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“El partido está por encima”: los audios del presunto tráfico de influencias en gestión regional de Perú Libre

Por: 17.06.2021

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular toda una organización que se habría dedicado a facilitar -a cambio de coimas- los trámites para quienes querían sacar o renovar sus licencias de conducir. Ello, en complicidad con los funcionarios del órgano encargado: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). 

Sudaca accedió a la resolución judicial que ordena la detención de 38 personas involucradas en estos presuntos delitos. En ella no solo se explica el modus operandi de la red y se expone su organigrama. También se registran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en los últimos dos años, las cuales han servido para establecer que algunos personajes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón e involucrados en la campaña electoral, habrían usado su influencia en el partido al servicio de la corrupción, para contratar, cesar o reubicar a los funcionarios del aparato público. 

 

Las investigaciones preliminares de la fiscalía se vienen realizando desde el 2019 y se saldaron el pasado martes con la detención de 27 personas, siete de ellos vinculados a Perú Libre. Según fuentes de la región, esta mafia estaría enquistada en Junín desde hace varios años. Lo único que cambian son los funcionarios. “Esto no ocurre ahora nada más, sino también en gestiones pasadas. La única diferencia es que ahora los han agarrado con las manos en la masa, pero esto siempre ha sido parte de la región Junín”, dice José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo.

Tráfico de influencias

Uno de los que se mantiene legalmente prófugo es precisamente el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, uno de los más cercanos colaboradores de Vladimir Cerrón y -como reportó Sudaca- opositor junto a él de la “moderación” representada por Pedro Francke en el entorno de Pedro Castillo.

Ayer, Cárdenas publicó un comunicado “apersonándose” al proceso y pidió que se levante la orden de captura en su contra. Su abogado, Wilder Romero, dice que al cierre de esta edición su patrocinado no le había dado autorización para declarar.

La resolución señala, por ejemplo, que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, cuando trabajaba como externo para la dirección de Educación, el dirigente se habría comunicado con Marina Vásquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del partido que ha llevado a la presidencia a Pedro Castillo. 

Ambos acordaron, según el documento judicial, «dar por concluido los contratos CAS de Edgar Fredy Capcha Sanabria y una persona señalada como Yanina y favorecer en la contratación de Miguel Ángel Rivera Mauricio para que labore en la entidad regional antes señalada, decisiones que fueron dadas por razones de afiliación y/o vínculo político”. Rivera figura como militante de Perú Libre desde septiembre de aquel 2020.

¿Qué hacía un importante militante de Perú Libre, sin competencia en los temas de transporte, coordinando renovaciones, reubicaciones y hasta ceses de personal en este sector? Llamamos a Arturo Cárdenas, pero su celular está apagado.

Según la resolución, “se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos donde el partido político Perú Libre se encuentra en gestión», como lo venía denunciando Sudaca. Ello a pesar de que Cárdenas no tenía ningún cargo que le brinde estas atribuciones. Esta es una de las conclusiones atribuidas a la fiscalía.

La imputación contra Arturo Cárdenas, según la resolución judicial: «(…) quien aprovechándose de su condición de secretario nacional de Perú Libre tiene la facultad de colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en los puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones».

En un diálogo, Cárdenas hablaría con una mujer sobre la presunta reubicación de personal a distintas áreas del gobierno, como las subgerencias de desarrollo económico, social y promoción de inversiones:

Yiuliana: Oye Arturo, ¿cómo es el tema de la renovación? Cantorín nos ha sacado de la lista, algunos dicen que a ti también

Arturo: Sí, justo Ronald, de recursos, me ha llamado y me ha dicho: ‘ oye, te han llamado a la reunión de gerentes y subgerentes, incluso nos han sacado del whatsapp’ […] pero no importa, hemos cumplido con la valla en inversión, pero los únicos cambios que se han dado en desarrollo económico y social.

Yiuliana: Arturo, más que nada quiero empezar en otra cosa, en el tema de salud.

