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El 80% de la ciudadanía pide la salida de Juan José Santiváñez del ministerio del Interior y apenas el 4% aprueba su gestión. Claramente, es un lastre para el gobierno y no aporta nada para que la presidenta Boluarte empiece a mejorar en algo su también alicaída aprobación popular.

El propio ministro señaló que si los estados de emergencia decretados por su gestión no funcionaban, él daría un paso al costado. Claramente, dichas medidas no han dado ningún resultado y el ministro solo ha dado un paso más cerca de la presidenta que lo respalda con inexplicable entusiasmo.

No hay posibilidad de que una gestión al mando del ministerio del Interior funcione si no arremete directamente y sin tapujos contra la alta penetración de la corrupción en la policía nacional, la misma que se halla comprometida ya no solo con los famosos operativos de tránsito, sino que participa en extorsiones, hurtos, operativos bamba, complicidad con el narcotráfico o el delito organizado. Y ya no solo son elementos aislados sino que la corrupción es sistémica. Ya no es una manzana podrida sino esel barril el que hay que cambiar.

Mientras eso no ocurra, será imposible emprender una lucha cabal contra la inseguridad ciudadana, porque la policía es parte del problema, o porque es sobornada para hacerse de la vista gorda o porque ella misma forma parte del crimen organizado.

En Colombia se hizo una purga monumental de la policía, se reclutaron equipos especializados y se reemprendió la formación de los policías. Debemos seguir ese ejemplo.

Mientras la inseguridad ciudadana no se resuelva no habrá gobernabilidad democrática en el país. Toca la fibra esencial del contrato social que da origen a toda sociedad y en particular a una que se pretenda democrática. La permanencia de un ministro inefable como Santiváñez, solo contribuye a hacer más inviable este gobierno y le aporta una enorme cuota de ilegitimidad.

Hay que tener en cuenta que la inseguridad es la responsable de las marchas de protesta más importantes contra el régimen. De seguir como va, el tema va a seguir escalando y va a tener inclusive repercusiones electorales  

 

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santivañez

Sorprende el silencio casi absoluto de los principales partidos ubicados en la centroderecha respecto de los problemas acuciantes que soporta el país.

Ya sería hora de que Roberto Chiabra, Carlos Neuhaus, Javier Gonzáles Olaechea, Oscar Valdéz, Fernando Cillóniz, Alfredo Barnechea, Carlos Anderson, Rafael Belaunde, Jorge Nieto, o cualesquiera de los muchos que en este sector se lanzan como precandidatos, se pronuncien con claridad sobre temas que ameritan ya una propuesta orgánica sobre los mismos.

Por ejemplo, qué hacer con la inseguridad ciudadana. ¿Se van a extremar más las penas, se van a construir penales, se va reformar el sistema fiscal y judicial, se va a reformar la policía, etc.?

¿Qué se va a hacer con la corrupción que se ha vuelto endémica en el sector público? ¿Cómo se piensa enmendar rumbos? ¿Se va a cambiar el esquema de regionalización? ¿Se va a reconstruir la meritocracia? ¿Bajo qué criterios?

¿Cómo se piensa impulsar la inversión privada en el país, el shock capitalista que se requiere y reclama? ¿Qué reglas de juego se van a modificar? ¿Cómo se piensa destrabar la inversión minera, clave para el desarrollo del país? ¿Cómo se va resolver el tema de la informalidad, en particular el de la minería ilegal?

La centroderecha tiene una ventaja: la izquierda no va a entrar a ese tipo de debates, como no sea con la muletilla gaseosa de una Asamblea Constituyente. Ella confía en que el ánimo antiestablishment existente los catapulte electoralmente y sólo esperan que la rueda de la fortuna les sonría en el último tramo de la campaña electoral para encaramarse sobre el resto de competidores. Lo más probable es que hi siquiera pergeñen un plan de gobierno decente.

Sabemos de varios partidos que están preparando concienzudamente planes de acción. Ya es hora de que los que vayan desplegando. Quien muestre primero que el resto una luz al final del túnel en el que nos encontramos, partirá con ventaja respecto de sus competidores y aliviará en gran medida la desesperanza que cunde en las inmensas mayorías nacionales. Es momento de hablar.

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centro derecha del peru

Las encuestas que reflejan que para la mayoría dela ciudadanía lo del 7 de diciembre de hace dos años no fue un golpe de Castillo sino uno contra él, sumadas a las que le otorgan un caudal de intención de voto electoral, no son desdeñables y muestran que el exgobernante mantiene un índice de incidencia política que podría ser decisiva en la contienda electoral entre los candidatos de la izquierda.

