Pensiones

Por Claudia Ocaranza y Queletzú Aspra / PODER

BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, no es muy conocida entre la mayoría de la población; sin embargo, tiene un efecto creciente en cómo se invierte el dinero de las pensiones en América Latina. Cada vez más administradoras privadas de pensiones incluyen a BlackRock en sus portafolios de inversión, a través de sus instrumentos financieros como los Exchange Trade Funds (ETF) y fondos de renta fija, según un análisis regional realizado para el especial “A dónde va mi pensión”.

BlackRock llama a sus ETF “iShares”, es su marca registrada. En países como México es imposible conocer el tamaño de las inversiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los iShares, pues es considerada información confidencial o no facilitada a los clientes por las administradoras ni por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Para poner en perspectiva la importancia de México para BlackRock, basta decir que su oficina en el país es la única de América Latina que aparece en el listado de sus oficinas más grandes en el mundo y es, además, la séptima más grande en las Américas. Actualmente los ETF de BlackRock domiciliados localmente en México, tienen aproximadamente 75.000 millones de pesos en activos (más de US$3.057 millones), según informó BlackRock para este reportaje.

Los ETF funcionan como un mix de inversiones: replican o siguen el comportamiento tanto de acciones individuales, como de fondos de inversión de industrias e índices bursátiles. En cada país, BlackRock coloca iShares en el mercado bursátil, que a la vez ofrece a sus clientes −como las AFP− en otros países, dando acceso a inversiones diversificadas, a bajos costos y con menor carga fiscal en mercados internacionales.

De acuerdo con lo investigado por PODER en el reportaje “BlackRock, el gigante desconocido”, publicado en 2018, ese año BlackRock era el proveedor más importante de ETF, con una cuota del 36.9% del mercado mundial, mientras que “Bloomberg estima que para 2026 la firma administrará activos bursátiles por 10 billones de dólares”.

A pesar de que parece el sistema perfecto para que las AFP amplíen sus opciones de inversión, se crea una cadena de malas prácticas cuando BlackRock invierte en empresas que violan los derechos humanos. A esto se suma que algunas regulaciones locales le permiten a la gestora ser poco transparente sobre cuánto de los fondos de jubilación está invertido en sus instrumentos, según especialistas consultados para este reportaje.

“¿Cuáles son los retornos de inversión de los fondos? ¿Están haciendo ganancia? Depende de cómo BlackRock gestiona estos fondos para asegurar que los retornos sean buenos, y eso sabemos que muchas veces genera conflicto entre invertir y respetar los derechos humanos”, dice Paloma Muñoz, consultora sobre Empresas y Derechos Humanos.

En los últimos años cada vez más empresas en el mundo, incluida BlackRock, han promovido prácticas ambientales, sociales y de gobernanza responsables (ESG, por sus siglas en inglés) que atraigan inversiones sustentables. Sin embargo, para Muñoz, en América Latina el concepto está todavía en construcción y es fácil permitir que se mantengan prácticas laxas, donde la información disponible proviene de las propias empresas, muchas veces basada en principios de mercadotecnia.

El iShare responsable en México

En julio de 2020 BlackRock lanzó al mercado el iShares ESG MSCI Mexico ETF, que impresionó a la prensa económica y analistas financieros porque en sólo 60 días levantó 450 millones de dólares, con inversiones de las Afore XXI Banorte, Afore SURA, Afore Profuturo, Citibanamex Afore y Principal Afore. Sin embargo, no se conoce públicamente el monto de las inversiones de las Afores participantes, y toda la información retomada por medios de negocios provino de la sala de prensa de BlackRock.

Al revisar las empresas que conforman el ETF, se puede encontrar a firmas con serias violaciones a los derechos humanos, como Grupo México, que hace seis años contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi con el derrame de 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas, afectando directamente a más de 22 mil personas.

De acuerdo con Muñoz, “en los fondos o ETFs ESG hay mil problemas, ellos deciden qué es ESG y le dan una máscara de ser sostenible a un paquete de empresas que son sostenibles con base en uno o dos indicadores de ambiente, gobernanza y sociales, pero ya vemos que esto no funciona. No funciona porque no están usando estándares internacionales de Derecho Humanos, no están evaluando a las empresas como deben evaluarlas. No están separando a las empresas que sí están tratando de hacer algo bueno y a las que están tratando de reducir el daño”.

Ante el cuestionamiento de por qué tener un ETF que sigue un índice que incluye a empresas con prácticas ESG cuestionables, BlackRock respondió que “no puede no invertir en las empresas que forman parte de un índice que sigue un ETF iShares, independientemente del perfil ESG de la empresa”. Sin embargo, aclaró que a través de su Investment Stewardship, tienen acercamiento con las empresas y que en el caso de Grupo México han votado en contra del consejo de administración por falta de gestión de riesgo acerca de las cuestiones ESG.

“Conforme avanzan los preceptos ESG, y las empresas no se adecúan a ellos, cada vez tienen menos peso en los índices”, respondió BlackRock vía correo electrónico.

También se encuentra a la empresa Infraestructura Energética Nova (Ienova) como parte del fondo, la cual comparte el negocio del gasoducto Los Ramones en México con BlackRock. En el gasoducto que conecta México con Estados Unidos, Ienova tiene una participación del 50%, BlackRock del 45% y Petróleos Mexicanos (Pemex) del 5%.

