Debería quedar claro, a partir de esta elección, que los sectores populares necesitan algo más que solo ingresos económicos. Si solo fuera ello, bastaría la disminución de la pobreza monetaria de 58.7% a 20.2% de la población entre el 2004 y el 2019, o de la extrema pobreza, en el mismo lapso, de 16.4 a 2.9%, para suponer que habría pleno consenso respecto del establishment.
Es verdad que en el último año, producto de la pandemia, la pobreza general ha crecido a 30.3% y la extrema a 6.3%, un retroceso de casi diez años, pero no basta ello como factor explicativo del descontento ciudadano que ha impregnado esta elección y que explica en gran medida el voto duro detrás de Pedro Castillo.
Hay un reclamo por ciudadanía. Y ello pasa por sentirse incluido en la sociedad formal, por sentirse parte del colectivo. Y no hay manera de que eso ocurra mientras subsistan las groseras desigualdades que hay en materia de salud, educación, seguridad y justicia. En términos económicos, en las últimas décadas se ha reducido la desigualdad económica, pero la desigualdad institucional que se menciona en los cuatro criterios señalados, debe haber aumentado de manera considerable.
Es tarea del próximo gobierno reducir esa brecha lacerante de ciudadanía. No podemos llamarnos república en formación si no atendemos, con carácter de prioridad, esos elementos básicos de la vida social. Jamás seremos país desarrollado mientras un pobre no reciba atención médica de primer orden, educación competitiva, mínima seguridad vital y acceso a un sistema judicial que no lo discrimine por no tener recursos económicos.
Todo ello no pasa por destruir el mercado, sino por apoyarse en él para construir un Estado mínimamente eficaz y transparente. En los últimos 20 años, la recaudación fiscal ha crecido cuatro veces y la burocracia lo ha hecho 10 veces -señala un informe de Lampadia-, y no se considera en ese aumento de personal un solo profesor, médico, enfermera, policía o militar. Son burócratas de escritorio que han engrosado las filas del aparato estatal seguramente en base al clientelaje político de los distintos últimos gobiernos. No ha crecido el Estado sino que ha engordado, siendo incapaz de brindar servicios ciudadanos de calidad. Ese Estado debe ser disuelto y construir uno moderno e inclusivo, cabalmente democrático.
