El primer ascenso de César Hinostroza a la Corte Suprema de Justicia
Uno de los hechos más graves y vergonzosos que le puede ocurrir a un funcionario público en actividad es que lo promuevan en el cargo y cuando está por juramentar, alguien se lo impida y tenga que retornar con el rabo entre las piernas a su puesto de origen. Algo semejante pasó con César Hinostroza el año 2005 cuando el expresidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Bejarano, lo decide promover como juez de la Corte Suprema y cuando se prestaba a tomar juramento el juez supremo Hugo Sivina Hurtado impide la juramentación debido a los antecedentes que tenía.
El expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaros en una entrevista en el diario La República el 28 de mayo del 2019 refirió que “por lo menos en mi caso, yo sabía lo que era (César) Hinostroza hace más de diez años, le cuento una anécdota, en el año 2005 yo llegaba a la Corte Suprema, encontré que en la puerta de la presidencia había un crucifijo y pregunté quién va a jurar, y me dijeron Hinostroza Pariachi y Robinson Gonzáles, yo era juez provisional en la Corte Suprema, no tenía mayor injerencia en las decisiones de la presidencia, llegué a mi sala y le informé de esto a Hugo Sivina, que fue posteriormente presidente del Poder Judicial; se paró como resorte, se acercó a la presidencia y evitó que Hinostroza jure”.
Pese a que César Hinostroza se encontraba vetado y con acceso prohibido a la Corte Suprema de Justicia logra que en el año 2011 se le nombre como Juez Supremo provisional gracias a la amistad que tenía con uno de los asesores más poderosos de la Corte Suprema de ese entonces: Miguel Pérez Arroyo, quien convenció a tirios y troyanos de que Hinostroza era un magnífico magistrado que podía y merecía estar en las más altas esferas del sistema de justicia. Sin la ayuda y la recomendación de Miguel Pérez Arroyo, Hinostroza nunca hubiera llegado a la Corte Suprema.
La explicación a esta ayuda inusual se debe a que Miguel Pérez era un litigante exitoso en casos de narcotráfico en la Corte de Justicia del Callao, corte de la que provenía Hinostroza. Basta revisar el registro de llamadas entre Miguel Pérez y César Hinostroza de ese entonces para comprobarlo. Luego de su breve paso como juez provisional nunca más fue designado como Juez supremo provisional hasta que fue designado como Juez Supremo Titular por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre del 2015.
En diciembre del año 2010 se produjo uno de los escándalos y embestidas más potentes que desplegó el fujimorismo contra el sistema de justicia. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el fujimorista Rolando Sousa difundió en diversos medios de comunicación correos privados del magistrado César San Martín Castro con uno de sus discípulos más importantes, el penalista Gonzalo del Río Labarthe, en el que, de modo genérico, le formulaba consultas sobre el caso de Alberto Fujimori, que se encontraba en ese tiempo en pleno juicio oral.
Las consultas y las respuestas, de uno y otro lado, fueron hechas de manera académica y técnica; de las cuáles no se advertía ningún sesgo o juicio anticipado acerca de la culpabilidad de Alberto Fujimori. El impacto de la noticia de la difusión de los correos electrónicos de San Martín –que había ganado la Presidencia del Poder Judicial– cruzó, sin embargo, nuestras fronteras y generó una serie de opiniones, entre ellas, la del especialista en nuestra lengua en argumentación jurídica, el profesor español Manuel Atienza quien escribió en enero del 2011 un artículo titulado “Cuestión de ética” donde señaló: “puestos a examinar la conducta de San Martín de acuerdo con el Código Modelo, parece una cuestión de justicia concluir que no sólo no infringió ninguno de sus preceptos, sino que lo que hizo fue, precisamente, comportarse como lo habría hecho un “juez excelente”, esto es, de acuerdo con el modelo de juez que diseña el Código: alguien que no se limita a cumplir con el Derecho en sentido estricto, sino que va más allá. San Martín, en efecto, muestra con su comportamiento que no sólo es un juez independiente, imparcial y que respeta el secreto profesional, sino que se toma muy en serio la obligación de motivar adecuadamente las sentencias y de mantener un alto nivel de conocimiento y de capacitación, que es prudente y responsable, y que es capaz de tomar decisiones sumamente difíciles, guardando las buenas formas”.