“Creo que ese instrumento es un engaño, o los parámetros que lo definen como sustentable no son confiables”, dijo Julio, de 32 años y afiliado en Afore Banamex, al enterarse de que su administradora invirtió en el ETF ESG de BlackRock y las empresas que lo conforman.

Por su parte, María, quien solicitó que se usara un seudónimo para este reportaje, de 48 años y pensionada en SURA, relata que la Afore envió un correo anunciando la inversión en el iShare sustentable de BlackRock, y aunque conoce los casos de violaciones a derechos humanos que han hecho algunas de las empresas en las que invierte el instrumento, le consuela pensar que “afortunadamente la proporción de esa inversión es menor en el portafolio”.

El hecho de que BlackRock tenga negocios con empresas en las que indirectamente invierte a través de sus fondos, sean ETF’s o directamente en sus acciones, no ha sido calificado como una práctica anticompetitiva por ninguna agencia reguladora del mundo; sin embargo, a decir de Hugues Létorneau, administrador del Global Unions’ Committee on Workers’ Capital (CWC), “sí es algo que la comunidad académica está revisando en Estados Unidos y podría ser que en un futuro tomando los casos de revisión anticompetitiva que se están haciendo sobre varias empresas ahora, BlackRock forme parte de eso”.

“Para mí como millennial y como cliente es importante que las inversiones de mi Afore sean en empresas socialmente responsables”, afirma Roberto, de 26 años y afiliado a Afore XXI Banorte/Pemex. Roberto intentó conocer los detalles de las inversiones de su Afore vía solicitud de datos personales, pero “jamás me entregaron nada”, dice.

“En BlackRock estamos por la transparencia, se pueden ver los ETF y los Fondos mutuos que pasan por la BMV cada día. (…). La Consar y el sistema mexicano se basa en que las Afores tienen derecho a elegir diferentes trayectorias de inversión y una no conoce el de la otra, por eso la Consar publica el desglose de los portafolios a nivel clase de activo. Pero lo que las Afores sí hacen es entregar estados de resultados de los fondos que administran cada cierre de día”, dijo vía correo electrónico Sergio Méndez, director general de BlackRock México.

La evolución de las inversiones en los iShares

La concepción de la administración de las pensiones en América Latina desde los años 80 como un negocio privado en lugar de ser organizaciones sin fines de lucro, ha abierto las puertas a intereses de multinacionales como BlackRock, explica Létorneau para este reportaje. Esto habría provocado que las decisiones de inversión de las AFP en América Latina respondan no sólo a los beneficios de los pensionados.

“Las administradoras de pensiones y las gestoras [como BlackRock, Vanguard y State Street], van a perseguir un ingreso desde el ahorro de los pensionados, entonces en 20 o 30 años van a tener menos dinero en su cuenta que si fuera una estructura de AFP sin fines de lucro”, dice el experto.

A través de un análisis realizado para este reportaje sobre las inversiones de las administradoras de pensiones en Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, países donde sí se desglosa la información, se puede observar el incremento en monto y porcentaje que la firma de Larry Fink ha obtenido del dinero de los pensionados depositado en sus iShares en los últimos 10 años.

Así, en enero de 2010 del total que invirtieron las administradoras o AFP de Perú en instrumentos bursátiles, 2.43% fue para instrumentos de BlackRock por un monto de 23,991,329.53 USD. En enero de 2015 la cifra subió a 14.59% y para enero de 2019 era 15.04%, es decir, un total de 47,738,340 USD. En promedio, en 9 años las AFP invirtieron 9.60% del dinero de sus clientes en ETFs y fondos de la gestora multinacional, según datos recopilados para esta investigación desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) peruana y analizados por PODER a través de la búsqueda de las palabras clave “iShare”, “BlackRock” y “Black Rock”.

En Colombia las primeras inversiones de las AFP en instrumentos de BlackRock se registraron en agosto de 2006, cuando equivalió al 0.017% del total de inversiones de las AFP en instrumentos bursátiles. Para agosto de 2011 el porcentaje subió a 4.05%, representando 2,269,022,768.58 USD. Mientras que para ese mismo mes de 2017 ya era 9.77%, más de 7,000 millones de dólares. El promedio en esos años fue de 4.46%.

Para Létorneau, la progresión de BlackRock en Colombia y Perú se explica ante el hecho de que son mercados donde los ahorros invertidos en AFP son más bajos, a diferencia de lo que ocurre en Chile. Sin embargo, en los países de América Latina el avance de BlackRock también trae a la mente la alerta de que “uno de los efectos del papel creciente en la cadena de inversiones da oportunidad a BlackRock de acercarse a altos cargos políticos y de afirmar sus puntos de vista en los niveles más altos”, como está pasando en Francia. En el país europeo, la firma enfrenta críticas por parte de sindicatos y pensionados por su supuesto papel en la reforma de pensiones y su cercanía con el gobierno de Emmanuel Macron.

“Como inversionista a largo plazo, BlackRock está comprometido con los mercados en los que estamos presentes: nos va bien cuando los mercados van bien. Mantenemos relaciones constructivas con gobiernos en todo el mundo como fiduciarios de nuestros clientes y como una voz de los inversionistas”, respondió BlackRock al cuestionamiento sobre su interés en acercarse a cargos políticos en América Latina.

