“En vista de que este miércoles 23 de junio culmina el primer cronograma de solicitudes de retiro de hasta S/17,600 de los fondos privados de pensiones, las AFP establecieron un segundo cronograma, para aquellas personas que no hayan tramitado su retiro hasta esa fecha, y deseen hacerlo desde hoy jueves 24 de junio”, recordó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.
No obstante, señaló el experto, pasado este nuevo cronograma, aquellos afiliados que aún no tramiten su solicitud, podrán hacerlo en cualquier momento hasta el 24 de agosto, según el plazo que indica la Resolución SBS Nº 01484-2021 (90 días calendario desde la vigencia del procedimiento operativo).
Carrillo recordó que dependiendo de cómo la persona y su familia han sido afectados en sus ingresos por la pandemia, recomendó, en primer lugar, cubrir las necesidades básicas.
“Si se han reducido tus ingresos o se han incrementado tus gastos por la pandemia y/o la coyuntura política, debes utilizar el dinero para nivelar tus finanzas familiares, a partir de un presupuesto de emergencia”, precisó.
Para los que tienen deudas por pagar, lo recomendable es cancelar primero las deudas de tarjeta de crédito, empezando por todas las que tienen tasas promedio anuales mayores a 50% para compras en establecimientos y de 120% para disposición de efectivo.
En el caso de tener las necesidades más urgentes cubiertas, lo mejor es ahorrar ese dinero, ya que el futuro próximo es incierto, o buscar la forma de invertir esos recursos. Si se busca un retorno a largo plazo, el especialista aconseja comprar un inmueble o abrir un negocio, tomando en cuenta las nuevas tendencias y oportunidades.
La nueva programación para solicitar el retiro de la AFP es la siguiente:
Ya inició el nuevo proceso de solicitud de retiro de AFP. Como afiliado al Sistema Privado de Pensiones puedes realizar un único retiro de tu fondo de hasta 4 UIT, es decir S/17,600. Esta medida es aplicable para todos los afiliados activos, excepto quienes califiquen al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.
El cronograma establecido para registrar la solicitud de retiro de la AFP empezó el 27 de mayo y finalizará el próximo 23 de junio. Este cronograma ha sido elaborado de forma ordenada y en base al último dígito del número de DNI. Al 2 de junio ya ha culminado el turno de quienes cuyo DNI finaliza en 0 y 1. Entonces, ¿qué sucede con las personas no realizan su requerimiento en la fecha indicada?
La Asociación de AFP indica que una vez finalizado el cronograma, el registro será libre hasta el término del plazo de vigencia de la norma, que será el próximo 24 de agosto. La AFP realizará el primer desembolso en un plazo máximo de 30 días de presentada la solicitud y las siguientes armadas, de corresponder, se pagarán a los 30 días contados a partir del día siguiente de efectuado cada desembolso.
¿Cómo realizar mi solicitud?
Puedes realizar solo una solicitud de retiro a través del portal consultaretiroafp.pe. Para iniciar el proceso, debes completar el formato virtual que solicitará tu número de documento de identidad, el dígito verificador que se encuentra al lado derecho del número de DNI y tu fecha de nacimiento.
Seguido, deberás indicar datos personales como domicilio y cuenta bancaria en la que deseas recibir el desembolso de tu AFP. Esta cuenta debe ser en moneda nacional, el solicitante debe ser titular de la cuenta y esta no puede ser mancomunada.
En caso no tengas una cuenta bancaria, al momento de registrar tu solicitud, la plataforma brindará la opción de abrir una en el BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco Ripley, Caja Huancayo, Caja Sullana y Banco GNB.
Este procedimiento también puede ser realizado por afiliados que residen en el extranjero. Ellos deberán indicar, además del documento de identidad, los códigos bancarios del exterior y un sustento del banco donde se pueda validar el nombre y número de cuenta bancaria.
Para ambos casos, el horario de funcionamiento de la plataforma para realizar la solicitud es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., a excepción de los días feriados. Al terminar la solicitud, recibirás un mensaje en tu correo electrónico confirmando la recepción.
Debido a la pandemia, se volvió a aprobar un proyecto de ley que permite a los afiliados a las AFP realizar retiros de hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones, lo que equivale a de 17,600 soles que se entregarán en tres oportunidades. Aunque recién se están tramitando las solicitudes y los desembolsos se efectuarán desde el mes de junio, es importante como saber utilizar bien este dinero, si es uno de los que han decidido hacer su retiro.
