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El Perú perdió atractivo minero por tercer año consecutivo. En el ranking anual de Fraser Institute 2021, el índice de atracción de inversiones mineras que mide factores geológicos y políticos, muestra que el país cayó a 61.64 de puntaje, luego de haberse situado en 70.41 en 2020. Se trata de la puntuación más baja desde por lo menos el 2017, según datos del estudio, señala Semana Económica. 

Este año, la encuesta del think tank canadiense evaluó a 84 jurisdicciones. En relación a puesto, el Perú se ubicó en el 42. Esta es la ubicación menos atractiva del país en las últimas cinco evaluaciones. En 2018, con una cantidad semejante de jurisdicciones evaluadas, Perú llegó a ocupar el puesto 14, agrega la publicación.

“Perú experimentó una disminución en su puntaje PPI de casi 29 puntos, la disminución individual más grande en el puntaje PPI(Policy Perception Index) en América Latina y la Cuenca del Caribe. Los encuestados plantearon problemas importantes en torno a las regulaciones ambientales, la duplicación e inconsistencias regulatorias y la seguridad”, señala el reporte de Fraser Institute.

Hoy, por el índice publicado, resalta el tema minero, pero lo mismo sucede con todos los sectores productivos del país (agro, pesca, pymes, servicios de infraestructura, asociaciones público privadas, etc.).

Hay una sobreregulación dictada por ONGs que solo tienen como interés refrenar el desarrollo capitalista del país por ojerizas ideológicas y que influyen en los tomadores de decisiones para que vaya complicándose cada vez más el tema sectorial (el caso forestal es otro donde el ataque del tinglado izquierdista impone sus reales).

Es una batalla que un gobierno progresista liberal debe dar si quiere que el Perú recupere la dinámica de inversión que teníamos hasta el 2011 y que, luego, gracias a la mediocre gestión de Humala, fue perforándose hasta llegar a un Estado interventor y un sector privado cada vez más maniatado.

En el excelente libro La crisis del capitalismo democrático, Martín Wolf, editor jefe de Economía del Financial Times, estima que hay una crisis profunda en el matrimonio de ambos sistemas, la democracia representativa y el capitalismo de mercado.

Esa distancia y crisis creciente abarca no solo a los países desarrollados sino que se escenifica también en países como el Perú. Sugiere, sin embargo, que hay caminos de solución. Y propone una receta aparentemente sencilla, pero compleja que se puede resumir en: 1.- un nivel de vida creciente, ampliamente compartido y sostenible; 2.- buenos empleos para quienes puedan trabajar y estén dispuestos a hacerlo; 3.- Igualdad de oportunidades; 4.- Seguridad para quienes la necesitan; 5.- Fin de los privilegios especiales para unos pocos.

Suena a una agenda sencilla, pero resume una alta complejidad y laboriosidad, sobre todo en países como el Perú. Veamos. 1.- implica una política proinversión privada intensiva y excepcional para salir del marasmo en el que nos encontramos. Supone una coordinación interministerial y un equipo de tecnócratas afiatado. 2.- combatir la terrible informalidad y no se ve en el horizonte otra opción que reducir los sobrecostos que impiden que la nueva masa laboral encuentre un empleo digno, con beneficios sociales. 3.- crucial es la provisión de salud y educación públicas de calidad. Es un esfuerzo político y burocrático descomunal. Casi podríamos decir que podría gastar todas las energías políticas de un gobierno emprender ambos cometidos. 4.- si eso es tarea primordial en naciones del primer mundo, en sociedades como la nuestra ya implica restaurar el contrato social roto por las mafias ilícitas que ya controlan buena parte del statu quo político. 5.- Tarea esencial la de construir un capitalismo competitivo, alejado de las prebendas gubernativas y los privilegios fiscales que con fruición consiguen a través de un Congreso solícito.

En esta tarea pueden y deben coincidir desde la centroizquierda democrática hasta la centroderecha. Supone un esfuerzo político del primer orden y que requiere consensos amplios, impulso político, mayoría congresal, además de voluntad férrea de emprender reformas a fondo.

Hay muchas más por agregar en el Perú (regionalización, reforma del Estado, institucionalidad política y electoral, etc.), pero un buen comienzo y una tarea propia de un mandato democrático es la que nos plantea Wolf.

