional que diga cuánto se debe gastar en educación ni en números absolutos ni relativos. Lo que sí muestran algunos estudios, basados en PISA, es que hay un tramo de inversión que es bastante seguro, va de los 0 a los 4 000 dólares por alumno al año. Cada dólar adicional invertido en ese tramo se correlaciona positivamente con la mejora en los aprendizajes; esto no es tan seguro pasados los 4 000 dólares por estudiante. La buena noticia es que en el Perú tenemos todavía mucho techo para invertir en infraestructura, saneamiento, conectividad, capacitación de los docentes, etc., pues estamos aún muy por debajo de esa cifra.

Y aquí llego a la parte sorprendente de este relato:  si cualquier persona o familia fuera a invertir una suma muy importante de dinero en un bien, buscaría conocer costos y calcular plazos para la operación, pero nadie en el Perú sabe a ciencia cierta cuánto cuesta la mejora global y significativa del sistema educativo, y el ministerio desde hace mucho trabaja con presupuestos calcados de años anteriores, con un incremento porcentual y alguna innovación ocasional. 

No tendrá la urgencia del regreso de la pandemia, pero conocer costos y plazos tiene la misma importancia, porque para cambiar el sistema educativo no basta saber qué se quiere (hay un Proyecto Educativo Nacional al 2036) sino cuánto cuesta y en qué plazos puede la economía del país cubrir esa inversión. Y por supuesto usar bien el dinero. Dada nuestra diversidad, esto implica un trabajo coordinado, darle educación de calidad a una niña ashaninka en un poblado en el Perené requiere sin duda más inversión que ofrecerla a un adolescente que acude a un colegio emblemático en Lince. 

No sé trata de pedir todo para el día siguiente, error repetido, pero tampoco se puede ignorar costos y plazos; o dejarlos en la nebulosa y echarse a andar a paso ligero, pero a ciegas. 

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educación en el Perú, inversión educativa, Ministerio de educación, Perú, PISA, presupuesto anual

Los meses finales de 2021 han estado llenos de inestabilidad e incluso de temblores políticos en el Perú. Sin embargo, hemos llegado al Verano y los expertos han observado que, con muy raras excepciones, entre las vacaciones del Congreso, el disfrute de la playa de algunos y el padecimiento de lluvias y huaicos de otros, regularmente este es un tiempo en el que no pasa mucho en la esfera pública. Según estas observaciones, en años normales la acción política recién comenzaría nuevamente post Semana Santa, para cobrar volumen y beligerancia en los siguientes meses, típicamente Mayo y Junio, y luego producirse cambios fuertes en Julio, con salidas y entradas de ministros e incluso gabinetes completos. Esto sería parte del año político estándar en el Perú, aunque ya hay señales -por ejemplo, la alta rotación de carteras y despachos- de que 2022 será un año muy particular.

Este año Marzo nos traerá un elemento que podría ejercer mucha influencia en el clima político, dependiendo de cómo se desarrolle: el regreso a clases presenciales por parte de los escolares en todo el país. Todos sabemos, especialmente los padres y madres de familia, que este regreso es impostergable y urgente, pero también es evidente que será doblemente problemático 1) por la necesidad de resguardos que habrá que tomar si arreciara la extensión o gravedad del COVID que nos ha asolado, y 2) por haber salido a flote, por la pandemia, todas las carencias con las que ya veníamos trabajando en nuestro sistema educativo.

Fallas serias en rubros como mejorar la infraestructura para cumplir con los protocolos establecidos, en los procesos de contrato de docentes, en el funcionamiento de las alternativas informáticas a la actividad presencial, en la capacitación de los maestros, o, peor que todo eso, un brote mayor de contagio en escolares, pueden generar descontento y malestar en alumnos, padres, maestros, la opinión pública y por supuesto nuestros políticos, y esto a su vez ahondar en la inestabilidad presente.

Y queda muy poco para Marzo y muchas cosas urgentes que hacer para darle condiciones mínimas al funcionamiento de nuestras escuelas: cumplir con la vacunación de maestros y alumnos, establecer un sistema intra-escuela de alerta constante frente al surgimiento de cualquier foco de COVID, resolver problemas tan inverosímiles como la falta de agua potable en muchísimos centros educativos, etc. El Ministerio y sus instancias, lo mismo que los Gobiernos Regionales, estarán bajo reflectores, y seguramente subirán o bajarán sus bonos según su desempeño en este rubro.

En medio de estas urgencias creo que el paréntesis obligado de la pandemia nos está dando la oportunidad de volver a pensar qué es lo fundamental que aporta la institución escolar a sus estudiantes. Durante muchos años la escuela esencialmente ha servido para dos cosas, como espacio de cuidado de menores en horas de trabajo de los padres, y también como institución de certificación de aprendizajes (un paquete heterogéneo, integrado entre otras cosas por fracciones y quebrados, tropos literarios del siglo de oro, algunas ideas -no siempre acertadas- sobre la evolución de las especies o sobre la física de los nuevos materiales, etc. La lista es inacabable).

