Junta Nacional de Justicia

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia ante la JNJ por conflicto de intereses en Quinta Sala Suprema

Por: 20.03.2025
  • Esperamos que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto y admita la denuncia.
  • Según la denuncia, “existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.        

Al inicio de esta semana pusimos al descubierto una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Habiamos difundido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Sudaca tomó conocimiento que el congresista Edwin Martínez tomó nota de muestra denuncia por el conflicto de interés de la magistrada Hilda Tovar de la Quinta Sala Suprema y presentó denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos que la JNJ tome cartas en el asunto y admita la denuncia. Adjuntamos el cargo del expediente presentado.

Según el expediente presentado por el congresista Edwin Matínez ante la JNJ en que solicita se abra proceso disciplinario, se indica que la Jueza Suprema Provisional Hilda Martina Rosario Tovar Buendía habría incurrido en la falta tipificada como muy grave en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial en tanto ocultó que le era imputable la prohibición dispuesta en el numeral 11 del artículo 40 de la misma ley, que proscribe a los jueces de conocer casos cuando algún familiar suyo tiene interés o vinculación laboral con alguna de las partes del proceso.

En consecuencia, se solicitó se abra proceso disciplinario a la señora Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Jueza Suprema Provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte de Justicia de la República en atención a que habría incurrido en una falta disciplinaria en razón de las contravención de las disposiciones establecidas en la Ley 29277 (Ley de carrera judicial).

Según se menciona en los Fundamentos de Hecho que sustentan la denuncia, se indica que la magistrada provisional y el señor Javier Tovar comparten como padres a los señores Justo Tovar y Palmira Buendía, siendo evidente que son hermanos directos de padre y madre. Entonces, es claro que existe un estrecho vínculo entre ambos, que inevitablemente genera consecuencias en el ámbito laboral, tales como conflictos de interés, influencia, etc.

“Ahora bien, el señor Javier Vicente Tovar buen día, fue designado, a propuesta del propio Ministerio de Economía y Finanzas como su representante en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros SAC. (AMSAC) este nombramiento se consta en documento denominado acuerdo de directorio número  001 -2024 /011 FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2024. De igual manera,  es pertinente resaltar que la empresa AMSAC, es una empresa integrante de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que a su vez es una persona jurídica de derecho público adscrita al MEF” según el expediente de denuncia presentado.

Asimismo, en el expediente se indica que el 21 de noviembre de 2024, con posterioridad a la designación de su hermano como representante del MEF, la doctora Tovar Buendia asumió el cargo de Jueza Suprema Provisional en la Quinta Sala Suprema, Sala Suprema especializada en controversias de naturaleza tributaria, a pesar del claro conflicto de intereses que suponía que su hermano sea representante del MEF desde octubre de 2024.

“Por tanto, se tiene que la Magistrada Suprema Provisional ocultó dicha situación irregular pese a que ello suponía un impedimento para el ejercicio de su función en casos en los que el MEF era parte (como es el caso de naturaleza tributaria)” se indica en la denuncia.

Asimismo, se indica que para el caso presente, se puede apreciar en el portal web del Poder Judicial que un número sustancial de las controversias contencioso -administrativas de materia tributaria resueltas en vía de casación, ante la Quinta Sala Suprema son interpuestas por la SUNAT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y finanzas en contra de diferentes personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (emprendedores).

“Así mismo, en los precitados procesos, el Tribunal Fiscal suele desempeñarse como parte procesal codemandada, siendo que esta entidad también se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, que en todos los casos, quien ejerce la defensa del codemandado Tribunal Fiscal es el propio Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Insólito” se resalta en la denuncia.

Finalmente, se indica que “En síntesis existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.        

 

 

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Junta Nacional de Justicia, Sudaca, Sudaka, Tovar

De película

Por: 29.11.2023

[EN LA ARENA] Como en una película americana, los fiscales que investigaban la corrupción en el congreso infiltran a un parlamentario en el círculo de la Fiscal de la Nación, quien negociaba los votos de los congresistas. Para protegerse, la Fiscal denuncia a la Presidenta de la República. Es turno de que la Junta Nacional de Justicia, que la eligió para ser Fiscal, pero que luego fue amenazada por ella coludida con el Congreso, la suspenda de sus funciones durante el proceso disciplinario.

