Ni firmas falsificadas ni suplantaciones de identidad hubo en el proceso electoral. En otras palabras, no hubo fraude, según concluye la investigación de seis fiscalías provinciales abocadas a ello luego de que el Jurado Nacional de Elecciones les remitiera las denuncias de Fuerza Popular en ese sentido.
Se confirma así el papelón político monumental que supuso para un sector de la derecha la cantaleta del fraude para intentar explicar la derrota legítima, en las urnas, de Keiko Fujimori, una muy mala candidata; peor, que eso, una pésima perdedora.
Sin aprender un ápice del desastre político que generó por su resistencia a aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski el 2016, esta vez, cinco años después, volvió a repetir el plato con mayor intensidad, tratando de que las autoridades electorales desconozcan el triunfo de Pedro Castillo y se vuelvan a convocar elecciones o se le proclamase a ella como la ganadora.
Será cuestión de recordar todos los nombres de quienes alentaron ese despropósito, porque revela su mala entraña política, capaz de ir más allá de los hechos con tal de plasmar sus objetivos. Y en ese afán, lamentablemente llegaron a involucrar a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, seguramente mal informado, estuvo dispuesto a usar su influencia para lograr el mismo afán.
Dicho sea de paso, la derecha, lo que tiene que aprender es a lanzar buenos candidatos. No lo eran ni Keiko Fujimori, ni Rafael López Aliaga, ni Hernando de Soto. Hay que reconocer que la candidata de Fuerza Popular hizo una excelente campaña en primera vuelta y en buena parte del tramo de la segunda, pero cometió errores groseros en el desenlace casi final, que le costaron la estrecha derrota frente al muy básico y endeble candidato de Perú Libre.
Esta investigación de la Fiscalía debería bastar para que un grupo de enfebrecidos baje sus revoluciones y entienda también que a Castillo se le debe combatir usando las armas de la propia democracia constitucional y no con atajos golpistas. Porque entre quienes exigen vacancia exprés y quienes gritaron fraude hay una línea de continuidad que ojalá se empiece a resquebrajar.
–La del estribo: monumental el esfuerzo de la Derrama Magisterial, en conmemoración del Bicentenario, de haber lanzado al mercado editorial la colección, en seis tomos, de la Nueva Historia del Perú Republicano. Bajo la conducción editorial de académicos como Manuel Burga, Carlos Contreras, María Emma Mannarelli y Claudia Rosas, se perfilan nuevas miradas, inquietantes preguntas, tratamientos novedosos de hechos ocurridos desde 1780 hasta la fecha. Edición de lujo, pero a precios asequibles que ya encuentra en kioskos y librerías.
-La ratificación del economista Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, BCR. Y junto con ello, la elección de un directorio solvente y profesional, que jamás se prestaría a enjuagues monetarios que desde Palacio puedan provenir como intención subalterna. De hecho, gran parte de la relativa estabilidad de la que la economía peruana goza, a pesar de los dislates que se cometen, con fruición inapelable, desde el Ejecutivo, obedece a la presencia de Velarde en el instituto emisor.
-La salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Cabal representante de la derecha bruta y achorada global, el expresidente republicano se empeñó en destruir los valores políticos de esa gran democracia que son los Estados Unidos, llevando la polarización fundamentalista a extremos de xenofobia, racismo, clasismo y misoginia pocas veces vistos en una nación libre y comprometida con los derechos humanos, como la fundada por George Washington y los padres de la Independencia. El clímax de su demencia ocurrió en los primeros días de enero cuando hordas de sus seguidores, instigados por el propio Trump, tomaron el Capitolio para impedir la proclamación de Joe Biden como presidente.
-La movilización de la derecha peruana. Acostumbrada a silente testimonio de los hechos políticos, la derrota de Keiko Fujimori y el triunfo de un radical de izquierda como Pedro Castillo, sirvió, al parecer, para activar las consciencias de sectores crecientes de la derecha peruana. Más allá de sus excesos ideológicos o de sus torpezas logísticas (perder meses valiosos en una insensata campaña denunciando un fraude inexistente), es saludable para la democracia peruana que haya una derecha movilizada, con presencia en las calles y con una representación congresal bastante unificada.