Entre enero de 2010 y enero de 2015 las AFP chilenas incrementaron en un 5.39% (7,629 millones de dólares) la inversión en instrumentos de BlackRock. Uno de los productos chilenos es el iShare MSCI Chile ETF, que sigue a varias empresas, entre ellas a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile y que ha cometido infracciones graves en contra del ambiente y comunidades indígenas, según reporta Mongabay Latam . SQM ha sido sancionada por la autoridad de medio ambiente local al no implementar medidas de mitigación que eviten daños irreversibles generados por la extracción de agua en su proyecto Pampa Hermosa. Así lo documenta este otro reportaje de A dónde va mi pensión.

“iShares MSCI Chile ETF trata de seguir el rendimiento del mercado de renta variable chileno. No tenemos conocimiento de ningún índice diseñado para seguir el mercado de renta variable chileno que excluya a una de las mayores empresas cotizadas de Chile”, dijo BlackRock.

El porcentaje del total de la inversión bursátil que tiene la gestora internacional se incrementó de 4.58% en 2010 a 5.39% en 2015, para luego descender a 4.10% en 2019. Entre 2010 y 2014 Sebastián Piñera, que en 2017 tenía invertidos 3.2 millones de dólares en una iShare de Blackrock, fue presidente de Chile. En 2018 volvió al cargo.

En Costa Rica hasta antes de septiembre de 2012, no se encontraron inversiones de las administradoras de pensiones en instrumentos de BlackRock. Aunque entre esa fecha y 2019 las inversiones no alcanzan ni el 1%, según los cálculos de PODER, llama la atención que las empresas en las que invierten algunos iShares en los que tienen dinero las AFP, no cumplen con estándares de respeto a Derechos Humanos. Por ejemplo, 1.42% de las empresas que conforman el iShare Core MSCI World UCITS ETF no cumplen con lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (iniciativa por la sostenibilidad corporativa), según lo reconoce BlackRock en su sitio. Este ETF, en el que las AFP de Costa Rica han invertido los últimos años, sigue a firmas como Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook y Alphabet..

Al mismo tiempo, los ETF llamados iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF y el iShares S&P 500 Index Fund, nombres que probablemente sólo entiendan personas expertas en finanzas, pero todos instrumentos en los que invierten las administradoras de pensiones de Costa Rica, tienen inversiones en empresas relacionadas con armas de fuego de uso civil, armas nucleares y armas controversiales.

 

Los domicilios de los ETF, el dilema fiscal

Si bien los ETF’s de BlackRock son accesibles en los mercados bursátiles de América Latina, no todos tienen su domicilio fiscal en esos países. Muchos de los iShare y fondos de inversión en los que invierten las pensiones de Chile, Colombia, Perú y Costa Rica tienen su domicilio en países considerados como paraísos fiscales o de regulación fiscal laxa, según un análisis realizado por PODER.

Fiscalmente, esto significa que “las inversiones de fondos de pensiones están exentas de pagar impuestos y los fondos de BlackRock podrían estar registrados en muchos sitios del mundo con unas condiciones de fiscalidad similares. BlackRock gana unos 5,000 millones de dólares al año y de eso paga un 20% en impuestos, la mayor parte en EE.UU.”, según Javier García Bernardo, investigador para The Tax Justice Network y doctor en economía política.

Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Estados Unidos son los principales países donde se ubican los domicilios fiscales de los ETF’s y fondos de inversión de BlackRock por donde pasa el dinero de las pensiones de millones de ciudadanos de países de América Latina.

“BlackRock paga impuestos sustanciales en Irlanda, Estados Unidos, Suiza y en aquellas jurisdicciones en donde operamos nuestro negocio. Los ingresos y gastos son asignados a funciones en los países donde los servicios son desarrollados”, respondió BlackRock a la pregunta sobre el pago de impuestos en los países donde tiene domiciliados sus iShare.

Sin embargo, sobre beneficios fiscales por operar ETF’s desde esos países, BlackRock aseguró que “cualquier consecuencia impositiva de invertir en un fondo de BlackRock, surge para el inversionista, pues los activos son suyos, no para BlackRock”.

A decir de García Bernardo, es problemático que el dinero de las pensiones latinoamericanas acabe en inversiones en compañías y fondos estadounidenses, como BlackRock, Vanguard y State Street, que son los mayores inversionistas mundiales en empresas, lo que les da el derecho de votar en las reuniones corporativas, y ahí ejercer su poder, lo cual reduce la competencia entre las compañías.

En las siguientes gráficas se muestra la suma de las inversiones, en moneda nacional de cada país, de las AFP que se destinaron a iShares y fondos de inversión de BlackRock al mes por año. Los domicilios fueron encontrados en el sitio web de BlackRock de cada país.

Se puede seleccionar el país de domicilio con el seleccionador debajo de la gráfica y eso iluminará el color del país.

Entre 2010 y 2020, las AFP chilenas invirtieron parte de las pensiones en instrumentos de BlackRock principalmente ubicados en Estados Unidos en primer lugar y en Luxemburgo en segundo lugar.

 

 

 

 

 

Para las inversiones de las AFP de Costa Rica, los países de domicilio de los iShare y fondos de inversión de BlackRock en los que invirtieron entre 2013 y 2019 fueron Luxemburgo y Estados Unidos.

