[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Hace unos días se conoció el caso de una menor de 10 meses que fue violentada sexualmente por su progenitor y producto de este ataque, falleció. Su madre era una adolescente de 15 años. Es decir, habría salido en estado de gestación cuando tan solo tenía 14 años y no tenía la edad para brindar consentimiento alguno, por lo que se habría cometido una violación sexual en su agravio. Esta noticia ocasionó una gran indignación colectiva.
El agresor -pese a haber sido denunciado- se encontraba en libertad. Aunque la adolescente víctima tenía medidas de protección, estas no fueron cumplidas ni garantizadas por las autoridades peruanas. Tampoco se tuvo acceso al Kit de Emergencia[1] que cuenta con un grupo de medicamentos y pruebas para prevenir un embarazo forzado o Infecciones de Transmisión Sexual. Sucedió lo mismo con el acceso a un aborto terapéutico, legal desde 1924[2] para aquellos casos en donde haya un gran peligro para la vida y/o la salud de la mujer.
La violencia sexual en nuestro país es una de las grandes tragedias que tenemos. Cuando analizamos las cifras, estas son más que dolorosas. Parece inútil repetirlas, pero hoy más que nunca necesitamos la sensibilidad de la ciudadanía para exigir respuestas estatales reales y serias para la atención, sanción, prevención y erradicación de esta problemática. Recordemos que es obligación del estado garantizar una vida digna, lo que va en el marco del derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
En el 2022 se han registrado 25 909 (94,7%) casos de violencia sexual en agravio de mujeres. Hasta mayo del 2023, se tiene el registro de 11 085 casos de violencia sexual a mujeres, los que representan 94,5% del total de denuncias.
Así también, en el 2022 se registraron 11 080 casos de violaciones sexuales a mujeres y en el 2023, 4776 casos. En este tipo de violencia sexual, los registros visibilizan a las niñas, niños y adolescentes como los/as principales afectados/as, en lo que va del año se han cometido 3 297 violaciones sexuales, representando al 65,9% del total de denuncias.
Este crimen ha sido considerado por las instancias internacionales como una forma de tortura, así como lo es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo producto de esta agresión: embarazos forzados. Diferentes Comités de derechos humanos han recomendado al país que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, entendiéndolo como el estándar mínimo con el que se debería contar. Esta medida en parte representa una restitución de la dignidad a las víctimas y no perpetuar más su sufrimiento. Esto ha sido recogido en las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos y recientemente en las recomendaciones del último Examen Periódico Universal hecho al Perú por otros estados.
En nuestro país vemos con indignación la recurrencia de la violencia sexual, pero es necesario apoyar acciones que realmente se orienten a lograr que este crimen sea erradicado y proteger a las víctimas.
Despenalizar el aborto en casos de violación sexual es una medida urgente, una deuda histórica del Estado con las mujeres y las niñas. Una medida que, al menos, ayudaría a no exponer a las víctimas a la extensión de su sufrimiento, salvaguardando su vida y salud.
De otro lado, se necesita romper con la impunidad. Cada agresor impune es un peligro para otras niñas y mujeres. La falla de nuestro sistema de justicia para sancionar estos crímenes impacta directamente en el incremento de otras víctimas.
PREVENCIÓN: si bien queremos sanción, este ámbito es sumamente importante para que estos casos no se repitan, que ninguna otra niña/adolescente o mujer adulta se vea expuesta a esta tortura que daña su vida para siempre. Para prevenir este crimen resulta primordial la educación sexual integral en las escuelas, lamentablemente esta ha sido bloqueada por un congreso antiderechos que responde a intereses subalternos.
Estás medidas a largo plazo son impopulares, en la medida que no brindan soluciones inmediatas, pero sino empezamos a abordar el problema de forma seria y responsable seguiremos lamentando casos. La indignación sin acción no alcanza.
[1] De acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 083/2019/DGIESP el “Kit para la Atención de Casos de Violencia contra la Mujer – Violencia Sexual” es un grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual y que tienen la finalidad de prevenir embarazos forzados.
[2] Artículo 119° del Código Penal: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”
*Nota realizada con la colaboración de Cecibel Jiménez