-La institucionalidad de las Fuerzas Armadas. A pesar de llamados golpistas de algunos de sus excompañeros de armas y de sectores febriles de la ultraderecha, las Fuerzas Armadas peruanas han dado muestra cabal de que su principal mandato es obedecer la Constitución y que ya pasaron a la historia los tiempos en que los tanques se imponían a las urnas.
-El ingreso de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa. Un hecho sin precedentes y extraordinario, que honra no solo a nuestro Nobel sino también a su país natal, el Perú. Controvertido hasta el final de sus días, es indudable, sin embargo, la superlativa jerarquía artística y académica lograda por el escritor arequipeño, nunca antes alcanzada, a nivel de reconocimiento internacional, por otro compatriota.
Cuando se preveía que la iniciativa de Patricia Chirinos iba a morir por inanición, Fuerza Popular y Keiko Fujimori deciden darle nueva vida apoyando tan descabellada causa.
La lideresa de Fuerza Popular no parece entender que su mayor error de perspectiva histórica ocurrió cuando el último lustro derechizó en extremo a su partido, alejándolo de las posturas de centroderecha que el fujimorismo siempre desplegó (desde los tiempos aurorales de los 90).
Por eso llevó a finales del quinquenio anterior al keikismo al peor de sus momentos políticos, con un desprestigio gigantesco y una tendencia decreciente que invitaba a pensar en su muerte natural.
En lugar de establecer un pacto político histórico con PPK, conformando una gran alianza de derecha que hiciera las reformas liberales que el país espera desde finales de los 90, se dedicó a sabotear al régimen buscando el propósito, al final alcanzado, de interrumpir su mandato.
Luego, quiso hacer lo propio con Martín Vizcarra y nunca supuso que éste se rebelase y le propinara un puntapié al Congreso donde el keikismo tenía abrumadora mayoría y terminó así la historia, que el país debe recordar siempre, del mayor desperdicio de poder político que se recuerde.
Una feliz campaña electoral en primera vuelta de este año, y una inédita fragmentación partidaria, la hizo disputar la segunda vuelta contra Pedro Castillo y la colocó nuevamente en las ligas mayores, como si los errores del pasado no le hubiesen pasado factura (¡cuando por ellos fue que, al final, perdió frente a un rival al que cualquier otro candidato quizás le hubiera ganado!).
Hoy, a pesar de ello, insiste en plegarse a posturas de la derecha extrema, en lugar de tratar de reubicarse en el espacio de centroderecha que le corresponde, y que la debería llevar a ejercer una oposición recia y firme frente a un régimen que hace agua por todos lados, pero sin infantilismos radicales y veleidosos como los que están detrás del proyecto de la congresista Chirinos, al cual Keiko se presta como furgón de cola.
El keikismo, que hace pocos días brindó su apoyo al inefable ministro de Transportes -seguramente por estar hipotecado al financiamiento de los transportistas informales-, parece creer que sumándose a una torpe iniciativa de vacancia, hará que la ciudadanía lo caracterice como protagonista del liderazgo de la oposición. Lo único que está logrando es alejarse cada vez más del sentido común.
Un testimonio desgrana cómo fue el apoyo de un poderoso estudio jurídico a Fuerza Popular. Julio Pérez Vargas, socio principal de ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados’ -más conocido como Payet- narró al Ministerio Público cómo colaboró en la revisión de actas electorales que sirvió para apuntalar la tesis de fraude lanzada por Keiko Fujimori tras la segunda vuelta. “Lo hice en el ejercicio de mi derecho político que reconoce la Constitución del Perú y porque consideré que existían algunos vicios en la última elección”, declaró el abogado en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el 16 de noviembre pasado. El Equipo Especial investiga el financiamiento del partido naranja en esta última elección.
El letrado dio cuenta cómo este importante bufete se volcó entero a la causa de Fuerza Popular pese a que el propio “código de conducta” del estudio Payet prohíbe a sus asociados apoyar a los partidos políticos, incluso a “título personal”. Así lo reveló Sudaca en este informe.
