La trama de coimas que involucra a Susana Villarán ha sido oficialmente reconocida por una empresa en Estados Unidos. En septiembre pasado, la agencia de publicidad británica WPP (una de las más grandes del mundo) accedió a pagar una multa de US$19 millones a la Comisión del Mercado de Valores de ese país, tras admitir malas prácticas en sus subsidiarias de India, Brasil, China y el Perú. En el caso peruano, su filial Ogilvy participó –en el 2013– en un “esquema de soborno” para beneficiar a la autoridad municipal de aquel entonces. Es decir, a Villarán.
Así lo revela una investigación de la reguladora bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que si bien no menciona a Villarán con nombre y apellido, sí describe hechos que corresponden a la pesquisa que se le sigue a la exalcaldesa en Lima. WPP aceptó la multa buscando eludir la acusación penal por haber violado la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, vigente en EEUU.
LOS DETALLES
La SEC señala que la agencia publicitaria WPP instaló su subsidiaria peruana en 1996. Ese año, Ogilvy se creó con Óscar Vidaurreta Yzaga como principal ejecutivo. “El CEO [Vidaurreta] continuó administrando la subsidiaria de Perú hasta que, en el 2018, WPP lo despidió por haber participado en un esquema para manipular las ganancias de la filial peruana”, dice el informe.
¿Qué sucedió? La investigación del regulador bursátil estadounidense detalla que, en el 2013, WPP tuvo una “ganancia ilícita” de US$291.935 como resultado de una triangulación de dinero en la que participó Ogilvy. “La subsidiaria de Perú aceptó ser un conducto para el soborno de una empresa constructora a la alcaldesa de Lima [que en ese momento era Susana Villarán]”, añade el documento. La compañía a la que se refieren es OAS.
Los datos se condicen con la investigación que el Equipo Especial del caso Lava Jato le sigue a Villarán desde el 2017. La empezó el fiscal Carlos Puma y actualmente la tiene su colega José Domingo Pérez. En la pesquisa de la Fiscalía se menciona que Villarán, a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, le pidió US$3 millones a OAS “para financiar la campaña por el No a la revocatoria”. Esto, como recompensa por conseguirles una adenda que amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que le permitió a la compañía brasileña subir la tarifa del peaje.
De acuerdo al colaborador eficaz 101–2019, “Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán […] que serían pagados con contratos con la empresa Ogilvy [subsidiaria de WPP]”.
Lo que hizo OAS fue firmar contratos “completamente ficticios” de publicidad con las filiales de WPP en Ecuador, Colombia y Chile, dice la Fiscalía. Los US$3 millones, en realidad, sirvieron para que la subsidiaria peruana pague la millonaria propaganda del ‘No’ a la revocatoria y el trabajo del publicista brasileño, Luis Favre, a quien se le abonó medio millón de verdes, según el expediente fiscal.
“La empresa OAS aportó dinero para la campaña de Susana Villarán, con contratos en países como Colombia y Chile. Eso ya está claramente reconocido”, responde Vidaurreta a Sudaca, de manera escueta, sin mencionar el esquema corrupto.
Vidaurreta es considerado por el Ministerio Público como un hombre clave para el caso. El publicista entró al círculo de Villarán por un llamado de José Miguel Castro, entonces brazo derecho de la exalcaldesa. Al sumarse a la campaña contra la revocatoria, fue contactado por Alexandre Portela, ejecutivo de OAS, para firmar los contratos simulados, de acuerdo a la investigación.
La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos describió así el papel de Vidaurreta: “El CEO simuló la fuente corrupta de los fondos utilizados para la campaña política del alcalde de Lima [Villarán], canalizando los pagos de la constructora [OAS] a la subsidiaria peruana a través de las filiales de WPP en Colombia y Chile”.
La británica WPP dice que tomó conocimiento de las malas prácticas de su subsidiaria peruana al ventilarse la investigación en la prensa de nuestro país. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que Ogilvy sea incluida en la investigación como persona jurídica. Los investigados en esta trama están actualmente con comparecencia restringida.
Es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. “Yo no soy corrupta y quiero que se restablezca el único patrimonio que tengo: mi honra y mi nombre”, dijo la exalcaldesa durante una audiencia de junio del año pasado.
