inversiones

Por Sonia Condori Sánchez

Difícil imaginar lo reveladora que puede ser la punta de un cabello. Este tejido, considerado un importante biomarcador por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, puede acumular metales en su estructura durante su proceso de crecimiento. “En la punta del cabello se acumula lo que se ha absorbido desde hace tres años. Entonces, si tengo esa muestra, puedo analizar si se ha acumulado plomo”, afirma Flaviano Banchini, director de Source International, organización que trabaja en Perú -entre otros países- con comunidades que lidian con la contaminación ambiental.

“Nosotros hicimos un estudio de ese tipo con los niños de Cerro de Pasco y hallamos un pico de contaminación entre enero y abril del 2017. Las muestras las tomamos en el 2018. En esos tres meses, hubo un incremento de contaminación y, al revisar los informes de Volcan, identificamos que justo era la época en la cual esa compañía había reiniciado su actividad minera”, explica.

Los resultados hallados por Source Internacional sirvieron de base al Centro de Análisis de Delitos Climáticos (con sede en La Haya, Holanda) para emitir, en 2019, un par de informes sobre la situación de Volcan en Cerro de Pasco. Una investigación solicitada por uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo: el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que acumula excedentes del negocio petrolero. Esto, porque la multinacional suiza Glencore había adquirido pocos años antes más del 50% de las acciones de Volcan. El Fondo noruego quería saber si debía o no seguir invirtiendo en la firma suiza.

En uno de los informes, el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) detalla un antecedente importante: en 2012 el Consejo de Ética del fondo noruego le recomendó a este excluir a Volcan de sus inversiones debido a la contaminación presente en los ríos y el suelo de Cerro de Pasco, así como en la sangre de sus niños. Luego de una segunda evaluación, esta vez por parte del Ministerio de Finanzas noruego, Volcan fue excluida de sus inversiones en octubre de 2013.

Al revisar la lista de excluidos, Sudaca encontró que Glencore figura como “excluida” desde mayo de 2020

Exclusión de Volcan del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Fuente: Web del Norges Bank.

Mientras que en Noruega se encendían las alertas, en Perú todo siguió como si nada pasara. Al cierre de aquel 2013, más de S/1.477 millones de los fondos de jubilación de los trabajadores estaban invertidos en Volcan por decisión de las AFP que operan en nuestro país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Al año siguiente las cuatro AFP vigentes en el mercado -Integra, Profuturo, Prima y Hábitat- continuaron invirtiendo en esta minera y no lo dejaron de hacer hasta la fecha.

Paralelamente, Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019, según data del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenida por Ojo Público. En 2020, cinco multas firmes le fueron impuestas a la compañía por un total de S/2.149.656, según un registro de OEFA solicitado para esta investigación.

En este registro, proporcionado a inicios de mayo último, se muestra que dichas multas firmes no habían sido pagadas aún por la compañía. Este medio insistió en reiteradas ocasiones por una entrevista con Volcan, pero no obtuvo respuesta. Al cierre de enero último, S/867.927.415 de los fondos de pensiones figuraban invertidos en Volcan, de acuerdo a la última data disponible en la SBS.

Además, otras dos mineras donde las AFP tienen invertidos más recursos de los afiliados, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A., han sido sancionadas por infracciones ambientales.

Buenaventura inició sus actividades en Huancavelica en 1953 y con el tiempo extendió sus operaciones mineras hacia el norte, sur y centro del Perú. Su infracción más reciente se dio en el río de la comunidad de Huancarama, en Arequipa.

El color verdoso y olor pestilente del agua llamaron la atención de los vecinos, quienes también encontraron venados andinos (tarucas) muertos en el lugar. Según reportó el medio local El Búho en noviembre de 2019, la queja principal fue sobre una filtración hacia el río del lugar, una filtración que alegan provenía de una cámara de carga bajo la responsabilidad de Buenaventura. Esto habría afectado a zonas como Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa, Andahua y la parte alta de Condesuyos. 

