Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.
Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.
El pasado jueves, el último proyecto de ley de este tipo fue aprobado con 105 votos a favor. Un proyecto de ley que buscar modificar la Ley de Migraciones para, entre otras cosas, obligar a que las personas que alquilen inmuebles en el país lleven un control identitario y documentario de sus inquilinos si estos son extranjeros y reporten cualquier irregularidad a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a riesgo de ser multados en caso de no hacerlo.
En un país donde casi el 80 % de las viviendas alquiladas son informales —es decir, no declaran ni tributan— el Congreso busca convertir a los arrendatarios en pseudofuncionarios de Migraciones y policías encubiertos. Una especie de Gestapo para aquel país ubicado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio.
Y ese es solo uno de cincuenta proyectos y una de tantas razones que demuestran que, en el Bicentenario de nuestra Independencia, decidimos como nación elegir a un Parlamento que es orgullosamente homófobo, xenófobo, aporofóbico, “terruqueador” y que está lleno de cuentos sobre realidades paralelas pero que, lamentablemente, refleja muy bien la sociedad que somos. Ojalá no tengamos que esperar hasta el Tricentenario para ver algún cambio, por más de que ello solo parezca otro cuento de Bradbury.
A mayor crecimiento económico, medido por el aumento del ingreso, mayor reducción de la pobreza. Por eso es clave crecer para reducir la pobreza. Sin embargo, el efecto del crecimiento sobre la caída de la pobreza será menor a mayor desigualdad de ingresos. Por ello, las llaves están en bajar la desigualdad y elevar el crecimiento. En las sociedades más desiguales, el crecimiento impacta menos sobre la disminución de la pobreza y por eso se requieren políticas públicas para reducir la desigualdad.
En junio de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 al que llamó Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe. Lo llama así porque considera que la región se encuentra en una “trampa que impide su avance hacia el logro de la agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En estas líneas vamos a tartar de mostrarle algunos datos que se desprenden de este informe y que pueden ayudarlo a comprender la situación de la región y del país dentro de ella.
Los avances en la lucha contra la pobreza
Una primera constatación que venía siendo positiva en el tiempo prepandemia es que los países de América Latina y el Caribe, es que los países veníamos avanzando en la lucha contra la pobreza. De hecho los datos para el Perú daban cuenta de un estimado de 6 puntos aproximados de reducción de pobreza multidimensional entre el 2012 y el 2018, como se aprecia en la captura del informe.
Sin embargo, se trata de condiciones prepandemia. Como el reporte señala:
“estas cifras reflejan la situación anterior al COVID-19. Desde entonces, de acuerdo con las proyecciones, la pandemia ha anulado gran parte de ese progreso. A pesar de las medidas de asistencia social en algunos países, es probable que la proporción de personas que viven en la pobreza en ALC haya aumentado durante este tiempo”.
El otro punto central es que en la discusión no debe incorporarse solo el tema de la pobreza, sino también y de manera excluyente el tema de la desigualdad. Que es también un concepto multidimensional y que conlleva elementos sociales, políticos y culturales que pueden generar condiciones de exclusión más profundas que las meramente económicas.
En ese sentido, se conoce que en la región, en términos concretos, el 10% de los hogares con los ingresos más altos captura el 49% de los ingresos nacionales (atendiendo casos conocidos de Chile, México y Brasil); mientras que el 1% captura el 28% de los ingresos totales. Hay desigualdad extrema de redistribución sin duda que empieza por esta lógica. Esto convierte a la región en la segunda más desigual del mundo en redistribución de riqueza. En Perú, de acuerdo con los datos que el informe presenta los indicadores estarían en 53% (acumulado por el 10%) y 24% (por el 1%).
Las brechas educativas
Pero, como hemos señalado, la desigualdad no es solo económica. Si bien en educación hemos avanzado en la región en todos los indicadores de cobertura educativa, reduciendo las brechas entre los más ricos y pobres de una manera importante, esto no significa que las desigualdades educativas estén camino a desaparecer. Por el contrario, algunas se han agudizado.
En primer lugar, en lo que es la educación terciaria o superior las brechas no se han reducido en las últimas décadas. Sigue siendo una promesa vigente para los más ricos principalmente.
Sin embargo, el gran problema de la desigualdad en la región está en la calidad de la educación que se recibe, cuando se mide por percentiles de distribución de ingreso. Para ello, el Informe reseñado toma en cuenta los resultados de la ya famosa prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Allí se comprueba que las calificaciones de los estudiantes más pobres son consistentemente más bajas que los alumnos menos pobres. Configurando claramente un acceso a una educación desigual. Además, generando la brecha de calidad educativa más grande a nivel mundial. Como se ve en el gráfico que se presenta en el referido informe:
Por último, una investigación de Chmielewski y Savage (2016) reporta que en la región el sistema educativo está altamente segregado y que es un indicador que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Este es un indicador muy interesante que combina el nivel educativo del padre o madre, su ocupación y los bienes del hogar (especialmente del estudiante). El Perú ocupa un no honroso segundo lugar de la región, detrás de Chile.