 

 

Las AFP de Perú por su parte, han invertido en fondos de inversión de BlackRock con domicilio en Estados Unidos, Irlanda, Suiza y Alemania entre 2010 y 2020.

Mientras que en Colombia, entre 2007 y 2020 también aparecen iShares y fondos de inversión de BlackRock con domicilio en ese mismo país, además de Estados Unidos, Irlanda y en menor medida, Luxemburgo.

 

De acuerdo con FundSociety, hasta octubre de 2020, la industria vio “31,400 millones de dólares en flujos hacia ETFs ESG a nivel mundial, de los cuales el 59% son administrados por BlackRock”. La razón por la que BlackRock ha podido hacer estas prácticas es básicamente que hay dos corrientes de pensamiento dentro del mundo de la inversión responsable.

Según Létorneau, “los grandes gestores como BlackRock, analizan la parte social más como un enfoque de materialidad financiera. Mientras que otras entidades europeas toman más un enfoque de Derechos Humanos y sí quieren hacer diálogos sobre esos temas y asegurarse de que cumplan responsabilidades bajo las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las Empresas Multinacionales (MNE) o los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNGP)”.

Los expertos coinciden en que la creciente presencia de BlackRock en los países latinoamericanos, ya sea a través de participar en proyectos de infraestructura, energéticos y cárceles, como en México; llevar mandatos de inversión extranjera de las AFP para invertir el dinero de las pensiones en el extranjero; o con las inversiones directas de las administradoras de pensiones en sus iShares, hace relevante la necesidad de una mayor exigencia de rendición de cuentas a las personas afiliadas de las AFP y legislaciones más estrictas que garanticen la transparencia y rendición de cuentas.

 

Ilustración de portada: Héctor Huamán.

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AFP, BlackRock, ESG, ETF, Fondo de pensiones, Jubilación, Pensiones

 

Por: Luisa García y Lilia Saúl

 

«Estoy un poco nervioso. Soy trabajador, tengo dos cánceres, uso pañales para trabajar, y mi pregunta es la siguiente: quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o como empresario”, dijo Alonso Ortiz (63 años) intentando evitar el temblor de su voz frente a un reportero de televisión que tomaba el pulso del transporte público en los primeros días del estallido social en Chile. Era octubre de 2019.

Su pregunta venía desde una herida abierta, desde las secuelas de un modelo de pensiones, el de la capitalización individual, que ha financiado el crecimiento económico del país sureño pero no jubilaciones suficientes para cubrir gastos básicos. Pensiones de vejez que no alcanzan o pensiones de invalidez que son negadas incomprensiblemente como en el caso de Ortiz, mientras las grandes empresas privadas reciben financiamiento o los gobiernos salen de apuros financieros con el dinero de las pensiones. Y es que mientras Ortiz daba vueltas a Santiago al volante de un bus de transporte público; el dinero de su jubilación circulaba entre los grupos económicos más poderosos de Chile, el país donde se inició, en 1981, la privatización de las pensiones que luego se extendería por América Latina.

Los trabajadores de nueve países de América Latina han ahorrado alrededor de 500 mil millones de dólares para sus pensiones, esto a partir de cuentas individuales administradas por firmas privadas en su gran mayoría. Las conocen como AFP en Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana; como AFAP en Uruguay, Afore en México y OPC en Costa Rica. Reciben cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador, y una comisión por rentabilizar los fondos de jubilación a través de sus decisiones de inversión.

¿Dónde han invertido el dinero exactamente? ¿Es posible saber a quiénes han financiado los trabajadores por años? A dónde va mi pensión, una investigación regional ejecutada por periodistas, especialistas en fondos de inversión, programadores, entre otros, arrancó con esas dos preguntas fundamentales y hoy ofrece esta herramienta que permite fiscalizar la ruta del dinero de las pensiones.

Del análisis de los números, dos patrones en los perfiles de inversión fueron identificados. Por un lado, un bloque sudamericano, compuesto por Chile, Perú y Colombia, que ha colocado el dinero de las pensiones fundamentalmente en el sector privado local y extranjero; y por otro lado, uno centroamericano, conformado por El Salvador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que se ha dedicado reiterativamente a comprar deuda pública local, convirtiéndose en un gran financista de gobiernos. Otro bloque más pequeño, Uruguay y México, representa un punto medio en cuanto a la inversión entre los sectores público y privado pero una postura sin medias tintas en contra de la transparencia de las inversiones.

Los grupos económicos locales y multinacionales ciertamente tienen un lugar especial en las inversiones del bloque sudamericano. Pero, además, A dónde va mi Pensión de la mano de 13 medios de la región -entre ellos Sudaca- revela hoy casos de empresas que probablemente no habrías querido financiar de poder decidirlo.

Por ejemplo, en Chile, 36 empresas financiadas por los fondos de jubilación acumularon casi 3.500 multas de regulador laboral, directamente o a través de sus filiales, solo en los últimos cinco años, descubrió La Pública.

Accidentes graves, agresiones sexuales no investigadas, malas condiciones de seguridad y obstáculos a la fiscalización, fueron algunas de las razones. La regionalmente conocida Cencosud fue una de esas empresas. Por otra parte, otras diez grandes firmas que operan en Chile han sido sancionadas o están siendo investigadas por infracciones a las leyes medioambientales, al tiempo que recibían dinero de los fondos de pensiones. Aes Gener, Celco, Codelco, Enel Generación y SQM son algunas de ellas.