Arturo: Ya, yo voy a chequear […]  voy a conversar bien ese tema porque yo le dije a Carlos que, bueno, ahí el monopolio lo tiene él, pero el partido está por encima. También Eduardo Gutarra de transportes salió, yo voy a ver ese tema.

Otra conversación que cita el juzgado redondea la hipótesis. En esta, Cárdenas le dice a su interlocutora que ya no hay “espacio” en el gobierno regional, y por eso tendrá que quedarse en una municipalidad:

Arturo: Dame tus datos por WhatsApp y en qué área vas estar de la muni. Sí, para que te quedes ahí.

Tali: Pero yo quiero ir al gobierno [regional].

Arturo: Es que ahí ya no hay espacio, te vas a quedar en la muni.

La fiscalía, según recoge el documento judicial, cree que la influencia de Cárdenas también habría servido para obtener recursos con el objetivo de movilizarse durante la campaña electoral. El dinero, según el documento, habría salido de los “cupos” regularmente cobrados por la mafia de los brevetes.

“Tal poder lo ejercería por su vinculación con el partido político Perú Libre, que se encuentra en la gestión regional actualmente […] siendo que “Waldys”, a fin de continuar desarrollando la actividad criminal de la organización en la provincia de Satipo, vendría entregando a “Arturo” o “Burro” [los alias de Cárdenas] el importe obtenido por concepto de un acto ilícito [cobro de cupos] de favorecimiento, cuyo monto oscilaría entre los S/1.300 a S/1.500”, apunta el escrito, que no precisa la periodicidad en la entrega de estos montos.

“Waldys” es Waldys Vilcapoma Manrique, encargado desde el 2019 de la sede Satipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. También es militante de Perú Libre. Según denunció Correo, durante el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón fue designado como director regional de Producción pese a no contar con el grado de licenciado, requisito para ejercer el cargo. En estas recientes elecciones, postuló como congresista por la región de Pasco.

Otro viejo militante que también quiso ser congresista y actualmente está no habido es José Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador de Perú Libre el año 2012 y actual secretario de prensa nacional. En abril del 2019, fue nombrado por Vladimir Cerrón como director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Cuando a fines de aquel año Cerrón fue destituido luego de su condena por corrupción, Bendezú siguió en su puesto hasta mayo del 2020.

Según la resolución judicial, en sus comunicaciones una funcionaria de nombre Marina “le proporciona información que debería ser clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección para plazas CAS, que efectuarán funcionarios de la DRTC Junín, con lo cual Bendezú podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus recomendados”.

Bendezú no se detuvo ni cuando en diciembre del 2020 fue contratado como gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, otro de los bastiones más importantes del partido del lápiz. El 9 de ese mes, Benedezú conversó telefónicamente con una persona que se identificaba como Flores, para interceder por un vehículo que acababa de ser internado en el depósito. “Un servicio, espérame ahí o, si no, espera al señor Pompeyo. ¿Sabes qué? Su carrito lo han intervenido, es un auto, por favor dale todas las facilidades, por favor dale todas las facilidades de parte del mismo alcalde”, le dijo a su interlocutor, según la resolución.

bendezu imputacion fiscal
La imputación a José Bendezú Gutarra, «al haber colaborado e influenciado en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización, por la contratación en puestos laborales que se vinculan al trámite y emisión de licencias de conducir».

El documento también recuerda que en mayo del 2020 Bendezú fue denunciado públicamente por el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cobro de cupos. Así informó el medio ‘Portal Central’, de Junín: “el sindicato denuncia que existe un ‘negocio de cupos’ para los exámenes de conocimiento y manejo”. El gremio también involucraba en sus acusaciones a Marina Vásquez López -la “Marina” antes mencionada-, jefa de personal de la mentada Dirección y cofundadora y actual secretaria de organización Oriente de Perú Libre. 

Daniel Reyes Salguerán, militante de Perú Libre entre el 2013 y el 2017, es otro de los embarrados en todo este asunto. El pasado 7 de enero, en una conversación con Francisco Muedas Santana, un funcionario del área de licencias y afiliado al partido desde septiembre del 2020, Reyes coordinaba el favorecimiento a su hijo durante un examen de manejo. El documento describe así al retoño del funcionario: un “postulante que durante su evaluación resultará desaprobado, pero que producto de las influencias ejercidas por Reyes Salguerán posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir A-I”.

