Sobre descentralización, dice bien Juan Carlos Tafur (Sudaca, 19 de Enero): “los gobiernos regionales, provinciales y distritales son antros de corrupción, las obras un desastre inacabado, las responsabilidades esenciales son abandonadas” y enumera un largo etcétera de problemas; efectivamente, el resultado de ese proceso es muy malo hasta ahora, pero, como también añade el director de Sudaca, “No se puede volver al centralismo. Es antirepublicano y antidemocrático”.
Y tampoco sería realista intentar volver atrás, la descentralización es obligatoria en una realidad como la nuestra: el Perú es enorme, ocupa el lugar número 20 en magnitud de superficie en el mundo, dato que esconde una topografía que parece un papel arrugado, decenas de climas simultáneos, una gran diversidad humana … Las disposiciones del gobierno central normalmente han sido letra muerta fuera de Lima y las principales ciudades, carecen de valor por falta de información específica local actualizada, sus procesos de implante por lo regular se interrumpen por el cambio de autoridades; se necesita instancias regionales que conozcan territorio, población, y trabajen en su propio espacio, y estas solo pueden ser resultado de procesos democráticos para tener legitimidad.
Hablando más precisamente de la regionalización, hay medidas que sería conveniente implementar pero que resultan imposibles sin pasar por grandes tensiones sociales, por ejemplo, reagrupar las regiones que se crearon erróneamente tomando como base los antiguos departamentos. Seguramente esto sería deseable desde la perspectiva de la política pública, pero altamente resistido por la ciudadanía regional.
Buscando alternativas de mejora que pudieran tener viabilidad, creo que vale la pena dedicarle atención a la baja definición de la división del trabajo entre gobiernos regionales y el gobierno central. Para esto propongo usar un esquema muy conocido en el desarrollo organizacional y también en la gestión pública: el ciclo Diseño-Ejecución-Evaluación-Mejora (los términos varían ocasionalmente); casi cualquier actividad puede analizarse siguiendo este flujo de operaciones.
Si aplicáramos el esquema a la división gobierno central/gobierno regional, habría que asignar la Ejecución al segundo. Por ejemplo, en Educación esto pasaría por habilitar colegios, contratar profesores, garantizar los materiales impresos y electrónicos, etc. La Evaluación, complementariamente, debería ser independiente de los procesos mencionados , nadie puede ni debe ser al mismo tiempo ejecutor y evaluador de una misma actividad (es buena parte del origen de la tensión actual entre SUNEDU y los rectores de universidades truchas). Por esto, lo más razonable sería asignar la función evaluativa al gobierno central, pero coordinando con los gobiernos regionales los estándares respecto a los cuales serán evaluados y amarrando los avances a la disposición de recursos.
Las otras dos grandes funciones, el Diseño de las acciones y la Mejora post evaluación son más complejas; respecto a la primera, el gobierno central vía el ministerio de educación es rector del sector, por lo que debería ser tarea suya; esto cubre cosas como el currículo (no usar la expresión “currícula”), los lineamientos para materiales impresos y electrónicos, la formación y capacitación docente, etc. Sin embargo, esta también es una función compartida, el diseño central generalizable a todo el país, debería limitarse a lo mínimo indispensable y dar a las regiones suficiente autonomía como para que la regla no termine ahogando la ejecución. Y lo mismo vale para la mejora, la instancia central no debería excederse en sus prerrogativas y entregar lineamientos más que productos acabados; esto implica manejar los tiempos de la gestión de modo distinto y reducir la “creatividad” en las políticas, que en realidad es generada por la alta rotación de las autoridades, la llamada con ironía “gestión por ocurrencia”.
Pero, se preguntará el lector, ¿podemos darle estas funciones a unos gobiernos que se han mostrado ineptos durante años para implementar incluso tareas menores? Podemos si hacemos esto con seriedad, iniciando la transformación de un par de regiones en acuerdo con el gobierno central en un proceso muy pautado y seguido de cerca, donde se pueda aprender y mejorar la propuesta en la propia ruta.
Pero estos cambios dibujan unos ministerios distintos de los actuales; que dejen de trabajar en paralelo a los gobiernos regionales, contengan su afán regulador, profesionalicen sus capacidades de evaluar, desarrollen programas de asistencia técnica que impulsen la mejora del trabajo en las regiones en acuerdo con ellas. Y que aprendan a gestionar el conocimiento requerido contratando bien y transparentemente, porque para cumplir tareas de esta magnitud no basta el sector público: el Estado nacional y los gobiernos regionales requieren de socios, privados, del “tercer sector”, etc. para poder transformarse.
