En Lima hemos empezado coloquialmente a llamar “mafias” a las organizaciones criminales que tienen el control del sistema político del país. Todos creemos saber que “mafia” es el nombre italiano que designa una estructura criminal vinculada a la familia (y al asesinato, al chantaje, al juego y al narcotráfico) y no es que estemos tan lejos de la diversa mafiosidad italiana, pero es que en realidad en nuestra imaginación se refiere a aquella que a través del cine y la televisión norteamericana creó en nosotras, en nosotros un arquetipo que viene con un inolvidable honor ítalo estadounidense. Y con algo también de esa otra mafia que quiso hacer de La Habana su capital y que llegó a su fin con la Revolución Cubana.
Sin duda, casi todas las organizaciones criminales en el mundo se apoyan en la columna familiar y por eso el término “mafia” rápidamente surge cuando conversamos sobre alguna de ellas en cualquier país. Pero son varios los rasgos que realmente las distinguen y e influye mucho en su estructura los crímenes con los que se vinculan. Por ejemplo, la mafia china, la Tríada, está muy vinculada a los cuerpos: se dedican al tráfico ilegal de personas, talleres clandestinos textiles, prostitución, clínicas ilegales, muertes por encargo, etc. Por supuesto también narcotráfico. Distintos son los Yakuza japoneses que nacen del desempleo de los samuráis convertidos en mercenarios ambulantes, los rōnin, que posteriormente organizaron bandas paramilitares que actualmente dominan los negocios ilegales de Japón. Esta organización está muy vinculada al comercio ilegal y al dinero, y a una ideología ultraderechista, de intenso nacionalismo que la especializa en extorsionar grupos políticos. Su código de honor es mucho más estricto y duro que el italiano.
En el caso peruano, nos encontramos ante una organización criminal dedicada a la corrupción política. Son familias que copan los cargos públicos de gobierno, desde los que brindan los municipios locales hasta los regionales y nacionales. Para conseguirlo, fundan partidos políticos que aseguran su participación en el congreso para el blindaje legislativo que sea necesario. Una vez en el poder, establecen alianzas con empresas (también de grupos familiares cercanos) para grandes obras de construcción y de paso aprovechar para conseguir lavar dinero de origen ilegal, sea por narcotráfico o minería informal. Los seguidores y afiliados de sus partidos, eventualmente sus militantes, son captados a través de dos medios de comunicación comprometidos con la veracidad: la prensa y las universidad. Sé que cuando conversamos, usualmente nos referimos a la universidad como una institución de educación profesional, pero si repensamos en el uso que le dieron algunas familias tras la aprobación en el congreso del modelo fujimorista universitario, esta institución ha sido utilizada para atraer a jóvenes que conseguirán sus puestos de trabajo no por la calidad de su formación profesional, sino que su falsa titulación (la cual, gracias a todo lo que le han comunicado durante su formación le resulta simplemente indiferente) los afiliará a la red de clientelaje del dueño y fundador. Así fue como el congresista José Luna Gálvez consiguió en la universidad Telesup las bases para que su partido Podemos Perú se mantuviera en el poder con subidas y bajadas electorales desde que comenzó este siglo. Para las bajadas, como la del 2017, su hijo, José Luna Morales, a través del soborno a tres consejeros del ya desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, consiguió que nombraran a Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (la ONPE) y de esa manera conseguir la inscripción fraudulenta de Podemos Perú. Ayer tras un conato de fuga no lo quedó más remedio que entregarse.
Quizá sea “Partido” el nombre que le debiéramos dar a las mafias peruanas, porque mucho de ese honor mafioso de cine estadounidense no parece existir en la corrupción peruana.
