Junta Nacional de Justicia

Bajo la hipótesis de que en el conflicto desatado por la Junta Nacional de Justicia y entre ésta y la Fiscal de la Nación, no están en juego criterios objetivos y técnicos de análisis jurisdiccionales sino motivaciones ideológicas claramente identificables, es factible proponer una suerte de arreglo de diferencias que nos permita resolver la crisis que enerva en estos momentos al país político (porque, por supuesto, al grueso de la población el tema ni le va ni le viene).

El tema es sencillo de remediar. Que la Junta Nacional de Justicia, predominantemente caviar, se retire la sangre del ojo en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la deje gobernar en paz. El país, salvo la izquierda, está agradecido con ella por haber permitido que gracias a su implacable labor de pesquisa se conocieran las corruptelas de espanto del expresidente Pedro Castillo y que éste, acorralado por las evidencias y desesperado, intentara un fallido golpe de Estado, que al final ha terminado con sus huesos en la cárcel, como corresponde.

Que eventualmente la JNJ la amoneste, como parece merecer, y que propenda a su enmienda en lo actuado en el caso de su hermana y santo bueno, que se mantenga en el cargo, continuando con la labor de limpieza política que el país entero le agradece (de haber continuado Castillo, hoy el país estaría en escombros).

Del otro lado, a ver si Keiko Fujimori, la gran titiritera de este asunto, controla a la inefable Patricia Chirinos y la lleva a retirar el pedido de sanción contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una barbaridad jurídica por donde se le mire y que claramente es parte del plan conservador de efectuar una razzia caviar del Estado peruano, que en este caso se acrecienta porque se advierte el intento de la JNJ de pretender inhabilitar a la fiscal Patricia Benavides, por ojeriza ideológica más que por razones legales.

Ya la congresista Chirinos peca en abundancia de desatinos (como su precoz intento de vacancia de Castillo que lo único que permitió fue fortalecerlo), como para que se le permita seguir cometiéndolos con fruición. Una reconvención parlamentaria del intento de destitución de la totalidad de la JNJ bajaría enormemente las tensiones más aún si va de la mano con las consideraciones del caso a la fiscal Benavides.

Sabemos que legalmente, las cosas no se arreglan así y no cabe una reunión cumbre entre la congresista Chirinos o Keiko Fujimori con el presidente de la JNJ o la mano caviar que mece la cuna, pero no somos ingenuos de creer que en esta turbamulta no hay un trasfondo ideológico de guerra cruenta entre DBA y caviares que buscan ajustar cuentas en cuanta oportunidad se pueda. Después de todo, al final del día ya el próximo año se elige a una nueva JNJ y allí la derecha conservadora podrá imponer sus reales sin generar la turbulencia innecesaria que hoy está generando. Por hoy, que se queden la JNJ y la fiscal Benavides.

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En esta pugna ya no sorda entre caviares y DBA se cometen tropelías éticas y brulotes procesales de ambos lados, con fruición y desparpajo. A propósito del conflicto por la permanencia o sanción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hemos visto desfilar declaraciones absurdas y cometer dislates de ambas partes, sin contención alguna. Desde los que hablan, con exageración, de que se está perpetrando un golpe de Estado, hasta quienes quieren verlo simplemente como un reajuste administrativo absolutamente normal en una democracia.

El problema mayor, sin embargo, es que la mayoría del país político (lo que incluye no solo a los líderes sino a los ciudadanos interesados en ella), no sintoniza con ninguna de las dos posturas y ve con asombro que se desaten pasiones sin límite y se cometan exabruptos que exceden, inclusive, el ámbito local (como este desatinado pronunciamiento de un funcionario de tercer nivel de la ONU).

Es hora de que se marque la agenda que realmente importa al país más allá de esta pugna que atraviesa diversas instituciones (el Ministerio Público es hoy, por ejemplo, un campo de batalla abierto entre ambos bandos), pero que involucra a dos sectores minoritarios del país. La DBA y los caviares son influyentes, tienen redes de sustento, son bullangeros, pero no son la mayoría del país, ciudadanía que quiere un desarrollo democrático y liberal, ajeno a las bataholas de las que somos testigos en estos días.

Pedir que los partidos políticos comprometidos en el Congreso con los bandos en pugna, se morigeren, es una cuestión innecesaria. Ya es una batalla perdida. Lo que se espera es una renovación del discurso general, fuera del Legislativo, con miras al próximo proceso electoral.

Lo de la JNJ va a pasar -ojalá que en términos democráticos-, pero lo que no puede quedar incólume es la puesta en escena de una guerra política e ideológica que no recoge los reales sentimientos ciudadanos mayoritarios, que andan preocupados por agendas más concretas: seguridad, corrupción, salud y educación públicas, frente a las cuales, la clase política dividida en los bandos señalados, no aporta idea suelta alguna.