Dependiendo de cómo la persona y su familia han sido afectados en sus ingresos por la pandemia, Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, recomienda, en primer lugar, cubrir las necesidades básicas.
“Si se han reducido tus ingresos o se han incrementado tus gastos por la pandemia y/o la coyuntura política, debes utilizar el dinero para nivelar tus finanzas familiares, a partir de un presupuesto de emergencia”, precisa.
Para los que tienen deudas por pagar, lo recomendable es cancelar primero las deudas de tarjeta de crédito, empezando por todas las que tienen tasas promedio anuales mayores a 50% para compras en establecimientos y de 120% para disposición de efectivo.
Asegurar y hacer crecer el dinero
En el caso de tener las necesidades más urgentes cubiertas, lo mejor es ahorrar ese dinero, ya que el futuro próximo es incierto, o buscar la forma de invertir esos recursos. Si se busca un retorno a largo plazo, el especialista aconseja comprar un inmueble o abrir un negocio, tomando en cuenta las nuevas tendencias y oportunidades.
“El uso menos recomendable es utilizarlo en gastos no indispensables, sobre todo sabiendo que estás retirando el dinero destinado a tu jubilación”, advierte.
Entre las opciones más accesibles existen los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro convencionales, pero los que estén pensando en un ahorro a un plazo más amplio, también cuentan con los seguros de vida con ahorro e incluso aportes a la AFP sin fines previsionales, que permite hacer retiros en cualquier momento.
Para Juan Carlos Ocampo Risco, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Privada del Norte (UPN), en el caso de los depósitos lo principal es asegurar que la tasa de interés ofrecida sea superior a la inflación promedio. Explicó que, si la inflación promedio es de 2%, lo mínimo que debería de pedirse es un 4%.
Además, en el caso de los depósitos, si bien los bancos y las cajas municipales no son los que tienen las tasas más altas del sistema, sí ofrecen una mayor garantía porque cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos, que protege a los ahorristas en caso que la empresa quiebre. En el portal Comparabien.com se puede calcular las tasas de interés por entidad financiera.
Por otro lado, Ocampo menciona que para obtener ingresos más altos también es posible a través de fondos mutuos, instrumentos financieros que ofrecen rendimientos predeterminados y están supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Con las nuevas disposiciones que permiten el retiro de la AFP y la CTS, muchos peruanos están buscando cómo y dónde invertir su dinero para poder cuidarlo y hacerlo crecer. Una de las opciones son las cajas de ahorro.
Expertos de Compara Bien explican que se trata de entidades de crédito similares a un banco. Su objetivo, al igual que un banco, es captar recursos del público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y micro empresas. Adicionalmente, realizan operaciones dentro de la legislación vigente, emitidas para las empresas del sistema financiero.
Las cajas o financieras suelen pagar mayores tasas de interés, lo cual implica también un mayor riesgo de no pago. Igualmente es importante recordar que los depósitos en las entidades bajo supervisión de la SBS, como las cajas de ahorro, quedan cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta un máximo de S/ 98,894 por persona.
Cuentas de ahorro en cajas
Algunos ejemplos de cajas en las que puedes invertir son:
Caja Trujillo (Cuenta MiniAhorro): 2.00% de TEA, no tiene costo de mantenimiento ni se requiere un monto mínimo de apertura.
Caja Trujillo (Ahorro total disponibilidad): 0.60% de TEA, no tiene costo de mantenimiento ni se requiere un monto mínimo de apertura.
Caja Metropolitana (Cuenta de ahorros): 1.00% de TEA, no tiene costo de mantenimiento ni se requiere un monto mínimo de apertura.
Caja Paita (Ahorro corriente): 0.75% de TEA, el costo de mantenimiento es de S/3,50 y se requiere un monto mínimo de apertura de S/100,00.
Caja Piura (Cuenta ahorro): 0.35% de TEA, no tiene costo de mantenimiento y se requiere un monto mínimo de apertura de S/20,00.
Caja Huancayo (Ahorro corriente): 0.30% de TEA, no tiene costo de mantenimiento y se requiere un monto mínimo de apertura de S/5,00.
Si deseas ahorrar en una caja, puedes comparar sa TEA, en plataformas como Comparabien.
