[EN EL PUNTO DE LA MIRA] Por eso, cada diez años, es importante saber cuántos peruanos somos en el Perú y cuáles son las necesidades que aún faltan cubrir, para poder tener un Estado que –a través del tiempo- cubra dichas demandas. Pero detengámonos en las lecciones que nos deja el censo del año 2017.
Una de ellas es el convenio que realizó el INEI con las universidades privadas César Vallejo –de César Acuña– y Telesup –del excongresista José Luna–. Aunque el INEI se haya amparado en la ley para sostener que la realización del censo garantiza la confidencialidad individual, es políticamente incorrecto establecer convenios con universidades que tienen fines más allá de lo educativo. ¿Dónde quedaron –por ejemplo– las universidades nacionales como San Marcos, Federico Villarreal y la UNI?, ¿se los convocó? Al respecto, no dijeron nada.
Otro punto –y muy importante– es la agresión que sufrió una joven empadronadora en Breña y la violación sexual que sufrió otra joven empadronadora en Villa El Salvador. Esta situación muy grave nos hace pensar en qué tipo de sociedad se ha ido formando, durante décadas, en el Perú. Sé que es importante la autoidentificación étnica para poder visibilizar como sujetos de derecho a las comunidades afro, nikei, entre otras, pero dónde queda el tema de la sexualidad relacionado a la salud mental. Por ejemplo: ¿el Estado –a través del Ministerio de Salud y otros ministerios– hizo algún tipo de campaña, al que haya asistido el ciudadano, sobre salud mental vinculado al respeto a la mujer? No hubo una pregunta sobre el tema.
Con respecto a su desarrollo. No hubo una coordinación adecuada para su realización. En algunos distritos, varios ciudadanos no fueron censados o los pasaron olímpicamente, pero con un sello de “casa censada”. Encima, el ciudadano no empadronado tiene que llamar para poder ser atendido, quien sabe cuándo. Antes del censo, para cualquier tipo de duda, los teléfonos no tenían servicio.
