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Dado que es inviable que se establezcan pactos entre agrupaciones políticas de centroderecha y que se evite la fragmentación de partidos de esa laya ideológica, propongo una suerte de primarias entre todas las colectividades y de esa manera llegar al 2026 con uno o dos partidos de ese perfil.

Bastaría un acuerdo simple: que se contrate, de consenso, una encuestadora (si no les gusta o les da confianza ninguna local, que se contrate una extranjera) y que en setiembre de este año, se determine quién tiene más posibilidades y a éste lo apoyan todos, renunciando a sus propias ambiciones presidenciales.

De esta manera se empezaría desde ya con la campaña preelectoral, no se esperaría a diciembre para comenzarla, de persistir lo cual van a llegar todos a abril del 2026 con 1 o 2% de intención de voto y nadie renunciará pensando que la lotería electoral les podrá sonreír en la jornada final, cuando lo que va a suceder en ese caso, es que van pasar dos partidos de izquierda radical o, en el mejor de los casos, uno de ese perfil contra el fujimorismo.

La centroderecha no parece ser consciente de que si no establecen pactos van a llegar con porcentajes mínimos y se van a canibalizar el bolsón electoral que las encuestas le otorgan. Al final, van a perder todos.

Todo está dado para que sean dos candidatos de izquierda radical los que disputen la segunda vuelta el 2026. Si la centroderecha lo quiere evitar, tiene que realizar actos extraordinarios de desprendimiento político. Una idea es la propuesta referida, que tiene, además, una ventaja, que obligaría a los candidatos del sector a empezar ya su campaña, que el principal problema que tienen los candidatos de centroderecha actualmente es que no los conoce nadie y no tienen cerros (el único que tiene llegada a ese sector a la fecha es Rafael López Aliaga).

Serían una suerte de primarias entre los candidatos de centroderecha, que descartaría a varios de ellos y les brindaría la posibilidad de aportar cuadros parlamentarios. Consolidaría una candidatura con posibilidades reales, con respaldo de las encuestas, y permitiría construir una opción plural, potente, con cuadros políticos afiatados, para así ofrecer al electorado una opción atractiva.

El tribunal a cargo del juicio del caso Cocteles, decidió anular todo lo avanzado y dispuso retrotraer lo actuado a la etapa anterior; el control de acusación.

El Juzgado determinó que hubo irregularidades y consideró que el Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria han viciado el juicio y “vulneraron el principio de congruencia procesal, el derecho a la defensa, el derecho a la imputación concreta y el debido proceso”.

Ya con anterioridad el juez Víctor Zúñiga advirtió al fiscal Pérez de serias inconsistencias que debía corregir y éste no lo hizo, a pesar de lo cual el juez, con poca solvencia profesional, las pasó por alto y ayer el colegiado les jaló las orejas a ambos.

El caso, en principio, no tiene ni pies ni cabeza. El núcleo de la acusación, más allá del ropaje de organización criminal con el que se ha revestido para darle mayor gravedad, es el de lavado de activos. Y salta a la vista que es imposible acusar de origen ilícito a los aportes de campaña de empresas diversas, entre ellas, Odebrecht, a la candidatura de Keiko Fujimori.

El caso se cae a pedazos, pero entre tanto, es menester que el fiscal Pérez y el juez Zúñiga sean removidos de sus puestos porque han demostrado venalidad y subordinación a sus particulares ojerizas ideológicas, antes que al debido proceso y las cautelas judiciales mínimas.

La Fiscalía ha funcionado como una máquina trituradora de honras y ha causado serios perjuicios a centenares de imputados. Véase el caso del Eficcop y, por ejemplo, la imputación en mi contra: se me incluye en una investigación por organización criminal por haber publicado tres informes, dos de ellos en contra de Marita Barreto, y ella se venga incluyéndome en un proceso que ha tenido consecuencias personales graves al perder trabajos, ver suspendidos proyectos y gastar enorme cantidad de tiempo y dinero en mi defensa, a sabiendas de que el caso se va a caer pronto porque no tiene ni pies ni cabeza (es más, el fiscal a  cargo ahora del proceso debería revisar el expediente y proceder a rectificar la imputación).

