Gladys Echaíz, voceada para ser candidata a la presidencia del Congreso, mantiene un conflicto silencioso con la Fiscalía de la Nación, su antiguo centro de labores. La Procuraduría del Ministerio Público busca recortar la pensión que percibe la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) como exfiscal suprema. La batalla legal se desarrolla en el Quinto Juzgado Laboral de Lima. Y mientras ese caso avanza, Echaíz evalúa su permanencia en la bancada de César Acuña en un ambiente lleno de intrigas.
Este conflicto judicial se remonta al año 2014, cuando Echaíz renunció al Ministerio Público tras 38 años de servicios. La ex fiscal de la Nación adujo sentirse maltratada por la institución al ser nombrada representante de la Fiscalía en el Jurado Nacional de Elecciones. Tras abandonar la entidad, como fiscal suprema, reclamó el pago de su pensión equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), actualizando su valor cada año. Así consta en los papeles judiciales revisados por Sudaca.
La exfiscal de la Nación realizó el pedido el 2015, cuando el valor de una UIT era de S/.3,850 soles. Entonces, al cobrar dos UIT, ese año le correspondía una pensión de jubilación a S/.7,700, con cargo a incrementarse cada año con el aumento de valor de una UIT. Con ese criterio, por ejemplo, la pensión e Echaíz se incrementóeste año a S/.9,200, puesto que la UITequivale a S/.4,600.
Este método para calcular la pensión fue avalado, en abril del 2016, por la gerencia general del Ministerio Público, en ese entonces a cargo de José Luis Echevarría. Eran tiempos de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. “No recuerdo [ese tema], pero es absurdo anular las resoluciones de la propia institución”, dice a Sudaca Echevarría.
Sin embargo, tres años después, en el 2019, el procurador de la Fiscalía, Alfonso Carrizales, cuestionó esa interpretación y presentó una demanda en el Poder Judicialcontra Echaíz. Carrizales argumentó que la pensión de Echaíz debe tener un monto fijo, basado en el valor que tenía una UIT en el momento que se otorgó la pensión y no sujeta a una actualización anual.
El Ministerio Público pidió, además, que Echaíz devuelva “los montos percibidos en exceso”. Argumenta que el actual marco legal “prohíbe la nivelación de pensiones, lo cual genera asumir gastos adicionales al Estado”.
El procurador Carrizales decidió enfrascarse en un pleito legal con Echaíz cuando Zoraida Ávalos dirigía la institución, en tiempos convulsos. En los primeros días del 2019, Pedro Chávarry fue forzado a renunciar como fiscal de la Nación, en medio de una tormenta política por destituir a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Ávalos reemplazó a Chávarry y le imprimió a su gestión un sesgo político, se alineó con los sectores políticos moderados y se enfrentó a los más conservadores, un grupo en el que encaja Echaíz.
En febrero de 2019, Carrizales pidió que se recorte la pensión de la ahora parlamentaria de Alianza para el Progreso. Pero, más de dos años después, en octubre de 2021, el 31º Juzgado de Trabajo de Lima le dio la razón a Echaíz y declaró infundada la demanda. El 26 de mayo de este año Carrizales presentó una apelación.
Sudaca buscó la versión del procurador y la legisladora de APP pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
MOMENTO CLAVE
Entre tanto, Echaíz afronta semanas decisivas para su carrera política. Y es que la congresista define su permanencia en la bancada de APP, con la mirada puesta en laelección de la Mesa Directiva de fines de julio.
Echaíz cavila sobre su futuro junto a su círculo de confianza. El ‘núcleo duro’ está conformado por el excongresista y líder sindical José Luis Risco (recordado, también, por ser candidato a la vicepresidencia por el PPC), su asesor principal en el Parlamento, Víctor Alzamora Cárdenas, y Raúl Sánchez Villacorta, quien colaboró con José Peláez cuando este fue fiscal de la Nación.
Echaíz goza del apoyo de bancadas opositoras, como Renovación Popular y Avanza País. De hecho, esta última la ha invitado a sumarse a sus filas. Fuerza Popular también la ve con simpatía, pero ha anunciado que no hará cuestión de Estado con su candidatura. “El objetivo es que la agenda de Castillo y del lápiz no sea la agenda del Parlamento. Dependerá de que APP presente una persona que genere la confianza para los parlamentarios”, dijo el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a RPP.
Una fuente de Sudaca dice que Keiko Fujimori le ha manifestado a César Acuña que respetará el pacto verbal según el cual este año le corresponde a APP presidir la Mesa Directiva y que espera que el elegido no sea afín al gobierno.
Echaíz, sin embargo, no tiene preferencia en gran parte del partido que la cobija como invitada, Alianza Para el Progreso. Lamayoría no la ve con buenos ojos por votar distinto en la bancada y adoptar una posición individualista, junto con Roberto Chiabra, el otro invitado en la tienda apepista. Además, este sector considera que su candidatura polarizaría la elección y, por lo tanto, puede unir a las bancadas cercanas al oficialismo como Somos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos y los no agrupados. Juntos, todos estos grupospueden sumar 58 votos claves para la elección.
Un grupo minoritario en APP, en cambio, sí considera a Echaíz una opción válida para presidir el Congreso, siempre y cuando coordine con César Acuña. El líder del partido analiza en estos momentos la coyuntura recibiendo consejos del exministro de Trabajo, Juan Sheput, y la excongresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. “Trato de darle consejos a César, asesorarlo, darle mi opinión. Decirle esto no lo hagas y esto sí. Ya él decide qué cosa hace. Venimos conversando desde antes de la primera vuelta”, dice Alcorta a Sudaca.
Una fuente de esta agrupación dice a Sudaca que Echaíz tomará la decisión sobre si se queda o se va después del 8 de julio, cuando acabe la legislatura. “Esto es porque no quiere perder la presidencia de la Comisión de Justicia, que le corresponde a APP”, explica.
La dirigencia de Alianza Para el Progreso baraja como opción para liderar la MesaDirectiva, además de Echaíz, a la congresista Rosio Torres, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el ojo de la tormenta por blindar al expresidente Manuel Merino, en la investigación por los violentos sucesos del 14 de noviembre del 2020. La opción de Héctor Acuña, hermano del líder de APP, se ha desinflado en los últimos días.
Eduardo Salhuana, quien se afilió al partido en enero de este año para apuntalar su candidatura a la presidencia del Congreso, ha perdido fuerza en las últimas semanas al ser identificado como un aliado del gobierno. Lady Camones, la actual primera vicepresidenta del Parlamento, no ha perdido chances pese al audio filtrado en el que despotricaba de Acción Popular, y lo calificaba como una “banda delincuencial”.
La bancada de la lampa, con sus quince votos y enfrascada en sus propias guerras internas, será clave en la elección. La facción liderada por María del Carmen Alva es cercana a Camones, pese a la grabación difundida por el diario “Correo”. Y es que el principal blanco del ataque de la parlamentaria en el audio fue el legislador acciopopulista Darwin Espinoza, un adversario de Alva en la interna.