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LA FISCALÍA SUPREMA SOLO TOMA EN CUENTA LAS NOTICIAS CUANDO QUIERE

Otro de los temas que convoca la atención es el actuar absolutamente disparejo, poco homogéneo y desigual con que actúa la Fiscalía Suprema de los Fiscales Fernández y Quispe en los casos de Samir Abudayeh y Walter Ríos, en comparación con otros casos semejantes.

Por ejemplo, en el caso de la apertura de la investigación preliminar del empresario Óscar Peña Aparicio y el exfiscal superior Abel Concha Ccalla, la Fiscalía Suprema que dirige Fernández Alarcón se basó para abrir investigación única y exclusivamente en noticias periodísticas propaladas por medios de comunicación como Canal N, la República, RPP, diario el Comercio, entre otros. En cambio, pese a que varios medios de comunicación como El Comercio y Cuarto Poder habían informado acerca de los audios de Samir Abudayeh y Walter Ríos, la Fiscalía nunca hizo nada para abrir investigación a dichos personajes. Con las personas hostiles o que algunos fiscales no quieren sí se abre investigación, pero a los amigos de la fiscalía no solo se los protege, se los arropa y encubre, sino que ni siquiera se abre proceso contra ellos.

Nunca como hoy –para justificar la protección al empresario petrolero y el presidente de la Corte del Callao– es válido el dicho “para mis amigos todo; para mis enemigos la ley”. 

 

LA OMISIÓN DE FUNCIONES DE LOS FISCALES FERNÁNDEZ Y QUISPE

Es evidente que si la prensa independiente (Exitosa Noticias, Willax, PBO Radio, El Comercio, Expreso y América Televisión) no hubiera brindado cobertura al caso del empresario Samir Abudayeh y su relación probada con el expresidente de la Corte del Callao, la Fiscalía nunca se hubiera molestado siquiera en investigar y abrir proceso penal.

Sin embargo, en la rendición de cuentas con la justicia y la sociedad que tiene pendiente la Fiscalía Suprema de Fernández y Quispe –que de manera clara han cometido el delito de omisión de funciones y encubrimiento– se debe resaltar que falta abrir investigación a Walter Ríos y a otros personajes por dos hechos gravísimos. 

En primer lugar, falta abrir investigación a Samir Abudayeh y a Walter Ríos por la declaración testimonial prestada por Gian Franco Paredes Sánchez ante la Fiscalía Suprema el 30 de junio del 2021 donde señaló de que su jefe (Walter Ríos) el 10 de agosto del 2017 había recibido en el stud del hipódromo de Monterrico regalos y atenciones especiales del empresario petrolero consistentes en el desfile de 10 prostitutas y el uso de favores sexuales de dos de ellas a cambio de ayuda en procesos judiciales. De ese hecho, da cuenta el diario La República, medio a quien nadie podría acusar de ser hostil con el Ministerio Público, en tres artículos; el primero del periodista César Romero titulado “Walter Ríos solicitaba dinero a los empresarios para ayudarlos” publicado el 31.10.2021, el segundo de la periodista María Elena Hidalgo titulado “Imputado revela que Samir Abudayeh es amigo del cabecilla de Cuellos Blancos” del 22.12.2021 y el tercero del periodista Ángel Páez, rotulado “Fotografías confirman agasajo de Samir Abudayeh a Walter Ríos” del 26.12.2021. De igual forma, la periodista Graciela Villasís del diario El Comercio publicó el 31.01.2022 el artículo “Los Cuellos Blancos: Empresario Abudayeh buscó que Walter Ríos ‘direccionara’ proceso hacia el Callao”. Paradójicamente, este hecho no aparece siquiera mencionado en la disposición fiscal del 26.04.2022.

Sorprende que la Fiscalía investigue a Samir Abudayeh, Carlos Moreno y a Walter Ríos por la ventaja de haber recibido souvenirs del Club Universitario de Deportes y por la entrega de 1,000 pelotas para la navidad de los hijos de los trabajadores de la Corte y no quiera investigar a dichas personas por haber recibido y disfrutado Walter Ríos de favores sexuales de prostitutas a cambio de ayuda en procesos judiciales en la Corte del Callao. 

