[ENTRE BRUJAS] Durante siglos el patriarcado (no hay que tener temor a nombrarlo) se ha sostenido y reproducido teniendo como base el control del cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres.
Uno de los mecanismos institucionalizados para sostener dicho control son las leyes que sancionan la posibilidad de autonomía. La penalización del aborto es un ejemplo claro.
Este, es un dispositivo que durante siglos no solo ha sancionado la posibilidad de que las mujeres tomen una decisión sobre su cuerpo y proyectos de vida, sino que a la vez les ha quitado dignidad a través de la criminalización.
Las leyes también saben de clases sociales y de estatus diferenciados. Aunque la penalización afecta a todas, tiene un impacto mayor en las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en condiciones de pobreza o sobrevivientes de violencia.
Es decir, las mujeres que tienen recursos económicos y entornos de apoyo pueden acceder a este procedimiento sin poner en grave riesgo su vida y libertad. Quienes no, suelen quedar expuestas a la clandestinidad abusiva y al aprovechamiento de personas inescrupulosas que lucran con la desesperación.
Por ello se dice que la despenalización del aborto es un asunto de derechos, pero también de justicia social. Son las mujeres y niñas pobres, violentadas y en situación precaria las que sufren el impacto de normas sexistas y abusivas.
La penalización del derecho a decidir de las mujeres es un indicador de sociedades machistas y discriminadoras. Pero, la penalización del aborto aún en casos de violación sexual pone en evidencia sociedades indolentes, en donde la dignidad de las mujeres no vale y se vulnera sistemáticamente. Tal es el caso peruano.
En el Perú, el aborto aún en casos de violación se encuentra criminalizado. Es decir, se obliga a las mujeres y a las niñas a continuar con embarazos producto de un crimen atroz. Las dramáticas cifras dan cuenta de ello:
En el 2022 a nivel nacional 1623 niñas entre los 111 y 14 años fueron obligadas a parir, luego de una violación. Hasta agosto del 2023, corrieron el mismo destino 636 niñas.
Criaturas forzadas a ser madres, impedidas de disfrutar de una infancia plena y con ello destinadas a continuar en un circulo de violencia y exclusión.
Feministas y defensoras de los derechos de las mujeres durante décadas han reclamado que el Estado corrija este error, y, despenalice la interrupción del embarazo en casos de violación. Aunque para avanzar en materia de igualdad es importante que esta figura penal desaparezca y no haya criminalización por ninguna causal; se reconoce que es urgente – al menos- proteger a las sobrevivientes de violencia sexual. Es decir, no condenarlas a la tortura de un embarazo forzado. Un mínimo de dignidad aun negado por el sistema patriarcal.
El reclamos de autonomía, derechos y dignidad vuelven a materializarse este 28 de septiembre, fecha en la que desde la Asamblea Verde (espacio de confluencia feminista) se ha organizado una movilización en el marco del Día internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Organizaciones, activistas y colectivas feministas se unen para levantar en las calles y públicamente su voz de protesta frente a un Estado indolente. Se exige así que se deje de criminalizar a las mujeres y se brinden garantías para su autonomía.
Una marcha por el derecho a decidir, una movilización para que el Estado garantice el aborto legal y seguro. Una movilización vestida de verde, con pañuelos, con historias reales de dolor y desesperación en donde una vez más se vuelve a disputar la libertad y la dignidad de las mujeres.