Ese mismo año, a Buenaventura, cuya cabeza de directorio es el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, le fueron impuestas distintas multas en agosto, noviembre y diciembre, alcanzando un valor de más de medio millón de soles (S/ 636.195). Al cierre de 2019, S/156.689.118 de los fondos de jubilación estaban invertidos en dicha minera, según data de la SBS.

La compañía Minsur también está entre las mineras que más inversiones han recibido de las AFP. Según el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA), la firma registró 23 resoluciones de sanción por haber cometido 53 infracciones ambientales entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a una investigación de Convoca.pe.

Además, la compañía del grupo Breca tuvo 20 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) de la OEFA, entre enero del 2018 a diciembre del 2020. La mayoría se debió al presunto incumplimiento de las recomendaciones de supervisión y lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.

En el 2019, se determinó que esta compañía productora de oro y estaño incumplió lo indicado en su instrumento de gestión ambiental en la unidad minera de Pucamarca, en Tacna, por lo cual se le sancionó con 8.23 UIT (S/34.566).

[Nota de edición: En la primera versión de esta nota se mencionaba que la sanción fue por incumplir medidas correctivas, la razón correcta ha sido precisada en el párrafo]. 

Los estándares éticos de las AFP

El historial de multas y sanciones de Volcan, Buenaventura y Minsur contrastan con la importancia que le dan las AFP a sus criterios éticos.

Ranking. Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019.

Por ejemplo, AFP Integra señala en un documento oficial publicado en su web en el apartado de “Sostenibilidad” que “se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la revisión de oportunidades de inversión”. Y precisa que utilizan la categoría de “inversiones directas controversiales” para los casos de aquellas “compañías que hayan recibido una sanción por parte de alguna autoridad competente (en los tres últimos años o de las que se tenga evidencia de no haber tenido remediación) o que tengan investigaciones en curso por prácticas relacionadas con (…) afectación de la salud pública y/o el bienestar animal, (…) [o] contaminación y/o deterioro de ecosistemas”.

En tanto, en su Política de Inversiones Responsables, Prima AFP indica que “deberá realizar un análisis detallado de aquellas propuestas de inversión que generen o puedan generar controversias por su impacto social, ambiental y/o de gobierno corporativo, analizando si dichas controversias son estructurales o no estructurales, el grado de severidad, y gestión de éstas por parte de las empresas”. Además, precisa que considerarán “actividades controversiales” a aquellas altamente expuestas al “impacto en la  biodiversidad y uso de la tierra, emisiones tóxicas y desechos”, entre otras.

“Desde hace años, venimos gestionando nuestros impactos de forma transversal y responsable, a través de diversas iniciativas, programas y proyectos. Continuando con este compromiso, en el 2020 articulamos una estrategia que además de considerar criterios económicos, sociales y ambientales, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, dice Profuturo AFP en su web.

Habitat, por su parte, presenta reportes de sostenibilidad, pero tampoco publica en su sitio web un Código de ética para las inversiones como tal. César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, indica que “es necesario contar con lineamientos de un código de ética para las entidades financieras que permitan al público conocer en dónde están invirtiendo su dinero”.

Este medio busco reiteradas veces a la Asociación de AFP, pero no obtuvo respuesta alguna. Asimismo, buscamos a cada AFP, sin embargo decidieron no participar del reportaje o no brindaron contestación al cierre de esta edición.

“Un código de ética es la forma en que la empresa se autorregula, pero eso tiene que vincularse con la normativa que éstas deben cumplir como: la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, Ley de tierra de Minas, Ley General del Ambiente”, opina Ipenza. 

Sudaca preguntó a la SBS qué normativa está vigente respecto de los criterios medioambientales en las inversiones a las AFP. “(…) nuestro rol inicialmente está más orientado hacia buscar, en esta etapa, transparencia de información de la industria sobre la incorporación o no de los factores ASG en el proceso de inversión de los fondos de pensiones”, respondió el regulador en referencia a una normativa aprobada en junio último.