Hoy descolla Antauro Humala, pero tienen un perfil potencial atendible Guido Bellido y Aníbal Torres, además de Lucio Castro, secretario general del Sutep y, eventualmente, más por el centro, Verónika Mendoza y Alfonso López Chau.

Tal como sucede en la derecha y el centro, la fragmentación probablemente se mantendrá y no habrá grandes alianzas o frentes electorales capaces de aglutinar perspectivas y potencialidades. El resultado sería, pues, muy reñido y se definirá probablemente por décimas quién de la izquierda pase a la segunda vuelta, si acaso no dos de ellos.

Allí puede jugar un papel Pedro Castillo, No es casual que haya reaparecido zarandeando a Dina Boluarte. Está haciendo política desde Barbadillo y probablemente apostará a que suba al poder en el 2026 alguien con capacidad de influencia para aminorar sus pesares judiciales.

El castillismo puede ser el gran elector de la izquierda en el país. Su pronunciamiento final a favor de alguna de las candidaturas puede sumarle al referido receptor del favor, la suma de votos suficiente para marcar distancia de sus contendores de la misma fraternidad ideológica.Será tan reducida la diferencia entre aquellos, que un caudal significativo como el castillista puede ser definitorio.

La del estribo: dos lecturas a recomendar. La primera Cuentos de Navidad de Charles Dickens, novela corta escrita en 1849, que viene a pelo por las fechas (mérito nuevamente del gran Club del Libro de Alonso Cueto). La segunda, La vegetariana, de la flamante premio Nobel, Han Kang. No se complique en estas fiestas. Regale un libro. Es de lamentar la tardía llegada al Perú de las novedades literarias -de ficción y no ficción-, pero igual se encuentra material de sobra para un buen disfrute del placer de la lectura. 

 

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castillismo, Pedro Castillo

Hoy cumple dos años en el gobierno Dina Boluarte, luego de la sucesión presidencial acaecida después del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el inefable Pedro Castillo.

El balance no puede ser positivo. La relativa estabilidad que le ha dado al país, luego de la vorágine de desgobierno que exhibió su antecesor, no le otorga el certificado de buen gobierno a una gestión que más allá de la reactivación económica -que, además, no es mérito suyo- no tiene nada que exhibir, como no sea una ausencia absoluta de políticas públicas eficientes y un rosario de denuncias fiscales por inconductas o delitos cometidos.

No la quiere casi nadie. Apenas un ralo 3% de ciudadanos aprueba su gestión. De arranque, la mitad del país que votó por Castillo la aborrece por lo que considera una traición suya a la persona e ideario del Atila chotano. Y la otra, que al comienzo le otorgó cierta licencia, la ha ido abandonando al son de su desgobierno absoluto y su falta de solución a los principales problemas del país, entre ellos el de la galopante inseguridad ciudadana.

Es una buena lección, de paso, para los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro del 2026 en adelante. Nuestro país ya no puede seguir siendo gobernado en piloto automático. Ya lo hizo por casi veinticinco años y ya vemos los resultados políticos, más allá de la bonanza económica del primer decenio del siglo.

Un gobernante que no emprenda hiperactivamente un despliegue de reformas urgentes caerá pronto en el mismo desprestigio que Boluarte. Se requiere un gobierno 24×7 que sea capaz de emprender varias reformas a la vez, y enrumbar al país por la senda del republicanismo liberal que nos toca como cifra clave para sacar el país del estancamiento en el que se halla postrado, y que lo aleje de los abismos de la amenaza izquierdista radical que se asoma al proceso electoral conposibilidades ciertas.

El escándalo de los Rolex y el más reciente de la cirugía plástica emprendida por la pretenciosa mandataria, no escalan al punto de promover una vacancia, como pretende la izquierda, pero sí constituye, por lo menos la segunda, una infracción constitucional que, como bien ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, supondrá una pena para la presidenta Boluarte una vez que acabe su mandato.

Pero lo relevante en términos políticos es el síntoma de carácter o de falta de él que estos hechos reflejan en nuestra gobernante. La vanidad, elevada a la n potencia, refleja un narcisismo patológico. El narcisismo en su justa medida es saludable porque ayuda a superar las adversidades cotidianas. Pero cuando se desborda -como claramente lo ha hecho en los dos casos citados- es síntoma de una personalidad frágil y endeble.

Personalmente, no entiendo la obsesión enfermiza en ciertos sectores sociales por los relojes y los vehículos de alta gama. Me parece una obscenidad sin fundamento utilitario. Pero, en fin, con el dinero producto de su trabajo uno puede hacer lo que quiera y el lujo también moviliza la economía de una manera impresionante (su cadena de valor es enorme). Lo que llama a escándalo es que ello se pretenda con dinero mal habido o sin justificación patrimonial, como es el caso de la primera mandataria.

