[PIE DERECHO] Ahora que se ha reactivado la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (se debería, dicho sea de paso, volver a integrar a Venezuela y Chile), a propósito de la ola delincuencial que azota a la región y que la ha convertido en la más violenta del planeta, se debería discutir planteamientos disruptivos, fuera de la caja burocrática que suele adocenar las decisiones de este conglomerado regional.
Sería un saludo a la bandera que las discusiones al respecto deriven tan solo en acciones de coordinación policial entre los países miembros. Obviamente, algo así es pertinente, pero está muy lejos de ser la llave del éxito para lograr amainar la criminalidad rampante en todos los países del continente.
No hay otra manera de enfrentar a las mafias delictivas, muy poderosas económicamente hablando, provistas de armamento superior al de las fuerzas del orden, y con influencia corruptora de la policía y militares, además de Fiscalía y Poder Judicial y crecientemente autoridades políticas, como no sea estableciendo una política regional, común y acordada, para la legalización absoluta de todo el circuito de la droga en una región que alberga a los principales productores de hoja de coca y de cocaína del mundo.
Si se legalizara, se acabaría con el poder económico y capacidad corruptora del narcotráfico. Y ello conllevaría un beneficio social infinitamente mayor al que supondría un eventual, aunque improbable aumento de la drogadicción entre la ciudadanía (improbable, porque ya ahora, quien quiera puede conseguir droga hasta en el kiosko de la esquina).
Lo ideal sería que con la fuerza de lanzar este planteamiento como bloque regional, se convenza a los Estados Unidos y la Unión Europea a que se sumen al mismo, siendo evidente que la prohibición en los países consumidores solo alienta la riqueza de las mafias locales (la DEA debe ser el principal negocio global de Washington).
No hace falta invocar derechos liberales al uso del propio cuerpo como uno libremente desea, para justificar esta propuesta. Compartimos el ideario detrás, pero son razones potentemente pragmáticas las que deberían conducir a atreverse a cruzar un Rubicón moralista que lo único que está haciendo es condenar a los países de la región a la violencia criminal creciente.
[EN LA ARENA] Los países de América Latina hemos tenido diversos tipos de relación a lo largo de los últimos dos siglos. Nos unimos para enfrentar a la corona española, pero luego surgieron conflictos entre nosotros por delimitar fronteras. Recordemos las guerras entre Estados Unidos y México, la creación de los países centro americanos o las disputas entre Perú y sus países vecinos, ni hablemos de Bolivia que terminó sin salida al mar. A la par que sucedían estos conflictos territoriales, también nos costaba muchísimo instaurar la democracia dentro de cada país. Las dictaduras fueron tantas, sean por la imposición de un solo partido o por golpe de estado militar que llegaron a ser un rasgo distintivo de un país latinoamericano. Incluso surgió una novela de la dictadura, que planteó como reto el intentar conocer la mente del dictador y la crueldad con la que sometía a sus enemigos.
Otro elemento que nos ha unido ha sido el control que Estados Unidos ejerció sobre nuestras economías, nuestra cultura y nuestras legislaciones a lo largo del siglo XX. De modo que Estados Unidos reemplazó a España como esa suerte de enemigo mayor al que le conviene fomentar grandes brechas económicas y educativas para mantener una mano de obra más que barata en cada país donde sus grandes empresarios invertían. En muchos casos los dictadores eran obra de su angurria.
Víctimas de persecuciones, muchos hombres y mujeres latinoamericanos se asilaban en países vecinos, para contar con el apoyo de un aparato estatal. Y así nos hermanaba el refugio político y la producción cultural que iba de la mano, plena de canciones, poemas y películas, develando el castigo de quienes luchaban por cambiar las condiciones de indigencia en la que se encontraban grandes sectores de todo el continente.
Cuando en la década del 70 funda Estados Unidos la dirección de Administración de Control de Drogas, la DEA, emergen la producción de cocaína y marihuana como productos comerciales que no sólo se consumirían dentro del continente, sino que se exportaría hacia un mercado global. El narcotráfico se impuso una década después como un nuevo vínculo que nos uniría de manera ilegal por razones de producción, comercialización y consumo.