Julio Pérez Vargas contó a las autoridades que su participación arrancó el 7 de junio, en horas de la mañana, un día después del balotaje. En ese momento, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos Perú dio como ganador a Pedro Castillo sobre Fujimori por un estrecho margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) empezaba a dar resultados parciales. Pérez dijo que recibió una llamada de Juan Cauvi Abadia, socio principal de la firma, para coordinar la ofensiva legal. Él respondió que “me interesaba apoyar a título individual”.
“Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3:00 pm en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas”, dijo el abogado a la fiscal adjunta Reyna More Chumacero, que trabaja bajo las órdenes de José Domingo Pérez.
16 de noviembre. Declaración de Julio Pérez Vargas, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que habla de la coordinación de los abogados de grandes estudios y Fuerza Popular.
El socio del estudio Payet comentó que, tras hablar por teléfono con Cauvi, se comunicó con Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. “Antes de ir al local de Fuerza Popular llamé a la doctora Giulliana Loza a su celular, a quien conozco, y le pregunté dónde sería la reunión. Me respondió que ya no sería en el local de Fuerza Popular, sino en la avenida Javier Prado, cuadra 16, cerca de la avenida Guardia Civil [el número exacto no lo recordó]. Pero recuerdo que era una casa de dos pisos”, dijo Julio Pérez Vargas.
El abogado del estudio Payet dijo que llegó puntual, a las tres de la tarde, y que encontró mucha gente. “En ese momento se conversó cómo apoyar y se me dijo que la idea era hacer una revisión de las actas. Recuerdo que propusimos establecer distintas áreas geográficas para dividirnos ordenadamente el trabajo. Yo elegí Huancavelica y Tacna”, añadió. El letrado dijo no recordar quién llevó la voz cantante en la reunión. Sólo dijo que fue un hombre.
El abogado contó además que en el encuentro estaba Daniel Córdova, uno de los voceros del fraude sin pruebas, y Giulliana Loza. Y señaló a Juan Cauvi como el hombre del bufete que coordinaba todos los detalles en busca de invalidar los votos de Castillo.
“Luego me retiré [de la reunión] y volví a llamar telefónicamente a Juan José Cauvi para comentarle que la idea era revisar las actas de las zonas mencionadas. Él se encargó de ordenar el número de actas que cada una de las personas quería revisar”, dijo.
Juan Cauvi Abadia, un coordinador de la revisión de actas del proceso electoral en el estudio Payet, según el abogado Julio Pérez.
Y luego añadió: “Me dijo que algunas personas se habían ofrecido para hacer la revisión de las actas y que, para hacerlo de manera ordenada, él distribuiría el número de mesas para no cruzarnos. La idea era entregarle las actas revisadas donde, presumiblemente, tenían firmas falsificadas para que luego hiciera una constatación en Reniec”.
La fiscal Reyna More le repreguntó a Julio Pérez Vargas qué otros abogados del estudio revisaron las actas electorales. Él mencionó a Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, Xaviera Brandon y Gabriel Rey. No mencionó a José Payet, socio fundador del poderoso bufete que lleva su apellido y que fue personero de Fuerza Popular en la última elección.
Tras la reunión de aquel 7 de junio, Keiko Fujimori dio una conferencia de prensa y denunció sin pruebas “un fraude en mesa”, orquestado para favorecer a Castillo. No comentó en ese momento que un ejército de abogados de grandes estudios colaboraba con ella. Incluso, Fuerza Popular negó ese día, mediante un comunicado, que “haya abierto una convocatoria de abogados”. Tuvo que reconocerlo cuando presentó la lista de aportantes a la Onpe.
7 de junio. Keiko Fujimori brinda conferencia, flanqueada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, un día después de la segunda vuelta para hablar de “fraude en mesa”. Ese día recibió el apoyo de los abogados de los grandes estudios. Foto: Andina.
Fue una jornada frenética para Pérez, quien madrugó para revisar las actas. “[La revisión de las actas] debe haber sido entre la tarde noche del 7 de junio y la mañana del 8 de junio”, dijo el abogado en su declaración. “[Trabajé] unas 12 a 13 horas”, añadió. También mencionó que revisó “entre 80 a 100 actas” y que “se las entregó impresas a Juan José Cauvi en su domicilio, el 8 de junio”.
