[La columna deca(n)dente] La relación entre el Congreso y la presidenta Dina Boluarte ha pasado de ser una interacción institucional a lo que podría considerarse una práctica extorsiva. Esta situación pone en evidencia cómo el Legislativo, dominado por Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza para el Progreso (César Acuña), Podemos (José Luna), y con la entusiasta colaboración de Perú Libre (Vladimir Cerrón), mantiene un férreo control sobre Dina Boluarte. La presidenta se encuentra atrapada en una posición que la coloca a merced de un Congreso cuyos intereses parecen estar más alineados con organizaciones criminales que con la búsqueda del bienestar público.
El Congreso cuenta con un despreciable 5% de aprobación, lo que refleja una profunda crisis de representatividad. Pese a ello, ha consolidado su control sobre Boluarte mediante prácticas que podrían calificarse como extorsión política. El hecho de que congresistas como Patricia Chirinos, quien sin ruborizarse admite la vigilancia y corrección constante que se le imponen a la presidenta, evidencia un desequilibrio de poder. Boluarte es mantenida en el poder bajo la condición de que no se desvíe de las necesidades e intereses de estos legisladores y sus aliados.
Este sometimiento encaja en la lógica de la extorsión: la presidenta debe cumplir con las expectativas impuestas por el Congreso, so pena de enfrentar una vacancia presidencial. La posibilidad de removerla del cargo es una amenaza latente, un recordatorio constante de que su permanencia depende de la voluntad de la coalición dominante del Legislativo.
La amenaza de la vacancia presidencial ha sido un recurso reiterado por el Congreso en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta coercitiva para alinear al Ejecutivo con sus intereses. No es una simple cuestión de diferencias ideológicas, sino de control directo. Si bien Chirinos critica lo que percibe como una «vena izquierdista» en Boluarte, lo que realmente subyace en este conflicto es la necesidad de asegurar que la presidenta no se aparte de los lineamientos impuestos por la derecha política y económica del país. La vacancia actúa como el «arma nuclear» del Congreso, un mecanismo extremo pero efectivo para mantener la subordinación.
El Congreso ha logrado transformar la relación entre ambos poderes del Estado en una clara demostración de extorsión política. Esto no solo debilita la figura de Boluarte, sino que también pone en peligro el equilibrio democrático del país. La posibilidad de que un Congreso, con una aprobación tan baja y con intereses tan particulares, tenga la capacidad de manipular al Ejecutivo a su conveniencia es un síntoma alarmante de la degradación institucional.
La extorsión política a la presidenta Boluarte es solo uno de los múltiples síntomas de un sistema político que ha dejado de responder a las demandas ciudadanas. La subordinación del Ejecutivo al Congreso no es solo una lucha entre dos poderes del Estado, sino una batalla por el futuro de la democracia peruana. Si nuestra democracia tiene futuro, pasará inevitablemente por la recuperación de un equilibrio real entre los poderes del Estado y la erradicación de estas prácticas extorsivas que han deformado el sentido de la representación popular.