 

 

 

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Lo que causa rechazo es que el proceso de exterminio ideológico de la izquierda “caviar” en la que se halla empeñado el Congreso de la República, en base a la mayoría espúrea conseguida por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, es que sucede por la puerta falsa.

Es equivalente a lo que se quiso hacer con el gabinete Flórez Araóz durante el cortísimo mandato de Manuel Merino. De la noche, a la mañana, la inmensa mayoría de la población que endosaba su respaldo a Martín Vizcarra se encontró con otro gobierno, de cariz distinto, queriendo hacer y deshacer.

En el caso actual sucede lo mismo. La población votó mayoritariamente por Castillo y ahora ve con sorpresa que desde un Congreso envalentonado se quiere hacer tabla rasa de uno de los sectores que facilitó el triunfo del maestro chotano.

Si alguien quiere emprender una restauración conservadora, como la ha bautizado Rosa María Palacios, o, mejor aún, una conversión del Estado peruano en uno derechista liberal y despejar las habitaciones de resabios izquierdistas, hasta bienvenido sería, pero debe hacerse con la legitimidad precedente de haber conquistado el poder por las urnas.

Como bien señala Michael Reid, exdirector senior de The Economist, “el desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política”.

El Congreso, con este intento de tirarse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia por causas injustificadas, está yendo más allá de la legitimidad que posee e, inclusive, de la legalidad de la propia medida que quiere implementar. Así no se construye una república derechista ni mucho menos. A trompicones, con leguleyadas y trastiendas jurídicas lo único que se logra es reacciones adversas y efectos contrarios al buscado.

Si la derecha quiere efectuar una poda ideológica en el Estado peruano, tiene el derecho político de hacerlo si es que, previamente, ganase las elecciones y obtuviese mayoría congresal, y además gozase de un alto grado de aprobación, pero no lo puede hacer un Parlamento hechizo, armado con componendas truchas, y con una desaprobación que bordea casi el absoluto rechazo ciudadano. Y encima con trampas jurídicas ostensibles y groseras, como las que apreciamos en el caso de la JNJ, la que, dicho sea de paso, tampoco ha puesto de su parte con un comportamiento ejemplar.

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Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.

Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.

El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).

Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.

En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.

 

 

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Un mea culpa proporcional nos corresponderá hacer a los medios y periodistas que servimos de caja de resonancia de las múltiples filtraciones que proporcionaban los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Contribuimos con su cobertura amplificada a crear falsos héroes, embarrar honras y darle visos de seriedad a procesos que estaban reñidos con la sindéresis judicial mínima.

Hoy se ve que el trabajo fiscal ha sido deficiente. Las carpetas están incompletas, los jueces no las admiten por su incoherencia legal, los casos se empiezan a caer, y los delitos imputados empiezan a asomarse como insolventes.

El caso Lava Jato va camino a ser un gran fiasco. Los culpables efectivamente hallados se han beneficiado de una dudosa laxitud en los procesos de colaboración eficaz, y muchos corruptos hoy duermen tranquilos, sin purgar las condenas que les correspondían.

Y el Ministerio Público sigue empeñado en querer hacer pasar por el ojo de una aguja las donaciones a las campañas electorales como si fueran lavado de activos, cuando a lo sumo corresponden a delitos administrativos de la legislación electoral.

Al final de cuentas, el mayor escándalo de corrupción conocido en el país en las últimas décadas va a terminar en nada por culpa de fiscales más preocupados por los impactos mediáticos que por procesar correctamente sus carpetas.

Y lo mismo se produce en el expediente Cuellos Blancos, el otro gran caso de corrupción destapado. Tuvo impacto político y administrativo inmediato, porque el gobierno de Vizcarra se compró el pleito y se produjeron cambios importantes, como la desactivación correcta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, y la salida de magistrados corruptos, pero en el camino, por disputas tontas entre fiscales y complicidades evidentes de otros, ha terminado en la inopia y con riesgo de consagrar la impunidad de algunos de los involucrados.

Los actos desesperados últimos de algunos fiscales (ampliación de fase investigatoria, involucramientos de más personas, etc.) solo demuestra que hay consciencia en ellos de que han hecho un mal trabajo, el mismo que ha sido advertido con crudeza por algunos magistrados del Poder Judicial, como el juez César San Martín.

Que nos sirva de lección. El periodismo de investigación no puede devenir en correveidile de intereses de fuentes fiscales o judiciales, y los entes encargados de impartir justicia (fiscales y jueces) están obligados a no olvidar la máxima profesional de imponer la verdad judicial, y no buscar escarmientos políticos a adversarios ideológicos.

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