El escándalo producido por la difusión de los correos, que tuvo proporciones mayúsculas para aquella época, dejó una pregunta abierta tanto para los jueces, los abogados y los periodistas ¿los fujimoristas, de manera suicida, habían llegado a hackear el correo electrónico del juez San Martín en una conducta extrema para lograr la inocencia de su líder? ¿Uno de los intervinientes en la conversación entregó voluntariamente los correos? ¿O alguien había entregado los mails de San Martín a los fujimoristas? Uno de los secretos mejor guardado del fujimorismo es saber cómo, qué y quién hizo todo para entregar los correos privados que eran inaccesibles.
Luego de las averiguaciones y entrevistas, y desempolvando una vieja investigación, Sudaca está en condiciones de sostener que quien entregó al fujimorismo los correos privados de César San Martín, de su cuenta institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su condición de Profesor Principal (csanmar@pucp.edu.pe), fue el abogado Miguel Pérez Arroyo. Los correos comprenden marzo del 2008 hasta julio del 2008.
Para llegar a dicha conclusión se ha revisado una serie de documentos (ingresos a oficina de parlamentarios del Congreso de la República, registros de comunicaciones) y, fundamentalmente, se ha escuchado cuatro testimonios que aseveran que quien imprimió los correos que luego se entregaron al fujimorismo y se presentaron como la prueba reina contra el juez supremo San Martín fue obra de Pérez Arroyo quien en ese momento tenía una relación académica con San Martín en la PUCP y era quien manejaba la clave de acceso de su cuenta de correo institucional. Incluso, uno de los entrevistados conserva el sobre y folder con el que Pérez Arroyo entregó los correos impresos. Justamente, por el acceso a la cuenta de correo de San Martín es que Pérez procedió a elegir los mails que le interesaban y, de todos, decidió entregar los que consideraba más explosivos y los que más se prestaban a sus intereses. No le importó traicionar a su padre académico y amigo, lo importante era alcanzar sus objetivos de dinamitar la sentencia condenatoria más importante del Perú.
Sin embargo, como en toda historia, no solo hay móviles políticos e intereses subalternos, sino también móviles de índole personal, como la envidia, el rencor, y la antipatía; Pérez Arroyo eligió entregar los correos de San Martín (csanmar@pucp.edu.pe) que se habían cursado con Gonzalo del Río (gdelri@hotmail.com) porque de esta manera quería bloquear y acabar con la relación académica y personal de un profesor con uno de sus discípulos más importantes y con el que Pérez siempre se encontraba en puja y en pugna. Gonzalo del Río Labarthe fue el daño colateral de la historia. Consultados algunos abogados especialistas en derecho procesal penal que conocen el tema de intriga y traiciones confirman la enemistad unilateral de Pérez con Del Río y con otras personas pertenecientes al círculo académico de San Martín y de la PUCP.
Tanta gratitud le tuvo el fujimorismo a Pérez Arroyo que cuando dejó el cargo de coordinador interinstitucional del Gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial en enero del 2011, luego de haber logrado la designación de Hinostroza, pasó a ser Asesor de la la Comisión de Justicia del Congreso de la República entre febrero a julio de 2011 cuando era presidente el fujimorista Rolando Sousa. Dicho cargo no era ad honoren, sino jugosamente remunerado.
Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.
Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.
La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí. Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.
Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.
La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.
La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.
Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.
También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.
2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables
Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.
Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.
Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.
Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS y Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio”.
Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.
La historia continuará ……………
