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Ministerio Público en su peor crisis

Respuesta al comunicado de los fiscales Fernández Alarcón y Quispe Farfán como Primera Fiscalía Suprema.

El día viernes 29 de abril circuló un colérico y largo comunicado (*) de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos pero en los que de manera expresa y directa enfilan sus baterías contra las últimas publicaciones que han aparecido en SUDACA acusándonos de un “tratamiento tendencioso que se aleja de los principios rectores del verdadero periodismo de investigación, con relación al denominado caso Cuellos Blancos, que “desinformamos a la opinión pública”, “que no es la primera vez que aborda sin rigurosidad alguna el tema”, que “son objeto de una campaña de desprestigio desde varios meses” y que “tenemos resultados concretos que mostrar y eso es precisamente lo que motiva a la organización criminal a promover campañas para desacreditar al equipo de Fiscales que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto”.

 

El derecho de la prensa libre a criticar la actuación de los funcionarios públicos

Uno de los aspectos más llamativos del comunicado de la Primera Fiscalía Suprema es su absoluto desconocimiento y desprecio aparente respecto de la función que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad libre y democrática, que consiste en fiscalizar a los poderes públicos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros) y criticar los actos de los funcionarios públicos que no cumplen con la ley, omiten obligaciones elementales de sus funciones o asumen conductas pasivas que perjudican gravemente los intereses públicos y el derecho de la sociedad a saber la verdad de ciertos hechos que interesan a la opinión pública.

Algunos Fiscales, como los que han elaborado el comunicado de prensa, se consideran, por lo que se ve, personajes intocables, que al estar por encima del bien y del mal no son capaces de procesar artículos periodísticos agudos, aceptar críticas objetivas, análisis sobre sus actos y menos tolerar cuestionamientos que realizan diversos medios de comunicación como Sudaca, Exitosa Noticias, Willax, PBO Radio, El Comercio, Expreso y otros medios de prensa como América Televisión en su programa Cuarto Poder y Panamericana Televisión en el dominical Panorama.

Algunos representantes del Ministerio Público, por el “endiosamiento” que reciben por un sector de la prensa, por la soberbia con la que actúan, por su empoderamiento mediático y por su afán de protagonismo se creen intocables, que nadie puede hablar de ellos y que nadie puede criticar sus actos por más abusivos o ilegales que sean o parezcan. Muchos Fiscales creen que están por encima de la ley que deben cumplir y la Constitución que deben respetar.

La prensa libre no está para aplaudir al poder y a los Fiscales, sino para observar su actuación y criticarlos de manera diligente y veraz cuantas veces sea necesario. Si se critica tanto al Presidente de la República, a los ministros de Estado y a los congresistas; ¿los fiscales acaso tienen inmunidad a la crítica, nadie puede controlar sus actos y, por el contrario, pueden censurar y lapidar a los periodistas críticos, acusándolos de formar parte de una organización criminal?

Los medios de comunicación independientes no solo tenemos la facultad en nuestra débil democracia de criticar a algunos malos fiscales que no luchan contra el crimen y el narcotráfico, sino que tenemos la obligación de hacerlo como parte del derecho de los ciudadanos de ser informados con veracidad y objetividad. Si esto no lo entienden los Fiscales Fernández Alarcón y Fanny Quispe debemos cerrar las Facultades de Derecho del Perú, debemos liquidar los medios de comunicación y debemos expulsar de sus puestos a los miembros de nuestra Corte Suprema de Justicia que emitieron un pronunciamiento formal el 28 de octubre del 2021 (hace seis meses) pidiendo una investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón por el chuponeo ilegal y masivo de más de 30 personas.

El uso ilegal del órgano donde trabajan para defenderse

Una de las cosas que más sorprende del comunicado largo y tedioso es que no lo firma ningún fiscal, no lo suscribe ni el Fiscal Fernández Alarcón ni la Fiscal Fanny Quispe, sino que se escudan en la institución y, en concreto, en la “Primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos” para salir a ofender y cuestionar los artículos que les hacen la prensa independiente y en donde Sudaca ha tenido auténticos destapes que luego han hecho suyos y han desarrollado otros medios.

Creemos que es normal y necesario que los Fiscales Eliseo Fernández y Fanny Quispe se defiendan, pero es lamentable que habiendo críticas puntuales con nombres y apellidos a su actuación funcional, se utilice como escudo protector y pararrayos a la Fiscalía donde trabajan. En una institución tan grande como el Ministerio Público se utiliza una Fiscalía Suprema como si fuera una Oficina de Prensa o una Gerencia de imagen de los fiscales Fernández y Quispe.