En medio de este destape de prebendas entre los poderes del Estado, de pronto irrumpe, escrachando la pizarra, la noticia de que el Tribunal Constitucional permitirá el indulto a Alberto Fujimori. La película se pone cada vez más intensa. De pronto, los especialistas en justicia salen a los medios a explicar que el Tribunal no ha emitido esa declaración. Que se continuará respetando la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara que Fujimori debe continuar cumpliendo su condena. ¿Cuál es el fin de escandalizar con el tema del indulto a los medios? ¿Para qué alarmar con titulares a decenas de instituciones y a miles de personas con una falsa noticia durante la investigación a la Fiscal de la Nación?

Algo que caracterizó al gobierno de Alberto Fujimori fue el uso de campañas psicosociales. Vladimiro Montesinos contrató al psiquiatra Segisfredo Luza para que se encargara de la primera. Era 1991, después del paquetazo, cuando en medio de la crisis económica llega la epidemia del cólera y causa estragos en la población. 40,000 personas murieron de un momento a otro; y de pronto, una imagen de la Virgen María empieza a llorar sangre en el Callao. Su tiempo en los medios fue suficiente para palear el sufrimiento económico. El año siguiente, un día en el mes de setiembre, mientras Fujimori estaba pescando en Iquitos, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional (GEIN) de la Policía capturó a Abimael Guzmán. Fujimori ni siquiera estaba al tanto de la operación. Sin embargo, el 12 de setiembre, apareció el demonio de Sendero Luminoso vestido con un traje a rayas, dentro de una jaula. De inmediato Palacio de Gobierno se atribuyó el éxito de la operación. Hasta hoy día, cerca de la mitad del país continúa creyendo que fueron Fujimori y el SIN y no la Policía Nacional y los ronderos quienes acabaron con Sendero Luminoso. Otro hecho significativo fue el giro de los programas de televisión cada vez más violentos, sexualizados, humillantes que primaron durante su dictadura. Con animadoras y cantantes prestos a crear cortinas de humo y tergiversar los hechos según los intereses de Fujimori gestionados por el SIN.

Su hija Keiko, que creció su adolescencia entre Palacio y el SIN, decidió continuar con el legado de su padre y no cesó de postular a la Presidencia de la República. Investigada y con pocas herramientas para crear grandes psicosociales, se restringió a un solo recurso que fue el de acusar de fraudulentas a las elecciones. Indudablemente no tuvo éxito. Pero hace poco, ella y su familia resurgieron mediáticamente: hubo un divorcio, ella estilizó su figura, comenzó a dar charlas motivacionales, mientras el padre de sus hijos intentó involucrarse en programas de entretenimiento á lo Fujimori, para trabajar como influencer. Este cambio de lo político a lo mediático, alcanzó hasta a su hija adolescente. Como en otra película, hoy de streaming, la hija revivió el sueño de su madre por ser modelo pero no lo consiguió. La presencia en las redes de una familia ahora vacía de contenido electoral, tampoco ha conseguido ocultar la amenaza constante bajo la que viven los fiscales que la investigan. El supuesto indulto a su padre, también ha fracasado, no pasará de un día. ¿Será que estaremos visionando como una mafia tan grande pueda estar llegando a su fin? Veremos; por lo pronto, esta historia continuará.

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Corrupción en el congreso, Fiscal de la Nación, Indulto a Alberto Fujimori, Junta Nacional de Justicia

Zarpazo congresal

Por: 20.10.2023

El Congreso se alista para dar un zarpazo institucional contra la Junta Nacional de Justicia, sin que haya razones valederas para sancionar o destituir a uno o más miembros de dicho organismo.