El negociado quedó registrado en las escuchas telefónicas:

Fran: Su hijo ha desaprobado. En el último se ha parado encima del blanco (…) Depende de usted si le apoyamos.

Reyes: Claro, de una vez. Para olvidarme del tema

Fran: ya, pero no le diga nada, porque yo lo he dejado que siga nomás. 

Reyes: Ah, ya, ya.

José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo, apunta que varios de los funcionarios involucrados en esta investigación nunca debieron ocupar estos cargos pero que fueron protegidos por Vladimir Cerrón desde el inicio de su gestión. “En un momento se mencionó que ellos [funcionarios como Arturo Cárdenas] no cumplían con el perfil para asumir estos cargos. Hay informes de la Contraloría que mencionan que no se debía mantener en el cargo a estas personas por no cumplir ese perfil. Sin embargo, en ese entonces, el exgobernador Cerrón manifestó una frase que hasta ahora queda en Junín: ‘Mis técnicos son altamente políticos y mis políticos son altamente técnicos’, palabras con las que se excusó para no hacer ningún cambio”, dice.

Operativo en riesgo

La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue citada el día de ayer al Congreso por este caso, denominado “Los Dinámicos del Centro”, en un nuevo episodio parlamentario de pérdida de tiempo. Esto a raíz de que el diario Perú21 dijera que el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había frustrado que el megaoperativo se lleve a cabo antes de la segunda vuelta electoral, algo que hubiesen aplaudido los dueños del Grupo El Comercio por el golpe que podría haber significado para la candidatura del profesor.

Carta Peru21
Carta de la fiscal Bonnie Bautista dirigida a Perú 21: «debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados».
Sin embargo, Sudaca accedió ayer a una carta firmada por la fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, y dirigida al diario de marras. En esta aclara que ella recién comunicó a Tello la fecha tentativa del operativo el pasado 8 de junio, dos días después de las elecciones.

“Debo rechazar tajantemente tales afirmaciones por ser falsas. El despacho bajo mi cargo no planificó ni coordinó llevar a cabo el operativo al que se refiere la publicación antes del 6 de junio, dado que todo megaoperativo debe planificarse conjuntamente con el personal de la Diviac a fin de garantizar el éxito del mismo”, escribe Bautista.

“Asimismo, debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”, agrega la fiscal. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se usa como arma política.

 

(**) Fotoportada: Leyla López: En la imagen aparecen (a la izquierda) José Bendezú Gutarra y (derecha) Arturo Cárdenas Tóvar. Ambos militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

 

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corrupción, Junín, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Sin resentimientos

Por: 16.06.2021

Recuerdo cuando hace pocos años atrás mostrábamos preocupación por la banalidad de las actividades del gobierno de Vizcarra proyectadas para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. El asunto sobre esa conmemoración llegó a mayores cuando el año pasado irrumpe la pandemia y con la restricción social se tira abajo muchos más de los actos planificados. Pero eso no fue todo, pues su sentido se trastoca nuevamente cuando tras la vacancia de la Presidencia de la República y el golpe del congresista Manuel Merino, se le otorga un nuevo significado: doscientos años de sometimiento y explotación negados por el exitoso modelo neoliberal, quedan develados ante la envergadura de nuestras profundas carencias en salud, la pérdida de un año de educación regular y la exposición de los puntos más débiles de nuestra institucionalidad democrática. Es entonces cuando el emblema del bicentenario pasan a encarnarlo las vidas de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sacrificadas durante la lucha en las calles contra la descontrolada represión policial, otorgándole con el nombre “Generación bicentenario” un homenaje a los jóvenes que con su fuerza consiguieron un gobierno transitorio que convoca a elecciones presidenciales y de pronto…

