Un mea culpa proporcional nos corresponderá hacer a los medios y periodistas que servimos de caja de resonancia de las múltiples filtraciones que proporcionaban los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Contribuimos con su cobertura amplificada a crear falsos héroes, embarrar honras y darle visos de seriedad a procesos que estaban reñidos con la sindéresis judicial mínima.
Hoy se ve que el trabajo fiscal ha sido deficiente. Las carpetas están incompletas, los jueces no las admiten por su incoherencia legal, los casos se empiezan a caer, y los delitos imputados empiezan a asomarse como insolventes.
El caso Lava Jato va camino a ser un gran fiasco. Los culpables efectivamente hallados se han beneficiado de una dudosa laxitud en los procesos de colaboración eficaz, y muchos corruptos hoy duermen tranquilos, sin purgar las condenas que les correspondían.
Y el Ministerio Público sigue empeñado en querer hacer pasar por el ojo de una aguja las donaciones a las campañas electorales como si fueran lavado de activos, cuando a lo sumo corresponden a delitos administrativos de la legislación electoral.
Al final de cuentas, el mayor escándalo de corrupción conocido en el país en las últimas décadas va a terminar en nada por culpa de fiscales más preocupados por los impactos mediáticos que por procesar correctamente sus carpetas.
Y lo mismo se produce en el expediente Cuellos Blancos, el otro gran caso de corrupción destapado. Tuvo impacto político y administrativo inmediato, porque el gobierno de Vizcarra se compró el pleito y se produjeron cambios importantes, como la desactivación correcta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, y la salida de magistrados corruptos, pero en el camino, por disputas tontas entre fiscales y complicidades evidentes de otros, ha terminado en la inopia y con riesgo de consagrar la impunidad de algunos de los involucrados.
Los actos desesperados últimos de algunos fiscales (ampliación de fase investigatoria, involucramientos de más personas, etc.) solo demuestra que hay consciencia en ellos de que han hecho un mal trabajo, el mismo que ha sido advertido con crudeza por algunos magistrados del Poder Judicial, como el juez César San Martín.
Que nos sirva de lección. El periodismo de investigación no puede devenir en correveidile de intereses de fuentes fiscales o judiciales, y los entes encargados de impartir justicia (fiscales y jueces) están obligados a no olvidar la máxima profesional de imponer la verdad judicial, y no buscar escarmientos políticos a adversarios ideológicos.