El Código Penal Peruano dice que hay estafa cuando alguien saca provecho ilegal de un bien ajeno, a través de un fraude al dueño para que éste acceda a entregar voluntariamente lo que le pertenece.
Eso es lo que pusieron en marcha Fujimori y 8 AFP en 1992. Y lo que constitucionalizaron* con el decreto ley 25897 (norma de dictadura), en pleno autogolpe y sin congreso. El solo texto de la norma invita a sospechas: escueto, sin justificación alguna pese a que se trata de un tema de alta relevancia. Más parece un reglamento dirigido a asegurar las utilidades e intereses de las partes.
Pero aun legalizada, la mecánica de la estafa está ahí, a vista del quien se detenga a mirar. Nos obligaron a incorporarnos a una AFP con varias tretas adicionales al decreto ley 25897, que habla de afiliación voluntaria. Divulgaron la absurda idea de que el Estado no era capaz de administrar las jubilaciones, y se presentaron como eficientes y bienintencionados. Luego petardearon a la ONP (sistema público) con un tope de 600 soles (hoy 893) para sus pensiones jubilatorias. Así, el esquema no tiene nada de voluntario para los millones de trabajadores formales que están legalmente obligados a afiliarse a uno de los dos sistemas (público y privado), y aspiran, razonablemente, a un retiro laboral con ingresos más elevados. La opacidad informativa de entonces, y los prejuicios contra lo estatal, nos hicieron presa fácil de empresarios carroñeros, quienes hoy administran los aportes jubilatorios de tres millones de peruanos con sueldos superiores al promedio, obligados a entregar, mensualmente, un porcentaje de sus ingresos a una entidad privada de origen inconstitucional, además de ventajista e ineficiente.
El fraude es conceptualmente escurridizo y se protege con los mismos vacíos legales que aprovecha. Pero en este caso, la estafa legalizada es bastante visible, porque los perpetradores se inventaron un problema, copiaron una solución privada ineficiente que los hacía millonarios sin el menor riesgo, la constitucionalizaron con un decreto ley dictatorial y la hicieron obligatoria con normativa complementaria. La forma institucional que le dieron al esquema expresa el ánimo que lo inspira, y es una innegable violación a la constitución. Pudieron mantener un sistema estatal que centralice los descuentos y tercerice la administración de los fondos, de tal forma que los jubilados estuvieran protegidos y no sujetos a la voracidad acumulativa de los privados, pero eso era inseguro para el saqueo (por decreto) a perpetrar, pues cualquier nuevo gobierno podría ser fácilmente presionado por los aportantes, y cambiar de proveedores o de sistema. Así que hicieron que cada trabajador – aislado y desvinculado del Estado – contrate con la misma entidad privada, para que el modelo no corra peligros políticos. Y dado que entregarle el servicio a una sola firma hubiera sido demasiado escandaloso, se inventaron un oligopolio de ocho oferentes, que se ha terminado fusionando (con un par de nuevas firmas entrantes y alguna saliente) en cuatro. En la práctica es casi un monopolio a cuatro dueños, pues todas las AFP cobran casi lo mismo y generan – a los fondos – rentabilidades anuales bastante parecidas. La constitución vigente prohíbe las posiciones de dominio, y esto llega mucho más lejos, porque es un oligopolio totalmente protegido (sin posibilidad de pérdida), que esconde una situación cercana al monopolio.
Hay que decir que aquí las responsabilidades no son sólo de Fujimori y sus ministros firmantes: todos los congresos, salvo el actual, así como todos los presidentes y sus titulares de economía – desde entonces hasta hoy – han sido cómplices silenciosos de esta infamia, cuando han debido denunciarla e intentar solucionarla de emergencia. Los dos últimos gobiernos incluso hacen de bufete voluntario de las AFP, planteando acciones de inconstitucionalidad contra leyes con las que el congreso pretende hacer mínima justicia, dado que el ejecutivo no tienen ningún interés en empujar las cosas hacia el lugar que les corresponde.
Los argumentos de los voceros de las AFP (periodistas y economistas conservadores, autoridades públicas, políticos y ex-funcionarios del MEF ahora ejecutivos suyos) son falsos, y sublevantes cuando se mezclan con lugares comunes manipuladores. No hay espacio aquí para analizar la frecuente publicidad engañosa a la que apelan.