Pérez terminó su declaración diciendo que “no existe ningún impedimento legal” para la revisión de actas y que su participación fue voluntaria.
El trabajo de los abogados se tradujo en aportes a la campaña naranja. Según el reporte presentado por Fuerza Popular a la ONPE, Pérez aportó con “revisión de actas y cotejo de firmas, días 7 y 8 de junio del 2021” por un monto de S/1.000. Alan García Nores también figura con la misma cantidad. Juan Cauvi Abadia fue registrado con un aporte de S/5.426 por el mismo concepto, así como la “constatación de datos Reniec”.
En total, 42 abogados de 13 grandes estudios, entre ellos los del bufete ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez’, brindaron servicios al partido naranja para alimentar las denuncias de fraude, según el portal Ojo Público.
“No voy a declarar absolutamente nada”, dijo a Sudaca Juan Cauvi. La oficina de prensa del poderoso estudio señaló también que no emitirá declaraciones a nivel corporativo. El desfile de los abogados continuará en los próximos días en el despacho de José Domingo Pérez.
Un personaje clave asoma en la investigación que se le sigue a Mark Vito por presunto lavado de activos. Se trata del empresario Nikola Seremet Slavkovic, quien está en la mira del fiscal José Domingo Pérez por supuestamente simular contratos de corretaje con la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces, perteneciente al esposo de Keiko Fujimori. Seremet supuestamente contrató los servicios de esta compañía en once ocasiones, entre el 2014 y el 2019, por un monto total de US$245.686 y S/17.318.
“Se advierte que Nikoa Seremet Slavkovic lo favoreció [a Mark Vito] al haber suscrito contratos de corretaje con el fin de hacer figurar a la empresa MVV Bienes Raíces como la corredora de inmuebles relacionados a su persona y con ello generarle una ganancia”, dice el fiscal José Domingo Pérez en la que abre la pesquisa contra Seremet y Vito, en julio pasado. El esposo de Keiko Fujimori ya fue investigado como parte de la maquinaria de Fuerza Popular en el caso Cócteles (por el que pidieron 22 años de cárcel para él). Ahora se le abre indagación por las sospechosas triangulaciones financieras en su compañía inmobiliaria.
Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular y esposa de Mark Vito. Foto: Andina.
El fiscal Pérez trabaja con la hipótesis de que MVV Bienes Raíces es una inmobiliaria fachada, que se valió de allegados a Mark Vito y Keiko Fujimori para darle apariencia de legalidad. En esa línea, el empresario maderero e inmobiliario Nikola Seremet se ha convertido en uno de los principales clientes de una compañía poco conocida en el mercado inmobiliario. “No conozco a esa inmobiliaria y sobre ese personaje (Mark Vito) nunca lo he visto en el mundo del corretaje”, dice la corredora Cecilia Cayo, expresidenta de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y con veinte años de experiencia.
Nikola Seremet y Mark Vito se conocieron en el 2006, de acuerdo al expediente de la investigación. “Yo lo conocí (a Vito) cuando trabajaba en la empresa IBM de Estados Unidos”, declaró Seremet a la Fiscalía, en el 2018, como parte de la investigación del caso Cócteles. En ese momento fue citado como testigo. En el 2011, ambos constituyeron la empresa MNG Transportes. La pareja de la lideresa de Fuerza Popular abandonó esa compañía, en el 2013, vendiendo el 40% de sus acciones por US$80.000.
En el 2014 Mark Vito abrió MVV Bienes Raíces, teniendo como socio a Marc Koening, el esposo de Sachie Fujimori, la hermana de Keiko. Desde entonces afianzó lazos empresariales con Nikola Seremet, quien empezó a requerir los servicios de la compañía inmobiliaria.
El fiscal Pérez ha puesto en el punto de mira, por ejemplo, a un contrato de corretaje realizado el 15 de diciembre del 2014 entre Nikola Seremet y MVV Bienes Raíces por S/17.318. El motivo: la venta de una casa de Seremet en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Los compradores fueron la pareja formada por Álvaro Baertl Espinoza y María Cárpena Macher.