Con un cambio imprevisto (inicialmente la Comisión de Justicia había desestimado la solicitud de la congresista Patricia Chirinos), finalmente la alianza fujicerronista logró imponerse y aprobar que la denuncia siga su curso en contra de los integrantes de la JNJ.

No nos conmueve especialmente la investidura de los miembros de la Junta. No ha mejorado un ápice la justicia desde su nombramiento en reemplazo del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (pero no es éste un test de eficiencia), han cometido impropiedades varias (aprobar la designación de Zoraida Ávalos, con papeles truchos, por ejemplo), pero, sin embargo de ello, no han cometido las faltas graves que se requieren para justificar que el Legislativo los expulse de sus cargos.

Se está forzando una situación jurídica bajo una interpretación caprichosa y abusiva de la norma, porque emitir un pronunciamiento solidario a favor de la fiscal Ávalos puede ser impertinente, pero de allí no pasa, el tema de la edad de la juez Inés Tello fue avalado en la entrevista para su designación por el propio presidente del Tribunal Constitucional de entonces, Ernesto Blume, y que se hayan remitido tardíamente informes anuales al Congreso, es, pues, un descuido amonestable, pero subsanado y bajo ningún criterio una causa que revista mayor gravedad.

Es una mezcla de intento de controlar organismos electorales (ONPE y Reniec), venganza de los “hermanitos”, razzia caviar (a la que se suma, feliz, la izquierda perulibrista), la que explica este descomunal error político y jurídico, que va a dañar aún más la ya alicaída imagen de la democracia peruana.

Pero, como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. La mayoría congresal no va a entrar en razones y más temprano que tarde cometerá el legicidio sin importarle las consecuencias y la apertura de una puerta más a la incertidumbre que ya vive el país y que genera tanto impacto en la economía, en la institucionalidad política y en la tranquilidad social.

 

 

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Congreso, Estabilidad Institucional, Junta Nacional de Justicia

Pacto en las alturas DBA caviares

Por: 16.09.2023

Bajo la hipótesis de que en el conflicto desatado por la Junta Nacional de Justicia y entre ésta y la Fiscal de la Nación, no están en juego criterios objetivos y técnicos de análisis jurisdiccionales sino motivaciones ideológicas claramente identificables, es factible proponer una suerte de arreglo de diferencias que nos permita resolver la crisis que enerva en estos momentos al país político (porque, por supuesto, al grueso de la población el tema ni le va ni le viene).

El tema es sencillo de remediar. Que la Junta Nacional de Justicia, predominantemente caviar, se retire la sangre del ojo en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la deje gobernar en paz. El país, salvo la izquierda, está agradecido con ella por haber permitido que gracias a su implacable labor de pesquisa se conocieran las corruptelas de espanto del expresidente Pedro Castillo y que éste, acorralado por las evidencias y desesperado, intentara un fallido golpe de Estado, que al final ha terminado con sus huesos en la cárcel, como corresponde.

Que eventualmente la JNJ la amoneste, como parece merecer, y que propenda a su enmienda en lo actuado en el caso de su hermana y santo bueno, que se mantenga en el cargo, continuando con la labor de limpieza política que el país entero le agradece (de haber continuado Castillo, hoy el país estaría en escombros).

Del otro lado, a ver si Keiko Fujimori, la gran titiritera de este asunto, controla a la inefable Patricia Chirinos y la lleva a retirar el pedido de sanción contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una barbaridad jurídica por donde se le mire y que claramente es parte del plan conservador de efectuar una razzia caviar del Estado peruano, que en este caso se acrecienta porque se advierte el intento de la JNJ de pretender inhabilitar a la fiscal Patricia Benavides, por ojeriza ideológica más que por razones legales.

Ya la congresista Chirinos peca en abundancia de desatinos (como su precoz intento de vacancia de Castillo que lo único que permitió fue fortalecerlo), como para que se le permita seguir cometiéndolos con fruición. Una reconvención parlamentaria del intento de destitución de la totalidad de la JNJ bajaría enormemente las tensiones más aún si va de la mano con las consideraciones del caso a la fiscal Benavides.