Subrayó, además, que el proceso de adecuación será gradual, pues en su opinión “existen variables que aún en el contexto internacional requieren ser uniformizadas”. Por ejemplo, apunta, “bases de datos que permitan estimar correctamente la materialidad de impacto de determinados factores ASG por industria o país”.

Tal parece que el uso de la transparencia y el rol activo del afiliado serán la fiscalización más activa. O tocará inscribirse en un curso acelerado del modelo noruego.

*Los descargos de Minsur no llegaron hasta nuestro cierre de edición, pasado dicho cierre la compañía envió a Sudaca una nota aclaratoria que puede revisar en el siguiente enlace, así como nuestra respuesta.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Foto: Van Houtryve.

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AFP, Fondo de pensiones, inversiones, Jubilación, Medio ambiente

 

Por: Luisa García y Lilia Saúl

 

«Estoy un poco nervioso. Soy trabajador, tengo dos cánceres, uso pañales para trabajar, y mi pregunta es la siguiente: quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o como empresario”, dijo Alonso Ortiz (63 años) intentando evitar el temblor de su voz frente a un reportero de televisión que tomaba el pulso del transporte público en los primeros días del estallido social en Chile. Era octubre de 2019.

Su pregunta venía desde una herida abierta, desde las secuelas de un modelo de pensiones, el de la capitalización individual, que ha financiado el crecimiento económico del país sureño pero no jubilaciones suficientes para cubrir gastos básicos. Pensiones de vejez que no alcanzan o pensiones de invalidez que son negadas incomprensiblemente como en el caso de Ortiz, mientras las grandes empresas privadas reciben financiamiento o los gobiernos salen de apuros financieros con el dinero de las pensiones. Y es que mientras Ortiz daba vueltas a Santiago al volante de un bus de transporte público; el dinero de su jubilación circulaba entre los grupos económicos más poderosos de Chile, el país donde se inició, en 1981, la privatización de las pensiones que luego se extendería por América Latina.

Los trabajadores de nueve países de América Latina han ahorrado alrededor de 500 mil millones de dólares para sus pensiones, esto a partir de cuentas individuales administradas por firmas privadas en su gran mayoría. Las conocen como AFP en Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana; como AFAP en Uruguay, Afore en México y OPC en Costa Rica. Reciben cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador, y una comisión por rentabilizar los fondos de jubilación a través de sus decisiones de inversión.

¿Dónde han invertido el dinero exactamente? ¿Es posible saber a quiénes han financiado los trabajadores por años? A dónde va mi pensión, una investigación regional ejecutada por periodistas, especialistas en fondos de inversión, programadores, entre otros, arrancó con esas dos preguntas fundamentales y hoy ofrece esta herramienta que permite fiscalizar la ruta del dinero de las pensiones.

Del análisis de los números, dos patrones en los perfiles de inversión fueron identificados. Por un lado, un bloque sudamericano, compuesto por Chile, Perú y Colombia, que ha colocado el dinero de las pensiones fundamentalmente en el sector privado local y extranjero; y por otro lado, uno centroamericano, conformado por El Salvador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que se ha dedicado reiterativamente a comprar deuda pública local, convirtiéndose en un gran financista de gobiernos. Otro bloque más pequeño, Uruguay y México, representa un punto medio en cuanto a la inversión entre los sectores público y privado pero una postura sin medias tintas en contra de la transparencia de las inversiones.

Los grupos económicos locales y multinacionales ciertamente tienen un lugar especial en las inversiones del bloque sudamericano. Pero, además, A dónde va mi Pensión de la mano de 13 medios de la región -entre ellos Sudaca- revela hoy casos de empresas que probablemente no habrías querido financiar de poder decidirlo.

Por ejemplo, en Chile, 36 empresas financiadas por los fondos de jubilación acumularon casi 3.500 multas de regulador laboral, directamente o a través de sus filiales, solo en los últimos cinco años, descubrió La Pública.