En resumen, si bien se avanza en cobertura y alcance educativo, el logro, la calidad y la segregación; es decir, los indicadores de la desigualdad educativa son elementos que en la región hacen agua. Con la pandemia encima y con el retraso en volver a las aulas, estamos seguros de que ello habrá empeorado más. Y el Perú ocupando siempre los lugares más preocupantes en la región.
Los servicios básicos
Otro elemento clave de desigualdad que el informe reseña es el de acceso a los servicios básicos. Ya no solo incorpora a los tradicionales agua, saneamiento y luz, donde mantenemos siempre la lógica de que quienes más tienen, mejor cobertura alcanzan. Se añade el acceso a Internet en el hogar como parte de los servicios básicos. Cuando se analiza esta problemática a la luz de los ingresos de la población e la región, se puede observar la desigualdad en el acceso, como lo vemos en el cuadro siguiente:
Impresiona cómo podemos notar una escalera que va subiendo mientras el ingreso se hace más grande. Como el mismo informe señala: “Aunque el Internet pueda ser considerado como un tipo de servicio más sofisticado, es un servicio esencial para funcionar en el mundo actual… Las marcadas disparidades en la región en cuanto al acceso a Internet y a las herramientas para utilizarlo están impidiendo a millones de personas alcanzar mayores niveles de bienestar.”
El género
Otro factor de desigualdad extrema que se analiza en la región es la de género. Y allí las cifras son de terror. SI las mujeres en general tienen que enfrentar situaciones de discriminación laboral, las mujeres pobres las sufren en mayor extremo. Mayores tasas de desempleo. Menor remuneración por el mismo trabajo. Menor cantidad de horas de contrato formal. Más contratación informal. Más trabajo no reconocido como trabajo doméstico y trabajo de cuidado.
Acá se da una paradoja que duele: los hombres mantienen una similitud en la región en función a la cantidad de horas que dedican a sus hogares y al cuidado, independientemente de su ingreso, mientras que las mujeres que menos ingresos tienen soportan jornadas con más tiempo de cuidado y trabajo remunerado. Desigualdad extrema por donde se mire.
Sumado a estos aspectos, el informe recoge los aspectos de desigualdad que la población LGBT+ debe pasar a lo largo de su vida para integrarse como sujetos activos de derechos y ciudadanos plenos en sus países. Asimismo, cuál es la situación de las minorías raciales y étnicas también.
En resumen, la discusión de la situación de la región no solo se basa en aquello que definimos como económico o político. También en eso que nos hace diferentes o iguales en nuestra forma de ser parte de un colectivo. Allí podemos explicar muchos de nuestros comportamientos. Este informe sirve para esto. Lo pueden encontrar, completo, en: https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/regional-human-development-report-2021.html
Debería quedar claro, a partir de esta elección, que los sectores populares necesitan algo más que solo ingresos económicos. Si solo fuera ello, bastaría la disminución de la pobreza monetaria de 58.7% a 20.2% de la población entre el 2004 y el 2019, o de la extrema pobreza, en el mismo lapso, de 16.4 a 2.9%, para suponer que habría pleno consenso respecto del establishment.
Es verdad que en el último año, producto de la pandemia, la pobreza general ha crecido a 30.3% y la extrema a 6.3%, un retroceso de casi diez años, pero no basta ello como factor explicativo del descontento ciudadano que ha impregnado esta elección y que explica en gran medida el voto duro detrás de Pedro Castillo.
Hay un reclamo por ciudadanía. Y ello pasa por sentirse incluido en la sociedad formal, por sentirse parte del colectivo. Y no hay manera de que eso ocurra mientras subsistan las groseras desigualdades que hay en materia de salud, educación, seguridad y justicia. En términos económicos, en las últimas décadas se ha reducido la desigualdad económica, pero la desigualdad institucional que se menciona en los cuatro criterios señalados, debe haber aumentado de manera considerable.
Es tarea del próximo gobierno reducir esa brecha lacerante de ciudadanía. No podemos llamarnos república en formación si no atendemos, con carácter de prioridad, esos elementos básicos de la vida social. Jamás seremos país desarrollado mientras un pobre no reciba atención médica de primer orden, educación competitiva, mínima seguridad vital y acceso a un sistema judicial que no lo discrimine por no tener recursos económicos.
Todo ello no pasa por destruir el mercado, sino por apoyarse en él para construir un Estado mínimamente eficaz y transparente. En los últimos 20 años, la recaudación fiscal ha crecido cuatro veces y la burocracia lo ha hecho 10 veces -señala un informe de Lampadia-, y no se considera en ese aumento de personal un solo profesor, médico, enfermera, policía o militar. Son burócratas de escritorio que han engrosado las filas del aparato estatal seguramente en base al clientelaje político de los distintos últimos gobiernos. No ha crecido el Estado sino que ha engordado, siendo incapaz de brindar servicios ciudadanos de calidad. Ese Estado debe ser disuelto y construir uno moderno e inclusivo, cabalmente democrático.