Dictaduras van, carteles de narcotráfico vienen, con el arribo del modelo neoliberal, a fines del siglo pasado, parecía que ya no necesitarían dictaduras y otros sistemas ineficientes, provocadores de pobreza, lastres que impedían que la democracia y la riqueza florecieran en nuestros países, a quienes ya les había llegado el momento de trabajar entre sí. Mayores alianzas entre los países, mejores ganancias y con ello, la llegada del buen y democrático libre comercio. Pero este ideal no funcionó, la pobreza siguió creciendo, las dictaduras reaparecieron y la población empezó a migrar hacia los países vecinos en grandes cantidades sin histórica comparación. Siendo siempre Estados Unidos la meca, otros países también nos recibimos: peruanos fuimos a Chile y Argentina, centroamericanos a México o Venezolanos a Perú.
Con la migración, el narcotráfico y la necesidad de armas para cárteles y guerrillas, la trata de personas y otros crímenes se han vuelto actos cotidianos. Nuestro nuevo vínculo con Ecuador ha quedado clarísimo: abarca hasta miembros de las fuerzas armadas peruanas, quienes trafican armas para fortalecer a Los Choneros o Los Tiguerones, aliados de otros cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, con muchísimo poder. Sus historias ya no se narran tanto en novelas, como en series, películas y en los programas de noticias. Su música ya no es la salsa reflexiva, la nueva trova o el rock en español (ese que desafiaba al compuesto en inglés), sino un ritmo reguetón que recrea las aventuras de jóvenes armados dispuestos a tomar canales de televisión, universidades, a quemar autos, a matar como en Guayaquil.
En eso devino la economía liberal e ilegal que hoy nos hermana. Esta en nuestras manos organizarnos, como continente, ponerle fin y dar comienzo a vínculos que nos ayuden a resolver realmente los retos de una población que ya no podemos dejar que continúe en manos de la pobreza y el horror.
Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.
Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.
Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.
Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.
Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).
Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.
La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.
[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.
En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.
Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.
Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.
En Ucayali se destruyen laboratorios, se hace erradicación constantemente, pero siguen en lo mismo.
Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.
Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.
Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.
Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:
Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.
Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.
El estatuto del PCC tiene 18 artículos: los primeros dicen que sus miembros deben comprometerse “a luchar por la paz, justicia, libertad, igualdad y unidad” con la vista puesta “siempre en el crecimiento de la organización” y con respeto a “la ética del crimen”.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?
Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.
Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?
Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.
¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?
El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.
¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?
No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.
Fuentes de la Policía Nacional dicen que comenzaron a detectar al CV en la zona desde 2015, pero en 2020 pudieron confirmar que la organización criminal se había establecido en la región.
Cuando el futuro nos alcance
Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.
Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.
¿Qué hacer?
En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.
[CASITA DE CARTÓN] Esta Casita de Cartón abre sus puertas con un caso que ha conmocionado a la población argentina. Como saben mis lectores, me encuentro en la tierra del tango y la pasión, pero no por eso ausente de la realidad que acontece en nuestro país. Por eso haré de esto cierto paralelismo, pues no estamos para nada exento del narcotráfico, motivo (según los indicios) de tal macabro asesinato que ha horrorizado a la población ‘gaucha’. Hablo sobre el caso del influencer y empresario, Fernando Pérez Algaba de 41 años, más conocido como ‘Lechuga’, que fue encontrado día atrás descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge, por unos niños que jugaban a la pelota. Todo hace indicar que se encontraba entre las turbulentas y sucias mareas del narcotráfico, así como de la estafa, los Bitcoin, y que su muerte ha sido un ‘mensaje’, más allá de un ajuste de cuentas. Aún la investigación se encuentra en curso, hay mucha tela por cortar, donde está involucrado un barrabrava de Boca de la primera línea, una persona trans como distintas amenazas por estafas, sobre todo en la venta de autos, que había recibido el perecido.