En Colombia, las AFP tienen una inclinación reiterativa por invertir en empresas de su propio grupo económico. Financiaron proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua o la Triple A, que beneficiaron a dos de los grupos económicos más grandes del país: el Grupo AVAL y el GEA, ambos dueños de AFP que a febrero de 2021 tenían “autoinversiones” por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos, documentó Cuestión Pública. Una práctica anteriormente prohibida, pero que fue desregularizada en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Pero hay otro tipo de inversión que tampoco debería pasar desapercibido. Tanto en Chile como en Perú, las AFP han decidido invertir, respectivamente, más del 35% y 40% del total de fondos en productos de administradoras de fondos del extranjero. Por invertir en ellos, los trabajadores pagan una segunda comisión que suelen desconocer, con cargo a sus fondos de pensiones. Solo en los últimos cinco años, los afiliados peruanos pagaron cerca de 400 millones de dólares en este tipo de comisiones, según investigó Sudaca.pe (ver aquí). En Chile años atrás se inició un debate público sobre si deberían o no ser asumidas en su totalidad por el trabajador. Hoy abrimos el debate en Perú, donde estas comisiones no son publicadas por el regulador ni tienen topes máximos como sí se logró en el país sureño.

Del otro lado, El Salvador lidera el bloque centroamericano, con alrededor del 80% de los fondos de jubilación invertido en deuda gubernamental y un afán de mantener el dinero en el terreno local. Por increíble que parezca, en 2006 el gobierno salvadoreño obligó a las AFP a comprarles, con el dinero de los trabajadores, certificados de deuda para obtener liquidez y cubrir las pensiones de su antiguo sistema público. Por varios años, ofreció a las AFP tasas de interés excesivamente bajas a cambio del dinero prestado. Y aunque en 2014 fueron declaradas inconstitucionales; hasta hoy, las bajas tasas acordadas previamente merman los fondos de jubilación, encontró El Economista.

En Costa Rica, cerca del 60% de los recursos administrados por las operadoras de pensiones está invertido en deuda del gobierno, y más de un condicionamiento normativo provocan que los ahorros de los trabajadores acaben fondeando el creciente y abultado déficit fiscal estatal del país centroamericano, de acuerdo con Interferencia y La Voz de Guanacaste.

En República Dominicana, más del 70% de los fondos de pensiones está invertido también en deuda del gobierno, pero hay otro punto neurálgico en el país: la laxa regulación sobre conflictos de interés entre las administradoras de pensiones y las empresas de su grupo económico. De manera sistemática, el contrato del seguro de discapacidad y sobrevivencia que por ley deben pagar los trabajadores ha sido asignado a las compañías de seguros del mismo grupo económico de la mayoría de administradoras de pensiones. Un problema que vivieron tanto Chile como Perú años atrás y que resolvieron a partir de cambios normativos.

Por otra parte, dos países han coincidido en el bloqueo de la información. Ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés.

El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación que “la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”. Ante una insistencia su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.

En el caso de México tampoco puedes conocer en qué empresas se invierte tu dinero, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de A dónde va mi pensión ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio.

Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida. La misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso “desestabilizar” a los mercados financieros.

Al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores -agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores- se resisten a revelarla, según constató A dónde va mi pensión.

Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Esto no ocurrió, pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.

Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dijo a A dónde va mi pensión que toda la información que entregan las Afores “está bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores, porque es su información, nos dan esa información bajo el precepto de confidencialidad. Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.

—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico [abrir la información]?

—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa—concluyó el funcionario.

Esa es la situación en el país que en 24 años ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.

 

Ilustración de portada: Héctor Huamán.

 

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A dónde va mi pensión, AFP, fondos de pensiones, inversiones, Jubilación, Pensión, Pensiones

Juntos en la adversidad. Ese es el juramento que hicieron, al casarse, María Ángela Melgarejo y Luis Pérez. Y lo han cumplido en la época más dura de la pandemia. Los esposos siempre quisieron darle una educación sólida a su hijo Stefano y, por eso, en el 2011, lo matricularon en el colegio privado Innova Schools de San Miguel. Con el arribo del nuevo coronavirus, sin embargo, los dos fueron despedidos de la empresa en la que trabajaban. Era marzo del 2020 y supieron que se les venían tiempos muy duros.

Apenas un mes después, en abril, los esposos tuvieron que enfrentarse a otro episodio desgarrador: Luis Ronald Pérez, el suegro de María Ángela, murió de Covid-19. Con los gastos médicos encima, tocaba tomar medidas de emergencia. El matrimonio postuló a su hijo a la “Beca Covid-19” que ofrece Innova Schools, la cadena de colegios del grupo Intercorp, que dirige el magnate Carlos Rodríguez Pastor. Los esposos explicaron que ambos estaban sin trabajo y que el abuelo de Stefano había fallecido por el virus (como era requisito). Pensaron que después de la tempestad, llegaría un poco de calma. Se equivocaron.

El colegio le respondió, vía e-mail, con la frialdad de un congelador alemán: “su caso no ha calificado”. Fue un golpe duro para los jóvenes esposos, pero no había tiempo para lamentarse. ¿Qué hicieron? Primero, retiraron a su hijo del Innova Schools: no tenían suficientes ingresos para seguir pagando la pensión de S/527. Ese es el precio que fijó el colegio durante la pandemia, y que supone un descuento del 15%, obligado por las masivas quejas de los padres.

