[PIE DERECHO] Ahora que se ha reactivado la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (se debería, dicho sea de paso, volver a integrar a Venezuela y Chile), a propósito de la ola delincuencial que azota a la región y que la ha convertido en la más violenta del planeta, se debería discutir planteamientos disruptivos, fuera de la caja burocrática que suele adocenar las decisiones de este conglomerado regional.
Sería un saludo a la bandera que las discusiones al respecto deriven tan solo en acciones de coordinación policial entre los países miembros. Obviamente, algo así es pertinente, pero está muy lejos de ser la llave del éxito para lograr amainar la criminalidad rampante en todos los países del continente.
No hay otra manera de enfrentar a las mafias delictivas, muy poderosas económicamente hablando, provistas de armamento superior al de las fuerzas del orden, y con influencia corruptora de la policía y militares, además de Fiscalía y Poder Judicial y crecientemente autoridades políticas, como no sea estableciendo una política regional, común y acordada, para la legalización absoluta de todo el circuito de la droga en una región que alberga a los principales productores de hoja de coca y de cocaína del mundo.
Si se legalizara, se acabaría con el poder económico y capacidad corruptora del narcotráfico. Y ello conllevaría un beneficio social infinitamente mayor al que supondría un eventual, aunque improbable aumento de la drogadicción entre la ciudadanía (improbable, porque ya ahora, quien quiera puede conseguir droga hasta en el kiosko de la esquina).
Lo ideal sería que con la fuerza de lanzar este planteamiento como bloque regional, se convenza a los Estados Unidos y la Unión Europea a que se sumen al mismo, siendo evidente que la prohibición en los países consumidores solo alienta la riqueza de las mafias locales (la DEA debe ser el principal negocio global de Washington).
No hace falta invocar derechos liberales al uso del propio cuerpo como uno libremente desea, para justificar esta propuesta. Compartimos el ideario detrás, pero son razones potentemente pragmáticas las que deberían conducir a atreverse a cruzar un Rubicón moralista que lo único que está haciendo es condenar a los países de la región a la violencia criminal creciente.
