Subterráneamente, de modo imperceptible para la opinión pública, los poderes fácticos informales delictivos, siguen creciendo impunemente y extendiendo su poder económico hacia instancias políticas crecientes.
El narcotráfico (nunca se ha producido tanta cocaína como ahora en el país), la minería ilegal, la tala ilegal de maderas preciosas, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas, son actividades cuyos propietarios han escalado social, económica y políticamente siendo hoy una fuerza social a tener en cuenta en el devenir del país.
Hace algunas décadas, las ansias de reconocimiento de estas fortunas malhabidas pasaban por la adquisición de equipos de fútbol de segunda división o Copa Perú, y así, equipos supuestamente amateurs movían cantidades ingentes de dinero. Resultado de ello: se corrompió el sistema del fútbol “no profesional” con arbitrajes sobornados y violencia inusitada.
No contentos con ello, al cabo del tiempo, estos poderes corruptos, además de tener en sus planillas a muchos fiscales, jueces y policías de las regiones donde operaban, decidieron dar el salto hacia la política y empezaron a financiar candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, cuyas fuentes de financiamiento y posteriores lealtades transitaban por calles sucias del dinero ilegal.
Hoy, han seguido su campaña de escalamiento y ahora financian con descaro candidaturas congresales y presidenciales. Un tercio del Congreso debe haber recibido dineros para sus campañas de estas mafias e, inclusive, el presidente de la república que hoy nos gobierna. Y ya sabemos cómo se devuelven los favores en este régimen.
De por sí estas mafias afectan la economía nacional. Algunos, cínicamente, creen que es mejor hacerse de la vista gorda y asumir que gracias a su actividad ingresan ingentes cantidades de dinero, pero olvidan que el “blanqueo” de tales dineros destruye la competitividad sana en muchos sectores donde estos mafiosos “invierten”. Los empresarios limpios no pueden competir con estas lavanderías.
De otro lado, la propia ilicitud de estas mafias es la causante, en gran medida, de la creciente ola delictiva que sufre el país. Disputas por territorios o cuotas de poder, ensangrientan las calles del Perú a punta de sicarios y plomo. No es admisible que se le mire de soslayo y no haya conciencia plena del aspecto central que la lucha contra estas mafias debiera tener en los planes de gobierno de cualquiera que quiera regentar el Estado peruano, el mismo que está a punto de ser capturado por bandas criminales y convertir al Perú en una nación fallida.