Sabemos que legalmente, las cosas no se arreglan así y no cabe una reunión cumbre entre la congresista Chirinos o Keiko Fujimori con el presidente de la JNJ o la mano caviar que mece la cuna, pero no somos ingenuos de creer que en esta turbamulta no hay un trasfondo ideológico de guerra cruenta entre DBA y caviares que buscan ajustar cuentas en cuanta oportunidad se pueda. Después de todo, al final del día ya el próximo año se elige a una nueva JNJ y allí la derecha conservadora podrá imponer sus reales sin generar la turbulencia innecesaria que hoy está generando. Por hoy, que se queden la JNJ y la fiscal Benavides.

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Fiscal de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Keiko Fujimori, Patricia Chirinos

Más allá de la DBA y los caviares

Por: 14.09.2023

En esta pugna ya no sorda entre caviares y DBA se cometen tropelías éticas y brulotes procesales de ambos lados, con fruición y desparpajo. A propósito del conflicto por la permanencia o sanción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hemos visto desfilar declaraciones absurdas y cometer dislates de ambas partes, sin contención alguna. Desde los que hablan, con exageración, de que se está perpetrando un golpe de Estado, hasta quienes quieren verlo simplemente como un reajuste administrativo absolutamente normal en una democracia.

El problema mayor, sin embargo, es que la mayoría del país político (lo que incluye no solo a los líderes sino a los ciudadanos interesados en ella), no sintoniza con ninguna de las dos posturas y ve con asombro que se desaten pasiones sin límite y se cometan exabruptos que exceden, inclusive, el ámbito local (como este desatinado pronunciamiento de un funcionario de tercer nivel de la ONU).

Es hora de que se marque la agenda que realmente importa al país más allá de esta pugna que atraviesa diversas instituciones (el Ministerio Público es hoy, por ejemplo, un campo de batalla abierto entre ambos bandos), pero que involucra a dos sectores minoritarios del país. La DBA y los caviares son influyentes, tienen redes de sustento, son bullangeros, pero no son la mayoría del país, ciudadanía que quiere un desarrollo democrático y liberal, ajeno a las bataholas de las que somos testigos en estos días.

Pedir que los partidos políticos comprometidos en el Congreso con los bandos en pugna, se morigeren, es una cuestión innecesaria. Ya es una batalla perdida. Lo que se espera es una renovación del discurso general, fuera del Legislativo, con miras al próximo proceso electoral.

Lo de la JNJ va a pasar -ojalá que en términos democráticos-, pero lo que no puede quedar incólume es la puesta en escena de una guerra política e ideológica que no recoge los reales sentimientos ciudadanos mayoritarios, que andan preocupados por agendas más concretas: seguridad, corrupción, salud y educación públicas, frente a las cuales, la clase política dividida en los bandos señalados, no aporta idea suelta alguna.

 

 

 

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caviares, Congreso, DBA, Junta Nacional de Justicia, ONU

El Congreso también es de transición

Por: 13.09.2023

Lo que causa rechazo es que el proceso de exterminio ideológico de la izquierda “caviar” en la que se halla empeñado el Congreso de la República, en base a la mayoría espúrea conseguida por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, es que sucede por la puerta falsa.

Es equivalente a lo que se quiso hacer con el gabinete Flórez Araóz durante el cortísimo mandato de Manuel Merino. De la noche, a la mañana, la inmensa mayoría de la población que endosaba su respaldo a Martín Vizcarra se encontró con otro gobierno, de cariz distinto, queriendo hacer y deshacer.

En el caso actual sucede lo mismo. La población votó mayoritariamente por Castillo y ahora ve con sorpresa que desde un Congreso envalentonado se quiere hacer tabla rasa de uno de los sectores que facilitó el triunfo del maestro chotano.

Si alguien quiere emprender una restauración conservadora, como la ha bautizado Rosa María Palacios, o, mejor aún, una conversión del Estado peruano en uno derechista liberal y despejar las habitaciones de resabios izquierdistas, hasta bienvenido sería, pero debe hacerse con la legitimidad precedente de haber conquistado el poder por las urnas.

