Gobierno Dina Boluarte

[PIE DERECHO]  No se logra entender por qué la derecha es la que menos distancia crítica tiene del gobierno de Dina Boluarte. Según la última encuesta del IEP, aún un 16% de los que se identifican como de derecha lo aprueba (era el 27% a inicios de la gestión), mientras que entre los que se identifican de centro solo lo aprueba el 8% y entre los de izquierda el 3%.

Es verdad que el actual régimen ha logrado relativa estabilidad y ese es un anhelo caro a la derecha, pero es una estabilidad muy mediocre. Los principales problemas del país no son resueltos. Como dice Patricia Zárate, del IEP, “la percepción es que todo ha empeorado en el último año: la situación económica y política se percibe peor, con 73% y 69%, respectivamente; el 81% considera que la seguridad está peor y el 68% cree que la corrupción ha aumentado”.

Alberto Otárola es un buen operador político. Su mano activa, detrás de bambalinas, ha estado presente en el desenlace de la crisis del Ministerio Público y también en que el Congreso no haya discutido la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su pasado izquierdista lo ha dotado, al parecer, de capacidad de moverse en varios escenarios complejos, manejando actores y voluntades a su favor. Pero no es el Premier que mire el país con grandes soluciones. No es el líder ministerial que corrija la parálisis de algunos sectores bajo su manto ejecutivo.

Así, si según diversas percepciones y encuestas, es el verdadero poder, por encima del de Boluarte, se explica por qué la desaprobación general del gobierno. No es un Premier estadista sino uno hiperpolítico que le saca al régimen las castañas del fuego, pero no mucho más que eso.

¿Por qué la derecha avala este estado de cosas y no se solivianta respecto de anhelos caros a ella, como el orden social o crecimiento económico, por ejemplo? Ya no le pidamos que incorpore a su mochila de desvelos, una política de derechos humanos (seguramente aplaudió la represión violenta de principios de año) o una estrategia de mejora de la salud y la educación públicas, pero al menos en dos aspectos esenciales como los señalados (seguridad interna y parálisis económica) tiene argumentos de sobra para adherirse a una activa oposición.

 

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