Aunque puede que la cifra no suene tan alta, S/527 era demasiado dinero para María Ángela y Luis en ese momento. A ambos les dolió mucho −hasta hoy les duele− que Innova Schools, el colegio en el que Stefano había estudiado desde el primer grado de primaria, les diera la espalda en ese momento tan difícil.

“Mi hijo está emocionalmente afectado. Ha estado triste todo el año. He tenido que acompañarlo a una terapia, con un familiar, para que lo pueda ayudar. Teníamos el tema familiar por el Covid [murió su abuelo] y a eso se sumó el cambio del colegio. Nosotros, como familia, hemos estado bien identificados con el colegio [Innova]. Todo esto afectó el tema familiar. Expuse [mi caso] al colegio y este rechazó nuestra petición”, lamentó María Ángela en diálogo con Sudaca.

Esta es la respuesta, vía e.mail, que recibió María Angélica Melgarejo, por parte de Innova Schools de San Miguel, cuando postuló a la Beca Covid-19: “no ha calificado”. La mamá de Stefano le explicó que su suegro había muerto de Covid, pero aún así no le dieron la beca.

Al estar desempleados, los esposos decidieron trasladar a su pequeño al colegio Liceo Naval de San Borja, donde la mensualidad es de S/330. “Si me hubieran dado media beca o un cuarto de beca [en el Innova], hacíamos un esfuerzo y nos quedábamos, pero no nos la dieron”, señala la madre de familia. Según datos del Indecopi, Innova School −la cadena de colegios más grande del país− es también la más sancionada entre el 2017 y el 2020, y la que más reportes registró ante el organismo el año pasado.

Antes de retirarse, Innova Schools le dijo a María Ángela que tenía que pagar las mensualidades de abril y mayo del sexto grado de primaria, pese a que solo llevó clases virtuales hasta la primera semana de mayo. Ella les respondió que le descuenten de las devoluciones que tenían pendientes por hacerle: la cuota de ingreso (ordenado por en el decreto de urgencia N°002-2020) y el mes de marzo, por la postergación de las clases.

Al no arribar a un acuerdo, María Ángela retiró a su hijo sin pagar esos dos meses. El colegio solo le entregó las notas de Stefano de forma virtual, pero no los documentos impresos. Los esposos no encontraban trabajo. Decidieron, entonces, hacer eso que la retórica popular define como “reinventarse”: un emprendimiento que nunca antes pensaron, sin el apoyo de nadie (menos del Estado).

Antes de la pandemia, los esposos trabajaban en la empresa Mega Point. Sus ingresos mensuales eran variables, pero podían llegar, a veces, en conjunto, a los S/5.000. La empresa era de eventos sociales y catering (distribución de alimentos), y tenía clientes importantes, como el circo de la “Chola Chabuca”.

Como ambos ya tenían experiencia en el rubro alimenticio, se propusieron crear un servicio de delivery de lasagnas artesanales. Al nuevo emprendimiento lo bautizaron como D’Antonella. ¿Por qué? Por el nombre de su otra hija, como una cábala para atraer la buena suerte. María Ángela se encargó de preparar las lasagnas y Luis las repartiría en bicicleta.

D’Antonella hoy es un pequeño negocio familiar que la pareja está sacando adelante con orgullo y a contracorriente. En setiembre María Ángela logró aparecer en el programa Fanáticos Digital de Facebook. Allí, vestida con un mandil que lleva el logo de su empresa, promocionó con emoción las bondades de sus lasagnas hechas con la receta secreta de la mamá de su esposo, quien vivió muchos años en Italia. El negocio les genera hoy una pequeña ganancia de S/1.600. Ya mejorará, piensan.

Mientras, este año han tenido que volver a trasladar a Stefano a otro colegio. Uno todavía más barato, el Santa María de Breña, que cobra una mensualidad de S/220. Aunque la pandemia ha golpeado muy duro a la familia, nunca logró quebrarla.

Del Regina Pacis al Newton de Jesús María 

Un recuerdo familiar en una piscina, todos sonrientes. Esa es la foto que tiene en su perfil de Whatsapp el abogado Adolfo Gamarra. Desde que nació su hija Mikaela, él estuvo convencido de que ella debía tener una educación con valores católicos. El año pasado cumplió su objetivo y la pudo matricular en el tradicional colegio Regina Pacis de Surco. Conseguir esa plaza, sin embargo, no le resultó nada fácil.

El papá de Mikaela tuvo que presentar una carta de postulación, esperó que haya una vacante y canceló la cuota de ingreso de S/7.000. La mensualidad del colegio, de S/1.490, no iba ser un dolor de cabeza para la joven pareja: el abogado tenía el apoyo económico de su esposa, quien trabaja en el sector público. La segunda semana de marzo empezaron sus clases en el primer grado de primaria. No se imaginaban lo que estaba por venir.

Mikaela solo asistió la primera semana al colegio debido a la suspensión de las clases presenciales por la cuarentena de marzo del 2020. En abril iniciaron las clases virtuales. “Mientras [avanzaban] las clases, se creó un grupo de chat [vía Whatsapp] de los padres de familia, en el que comenzaron a presentar reclamos individuales para las mejoras [económicas]. En mayo hubo un reajuste del 10% [descuento en las pensiones]. La gente no estuvo conforme. Muchos comenzaron a migrar. Entre ellos, yo”, recuerda el abogado.

