Aborto

Pero el feto no tiene derecho a vivir, y en ese sentido el argumento de la realidad social del aborto se enriquece al complementarse con el de las capacidades cognitivas: El feto no tiene las capacidades cognitivas relevantes para que sus derechos compitan con los derechos de las mujeres que portan un feto. Esto lo tienen muy claro las millones de mujeres alrededor del mundo que abortan a pesar de los marcos legales de los lugares en los que viven. Ellas no se van a dejar persuadir con argumentos absurdos basados en la premisa injustificada del derecho a la vida de toda vida humana. Ya que las personas que se oponen al aborto no tienen buenos argumentos, es una realidad que las mujeres abortan y seguirán abortando, al punto que se trata de un problema de salud pública. Hagamos por lo tanto que el aborto sea legal para que sea seguro. 


* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas. 

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Aborto, Filosofía, primer trimestres, Religión

 

Hablar sobre el aborto o interrupción del embarazo es un tema muy tenso en el Perú. Buena parte de la población peruana, usualmente de formación católica o evangélica, se opone tajantemente porque lo considera tanto crimen como pecado. Otra parte de la población, considera que puede haber razones válidas para llevarlo a cabo en las primeras 14 semanas, pero que se trata de un tema íntimo a la par que violento y por ello es mejor esconderlo. Tocar el tema entonces, es per se una agresión que, apenas salta a la luz, de inmediato se debe acallar. Es una cuestión de creencias encontradas que puede dividir familias, separar amistades y enfrentar movimientos anti aborto contra las marchas a favor de un aborto libre. No se habla en los colegios ni en las universidades, la prensa escrita se atreve en tanto replica noticias de otros países, pero no lo discute el periodismo televisivo. La prensa religiosa es además muy dura cuando trabajadoras del sector eclesial comparten alguna publicación en redes sociales a favor del aborto libre.

Los estudios de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo se acumulan desde la década de 1970 en el Perú, pero el aborto continúa penado desde 1863. Es cierto que desde 1924 se declara fuera de castigo el aborto terapéutico, pero fue ignorando hasta que recién el año 2014 se aprobó el reglamento para que pudiera ejercerse. Así que hasta hoy sólo es aprobado cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer, quedando como delito cuando el embrazo es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida extra uterina, y cuando se trata de una inseminación no consentida.

Como señaló Elizabeth Salazar Vega (Ojo Público, 2019), en nuestro país, las mujeres y adolescentes que sólo lo pueden realizar de manera ilegal son perseguidas por el Estado. Y quienes las denuncian son las personas a quienes acuden precisamente a buscar ayuda: personal de hospitales, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen desde tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 117 establece que los profesionales que “abusen de su ciencia o arte para causar el aborto”, tendrán pena privativa de libertad de 1 a 5 años, dependiendo del consentimiento de la paciente, y serán inhabilitados para ejercer su profesión y privados de grados policiales, títulos honoríficos y demás distinciones propias de su oficio.

Desde fines de los años 90 en adelante, el espacio donde sí se discute a pesar de que no quisieran muchos congresistas, es en el ámbito legislativo. Pronto sabremos del debate en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues en diciembre del año pasado, congresistas encabezados por Ruth Luque presentaron nuevamente el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación, y una semana después, la congresista pastora evangélica María Jáuregui, presentó como contraparte el proyecto de Ley que reconoce los derechos al concebido.

Colombia aprobó el aborto el año 2006. Lo que ha ocurrido el lunes pasado es que la Corte Constitucional lo ha despenalizado hasta la semana 24, acción que se ha celebrado en la región, pero que levantó preguntas en las redes del por qué se aprobó hasta el segundo trimestre del embarazo si, como es sabido, es un estado de gestación que pone en riesgo la salud, es más doloroso e implica una prolongada recuperación. La Corte no puso plazo por dos razones: porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo recién al final de la gestación, como en el caso de la mortal preeclampsia que solo se puede diagnosticar después de la semana 20. Y porque son tantos los obstáculos que establecen muchas veces las familias y las instituciones, públicas y privadas, que el plazo de 14 sólo se cumple en los países donde los programas llevan décadas y el personal está capacitado. Colombia ahora pondrá sus esfuerzos en la educación sexual. Ojalá que aquí perdamos miedo de mentarlo y aprendamos a escuchar.

 

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Aborto, Colombia

El “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” o el “Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro”; es una fecha emblemática en el calendario feminista que convoca a la movilización de millones de mujeres por el derecho a decidir. Es un día para hablar de libertades, así como de injusticias sociales, de barreras y de exclusiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

Ayer #28S, diversas expresiones de los feminismos se volcaron a las calles y a las redes sociales para expresar su indignación frente a estados patriarcales que limitan el derecho a decidir de las mujeres; recordando que la lucha por la autonomía sexual y reproductiva ha sido y es una de las principales batallas que ha librado el movimiento feminista global en su diversidad.