Lo llamativo del asunto es que esa propiedad en Chorrillos fue adquirida por Seremet en junio de ese año por US$190.000, según el expediente fiscal. Y luego fue revendida, seis meses después, a US$550.000, más del doble.
Además, uno de los compradores del inmueble en la Encantada de Villa, Álvaro Baertl Espinoza, declaró ante el despacho del fiscal Pérez -en diciembre del 2020- y abrió la caja de Pandora. Baertl dijo que “las negociaciones para acceder, conocer y acordar el precio de la operación inmobiliaria la realizó de manera directa con el vendedor Nikola Seremet Slavkovic”.
“Esto es, sin la intervención y/o participación de la empresa de corretaje inmobiliario MVV Bienes Raíces ni de su gerente general Mark Vito Villanella o algún representante de esta, lo que devendría en una operación simulada”, concluyó el fiscal José Domingo Pérez.
Baertl, un empresario agroexportador, reculó después. Cambió su versión cuando declaró nuevamente ante el despacho de Pérez, el 23 de agosto último, y agudizó las sospechas. Dijo que la madre de sus hijos, María Cárpena Macher, fue “quien hizo las coordinaciones” para comprar el inmueble a Seremet y ya no él.
Según fuentes del Ministerio Público, el cambio de versión de Álvaro Baertl busca favorecer a Mark Vito porque, en un primer momento, se dijo que el esposo de Keiko Fujimori no participó en la operación inmobiliaria.
“El señor José Domingo Pérez se agarra de la deficiencia de una declaración que, posteriormente, se corrige. Fue una declaración mal dada de este señor Baertl que, en un principio, dice que él ha negociado directamente con el señor Nikola [Seremet]. Pero la verdad es que se coordinó con otros corredores, como el señor Mark Vito. Todo está documentado. Y, a pesar de eso, lo han involucrado indebidamente al señor Seremet”, dice a Sudaca, Álex Ganoza, abogado del exsocio de Mark Vito.
Mark Vito entregó una serie de correos y documentos con los que intenta acreditar que él participó como corredor en la venta de la casa de su exsocio, Nikola Seremet, en Chorrillos. Informó, además, que participaron en la operación dos agentes inmobiliarios más: María Berastain Arenas y la empresa MYL Productos, de Carla González del Riego, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres, un hombre de máxima confianza de Keiko Fujimori y que difícilmente lo contradirá.
Según este acuerdo, la comisión total por el servicio de corretaje sería de US$19.470, correspondiéndole a Vito el 30% (S/17.318) y a sus socios el resto.
Agosto, 2014. Documento redactado por Mark Vito que da cuenta de cómo tres agentes inmobiliarios se repartieron la comisión por la venta de la casa de Nikola Seremet, en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Uno de los socios es MYL Productos, de Carla González del Riego Collomp, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres.
Pero, en el despacho del fiscal Pérez, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, las dudas no están despejadas y siguen apuntando a la tesis de los contratos simulados con Nikola Seremet. Van a revisar la autenticidad de este convenio y los correos presentados por Vito.
UN DÍA DE SUERTE
La investigación a Seremet y a Vito apunta a otros contratos de corretaje, presuntamente fantasmas, según la tesis fiscal. En un mismo día, el 15 de diciembre del 2015, Vitó realizó tres operaciones con las propiedades de Seremet. Vendió, por ejemplo, dos terrenos industriales a Juan Higuchi Fukazawa, primo de Keiko Fujimori, ubicados en la urbanización El Pino, en San Luis. Una propiedad costó US$1’924.590, mientras que la otra tuvo el valor de US$1’225.402. El negocio fue posible gracias a la mediación de Mark Vito.
Los hermanos Juan y Eduardo Higuchi Fukazawa son caseritos de MVV Bienes Raíces. Han comprado inmuebles ofrecidos por la empresa de Mark Vito por un total de US$12’315.185, según un informe del portal “El Foco” basado en documentación fiscal. Todo queda en familia.