El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.

La gran mayoría de padres, entre ellos Adolfo, pidió al Regina Pacis que se ponga la mano en el corazón y otorgue un descuento mayor al 10%. No lo lograron. Menos todavía, que les dieran media beca, en aras de la solidaridad católica. “En mi caso, yo pagué S/7.000 de ingreso y me devolvieron S/4.000. No sé si [el descuento que me hicieron] fue de marzo y abril o de abril y mayo. Pero, no debieron descontar esos montos de pensión porque el servicio no se estaba prestando de forma continua”, reclama el abogado.

Con el Poder Judicial cerrado y atendiendo sólo de forma virtual, los clientes del abogado eran cada vez menos. Por lo tanto, sus ingresos también. Pagar su crédito hipotecario de S/230.000 teniendo a su hija en el Regina Pacis le resultaba imposible. Tuvo que cambiarla al colegio Isaac Newton de Jesús María. Este plantel abrió sus puertas hace 25 años, en una bonita casona ubicada en la cuadra 23 de la Av. Brasil.

En La Molina hay un colegio que tiene el mismo nombre y cuya mensualidad supera los US$1.000 mensuales. Algo impensable para Adolfo, que inscribió a su hija en el colegio homónimo, cuya mensualidad si está al alcance del bolsillo del común de los peruanos. El año pasado, arrancó con una mensualidad de S/600, pero por pandemia la redujo a S/370, pensando en los padres de familia. Este año ha subido apenas S/40, a S/410.

Este año, Adolfo ha renovado la estancia de Mikaela en el Newton de Jesús María. El directivo del colegio, Guillermo Cabrera, señaló a Sudaca que los padres de familia podrán encontrar en su colegio  “un plus”: el apoyo y la empatía de su plana docente y administrativa, sobre todo en estos momentos tan difíciles.

Los traslados en provincia

Padre es el que cría. Ese es un viejo proverbio popular que ha puesto en práctica con su nieto Alessandro el exfutbolista del Deportivo Junín, Gustavo Carbajal, quien asegura haber defendido, entre 1977 y 1979, los colores de ese club huancaíno en primera división. Don Gustavo lo ha criado como si fuera su propio hijo.

Unos amigos le recomendaron inscribir a Alessandro en el colegio Innova Schools de Huancayo y él aceptó. Se identificó rápidamente con el modelo de enseñanza. Nos ha enviado fotos en las que se le ve participando en actividades con otros padres de familia, vivencias que le es difícil olvidar. Por ejemplo, hay una en la que participa con otros papás y mamás en un desfile por las calles de la sede “Blue House”. Todos llevaban ropa azul. Los vecinos les aplauden. Era un orgullo para don Gustavo decirle a sus amigos que Alessandro, su nieto, estudiaba en el Innova. En cada comunicado, el colegio se dirigía a los padres como “familia” y ese detalle lo hacía sentir muy bien.

Un día, Don Gustavo fue nombrado delegado de la sede “Blue House” −o casa azul− y se sintió más integrado a la “familia” del colegio. Cuando empezó la cuarentena, la empresa de distribución de alimentos en la que trabajaba como jefe de ventas le jugó mal. Le dijo que se quede en su casa por tener 60 años. Un día fueron a su domicilio y, con engaños, se llevaron su computadora para realizar supuestas mejoras en la misma. Se quedaron con su base de datos de clientes. A los pocos días, le despidieron.

Hasta antes de marzo Don Gustavo llegaba a ganar S/3.000 al mes. Comenzó, entonces, su vía crucis con Innova Schools. Con ese colegio que lo llamaba “familia”. Pidió que a la pensión de su nieto Alesandro, al que él llama hijo, le recorte el 50%. Se negaron a hacerlo. La mensualidad era de S/520, pero el colegio, presionado por las quejas, la rebajó apenas a S/480. Solo el 15%.

El colegio Innova Schools de Huancayo, asegura Gustavo Carbajal , le rechazó acceder al fraccionamiento de 36 meses del pago de su deuda. Le dijeron, añade, que no calificaba por haberse retrasado en el pago de un mes en el año 2019. Por eso, tuvo que cambiar a su nieto Alessandro a otro colegio. Este es el e-mail que le envió Innova.

Don Gustavo cuenta a Sudaca que unos 200 padres de familia de todo Huancayo decidieron no pagar las pensiones. A la protesta se sumaron otras familias de los Innova de Arequipa y Puno. Eso sí, sus hijos siguieron recibiendo las clases, pese a no haber pagado todo el año escolar, porque así lo dispuso el gobierno. Él fue uno de los padres que decidió no pagar.

A fin de año les dieron un cronograma para cancelar las deudas. Había un atractivo plan de fraccionamiento que implicaba cancelar S/77 a lo largo de 36 meses. Sin embargo, a Don Gustavo le dijeron que “no calificaba” por haberse atrasado en un pago en el 2019. Quiere pagar la deuda, pero hasta ahora no le dan otra alternativa.

