Fiscalía

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

El caso destapado por IDL-Reporteros, sirvió para desmontar una red corrupta alrededor de la magistratura. Alianzas secretas de impunidad, entre los propios fiscales y jueces, está permitiendo que el caso se diluya en sentencias leves o en impunidades discretas, como la mencionada en esta columna. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción al interior de la institución tutelar de la justicia peruana, está muriendo por connivencia de los pares de los involucrados, sin que los organismos encargados de tutelar que ello no ocurra, intervengan.

 

 

 

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Economía, Fiscalía

Es distinto el caso de Ollanta Humala o Susana Villarán, donde el tema pasa por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como autoridades del Estado, al haber recibido dinero de las empresas brasileñas y a cambio de ello haberles otorgado beneficios materiales tangibles y constatables.

 

 

 

 

La lucha anticorrupción emprendida en el país no puede pecar, además, de la lentitud pasmosa que ha mostrado en el caso Lava Jato. Se han pasado años sin formular acusación y se ha hecho purgar pena de cárcel a muchos sin siquiera tener un expediente relativamente armado. Vamos a ver si al final de todo este proceso, la justicia peruana demuestra que es capaz, valga la redundancia, de impartir justicia, más allá de inquinas políticas o algunas eventuales simpatías. Mucho está en juego con la culminación cabal del proceso más grande de anticorrupción ocurrido en el Perú en las últimas décadas.

 

 

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Fiscalía, Gobierno, Keiko Fuimori, Pedro Castillo

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Fiscalía, Investigaciones al presidente, Pedro Castillo

Tiene razón la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, cuando señala que, de acuerdo a la Constitución, el presidente Castillo sí puede y debe ser investigado, no como ha interpretado facilistamente la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al abrir y clausurar de inmediato la investigación al Primer Mandatario, señalando que así lo prescribe el artículo 117 de la Carta Magna.

Eso no dice el texto constitucional. Habla de la acusación, la que efectivamente no procede hasta que el gobernante culmine su mandato, pero sí se le puede investigar. Es un disparate, como bien ha subrayado Ledesma, iniciar un proceso de pesquisa al cabo de cuatro años, con pruebas perdidas, testigos olvidadizos, elementos de prueba dispersos.

Indicios hay más que suficientes para iniciar una investigación. Contratos públicos obtenidos luego de reuniones con el presidente Castillo, en los cuartos clandestinos, sin registro, del pasaje Sarratea, e injerencia indebida en los ascensos militares, son los dos temas gruesos denunciados que han merecido la intervención del Ministerio Público, pero debe corregirse los alcances truncos que la Fiscal de la Nación le ha dado al tema.

Por supuesto, el impacto de esta investigación va más allá de los temas estrictamente judiciales. Porque por más que se le investigue a Castillo no se le podrá acusar, pero si el proceso de pesquisas ajusta, como es usual, a algunos de los partícipes, como Bruno Pacheco, exsecretario personal del Presidente, o a la lobista Karelim López, y confirma una conducta impropia del Primer Mandatario, lo que caerá por su propio peso será el reinicio de un proceso de vacancia en el Congreso.

Y esta vez, de confirmarse las sospechas, sería muy difícil que Castillo salga bien librado. Ya el propio César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha anunciado que, ante indicios de corrupción, su partido no extenderá manto de protección alguno al inquilino de Palacio. Y suponemos que lo mismo ocurrirá con Acción Popular, con lo cual, sumas hechas, bastará para sacar a Castillo de Palacio.

Por eso la importancia de que se le inicie una investigación al Presidente. No es admisible tolerar un segundo a un gobernante teñido de sombras de corrupción, como sucedió con PPK y Vizcarra, cuya renuncia y vacancia respectivas se debieron a ello. Zoraida Ávalos ha trabajado, en esta ocasión, a favor de la impunidad.

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Fiscalía, impunidad, Investigaciones al presidente, Pedro Castillo

Acompañaron a Mávila en este programa Waldemar Cerrón, congresista y vocero de Perú Libre y César Azabache, exprocurador anticorrupción.

Waldemar Cerrón, sobre la decisión de la Fiscal de la Nación de abrir investigación al presidente Castillo pero dejarla suspendida hasta que acabe su mandato, dijo que es “muy inteligente lo que hizo la fiscal en este caso”. Además, sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al respecto, consideró que “se está fijando en querer vacar al presidente y desestabilizar la democracia” y agregó que Gutiérrez tiene una cuestión personal contra el presidente Castillo. Por otro lado, reveló que “en estos días posiblemente debe haber un cambio de gabinete. El pueblo mismo está pidiendo el cambio de este gabinete que no da para más”.

César Azabache, sobre el mismo caso, dijo que la decisión tomada por la Fiscal de la Nación, es “inoportuna e inapropiada”. Y agregó que “usar la misma resolución de octubre 2020 sin ver las condiciones actuales que son diferentes no tiene sentido”. De otro lado, consideró que desde el punto de vista penal, en el caso de Castillo todavía hay incertidumbres no despejadas que se deben seguir investigando. “En este caso cualquiera (de los otros implicados) podría acogerse a la colaboración eficaz”, finalizó.

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