Como bien señala Michael Reid, exdirector senior de The Economist, “el desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política”.

El Congreso, con este intento de tirarse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia por causas injustificadas, está yendo más allá de la legitimidad que posee e, inclusive, de la legalidad de la propia medida que quiere implementar. Así no se construye una república derechista ni mucho menos. A trompicones, con leguleyadas y trastiendas jurídicas lo único que se logra es reacciones adversas y efectos contrarios al buscado.

Si la derecha quiere efectuar una poda ideológica en el Estado peruano, tiene el derecho político de hacerlo si es que, previamente, ganase las elecciones y obtuviese mayoría congresal, y además gozase de un alto grado de aprobación, pero no lo puede hacer un Parlamento hechizo, armado con componendas truchas, y con una desaprobación que bordea casi el absoluto rechazo ciudadano. Y encima con trampas jurídicas ostensibles y groseras, como las que apreciamos en el caso de la JNJ, la que, dicho sea de paso, tampoco ha puesto de su parte con un comportamiento ejemplar.

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Castillo, caviar, Congreso de la República, Derecha, JNJ, Junta Nacional de Justicia, Pedro Castillo

Razzias contra la democracia

Por: 8.09.2023

Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.

Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.

El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).

Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.

En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.

 

 

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bancadas de izquierda, Congreso, Junta Nacional de Justicia, Zoraida Ávalos

Lava Jato y Cuellos Blancos en salmuera

Por: 9.08.2023

Un mea culpa proporcional nos corresponderá hacer a los medios y periodistas que servimos de caja de resonancia de las múltiples filtraciones que proporcionaban los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Contribuimos con su cobertura amplificada a crear falsos héroes, embarrar honras y darle visos de seriedad a procesos que estaban reñidos con la sindéresis judicial mínima.

Hoy se ve que el trabajo fiscal ha sido deficiente. Las carpetas están incompletas, los jueces no las admiten por su incoherencia legal, los casos se empiezan a caer, y los delitos imputados empiezan a asomarse como insolventes.

El caso Lava Jato va camino a ser un gran fiasco. Los culpables efectivamente hallados se han beneficiado de una dudosa laxitud en los procesos de colaboración eficaz, y muchos corruptos hoy duermen tranquilos, sin purgar las condenas que les correspondían.

Y el Ministerio Público sigue empeñado en querer hacer pasar por el ojo de una aguja las donaciones a las campañas electorales como si fueran lavado de activos, cuando a lo sumo corresponden a delitos administrativos de la legislación electoral.

Al final de cuentas, el mayor escándalo de corrupción conocido en el país en las últimas décadas va a terminar en nada por culpa de fiscales más preocupados por los impactos mediáticos que por procesar correctamente sus carpetas.

Y lo mismo se produce en el expediente Cuellos Blancos, el otro gran caso de corrupción destapado. Tuvo impacto político y administrativo inmediato, porque el gobierno de Vizcarra se compró el pleito y se produjeron cambios importantes, como la desactivación correcta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, y la salida de magistrados corruptos, pero en el camino, por disputas tontas entre fiscales y complicidades evidentes de otros, ha terminado en la inopia y con riesgo de consagrar la impunidad de algunos de los involucrados.

Los actos desesperados últimos de algunos fiscales (ampliación de fase investigatoria, involucramientos de más personas, etc.) solo demuestra que hay consciencia en ellos de que han hecho un mal trabajo, el mismo que ha sido advertido con crudeza por algunos magistrados del Poder Judicial, como el juez César San Martín.

Que nos sirva de lección. El periodismo de investigación no puede devenir en correveidile de intereses de fuentes fiscales o judiciales, y los entes encargados de impartir justicia (fiscales y jueces) están obligados a no olvidar la máxima profesional de imponer la verdad judicial, y no buscar escarmientos políticos a adversarios ideológicos.

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César San Martín, Cuellos Blancos, Junta Nacional de Justicia, Lava Jato
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