Recordemos que en el Perú solo se encuentra despenalizado el aborto terapéutico, aunque acceder a este derecho no es una tarea fácil. Según un reciente Informe de la Defensoría del Pueblo¹ existen una serie de barreras como el exceso de burocratización, la estigmatización y la falta de información en el funcionariado que limitan una adecuada atención a las mujeres y niñas.

Así mismo, en nuestro país, el Estado obliga a las víctimas de violación sexual a continuar con embarazos forzados, ya que no se ha despenalizado el aborto en casos de violación o incesto. 

Según cifras del MINSA, entre el 2019 y el 2020, se registraron 2,482 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a tener partos producto de una violación sexual. En lo que va del 2020 ya se han registrado 796 partos en niñas, de los cuales 10 fueron menores de 10 años. Es decir, el embarazo infantil forzado es uno de los principales dramas que tiene el país. 

En varias oportunidades, diversas instancias de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer y el Comité contra la tortura, han recomendado al Estado Peruano despenalizar el aborto por causal violación, como una medida para evitar la extensión del sufrimiento de las víctimas de crímenes sexuales. El Estado se ha mantenido indiferente frente a estas demandas. 

Desde las organizaciones y colectivas feministas se sigue trabajando por lograr la despenalización del aborto; en años anteriores se han promovido procesos ciudadanos y propuestas legislativas para – al menos- lograr la despenalización por causal violación; la respuesta ha sido siempre la indiferencia o el insulto. Es decir, se le sigue dando la espalda a las mujeres y a las niñas, se sigue perpetuando la discriminación, la injusticia social y la doble moral. 

Si bien hablar de la despenalización del aborto es un asunto de derechos humanos, también lo es de justicia social; son las mujeres y jóvenes en condiciones de pobreza las que se ven expuestas a espacios de clandestinidad que lucran con su dolor y desesperación.  La realidad es que las mujeres abortan, sólo que aquellas que tienen recursos lo pueden hacer salvaguardando su salud y las otras no. 

La siguiente consigna feminista, voceada en marchas y con mayor fuerza este 28S, clarifica las demandas pendientes que el Estado debe atender para construir una democracia real, la cual debe incluir a las mujeres y sus luchas históricas: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.  Es tiempo de avanzar. 

¹Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud. Defensoría del Pueblo, 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf

 

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28 de setiembre, Aborto, derecho a decidir, mujeres y niñas

Debate, Episodio 35

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el trigésimo quinto episodio: El paro agrario (y el gobierno de Sagasti) se vuelve a manchar de sangre. Somos últimos en Sudamérica para la vacuna. Y se aprueba ley de aborto en Argentina

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Aborto, Argentina, Paro Agrario

Es hora de que en el Perú se empiecen a discutir estos temas al punto de generar creciente masa crítica que permita algún día llegar a esos niveles de libertades morales. Por lo pronto, con el aborto, y no sólo con el terapéutico o en caso de violación, como hasta el momento se suele discutir, sino con aquel pleno de derechos.

Hay que dejar de hablar a media voz e ir por todo, que la estrategia de ir avanzando de a pocos ha demostrado su inutilidad, más aún en medio de una sociedad que mayoritariamente es conservadora en el Perú, pero que lo seguirá siendo si desde la clase política y periodística no surgen voces que hablen claro sobre el tema y desplieguen con energía los argumentos a favor de la opción liberal.

Del mismo modo, debe hacerse con un tema como el del matrimonio homosexual. Ya estuvo bueno eso de buscar fórmulas intermedias, con afán de ser progresivas, como las de la unión civil patrimonial. Acá se va por todo o nada. El Perú debe aprobar la unión matrimonial plena de derechos de personas del mismo sexo y a la vez reconocer todas las variantes de identidad de género que nuestro erotismo permite.

Y ya no puede dejar de estar en la agenda nacional la despenalización de la producción, distribución y consumo de las drogas. Cualquier riesgo potencial de que ello genere un aumento del consumo -cosa bastante improbable, porque ya hoy en día cualquier droga se consigue en todas las esquinas del país-, es nada comparado con el enorme y republicano beneficio de erradicar el narcotráfico, principal fuente del delito y la corrupción en el Perú.

La agenda moral liberal debe empezar a plantearse sin ambages. Si algún día queremos ser una sociedad de libertades civiles plenas hay que empezar a dar la batalla contra el conservadurismo reinante, cuya mayoría es real, pero no es aplastante.

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