El testimonio de Gianfranco Paredes Sánchez del 30 de junio del 2021 no solo sigue vigente y no ha sido invalidado, sino que se corrobora con las fotografías del stud del empresario petrolero. Es increíble que la Fiscalía Suprema haya hecho una geolocalización de los celulares de Walter Ríos y el empresario Óscar Peña el 16.09.2021 en su stud “doña Licha” del hipódromo de Monterrico y no quiera hacer una geolocalización del día 10 de agosto del 2017 de los celulares de Walter Ríos y Samir Abudayeh en el stud de este último, que queda al frente del stud “doña Licha”. La Fiscalía Suprema le cree a Walter Ríos cuando señala que recibió souvenirs de Carlos Moreno, que recibió 1,000 pelotas de Samir Abudayeh y que recibió U$1,000 de Sandro Herrera, de los que se quedó con US$400, pero no le cree insólitamente a Gian Franco Paredes cuando declara como testigo y señala que Walter Ríos recibió favores sexuales de dos prostitutas contratadas ex profesamente por el empresario Samir Abudayeh el 10.08.2017. 

En segundo lugar, la Fiscalía Suprema no ha abierto investigación alguna en relación a lo publicado por nosotros en el artículo “WALTER RÍOS Y EL NARCOTRÁFICO. LOS AUDIOS OLVIDADOS DEL CASO “CARACOL” del 25.04.2019 en el que se informaba de los audios del expresidente de la Corte del Callao con su pareja sentimental la abogada Pamela Acuña en los que conversaban sobre favorecer en un hábeas corpus presentado por Gerson Gálvez, alias “Caracol”. Pese a que el caso Cuellos Blancos se abrió para seguir la pista de la conexión de algunos magistrados del Callao con el narcotráfico, cuatro años después la Fiscalía Suprema se niega investigar el hilo de la madeja que destapó el caso y que constituye su ADN original.

Se debe estar atento para que la manifiesta impunidad selectiva en la que incurren los fiscales Fernández y Quispe no avance ni se mantenga; ni se termine brindando una inmunidad a la carta a los empresarios todopoderosos y a los delincuentes confesos como Walter Ríos.

 

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Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.

Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».

Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».

«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.

Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.

Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.

En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.

Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta». 

Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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Fiscalía, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori

Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.

Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.

Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.

En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?

Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio  y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares. 

También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!

Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.

 

(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.

 

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Cuellos Blancos, Fiscalía

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

El caso destapado por IDL-Reporteros, sirvió para desmontar una red corrupta alrededor de la magistratura. Alianzas secretas de impunidad, entre los propios fiscales y jueces, está permitiendo que el caso se diluya en sentencias leves o en impunidades discretas, como la mencionada en esta columna. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción al interior de la institución tutelar de la justicia peruana, está muriendo por connivencia de los pares de los involucrados, sin que los organismos encargados de tutelar que ello no ocurra, intervengan.

 

 

 

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Economía, Fiscalía

Es distinto el caso de Ollanta Humala o Susana Villarán, donde el tema pasa por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como autoridades del Estado, al haber recibido dinero de las empresas brasileñas y a cambio de ello haberles otorgado beneficios materiales tangibles y constatables.

 

 

 

 

La lucha anticorrupción emprendida en el país no puede pecar, además, de la lentitud pasmosa que ha mostrado en el caso Lava Jato. Se han pasado años sin formular acusación y se ha hecho purgar pena de cárcel a muchos sin siquiera tener un expediente relativamente armado. Vamos a ver si al final de todo este proceso, la justicia peruana demuestra que es capaz, valga la redundancia, de impartir justicia, más allá de inquinas políticas o algunas eventuales simpatías. Mucho está en juego con la culminación cabal del proceso más grande de anticorrupción ocurrido en el Perú en las últimas décadas.

 

 

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Fiscalía, Gobierno, Keiko Fuimori, Pedro Castillo

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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