Muchas personas se han dado cuenta en estos meses que antes que eso, que sin duda es importante, hay un rol socializador en la escuela, que no se opone, sino que completa la formación en el hogar, que permite a los niños aprender a convivir con sus pares y con otros adultos. Al jugar y compartir espacios se aprende casi sin sentirlo a respetar reglas, planificar actividades, hacerse oír, a ganar y también a perder. En ese sentido educarse es más que recibir un conjunto de cursos de diversa utilidad, es convertirse en persona.

En esta columna intentaremos escribir sobre ese proceso que es complejo, sobre sus problemas y algunas alternativas para solucionarlos, sin olvidar el día presente, pero considerando también apuestas de largo plazo.

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clases presenciales, Verano 2022

En 1989 Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart publicaron el libro EL PERÚ DESDE LA ESCUELA (Lima, IAA). Una segunda edición, con una nueva presentación escrita por Oliart, acaba de ser lanzada por la Universidad del Pacífico y está disponible en su sitio web. ¿Qué interés, fuera del histórico, puede tener hoy un libro de 32 años de antigüedad para merecer una nueva edición? El estudio intenta reconstruir cómo alumnos y maestros veían la realidad nacional y la historia del Perú, apoyándose para esto en materiales diversos: encuestas, entrevistas en profundidad, revisión de textos escolares y otros.

Su principal hallazgo, creo, es identificar un conjunto de nociones con fuerte presencia en el pensamiento de los profesores peruanos, que los autores denominan la Idea Crítica del Perú (IC), y que estaría conformada por cinco elementos que forman un cuerpo orgánico: 1) el Perú es un país rico por sus recursos naturales, pero 2) ha sido manejado por el Imperialismo y 3) por los grupos gobernantes para sus propios intereses. Frente a esto 4) se reivindica lo nuestro, lo peruano, asociado a una 5) idealización de una etapa de nuestra historia, el Imperio Incaico.

Según los autores, esta visión no solo existe en la escuela: “En el mapa ideológico de la sociedad peruana, la idea crítica ocupa un lugar cada vez más importante. Se encuentra en el dirigente popular, en el profesor de colegio y hasta en el militante de base”. En otras palabras, la Idea Crítica le ofrece una manera de entender la historia y la futura evolución del país a un amplio sector de los peruanos, no solo a los maestros.

¿Existe efectivamente esta visión del país en el Perú de estos días? Cuando se escuchan las opiniones de diversos actores sociales, sobre todo nuestros políticos,  el referido texto pareciera totalmente actual; por ejemplo, frases como “no más pobres en un país rico” sin duda suenan a Idea Crítica. Muchos ven el origen de esta visión en un marxismo sobre simplificado, donde la sociedad se divide en dos grandes bandos, unos virtuosos, los otros malvados. Sin embargo, vale la pena considerar si la IC como visión del Perú no puede ser asimilada también por nuestros diversos Populismos, que normalmente incluyen en sus análisis la oposición pueblo y élite gobernante corrupta, que ven a las instituciones como instrumentos de estas élites; y que en el Perú casi siempre han reivindicado positivamente “lo nuestro”, entiéndase lo popular, al menos desde Leguía y la Patria Nueva. En ese sentido la IC podría ser compartida -con mayor o menor radicalidad- por gente de izquierda que se considera cercana al marxismo, pero también por el ala izquierda de las tendencias y movimientos populistas que han surgido en nuestro devenir político. Sería como un lenguaje común que permite identificar y generar afinidades, establecer un “nosotros” y unos “ellos”, algunas votaciones en el Congreso son buenos ejemplos.

En todo caso la Idea Crítica sigue viva, aunque hay que completarla con algunos rasgos: la percepción de la omnipresencia de la corrupción en el Estado, así como una creciente desconfianza social generalizada. Esto último lo apunta Mariana Eguren, una de las comentaristas de la nueva edición, quien añade que otros rasgos recientes serían cierto aprecio por la diversidad y el valor otorgado a la educación. 

Pero habría algunos cambios respecto a lo encontrado en el estudio: ¿cuánto pueden haber modificado la IC los años noventa y siguientes, con crecimiento económico y reducción de la pobreza, y una prédica pro-emprendedora, de disminución de roles del estado, dirigida al individuo, etc.? ¿más optimismo respecto al futuro+? ¿y es estable? Por otro lado, abrazar el discurso del éxito individual que llegó al Perú en esa década ¿realmente se opone a la IC o podrían convivir ambos discursos, IC e individualista, en una misma persona y activarse de acuerdo a las circunstancias, sin que esto se viva como algo muy dramático? Tiendo a creer que esto último es perfectamente posible.

La Idea Crítica del Perú nos deja varias preguntas ¿es un logro de nuestro sistema educativo? ¿Cómo variará en el futuro? Por ejemplo, ¿cómo esta visión responderá y mutará frente a un fenómeno tan contundente como la pandemia? ¿Y qué otras sorpresas nos podrían brindar los estudios de mentalidades y sensibilidades de las peruanas y peruanos? ¿no valdría la pena completar hoy ese “mapa ideológico” del país para entendernos mejor y enfrentar nuestro futuro común?

 

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