Un mito populista, que siguen alimentando desde 1992, es el que asegura que el Estado no está en capacidad de mejorar la gestión previsional privada. Es indiscutible que el Estado podría ofrecer un servicio superior a los pensionistas de las AFP: no cobra, no tiene interés legal contrario a los jubilados, tiene mayor capacidad de cobertura por legitimidad y herramientas legales, está más obligado a la transparencia y, por su naturaleza pública, tiene un mayor número de modelos pasibles de implementar con fines de favorecer a los pensionistas. No hay complejidad desbordante en administrar e invertir fondos, mucho menos para una entidad de gobierno especializada. Y, además, las AFP están muy lejos de ser una inversión eficiente. En principio, la posibilidad de poder usar esos dineros los haría mucho más rentables. Estamos en una revolución tecnológica que ofrece cada vez más opciones de inversión financiera y nichos comerciales, por lo que disponer del capital ahorrado permitiría muchos movimientos estratégicos en el tiempo, que terminarían redundando en una mucha mayor rentabilidad del dinero. También son opciones más eficientes la bolsa de valores (inestable en el corto plazo, pero segura frente a la paciencia del largo plazo), los fondos mutuos (algo menos rentables pero utilizables en cualquier momento) o la compra conjunta de una propiedad inmueble (ahora que están bajando).
Es cierto que desde el 2016 (recién) se puede retirar todo el dinero acumulado a los 65 años (y no verlo por partes en pensiones mensuales muchas veces miserables), o a partir de los 55 años en situaciones de largo desempleo. Y que también se puede sacar el 25% para adquirir una vivienda. Pero aun con esta reforma – que fue conseguida ante la agresiva y sonora oposición de las muy poderosas APF – la ineficiencia que genera el secuestro no desaparece. Y tampoco es que sea alta su pensión jubilatoria promedio: es aproximadamente 1100 soles. Según la misma Asociación de AFP, al 2018, el 35% de sus pensionistas superaba esta cifra, y el resto estaba por debajo. El 43% recibía menos de 750 soles, y el 6% menos de 450 soles. No pueden decir que no sabían que esto sucedería en una realidad de subempleo como la nuestra. Sumado a ello, los pensionistas han estado sujetos a una gravísima desinformación sobre la situación de sus montos (no sabían ni cuánto tenían) hasta por lo menos el 2010. ¿Y cuánto se llevan las AFP por obligarnos a contratarlos como administradores de nuestras futuras jubilaciones? Según la Superintendencia de Mercado de Valores, en el 2019 ganaron 501 millones de soles, y en el 2020 bajaron a 414. Sin riesgo ni inversión significativa. Año tras año y sin contar lo que ya ganaron.
Una estrategia retórica habitual, que han usado mucho los dos últimos ministros de economía para impedir los retiros de las AFP aprobados por el congreso, es decir que las administradores de fondos son parte del sistema nacional de pensiones, y que éste debe ser resguardado por responsabilidad con los futuros jubilados y el país. Es una afirmación deliberadamente superficial y demagógica, que obvia el tipo de vinculación de las AFP con el sistema pensionario. El decreto ley dictatorial y traidor que da origen a las AFP dice que el objeto legal de éstas es contribuir al desarrollo y fortalecimiento del área de pensiones (administrando fondos) en el sistema jubilatorio. Es decir, brindan un servicio, y no se ocupan de nada que esté fuera de su carísima labor técnica. Es claro que son un fusible del sistema, pero están amparadas por una norma inconstitucional que les permite – además de abusar – obligar como si fueran responsables, y ser defendidas bajo esa consideración.
Y como no tienen que responder por el sistema nacional de pensiones, no se hacen ningún problema con solo cubrir – según el BID del 2018 – al 20% de los trabajadores del país. Culpan a la informalidad, como si hubieran contratado con un Estado cuyo país era totalmente formal y protegía el empleo. De hecho, alguna vez el mismo Julio Velarde sugirió que podrían encargarse de dar una pensión universal a todos los peruanos, lo que correspondería si quisieran honrar el oligopolio. Obviamente lo rechazaron, incluso cuando esto les podría haber dado mayor margen de inversión sobre nuestros fondos. Dijeron que esa responsabilidad es del Estado. Y no se equivocan, según la oscura ley que los cobija. Así que Tony Alva y Waldo Mendoza no defienden al sistema nacional de pensiones, sino a las administradoras privadas que le dan un servicio, en un esquema de fraude constitucionalizado. Si de verdad algún gobierno quisiera proteger el sistema jubilatorio peruano, buscaría, desde su opinión y liderazgo, aliarse con el congreso para que ese dinero entre de emergencia al BCR – cortando de inmediato el secuestro legalizado – y así se pueda discutir, en plazo perentorio, si las AFP son necesarias y en qué condiciones, y cuál sería el destino óptimo de esos fondos. Soluciones institucionales hay, si se tiene voluntad política.