Pero de lo sustancial de este hecho, podemos extrapolarlo al terreno local, donde la lucha contra el narcotráfico está lejos de ser real, por los menos las pruebas empíricas así lo demuestran. Las autoridades se hacen de la vista gorda, que en vez de lucharlo frontalmente parecieran mantener una tregua. El narcotráfico es desde hace mucho tiempo el caudal de dinero más fuerte que se mueve entre las sombras de nuestro país. O como alguna vez un estudioso del tema dijera sobre los países de la región: ‘es el sostén de nuestras economías’. Como menciona el notable escritor italiano, Roberto Saviano, custodiado 24/7 hace más de una década después de denunciar con su obra ‘Gomorra’ a la temida mafia de la Camorra italiana, al tener un precio su cabeza: ‘Los talibanes, junto a los sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo’. Y es que llevándolo a nuestro día a día, esa lucha que tanto se ventila pareciera ser más mito que realidad. Que tiene más de romanticismo, como una novela o cuento de Fitzgerald o como unos versos encandiladores de trovadores, ya que con los militares que tenemos y el equipamiento militar que en este último desfile hicieron gala, ¿cómo no pueden contra 50 narcos en el Vraem? De qué sirve tanta suntuosidad si es inútil. Asimismo, ir contra los residuos de sendero y contra la temida camarada Vilma. Ese juego sediento, el maniqueísmo cansino, tiene poco o nada de soporte ante la razón. No se puede entender como un país sin carteles como el nuestro sea el mayor o de los mayores exportadores de cocaína en el mundo. Esa ‘ayuda’ del país del norte, con la DEA, es totalmente ineficiente y hasta irrisoria. Es que esto es la vida real, no una miniserie televisiva con trama extraída de Hollywood donde los buenos siempre son los mismos, los ‘defensores de la humanidad o la libertad’, cuando ya esa narrativa está muy malgastada. Esta no una película de los Vengadores; y si lo son, son de los fracasados.
Ahora tenemos que lidiar con el tren de Aragua como distintas mafias extranjeras que han hecho de Lima su ‘patio’ para sus negocios siniestros, desde el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el sicariato… Los antiguas mafias peruanos están siendo desalojadas de sus zonas o sino, en acto de sobrevivencia, se unen a esos grupos delictivos. Si continuamos en este derrotero ya no seremos de los primeros países del mundo exportando cocaína sin cárteles, sino que tendremos cárteles regados por todas partes, si es que realmente no se va contra las cabezas y no con los pececillos para las cámaras, aunque pareciera una utopía. Qué se puede esperar realmente si estos mismos financian candidatos con millonarias sumas de dinero, no solo en distintas localidades sino hasta presidenciales, y del que el Poder Judicial se encarga religiosamente en archivar. Hay tanto por descreer como nación, sociedad, deconstruir, tanto por cambiar… Esta Casita de Cartón cierra sus puertas asqueado de la realidad política, pero más aún, de la hipocresía social. De todas las jerarquías, pero sobre todo de las que llevan las riendas del país. Los que bailan sobre las tumbas.
Quizá sea “Partido” el nombre que le debiéramos dar a las mafias peruanas, porque mucho de ese honor mafioso de cine estadounidense no parece existir en la corrupción peruana.
De por sí estas mafias afectan la economía nacional. Algunos, cínicamente, creen que es mejor hacerse de la vista gorda y asumir que gracias a su actividad ingresan ingentes cantidades de dinero, pero olvidan que el “blanqueo” de tales dineros destruye la competitividad sana en muchos sectores donde estos mafiosos “invierten”. Los empresarios limpios no pueden competir con estas lavanderías.
De otro lado, la propia ilicitud de estas mafias es la causante, en gran medida, de la creciente ola delictiva que sufre el país. Disputas por territorios o cuotas de poder, ensangrientan las calles del Perú a punta de sicarios y plomo. No es admisible que se le mire de soslayo y no haya conciencia plena del aspecto central que la lucha contra estas mafias debiera tener en los planes de gobierno de cualquiera que quiera regentar el Estado peruano, el mismo que está a punto de ser capturado por bandas criminales y convertir al Perú en una nación fallida.
Mientras agentes de inteligencia hacían seguimiento a los albaneses en Trujillo, otro grupo de la Dirandro recibía información de un sujeto al que bautizó como ‘Loco Aldo’. En abril, este contó que “una organización criminal con vínculos internacionales estaba acopiando ingentes cantidades de droga” que luego serían distribuidas a ciudades como Tumbes, Piura o Lima.