“A inicios del año 2015, Mark me ofreció dos lotes (…) a US$1.600 el metro cuadrado, pero al final se llegó a un acuerdo de alrededor de US$1.200 aproximadamente. Ello mediante el servicio de la inmobiliaria MVV Bienes Raíces”, dijo Juan Higuchi al despacho de José Domingo Pérez el 6 de noviembre del año pasado. Higuchi añadió: “Asimismo, preciso que no se ha pagado ninguna comisión a la inmobiliaria (MVV Bienes Raíces)”.
Vito, en cambio, recibió comisiones por la venta de estos dos terrenos. El cliente: Nikola Seremet. Los pagos fueron por US$57.737 y US$36.762.
15 de diciembre, 2015. Factura de MVV Bienes Raíces, de Mark Vito, que consigna el pago de comisión de Comercial Maderera Andina, de Nikola Seremet, por US$57.737 por la venta de un terreno de US$1’924,598.00 a Juan Higuchi, primo de Keiko Fujimori. Dos operaciones más se harían ese día.
El mismo 15 de diciembre del 2015, el día que Nikola Seremet vendió dos terrenos industriales en San Luis, se cerró otro acuerdo. CMA, una inmobiliaria de Seremet, firmó un contrato de alquiler de un inmueble por diez años con la empresa Autoclass, representada en aquel momento por Sergio Vallencoso. Este último fue un aportante de la campaña fujimorista del 2011 con S/140.630, según el expediente fiscal. Vito recibió por esa operación una comisión de US$30.368.
“El señor Mark Vito crea una empresa, MVV Bienes Raíces, que me brinda servicios como agente inmobiliario desde el año 2014”, dijo Seremet, en su declaración en el 2018. El empresario, actualmente en Italia, se ha convertido así en una pieza clave en la investigación.
“El tema está en la imaginación del fiscal Domingo Pérez al decir que todo está simulado. Pero ahí están los documentos registrales, bancarios e hipotecarios”, dice Álex Ganoza, abogado de Seremet. Giulliana Loza, abogada de Mark Vito, no respondió a las llamadas para este informe. La investigación de la trama inmobiliaria recién empieza.
En el Ministerio Público se libra una batalla sin cuartel. La razón: los fiscales José Domingo Pérez y Jesús Fernández Alarcón se están tirando la pelota sobre a quién le corresponde investigar a la exjueza María Zavala, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una pesquisa que salpica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos son fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción. Pérez en ‘Lava Jato’ y Fernández en la trama de los ‘Cuellos Blancos’.
Según Pérez, el 2017 Zavala participó en un complot para apoyar a Fujimori “en sus investigaciones ante la Fiscalía”, junto a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y excongresistas de Fuerza Popular. Por eso, el 7 y el 9 de septiembre presentó dos quejas a su inmediato superior, la cabeza del Equipo Especial, Rafael Vela Barba.
En sus quejas, Pérez acusa la “omisión” del fiscal Fernández al no investigar a María Zavala, quien también fue ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista. Vela hizo suyo el reclamo y lo elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.
9 de septiembre. El fiscal José Domingo Pérez envía un documento al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que da cuenta de la “omisión” de su colega Jesús Fernández Alarcón para investigar a María Zavala.
José Domingo Pérez saltó hasta el techo luego de una entrevista concedida por Fernández a radio Exitosa, el pasado 31 de agosto. Allí Fernández justificó por qué Zavala no es investigada. “Para investigar y procesar a una persona tiene que haber una imputación concreta, más allá de la inconducta reprochable”, dijo. Y agregó que Zavala -en esa época- no era funcionaria pública y “por eso se derivó a la Fiscalía que investiga a Fuerza Popular”. Es decir, al despacho de Pérez.
UNA REUNIÓN SOSPECHOSA
¿Qué hizo María Zavala para desatar un conflicto en el Ministerio Público? En septiembre del 2017, la exjueza participó en un almuerzo en el segundo piso del stud (la caballeriza) que tiene Óscar Peña, el llamado “rey de la pesca negra”, en el hipódromo de Monterrico. Peña fue bautizado así por operar con tres embarcaciones con medidas cautelares. Está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión por su participación en la venta de terrenos subvaluados en el fundo Oquendo, en el Callao.