El poder es la peor droga, la más adictiva, la que más marea a las personas que lo tienen. La circulina, ya lo hemos dicho, es peor que la cocaína. Su dependencia es letal cuando no se tienen los pies bien puestos sobre la tierra.

Y ese parece ser el caso de Dina Boluarte, que anda más pendiente de ostentar riquezas que no le corresponden, cuando lo que cabe a la investidura presidencial debería ser, más bien, la mayor de las austeridades.

Se confirman las razones del mal camino por el que andamos. Con una presidenta más pendiente de sobrevivir a como dé lugar hasta julio del 2026 -a costa de concesiones inaceptables- y de adquirir signos de riqueza inapropiados, se explica por qué el país anda a la deriva, sin el liderazgo de una gobernante sin empaque.

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Dina Boluarte, Rolex

No hay en el panorama de la oposición un líder que encabece el malestar profundo que ocasiona el desacreditado régimen presidido por Dina Boluarte.

Hay sí algunos líderes que muestran su disconformidad y no escatiman críticas al gobierno (Rafael Belaunde y Jorge Nieto fundamentalmente, de los presidenciables), pero una cosa es prodigarse en medios de comunicación a lanzar un perfil divergente y otra erigirse en un líder opositor.

Era una ley en los primeros años de la transición que quien encabezaba la oposición luego se hacía de la presidencia. Lo fue Toledo respecto de Fujimori, García con relación a Toledo y Humala respecto de García. Ya después vino la disfuncionalidad con las elecciones del 2016 y el inicio de la grave crisis política por la que transitamos desde entonces, en la que nada es predecible y la lógica política perdió credenciales.

La izquierda misma es sumamente beligerante respecto del gobierno actual, pero no logra constituir un liderazgo opositor fuerte. Ni siquiera Antauro Humala, el más potente líder izquierdista se puede endosar ese perfil.

Los empresarios, los medios de comunicación, los movimientos regionales, los gremios sindicales y sociales, la sociedad civil casi en su plenitud, son hipercríticos del gobierno fallido que nos ha tocado en suerte, pero ese estado de ánimo no encuentra expresión política y nadie de la clase política parece haberse propuesto en serio representar esa actitud.

El secreto parece estar en acompañar el discurso crítico de la movilización callejera o de la activación de colectivos que expresen ese malestar ciudadano. No basta con aparecer en medios, en entrevistas televisivas, radiales o escritas para alcanzar esa dimensión opositora que se requiere, y que quien capture se asomará con mayores posibilidades en las elecciones del 2026.

Si hoy se hiciese una encuesta sobre quién es el líder de la oposición, probablemente aparecerán muchos, pero con escuálido porcentaje. No hay una figura que se encarame sobre el resto y eso, a su vez, va a contribuir a hacer de la fragmentación -de por sí una desgracia- un mal mayor al que ya por sí contiene.

La del estribo: vale la pena darse un salto hoy por el centro de Lima y acudir a la sala Alzedo del teatro Segura, y disfrutar una gran obra, Tiempos mejores, bajo la dirección de Roberto Ángeles y la dramaturgia de Mikhail Page y Rasec Barragán. Entradas en Joinnus. Aproveche que el tráfico está fluido ya que se acabó la procesión del Señor de los Milagros.

Normalmente, en un gobierno afiatado y funcional, el presidente de la república ratifica la designación de los ministros y los defiende a capa y espada frente a las turbulencias políticas que puedan surgir.

No es el caso de Dina Boluarte. A su expremier Alberto Otárola lo dejó caer víctima de una conspiración palaciega y no le importó un ápice que el susodicho se haya fajado hasta los extremos más impensados para defender al gobierno y, en particular, a la primera mandataria.

Lo mismo ha sucedido con el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a pesar de que no era ninguna piedra en el zapato de Palacio (su ductilidad para aceptar el brulote de Petroperú demuestra que Mucho estaba dispuesto a ceder en lo que sea a costa de mantener el cargo). Boluarte simplemente dio la orden de mover todo el poderpalaciego para impedir la censura del ministro de Inclusión y Desarrollo Social, Julio Demartini y a Mucho lo entregó en bandeja a las barras bravas parlamentarias.

Nos hace recordar la actitud del taimado Vizcarra -sobre quien ojalá caiga todo el peso de la ley en estos días- respecto de su breve Premier, Pedro Cateriano. Lo nombró, pero nunca imaginó la vitalidad de Cateriano para encaramarse sobre el cargo que le asignaron. Ello no fue del agrado de Vizcarra y astuta y traicioneramente no movió un dedo para impedir que el Congreso le niegue la confianza y lo obligue a renunciar.