La mayoría del Congreso no va a vacar a Dina Boluarte aunque el escándalo de su hermano detenido crezca (y también porque percibe que hay un operativo político de la Fiscalía, juego al que no se va a prestar), y la presidenta, por su lado -ya lo dijo su vocero-, no piensa en renunciar.

No es soslayable, sin embargo, la opinión de algunos congresistas que ya han empezado a desmarcarse del régimen y podrían crecer hasta ser una mayoría que, cambiando de opinión, decida acabar con el suplicio que nos gobierna.

El balance de la semana nos arroja un gobierno políticamente más debilitado, con el agravante de las cifras de pobreza, que han puesto en duda su capacidad técnica para manejar la economía, tarea esencial en estos momentos de crisis.

La pregunta de si Dina Boluarte dura hasta el 2026, que ya se daba por sentada, ha sido puesta en entredicho esta semana, al son simplemente de si su abogado se sometía o no a la colaboración eficaz.

Desde siempre esta columna ha señalado que este gobierno debió ser de estricta transición y convocarse a elecciones generales lo más rápido posible. ¿Sigue siendo una opción viable faltando apenas dos años y pico para que acabe su mandato? Lo sigue siendo. Por más apariencia de inestabilidad que generen unas nuevas elecciones, mientras más corto sea el mediocre mandato que nos rige, menos chance de crecer tendrá la izquierda antiestablishment.

Ese es el punto político principal que anima a quien escribe a insistir en la propuesta del recorte del mandato. Ya lo dijimos: cada día que pasa Dina Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.

Veremos en los siguientes días cómo viene el panorama en el Ministerio Público y cómo en el Congreso -el gran sostén del régimen-, pero lo cierto es que, lejos de amainar, la crisis política ha crecido sobremanera, con todos los costos que eso le trae al país.

–La del estribo: un nuevo descubrimiento literario gracias al Club del Libro de Alonso Cueto, ha sido Memorias de África, de Isak Dinesen (en realidad Karen Blixen; tuvo que firmar como hombre para poder triunfar en la primera mitad del siglo pasado). En este libro se basó la película del mismo nombre, dirigida por Sydney Pollack, con las actuaciones de Robert Redford y Meryl Streep, que en 1985 ganara siete Óscar.

Uno de los costos sociales mayores de la reconstrucción política y económica que el Perú tendrá que emprender desde el 2026, será el incremento exponencial de la violencia social.

Hoy no actúa manifiestamente el potencial destructivo de las mafias ilícitas, porque el gobierno en funciones ha encontrado que,pactando vergonzosamente con ellas, logra paz social y estabilidad por parte de los actores políticos casados con las mismas.

Pero cuando advenga un gobierno que rompa con ese pacto infame, la violencia brutal de estas mafias, que se ve en acciones concretas como las que afectan a la empresa La Poderosa en Pataz, se desatará con furia.

Cuando se tome la decisión de enfrentar en serio el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal, no será sin resistencia, que transitará, sin duda, por los cauces legales ya infiltrados (Congreso, autoridades locales, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía y Fuerzas Armadas), pero que también hará sentir su capacidad de acción a través de la violencia desembozada y letal, cuya capacidad se vislumbra.

Mucha inteligencia operativa, sagacidad política y decisión férrea serán necesarias para derrotar a estos grandes enemigos de la democracia y del libre mercado, que están corroyendo las entrañas mismas de la República impunemente, con la connivencia de un gobierno cuyo inmenso daño al país recién será medido cuando concluya.

El país deberá estar advertido y preparado para esa explosión de violencia resistente al orden del Estado de Derecho, que debe ser reinstalado si queremos dejar de transitar hacia ser una nación en desarrollo fallida y estructuralmente defectuosa.

La experiencia de otros países que recorrieron un camino similar puede servir de mucho para no repetir los errores y replicar los aciertos. Lo seguiré reiterando en esta columna: el 2026 nos jugamos mucho como país, algo mucho más importante que la coyuntura crítica y mediocre por la que hoy transitamos.

Si las élites vuelven a equivocarse, habrán condenado a varias generaciones de peruanos a la pobreza, el autoritarismo y la violencia social. Aun estamos a tiempo de hacer lo necesario para evitar ese desenlace.