Accidentes graves, agresiones sexuales no investigadas, malas condiciones de seguridad y obstáculos a la fiscalización, fueron algunas de las razones. La regionalmente conocida Cencosud fue una de esas empresas. Por otra parte, otras diez grandes firmas que operan en Chile han sido sancionadas o están siendo investigadas por infracciones a las leyes medioambientales, al tiempo que recibían dinero de los fondos de pensiones. Aes Gener, Celco, Codelco, Enel Generación y SQM son algunas de ellas.

En Colombia, las AFP tienen una inclinación reiterativa por invertir en empresas de su propio grupo económico. Financiaron proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua o la Triple A, que beneficiaron a dos de los grupos económicos más grandes del país: el Grupo AVAL y el GEA, ambos dueños de AFP que a febrero de 2021 tenían “autoinversiones” por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos, documentó Cuestión Pública. Una práctica anteriormente prohibida, pero que fue desregularizada en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Pero hay otro tipo de inversión que tampoco debería pasar desapercibido. Tanto en Chile como en Perú, las AFP han decidido invertir, respectivamente, más del 35% y 40% del total de fondos en productos de administradoras de fondos del extranjero. Por invertir en ellos, los trabajadores pagan una segunda comisión que suelen desconocer, con cargo a sus fondos de pensiones. Solo en los últimos cinco años, los afiliados peruanos pagaron cerca de 400 millones de dólares en este tipo de comisiones, según investigó Sudaca.pe (ver aquí). En Chile años atrás se inició un debate público sobre si deberían o no ser asumidas en su totalidad por el trabajador. Hoy abrimos el debate en Perú, donde estas comisiones no son publicadas por el regulador ni tienen topes máximos como sí se logró en el país sureño.

Del otro lado, El Salvador lidera el bloque centroamericano, con alrededor del 80% de los fondos de jubilación invertido en deuda gubernamental y un afán de mantener el dinero en el terreno local. Por increíble que parezca, en 2006 el gobierno salvadoreño obligó a las AFP a comprarles, con el dinero de los trabajadores, certificados de deuda para obtener liquidez y cubrir las pensiones de su antiguo sistema público. Por varios años, ofreció a las AFP tasas de interés excesivamente bajas a cambio del dinero prestado. Y aunque en 2014 fueron declaradas inconstitucionales; hasta hoy, las bajas tasas acordadas previamente merman los fondos de jubilación, encontró El Economista.

En Costa Rica, cerca del 60% de los recursos administrados por las operadoras de pensiones está invertido en deuda del gobierno, y más de un condicionamiento normativo provocan que los ahorros de los trabajadores acaben fondeando el creciente y abultado déficit fiscal estatal del país centroamericano, de acuerdo con Interferencia y La Voz de Guanacaste.

En República Dominicana, más del 70% de los fondos de pensiones está invertido también en deuda del gobierno, pero hay otro punto neurálgico en el país: la laxa regulación sobre conflictos de interés entre las administradoras de pensiones y las empresas de su grupo económico. De manera sistemática, el contrato del seguro de discapacidad y sobrevivencia que por ley deben pagar los trabajadores ha sido asignado a las compañías de seguros del mismo grupo económico de la mayoría de administradoras de pensiones. Un problema que vivieron tanto Chile como Perú años atrás y que resolvieron a partir de cambios normativos.

Por otra parte, dos países han coincidido en el bloqueo de la información. Ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés.

El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación que “la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”. Ante una insistencia su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.

En el caso de México tampoco puedes conocer en qué empresas se invierte tu dinero, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de A dónde va mi pensión ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio.

Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida. La misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso “desestabilizar” a los mercados financieros.

Al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores -agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores- se resisten a revelarla, según constató A dónde va mi pensión.

Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Esto no ocurrió, pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.

Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dijo a A dónde va mi pensión que toda la información que entregan las Afores “está bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores, porque es su información, nos dan esa información bajo el precepto de confidencialidad. Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.

—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico [abrir la información]?

—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa—concluyó el funcionario.

Esa es la situación en el país que en 24 años ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.

 

Ilustración de portada: Héctor Huamán.

 

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