Y esto abre la pregunta de cuáles son las salidas progresistas al embrollo. Si algún ejecutivo quiere aprovechar lo acumulado en estas décadas por los afiliados a las AFP, para empezar a construir nuestro primer sistema jubilatorio público, universal y solidario (que toma tiempo pero sería lo ideal), debe encontrar esquemas en los que el futuro jubilado reciba más renta, para que desde ese excedente acepte sacrificar una parte para un fondo común. Obligarlo a compartir su dinero y recibir menos pensión que la que hoy espera, sería seguir en el abuso granuja, esta vez con una expropiación. Si el gobierno reformista no lograr hacer aquello, pero no quiere arriesgar el futuro pensional de los actuales afiliados a las AFP, debe manejar sus fondos previsionales desde el Estado, en las condiciones que hoy están vigentes, y con mayores flexibilidades para retiros durante el tiempo laboral. Y el último camino es simplemente devolver los dineros de propiedad privada. Mientras tanto, el presupuesto peruano está en perfecta capacidad de jubilar con – por lo menos – 500 soles mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que no tengan afiliación a sistema alguno, o que reciban menos de esa cifra en alguno de los dos sistemas posibles. Sería histórico y oportuno en el bicentenario, y sobre todo muy desarrollante en términos económicos.
* Constitucionalizar significa, aquí, legalizar con una norma que la constitución del 93 no coloca en el dominio de la acción de inconstitucionalidad, lo que la deja prácticamente fuera del control del TC. Tratándose de una norma previsional, es muy posible alegar que sus únicos caminos de derogación sean los establecidos en el artículo 200 de la carta magna, relativos a una reforma constitucional.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 101: Las salidas ‘creativas’ de la ONPE. El FMI y un impuesto a la riqueza. Más retiros de las AFP y la muerte del camarada ‘Raúl’.
La decisión fue tomada por la Junta General de Accionistas el mismo día que se supo que Blume, directora de la empresa, estaba en la lista del #VacunaGate. AFP Habitat ha resuelto no pronunciarse sobre su comportamiento.
El último martes se reunió uno de los principales órganos de gobierno de la AFP Habitat en el Perú: su Junta General de Accionistas (JGA). ¿Lo hizo para hablar sobre la conducta de uno de los miembros de su directorio, que se vacunó en secreto para el país, fuera de un ensayo clínico y antes que el personal de salud de la primera línea de lucha contra la pandemia? No, solo para repartirse dividendos.
Este 16 de febrero, AFP Habitat decidió que dará a sus accionistas casi S/37 millones en dividendos de sus operaciones del 2020 en el Perú. Con 99,94%, su principal propietario −y para todo efecto práctico, el único con poder de decisión− es Habitat Andina S.A. A través de esta compañía, la AFP peruana es controlada y entrega utilidades a su matriz en Chile. El pago de dividendos se concretará el 8 de marzo.
AFP Habitat tomó la decisión el mismo día que, por la madrugada, se conoció que una de sus directoras forma parte del escándalo denominado #VacunaGate. Se trata de la abogada y lobbista Cecilia Blume, quien recibió tres dosis de la vacuna de Sinopharm: el 21 de noviembre, el 16 de diciembre y el 7 de enero, según la lista elaborada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
“Se aprobó respecto de la utilidad distribuible generada durante el ejercicio 2020, que (i) se detraiga el monto de S/4.097.339,52 por concepto de reserva legal y que (ii) se distribuya dividendos por un monto ascendente a S/36.876.055,64 determinando un dividendo ascendente a la suma de S/0,45066301 por acción”, dice un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Este documento fue registrado en la SMV pasadas las 4 de la tarde del martes 16. Catorce horas antes, Sudaca fue uno de los medios que hizo pública la lista de vacunación de la UPCH. Blume tiene allí el número 178 y aparece como “invitada”. El reparto de dividendos que ha aprobado el accionista controlador de AFP Habitat es propuesto por el directorio que ella conforma.