Delia Espinoza se está quedando corta con la reorganización del Ministerio Público y en algunos casos está dando pasos equivocados. Tiene que cortar de raíz el proceso de degradación institucional en el que ha caído la institución que hoy preside y que ha vuelto a saltar a la vista de la ciudadanía con lo ocurrido en el caso Cocteles.

Contra la mayoría de analistas, considero que la compra de una flotilla de aviones de combate, es una buena decisión del gobierno. Ya estaba contemplado hace años en los pliegos analíticos del ministerio de Defensa y simplemente se ha activado para el año venidero.

No es verdad, para empezar que el continente sea una región liberada de potenciales conflictos militares, en los que el Perú pueda ser parte. Un golpe militar nacionalista en Ecuador que desconozca el acuerdo de Itamaraty, la contínua expansión del narcotráfico colombiano en las fronteras con el Perú (y, como se sabe, detrás del tráfico de drogas están siempre los militares), el nunca abandonado expansionismo brasileño, una resurrección del aymarismo boliviano, la decisión geopolítica chilena de apropiarse de recursos que conforme persista el cambio climático, serán estratégicos para ese país y que el Perú posee, pueden ser tranquilamente detonantes de conflictos militares indeseados.

Ya de por sí, la historia prueba con suficiente data fáctica que un desequilibrio geopolítico constituye per se una razón para la aparición de conflictos militares. Y el Perú hoy en día es un país rico y débil militarmente, extremadamente débil, incapaz de sostener un conflicto militar con alguna solvencia defensiva.

No hay mejor garantía para la paz, que estar militarmente apertrechados de manera suficientemente disuasiva. Y ya era hora de que el país se modernice militarmente (y debe hacerlo no solo en la Fuerza Aérea sino también en la Marina y en el Ejército).

Tenemos suficiente experiencia histórica de haber perdido todos los conflictos militares por estar mal equipados militarmente. ¿Que con esos dineros se podrían construir hospitales y colegios que tanto necesitamos? Sí, por supuesto, pero calcúlese los costos de una guerra perdida y se entenderá que el nivel de catástrofe seríainfinitamente mayor.

El Perú debe estar preparado para una guerra y para que, dado el caso, sea suficientemente disuasivo para que algún afiebrado vecino lo piense tres veces antes de siquiera declararnos hostilidades.

El nivel de encanallamiento moral del régimen ha alcanzado su cima con las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, respecto de los derechos humanos de las víctimas de la violencia represiva del 2022 y 2023, luego de las protestas por la caída del régimen de Castillo.

Lo peor -y que revela complicidad ética del gobierno- es la falta de reacción palaciega a semejante brutalidad. Cualquier gobierno normal, en cualquier país del mundo, ya le habría extendido ipso facto su carta de despido al ministro que se atreva a decir semejante pachotada. Acá no. No pasa nada.

En general, el gobierno ha mostrado una actitud indolente y hasta justificatoria de los desmanes represivos ocurridos entonces, sin admitir culpa, ni siquiera moral, respecto de lo sucedido, que claramente desbordó los límites de una represión justificada.

Pero al menos se conservaban las formas, medianamente, y se dejaba seguir el curso penal de las investigaciones que al respecto existen. Salvo algunas declaraciones altisonantes de la primera mandataria o de su expremier, Alberto Otárola, no había pronunciamiento oficial avalando el proceder de las fuerzas policiales y militares.

Lo que allí sucedió fue una matanza violatoria de los derechos humanos, en gran medida avalada por un gobierno que oía con placer los cantos de sirena de una derecha extrema que clamaba que hubiera tantos muertos como los que fueran necesarios para recuperar la paz (ya corresponderá a los fueros judiciales determinar si la cadena de mando llegó hasta las entrañas palaciegas para proceder a las sanciones penales correspondientes y no sean, como siempre, solo los hombres de uniforme los que carguen con todas las responsabilidades).

Quizás el ministro Quero no ha dicho otra cosa como no sea lo que se comenta en las sobremesas palaciegas, pero la responsabilidad política de haberlo expresado públicamente es ineludible y justifica sobradamente su retiro del gabinete ministerial.

Lo dicho solo alimenta la distancia sideral que existe en el sur andino respecto del gobierno y del statu quo. Aun visto desde una perspectiva política, lo declarado es una barbaridad que solo va a abonar en favor de la radicalización de una región del país que va a decidir el destino de las próximas elecciones. Mientras más tiempo dure Quero en el gabinete será tanto peor.