Debido a que nuestro sistema democrático permite postular hasta a una candidata en plena investigación judicial por dirigir una presunta organización criminal de lavado de activos; ante el desconcierto nacional, pasan a la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y un recordado y sorprendente líder sindical, profesor de escuela rural de educación primaria, llamado Pedro Castillo que postula invitado por un partido cuyo líder se encuentra también acusado de corrupción. Lentamente, Castillo deslinda sus vínculos con el fundador del partido marxista leninista que lo albergó, cambia su postura sobre el enfoque de género y da forma a un equipo técnico, con claro esfuerzo porque quedara conformado con una notoria mayoría de intelectuales y científicos regionales y con el menor número de capitalinos posible.

Keiko y los sectores socioeconómicos A y B de las principales ciudades de la costa peruana, entre ellas la más desproporcionadamente poblada Lima, declararon cerrar filas contra el comunismo. Pero en realidad, cerraron filas contra los campesinos, con un racismo y un clasismo quizá sólo vistos hasta cuando los terratenientes pudieron mantenerlos analfabetos en las décadas de 1950 y 1960, aquellas del “desborde popular”.

Esa es la razón por la que el triunfo de Pedro Castillo no simboliza una división para el país, sino la primera integración real, radical y democrática de las hijas, de los hijos de los campesinos analfabetos que pudieron atender a la escuela por primera vez en sus familias. Y ya su esposa se ha encargado de contarnos cómo fue que se conocieron en sus aulas, en su patio, en ese espacio que Castillo supo reconocer y valorar desde niño como un medio de transformación.

Keiko Fujimori y el sector que la respalda (encabezado por el marqués Mario Vargas Llosa, defensor “porque sí” del sistema liberal) insisten en que Castillo sí lo divide, pues encabeza a los “resentidos sociales” o “ignorantes” que han sido capaces de realizar un “fraude” organizado a nivel nacional. La prueba principal para exigir la nulidad de las actas se basa en considerar que las firmas no totalmente similares al DNI son falsas, única explicación que justifica que pueblos rurales enteros hayan votado por Castillo.

Al resto del Perú no le queda la menor duda que la razón por la que acusa sin verdaderas pruebas es porque falta poco para retornar a la prisión preventiva el próximo lunes 21 de junio y porque luego será condenada a treinta años de prisión por los delitos cometidos. Pero lo interesante es que sus seguidores, quienes repiten todo lo que ella denuncia de manera obcecada, parecen perpetuar un juego especular en el que ella proyecta sus delitos y culpas en sus opositores. Ella se declara protectora de la libertad y la democracia cuando niega los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, amenaza al Jurado Nacional de Elecciones y sus aliados políticos piden golpe de estado. Sus seguidores gritan portando antorchas que se respete su voto, pero ellos insisten en que el voto de los pobladores rurales es falso. De ser así, si todo aquello de lo que son culpables lo proyectan, ¿quiénes están sintiendo el “resentimiento social” al que se refieren? La población que ha venido hasta Lima para velar por su voto, para defenderse de la cárcel que la imputación de firma falsa implica como castigo, solo ha compartido, desde que ha llegado a la capital, solidaridad, sonrisas y alegrías durante las marchas. Una esperanza y una unión nunca antes vista. Si de rencor se trata, entonces, que aprendan a darse cuenta de que puede estar dentro de quien lo acusa, que quizá sea esa rabia que da ver que el poder que se ejercía sometiendo y despreciando a quienes no hablan su castellano, comen o se visten como ellos, es la patética furia que ya llegó la hora de apagar, pues llegó el tiempo, doscientos años después, para que los igual de verdaderos y merecidos dueños de nuestra tierra se encarguen de nuestro gobierno.