De ética y reputación empresarial
Blume es directora independiente (no vinculada a los accionistas) de AFP Habitat desde mayo del 2013. También forma parte del directorio de la pesquera Exalmar. Ha sido jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas que presidió Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hace casi dos décadas y ha sido parte del círculo de confianza del expresidente.
Según el consultor en ética corporativa y director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, el comportamiento de Blume respecto al #VacunaGate −vacunarse de forma irregular, sin conocimiento del público y sin tomar en cuenta el orden de prioridad− sí merecería una sanción o, al menos, un pronunciamiento público por parte de su empresa.
“No estaba en la obligación formal de comunicar [a la empresa, que se había vacunado], porque no era un tema de conflicto de intereses corporativos, pero la transgresión ética en su vida personal sí merece una sanción. Tenía el deber de comportarse correctamente […] No podía permitir, además, que su vida personal embarre la reputación de una empresa”, dice.
El Código de Ética de AFP Habitat, que “declara los valores éticos y de conducta en que deben enmarcarse las actuaciones internas y externas del directorio” de la empresa, establece: “Debemos actuar con rectitud y lealtad en todos los ámbitos, comportándonos de manera transparente y responsable en el desarrollo de nuestras tareas y en nuestra relación y comunicación con otros, valorando el respeto y sinceridad en nuestro actuar”.
Según Herrera, este párrafo ha sido transgredido por Blume. “Esa cláusula amplia es la que te habla de que tienes que portarte bien siempre. El Código de Ética te habla del correcto comportamiento de la persona en todo su esplendor. Para la integridad, no es que yo soy ejecutivo en la mañana y en la noche nada que ver. Eres uno solo”, explica.
Aún más: el Reglamento de la Junta General de Accionistas de AFP Habitat dice que ésta “evaluará constantemente que los miembros del directorio cumplan con […] las propias políticas de la compañía para desempeñar de manera satisfactoria dicho cargo; para tal efecto evaluará toda circunstancia o hecho relevante, incluyendo las relaciones comerciales, bancarias, legales, de imagen de cada uno de los miembros del directorio”.
Herrera compara el caso de Blume con el de Luis Felipe Gómez, quien ocupó un cargo gerencial en la aerolínea colombiana Avianca hasta el Mundial de Rusia 2018. Gómez fue despedido por su exempleador luego de que un video viral lo mostró sirviendo licor desde un compartimiento oculto en unos falsos binoculares dentro de un estadio, y ufanándose de ello. Estaba prohibido ingresar alcohol al recinto.
“Te pongo el ‘caso Avianca’ en el Mundial de Rusia. Es paradigmático porque te muestra cómo la vida personal influye en la reputación corporativa. Avianca se dio cuenta y lo botó”, asegura el experto en ética y anticorrupción. El exempleado de Avianca ganó recientemente un proceso contra la aerolínea, pero solo para rectificar unos dichos puntuales y no para reponerlo en su puesto.
Pese a todo, la AFP Habitat ha decidido no pronunciarse respecto a la vacunación irregular de Blume. No solo no lo hizo tras su Junta General de Accionistas, ni en los días posteriores, sino que respondió a Sudaca que no haría declaraciones al respecto. “Acá seguro te van a decir que no hay corrupción, que puede ser una falta ética, pero que esa es un área gris”, se quejó airadamente una fuente del sector financiero.
El Hecho de Importancia publicado por la SMV que registra los detalles del reparto de dividendos acordado por la Junta General de Accionistas de AFP Habitat.
La persona y la empresa
El doctor Germán Málaga, investigador a cargo del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, declaró a la comisión conjunta de Fiscalización y Covid-19 del Congreso que la triple vacunación de Blume se debió a que luego necesitaba conseguir financiamiento para un proyecto. Las declaraciones de Málaga sobre otros implicados en el #VacunaGate han sido rebatidas por estos.
“La covocamos [a Blume] […] porque en algún momento pensábamos levantar fondos para construir nuestra propia UCI [Unidad de Cuidados Intensivos], teniendo en cuenta que podía venir una segunda ola y no queríamos estar con el problema de ahora de conseguir camas”, aseguró el investigador. Sudaca se comunicó con la abogada, pero ella también optó por no declarar.