Decepcionado del trato diferenciado que recibió de esa gran “familia” que era Innova, decidió trasladar a Alessandro a otro colegio privado, el Emilia Barcia Boniffatti, donde pagará solo S/200 al mes. “Me hubiera gustado seguir apostando por mi nieto y no cambiarle de colegio, porque uno siempre busca darle la mejor educación a un hijo”, sostiene, muy apenado.

 

De Trilce de la Molina a Santa Anita

Tener a sus tres hijos estudiando en el colegio Trilce de La Molina significó para el empresario de transporte Erwin Hinostroza dar un pequeño salto hacia el éxito. Ello no solo le garantizaba que sus hijos tendrían una buena educación, sino que él podía ampliar su círculo social entre la gran cantidad de padres de esa sede. Allí conoció buenos amigos e hizo contactos, sobre todo para hacer negocios en su rubro: el traslado de personal en buses.

Erwin Hinostroza tuvo que sacar a sus tres hijos del colegio Trilce de La Molina y los trasladó al colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Un día le pasaron este afiche de Gustavo Rosas, un señor que se hace llamar el ‘Ángel de la Educación’. Se contactó con él y le hizo un atractivo precio “combo” que no pudo dejar de aceptar.

Hasta antes de la pandemia, Erwin estuvo pagando S/800 de mensualidad por cada uno de sus hijos. En total, gastaba al mes, solo en pensiones, S/2.400. Al llegar la pandemia, el colegio decidió rebajar las mensualidades a S/680. Erwin hizo el esfuerzo de seguir pagando todo el año, pese a que no quisieron rebajarle el 50% que él había pedido.

En enero del 2021, sin embargo, él y su esposa se enfermaron de Covid.19. Eso le hizo reflexionar: la vida se podía ir en un segundo, tenía que ahorrar. Un día se enteró por unos amigos que en el colegio particular Alfonso Ugarte de Santa Anita estaban dando facilidades para el traslado de alumnos de otros colegios. Tomó contacto, entonces, con el promotor del colegio, Gustavo Rosas, quien se hace llamar el ‘Angel de la Educación’. Él le hizo un precio “combo” para sus tres vástagos.

Para sus hijos que estudian primaria, Mariano y Felipe, le han rebajado la mensualidad a S/ 250. Para Rodrigo, quien está en primero de secundaria, le han dejado la pensión a S/260. En total, pagará S/760 por las mensualidades de sus tres hijos, casi la tercera parte de lo que pagaba en el Trilce de la Molina.

 

Más de 200 mil traslados en Lima

Sobre el clamor de los padres ante las pensiones de sus hijos, Sudaca envió cuestionarios al Ministerio de Educación (Minedu) y al Indecopi. El Minedu respondió que “es importante recordar que en nuestro país no hay control de precios por parte del Estado; por ello, las familias y las instituciones educativas deben llegar a un acuerdo [de los precios de las pensiones]”.

Sobre ese mismo tema, la gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, Ana Peña, precisó que si bien los precios “no pueden ser objeto de fijación o regulación”, esto no quiere decir que “no existen derechos que protejan a las familias”. Adelantó que, para evitar abusos y cobros indebidos, este año han seleccionado “250 colegios privados a nivel nacional”, a los que se les está realizando una auditoría contable.

Sobre la devolución de la cuota de ingreso, el Minedu y el Indecopi coincidieron en que había que esperar a la publicación del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, que salió el último domingo. Al cierre de esta nota, el reglamento fue publicado en El Peruano, con la firma errada del exministro Martín Benavides (y no la del actual, Ricardo Cuenca). Indecopi detalló, igual, que “no hay una obligación específica de la devolución de [la mensualidad de] marzo ni de la matrícula”.

El director de la Guía de Colegios, Julio Zaragoza, dijo que este año se habrían efectuado unos 70.000 traslados de colegios particulares “caros” a otros privados  “de menor costo” en Lima. Recordó que el año pasado habrían sido 350.000 traslados bajo las mismas características a nivel nacional. De esa cantidad, agregó, “unos 200 mil se habrían realizado en Lima”.

Sudaca intentó comunicarse con los colegios Trilce y Regina Pacis a sus números abiertos de contacto, los mismos que están a disposición de los padres de familia, pero no obtuvo respuesta.

 

Descargos de Innova Schools

Sobre el rechazo de becas y la discriminación para el pago de las deudas a padres de familia de Innova, este es el pronunciamiento del colegio:

“Desde Innova Schools queremos señalar que entendemos las dificultades que todos enfrentamos por el repentino cambio que sufrió el sistema educativo debido a la pandemia, y que afectó a todo el sector. Sin embargo, es importante aclarar que, desde el inicio del Estado de Emergencia y durante el 2020, hemos implementado diferentes medidas con el único fin de apoyar a nuestra comunidad educativa y asegurar el acceso a educación de calidad de nuestros estudiantes”.

“Desde el mes de marzo de 2020 se dieron descuentos en nuestras pensiones escolares (20% para el nivel inicial y 15% para el nivel de primaria y secundaria), a fin de apoyar a toda la comunidad educativa. Además, se suspendió el interés moratorio de los meses y se brindó opciones de financiamiento a 12 meses, incluyendo un periodo de 3 meses de gracia”.

Esta es la carta de descargos que envió Innova Schools a Sudaca.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

(*) Fecha de publicación del artículo: 1 de marzo de 2021

 

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Tags:

Colegios, Innova Schools, Pensiones