15 de junio de 2021

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corrupción, Fraude, Generación bicentenario

La corrupción y la jugarreta

Por: 2.06.2021

Que la corrupción siempre ha existido en el Perú, eso es indiscutible. Un país que desde la colonia siempre ha vivido del extractivismo y la exportación, ha tenido que aprender de buena o mala manera a lo largo de sus dos siglos de república, a combatirla y rebajarla lo que fuera posible. Sin duda, si las prácticas de abuso y corrupción como las del siglo XIX (cuando antes y después de la guerra del Pacífico un puñado de familias peruanas y extranjeras se repartió tierras, ganado y minas con todo y población para enriquecer sus bolsillos) siguieran vigentes hoy en día, seríamos un serio motivo de preocupación internacional. Sin embargo, aunque los criterios éticos mundiales contemporáneos de buen gobierno y nuestra dolorosa lucha interna por los derechos humanos se han encargado de ir cerrando el paso a los descalabros de angurria política que busca regresar a aquellos tiempos de leyes con apellidos, las actuales cabezas de redes de clientelaje regional, agroexportación, minería, y narcotráfico han encontrado una vía inesperada que nos ha resultado terriblemente amenazante: han descubierto que pueden perpetuarse en el Congreso y en el Poder Judicial mediante una simple reforma constitucional que les permita perpetuarse en su curul.

 

Esa potestad que tenían los congresistas de poder reelegirse indefinidamente gracias a la Constitución de 1993, las peruanas y los peruanos la habíamos logrado eliminar con el referéndum del año 2018. Como en el referéndum también se planteó la bicameralidad, quisieron los congresistas dárselas de criollos y utilizar esta otra reforma solicitada como un recurso para que el Poder Ejecutivo no pudiera disolver el Congreso tras haber negado la confianza a dos gabinetes ministeriales. Su jugarreta consistió en poner en el proyecto que, si tanto la cámara de Senado como la de Diputados se oponía a esta decisión, esta orden de disolver quedaba anulada. ¡Así de simple! No nos quedó más remedio que tener que abandonar la bicameralidad para que no la utilizaran a su favor. Pero no les dimos el gusto.

 

Ahora bien, sin rendirse, y sacando provecho de la circunstancia electoral presidencial que en estas últimas semanas ha copado nuestra preocupación, y escondiéndose detrás de la campaña acordada por los propietarios de los principales medios de comunicación para no hablar de otra cosa que no sea la que provoque el miedo al comunismo, la mayoría del Congreso, de manera aún más burda, nuevamente ha conseguido cómo cambiar la Constitución para recuperar su posibilidad de reelegirse. Incansables, sabiendo estos congresistas que con una sola legislatura ya no podían modificar nada, porque los cambios a la Constitución solo pueden darse si consiguen la votación favorable en dos legislaturas ordinarias consecutivas o la aprobación en una legislatura y la ratificación en un referéndum, de pronto, de manera tan sorprendente como desconcertante, ¡aprobaron dividir la última legislatura en dos! Aunque usted no lo crea, como en un truco de sombrero o en un momento irónico de Lewis Carroll, consiguieron las dos legislaturas necesarias. El plazo entre la primera y la segunda, la que permite discutir sus propuestas de reformas antes de que cesen sus funciones, durará solo un mes. Un mes tendrán para aprobar la bicameralidad, de tal manera que pasar del cargo de senador a diputado y viceversa, elimine el impedimento para conseguir la reelección indefinida perfecta.

 

Como bien les señaló la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, puede que sea legal, pero indudablemente, no haberse inventado la posibilidad de crear una legislatura de esa manera no puede ser legítima. De decretarse esta reelección, los congresistas de las 10 bancadas del parlamento que entrará en funciones el 28 de junio (6 de las cuales están vinculadas a Fuerza Popular y otras agrupaciones con congresistas investigados por corrupción) podrán reelegirse una y otra y otra vez. Lo ha leído correctamente. Y si además, usted no vota por la candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República (ya se lo deben haber dicho por la televisión o la radio). perderá su canon familiar y se hundirá en la peor miseria comunista.

 

¿Hasta dónde podrán llegar los engaños y cortinas de humo de las cabezas de las redes de corrupción nacional? Quizá ya deberíamos ser un serio motivo de preocupación internacional.

 

1 de junio de 2021

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Congreso, corrupción, Perú

El fiscal que juega en pared con los delincuentes

Por: 21.05.2021

El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

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