Añadió que el presunto líder de esta mafia era un sujeto conocido como ‘Goleador’ y que este “vendría realizando llamadas a personas que laboran en zonas de control, parqueo y vigilancia en el interior de Terminales Portuarios Euroandinos de Paita [la empresa que administra el terminal] con la finalidad de que les permita pasar paquetes de drogas o realizar preñados, así como dejar los precintos de seguridad no asegurados en los turnos o horarios que realizan”. A cambio, dijo, ‘Goleador’ les daba “fuertes sumas de dinero, aprovechando y conociendo sobre la difícil situación económica que, en muchos casos, presentan estos trabajadores”.
El testimonio era valioso para los detectives, porque revelaba, además, que la seguridad del terminal de Paita había sido vulnerada en más de una ocasión por esta mafia. No siempre pudieron, sin embargo, eludir la fiscalización de los países adonde iba la droga. “‘Goleador’ habría dirigido en dos ocasiones el preñado de contenedores que salieron del terminal portuario de Paita y que fueron intervenidos por personal aduanero y policial en Rotterdam (Holanda) y en el puerto de Panamá, lográndose decomisar en las dos ocasiones paquetes que contenían en su interior clorhidrato de cocaína”, dijo el informante.
El testimonio del informante revelaba que la mafia liderada por ‘Goleador’ ya había vulnerado la seguridad del Puerto de Paita corrompiendo trabajadores.
El último envío de esta mafia iba a ser hacia fines de mayo. Esta vez habían escogido el puerto del Callao como punto de salida. Pero el 23 de ese mes la Dirandro se enteró que la remesa de droga iba a ser trasladada desde San Martín hacia Lima.
Los dueños del cargamento, según documentación fiscal a la que accedió en exclusiva Sudaca, era la empresa Multiservis Valles SAC, principalmente dedicada a la exportación de madera. La gerenta de esta compañía es Mitzi García Puma, natal de Tarapoto y con estudios secundarios apenas completados, según sus datos en el Reniec.
Según las pesquisas, fue la misma García quien adquirió, a nombre de la empresa, 22 toneladas de pulpa de mango que luego fueron enviadas a la empresa Invest Negocios Andinos, de Noemí Cueva Quispitongo, para su exportación. De acuerdo a ‘Hildebrandt en sus Trece’, en abril del 2021 esta última compañía exportó, vía el puerto del Callao, 21 toneladas de pulpa de mango congelada y 2,8 toneladas de pulpa de arándano a España. En enero de este año, además, enviaron 19,5 toneladas de pulpa de mango congeladas y 2,9 toneladas de pulpa de piña a España.
Mitzi Carolina García Puma, gerenta de Multiservis Valle, investigada por la adquisición de las toneladas de pulpa de mango que se iban a enviar a Alemania. Tiene apenas 26 años.
La suerte se les acabó el pasado 25 de mayo, cuando la Dirandro encontró en un almacén del Parque Industrial de Villa El Salvador 1,1 toneladas de cocaína camuflada en empaques de pulpa de mango. De ahí había salido un camión rumbo a las instalaciones de Invest Negocios Andino, en el mismo distrito. Allí se incautaron 3,1 toneladas más de droga.
La cocaína, según las pesquisas de la fiscalía contra el crimen organizado, vino desde el Alto Huallaga. “Se está demostrando la importancia de la erradicación de la hoja de coca, que ha estado concentrada principalmente en el Alto Huallaga. Esto suponía hacer labores de interdicción, es decir, la destrucción de laboratorios. Así, se ponía una valla bastante alta a la inversión del narcotráfico. Pero ahora la erradicación en el Alto Huallaga se da en zonas de muy baja densidad de cultivos de hoja de coca, sin importancia para el narcotráfico”, dice Rubén Vargas.
El exministro da zarpazo contra las políticas del actual gobierno: “Los factores que ponían en riesgo la inversión en la coca y el narcotráfico desaparecieron. Ahora, más que nunca, es muy fácil ser narcotraficante en el Perú”.
Monitoreo de Devida indica que en toda la zona del Huallaga se incrementaron los cultivos de hoja de coca de 1,527 hectáreas (2019) a 2,143 hectáreas (2020). No hay cifras del 2021 aún.