En el almuerzo participaron, además de Zavala, los entonces congresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona; Guido Águila, expresidente del desaparecido CNM; y el operador montesinista Enrique Vidal. Todo esto, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz.
La reunión, según el delator, tuvo como finalidad coordinar la destitución del consejero Baltazar Morales y reemplazarlo por su accesitaria, María Zavala, de acuerdo al mismo colaborador. “María Zavala fue citada por Guido Águila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, dijo.
Al fujimorismo le interesaba copar el CNM para asegurarse el control del sistema de justicia, según una fuente del Equipo Especial. Por aquel entonces, en ese 2017, el fiscal José Domingo Pérez ya era un dolor de cabeza para los fujimoristas. Había iniciado una investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de dinero.
El consejero Baltazar Morales no estaba alineado con los intereses fujimoristas en el consejo, según el colaborador. “El interés de Guido Águila era tratar de cambiar a una persona en el CNM porque él no tenía la mayoría absoluta. Asimismo, [quería] ganar poder político y quedar bien con el partido de Keiko Fujimori”, añadió.
Morales tenía en ese momento un flanco débil para explotar por sus adversarios. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular, llegó una denuncia contra él por haber contratado al novio de su hija como asesor. Una oportunidad de oro para aplicarle la guillotina.
Así que el almuerzo fue a todo dar. Óscar Peña llevó a su chofer y empleada doméstica, Miguel Honores Pérez y Diana Meza, respectivamente, para atender de la mejor manera a los comensales.
“En un momento determinado, el congresista [Rolando] Reátegui hacía consultas por teléfono con Keiko Fujimori, toda vez que luego del almuerzo mencionó ‘ya hablé con Keiko’. Asimismo, conversaba con la doctora Zavala e indicaba que este tema se iba a apoyar de forma inmediata en el Congreso para que se dé el reemplazo”, dijo el colaborador.
Excongresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, con Keiko Fujimori. Reátegui fue el interlocutor de la lideresa de Fuerza Popular en el almuerzo en el que participó María Zavala, según un colaborador. Foto: Andina.
Honores Pérez, el chofer de Óscar Peña, declaró en marzo de este año y corroboró la presencia de los participantes en el almuerzo. Y dijo que en el 2017 le entregó, en tres oportunidades, US$30.000 a Guido Águila, el exhombre fuerte del Consejo Nacional de la Magistratura. No detalló el porqué. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el testimonio del trabajador es clave para entender por qué en esa reunión no se había ido a hablar precisamente de hípica.
EL VERSUS
El presunto acuerdo para reemplazar a Baltazar Morales por María Zavala no llegó a concretarse ante el estallido del caso ‘Cuellos Blancos’, en julio del 2018. Zavala renunció a ser suplente de Morales y declaró a “IDL Reporteros” que “jamás he acordado nada” con los fujimoristas.
Pero el caso abrió grietas en la Fiscalía. El 25 de agosto de este año, el fiscal Jesús Fernández envió toda la información sobre la hoy integrante de la JNJ a José Domingo Pérez. El mensaje tácito era este: el asunto está en la cancha del Equipo Especial.
25 de agosto. Documento enviado por el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, a José Domingo Pérez, dando cuenta de la información sobre María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia.
El escrito provocó la fuerte reacción de Pérez. Él envió un escrito a su jefe, Rafael Vela, diciendo que el Equipo Especial carece de competencia para investigar a la exjueza y que esa chamba le corresponde a su colega Jesús Fernández.
“Al Equipo Especial no le compete investigar a los funcionarios públicos vinculados al Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura ni a los particulares relacionados a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos’”, redactó Pérez.
“No es cierto que María Zavala Valladares sea ajena a los actos de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, más aún cuando el propio fiscal supremo Jesús Fernández señala su participación en la ilícita reunión en la caballeriza del Jockey Club”, agregó.
La polémica entre Pérez y Fernández debería ser zanjada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del caso ‘Cuellos Blancos’ y al que Vela pidió tomar posición. El fuego cruzado sigue mientras tanto.