Más allá de esa afirmación, Blume es conocida en el país por su rol como ‘gestora de intereses’ privados. Este es un eufemismo para lo que, en todo el mundo, significa hacer lobby. El lobby no necesariamente implica un acto ilegal. Desde hace 14 años, la lobbista Cecilia Blume preside la consultora CB Consult. En ese tiempo también ha formado parte de los directorios de diversas empresas.
En el 2016, Blume ocupó el primer lugar entre los ‘gestores de intereses’ más poderosos del país, según la Encuesta del Poder que elabora Ipsos para la revista Semana Económica. “Soy abogada: mi trabajo es abogar por mis clientes, representar sus intereses. Significa que lo estoy haciendo bien”, respondió ella aquel año, al autor de esta nota, para Semana Económica.
Habitat, por su parte, es una de las cuatro AFP del mercado previsional peruano. Ingresó en el 2013, tras ganar la primera licitación de afiliados, lo que obligaba a todos los nuevos aportantes del sistema a ser sus clientes. La matriz de Habitat nació en Chile en los ochenta. Hoy la controla, a partes iguales, la gigante estadounidense Prudential y la Cámara Chilena de la Construcción.
En abril del 2020, Habitat dejó sin efecto la repartición de dividendos del ejercicio 2019 que había dispuesto su accionista controlador el mes anterior. Lo hizo tras el revuelo mediático que causó el reparto de utilidades de su competidora peruana, Prima AFP, y “en atención a las nuevas condiciones nacionales e internacionales a consecuencia del Covid-19”. Finalmente, igual pagó esos dividendos en octubre.
La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.
Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.
Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).
Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.
Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).
De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.
Debido a que muchas personas se quedaron sin trabajo o han reducido sus ingresos por causa de la pandemia, el Gobierno autorizó un nuevo retiro de fondos para los afiliados a las AFP que no hayan aportado durante 12 meses hasta por S/ 17,200 (4 UIT de 2020) y de solo S/ 4,300 (1 UIT de 2020) para los que no aportaron en octubre de este año. Los retiros podrán solicitarse desde hoy hasta el 9 de marzo de 2021, y los primeros desembolsos se realizarán en enero.
Para Juliana Heredes, coach financiera, este dinero debería usarse como una medida de emergencia ante gastos esenciales y, en segundo lugar, para el pago de las deudas. Solamente si queda algún excedente, sugiere invertirlo, pero no necesariamente en un negocio propio porque la crisis aún no ha terminado y podría ser muy riesgoso.
“Hay que ver bien si son oportunidades de negocio a largo plazo o si son oportunidades justo por la pandemia, porque toda inversión a corto plazo trae más riesgo. Los que están esperando el retiro para hacer algo que ya tienen planificado y el dinero era lo único que les faltaba, me parece apropiado, pero tomar el dinero para hacer algo de corto plazo, sin garantías y riesgos elevados, no lo aconsejaría”, comentó.
En su lugar, consideró mejor ahorrar y restringir los gastos que se consideren innecesarios. Aunque los depósitos bancarios no están ofreciendo tasas muy altas, recordó que las cajas municipales sí ofrecen un poco más y en el último de los casos, si no hay necesidad de hacer el retiro, mantenerlo en la AFP sería la opción más segura.
“Si la persona no necesita el dinero porque no tiene un proyecto de inversión y ese dinero es un excedente, recomiendo que lo deje donde está, porque ahí tendrá más rentabilidad y cumplirá su propósito. Es muy natural que el dinero desaparezca cuando no tiene un propósito específico”, aseguró.
Pagar las cuentas
En el caso de los afiliados que necesiten amortizar alguna deuda, Ana Vera Talledo, gerente general de Grupo Kobsa, sostuvo que lo mejor es deshacerse primero de las deudas con tasas de interés más altas. Esto sirve para reducir el saldo deudor, pero también para mejorar el historial crediticio, evitar las penalidades e incrementar la capacidad de ahorro.
“Cada vez que se recibe un dinero extra, es importante separar un monto significativo para el ahorro. Se recomienda destinar mínimo el 20% de este dinero y evaluar qué opción conviene más para que el ahorro sea rentable, ya sea a través de cuentas a plazo fijo, fondos mutuos, entre otras”, comentó.
Como los primeros desembolsos se realizarán en enero, después de Navidad y Año Nuevo, Heredes resaltó que endeudarse por una compra solo es positivo si trae consigo un beneficio financiero. En cambio, en las compras de puro beneficio emocional, lo mejor es desistir o amortizar estas deudas rápidamente.