Boluarte juega a la política menuda en Palacio. Tiene a un Premier nominal en Gustavo Adrianzén, pero despacha primordialmente con el primer ministro en la sombra, Eduardo Arana, ministro de Justicia, probable sucesor de Adrianzén prontamente.

Como resultado de ello, eleva los niveles de precariedad política que de por sí ya exhibe el Ejecutivo. Con ministros en salmuera, sin seguridad respecto de su permanencia, con la certeza de que la palabra presidencial no vale nada a la hora de ser defendidos frente a una crisis -salvo que sean del círculo de poder cercano de la gobernante-, no hay estabilidad política posible.

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Dina Boluarte, Juan Carlos Tafur, Otarola

No me parece una mala noticia que el gobierno haya decidido tomar distancia del empresariado, dejando de asistir en bloque (ningún ministro ni la presidenta acudieron al último CADE) al evento empresarial más importante del año.
Claramente, ello ha obedecido a los pronunciamientos críticos de varios gremios empresariales respecto de decisiones gubernativas, siendo la cereza del postre una encuesta de Ipsos a los propios asistentes al evento que mostraba una enorme desaprobación de la gestión presidencial.
Los organizadores lamentaron esa ausencia, aunque la revistieron de sensatez al considerar que ello era un acicate a seguir propendiendo a un acercamiento del gobierno con la inversión privada. La verdad es que veo más bien como una buena noticia esa ausencia y esa distancia premeditada.
No les hace bien a los poderes fácticos de la derecha ser asociados con el régimen. Ya suficiente con que la ciudadanía identifique a este gobierno como el resultado de una coalición de derechas afincadas en el Congreso como para que el núcleo duro de la derecha -el empresariado- también se vea metido en la colada.
No pierde nada el inversionista privado con esta lejanía. Igual, sus decisiones de invertir o no se van a mantener, hayan visto presencialmente a ministros o a la gobernante o éstos hayan brillado por su ausencia.
El empresariado debe seguir con el pie en alto siendo vigilantes y críticos de la mediocre gestión gubernativa. Este es un gobierno que no ata ni desata y el empresariado se equivocó garrafalmente al inicio de la gestión de Boluarte cuando ponderó la relativa estabilidad que ofrecía -luego del caos castillista-y le endosó un apoyo superlativo. Después, felizmente, ha enmendado el error.
No hay que darle tregua al gobierno. Sus actos son de una ineficacia e indolencia tales que ameritan una actitud crítica no solo de los medios de comunicación -que felizmente es mayoritaria-, sino también de la sociedad civil, dentro de la cual el empresariado es pieza fundamental.

Se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que se permita el financiamiento a los partidos por parte de personas jurídicas privadas. Eso es bueno siempre y cuando no sea anónimo, como pretende un sector del Parlamento, sino abierto y transparente.

Al haberse cerrado esa posibilidad, lo único que se logró fue que los sectores de las economías delictivas, con claros intereses de influencia política, se acercaran a los candidatos y les financiasen sus campañas, como sucedió con Pedro Castillo y muchos otros, que luego retribuyen ello con leyes propicias o vistos buenos estatales a su quehacer delictivo.

Al abrir la cancha a la posibilidad de financiamiento privado se reduce esa influencia, pero no se logrará acotar plenamente. Nada impide que el narcotráfico, la minería ilegal, los tratantes de personas o los transportistas informales hagan bolsas de dinero para apoyar candidaturas a cambio de favores posteriores.

El mejor remedio a esa desestabilizadora posibilidad -afecta directamente la gobernanza democrática- es dotar a la ONPE de mayores dientes para fiscalizar el tema. Por lo pronto, que sea obligatorio bancarizar no solo los aportes sino también los gastos. Y, lo más importante, que si se descubriera un desbalance grosero, que revelaría el ingreso de dineros ilegales, la ONPE tenga la capacidad de suspender la presencia de ese partido en la lid electoral. Hoy no lo puede hacer, simplemente controla un par de veces o tres el proceso, pero no puede establecer sanción alguna.

Que la economía esté controlada en amplios sectores por mafias criminales es un tremendo problema que se debe resolver con celeridad. Pero que la política también lo esté, ya constituye un riesgo mayor, porque colocaría al Estado en manos de lógicas delictivas abiertas, desnaturalizando la esencia misma de la democracia y la gobernabilidad que se busca recuperar luego de haber sufrido dos gobiernos nefastos, como los de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, ONPE, Pedro Castillo
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