Luego de la salida de la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de los que eran sus protegidos, resulta llamativo que los fiscales cuestionados lejos de informar y pedir autorización a la Fiscalía de la Nación o a la coordinación del caso Cuellos Blancos, que recae en la cabeza de la Fiscal Betsabé Revilla, ahora utilicen la imagen, el logo y el nombre de la Fiscalía Suprema en la que trabajan hasta ahora para defenderse de las críticas que se les hace.

Sudaca y los medios de comunicación no cuestionamos a las instituciones, sino a los funcionarios públicos que no las representan con decoro y dignidad debido a sus actuaciones ilegales o delictivas; de allí que lamentamos el uso de una institución y, concretamente, de un órgano institucional en provecho propio y personal para responder artículos periodísticos fundados en audios de los propios fiscales, en videovigilancias de las personas investigadas que han recibido beneficios y en interceptaciones telefónicas que los fiscales realizan, pero que sorprendentemente no utilizan procesalmente. 

Los audios de la vergüenza que los fiscales no quieren escuchar no pueden llevar a criticar y pretender silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas que sí los escuchan y los difunden, luego de estar en sus manos por más de cuatro años, durmiendo el sueño de los justos.  

 

El nudo gordiano de la cuestión

Lo más llamativo del comunicado institucional (cuando debe ser personal) es que no responde, sino más bien elude, evita y no aborda de manera específica el contenido y el sentido los artículos publicados por Sudaca en las últimas semanas.

Por ejemplo, en el artículo publicado el 13.04.2022 titulado “Samir Abudayeh tiene corona” de Alonso Ramos se ponía en conocimiento de la opinión pública, de que el empresario petrolero en cuestión no era investigado ni se le tocaba un pelo por la Fiscalía de Fernández y Quispe, pese a que el hombre de confianza y mano derecha de Walter Ríos, Gianfranco Paredes Sánchez había declarado ante la Fiscalía Suprema el 30 de junio del 2021 de que su jefe el 10 de agosto del 2017 había recibido en el stud del hipódromo de Monterrico regalos y atenciones especiales del empresario petrolero consistente en el desfile de 10 prostitutas y el uso de favores sexuales de dos de ellas a cambio de ayuda en procesos judiciales. Estas noticias graves y escandalosas ya habían sido reportadas por el diario “La República”, medio a quien nadie podría acusar de ser hostil al Ministerio Público, en tres artículos; el primero del periodista César Romero titulado “Walter Ríos solicitaba dinero a los empresarios para ayudarlos” publicado el 31.10.2021, el segundo de la periodista María Elena Hidalgo titulado “Imputado revela que Samir Abudayeh es amigo del cabecilla de Cuellos Blancos” del 22.12.2021 y el tercero del periodista Ángel Páez, rotulado “Fotografías confirman agasajo de Samir Abudayeh a Walter Ríos” del 26.12.2021. De igual forma, la periodista Graciela Villasis del diario “El Comercio” publicó el 31.01.2022 el artículo “Los Cuellos Blancos: Empresario Abudayeh buscó que Walter Ríos ‘direccionara’ proceso hacia el Callao”. En el artículo de Alonso Ramos se informaba sobre un audio en el que se escuchaba a la Fiscal Fanny Quispe hablar de Samir Abudayeh, con cuestionable falta de neutralidad y aparente preocupación por su caso, pese a ser la fiscal que debe investigar. 

En la nota se señalaba “el material, obtenido por Sudaca, registra una conversación entre los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Fany Quispe, que investigan esta gran trama de corrupción, y da indicios sobre por qué Samir Abudayeh, en el centro del escándalo por ganar una licitación irregular en este gobierno, no está como investigado en las pesquisas”; de allí que se haya encabezado la investigación con el título “Samir Abudayeh tiene corona”.

Por su parte, en el artículo del 25.04.2022 titulado “Walter Ríos y el narcotráfico: los audios olvidados del caso Caracol” de autoría de quien escribe, se informaba de la existencia de por lo menos dos audios en los que el Presidente de la Corte del Callao, la abogada Pamela Acuña y el chofer Jhon Misha hablaban de la manera de ayudar al narcotraficante Gerson Gálvez, alias Caracol, en un habeas corpus que se había presentado en la Corte del Callao y que buscaba traer abajo una sentencia condenatoria que se apoyaba en interceptaciones legales. En los audios difundidos el mismo Walter Ríos confiesa que había apoyado anteriormente a la abogada Pamela Acuña en un caso que ella no recordaba. El artículo se basó en tres fuentes de información que los Fiscales Supremos no han podido desmentir: los audios de Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha, la videovigilancia de Walter Ríos y abogados de narcotraficantes del 28 de abril del 2017, entre los que se encontraba también Pamela Acuña, y la colaboración eficaz de dicha abogada. El sentido del artículo era señalar que no había investigación alguna en la Fiscalía del caso Cuellos Blancos por los audios del caso Caracol.

Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.

Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.

Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.

En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?

Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio  y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares. 

También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!

Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.

 

(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.

 

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