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Fueron vanas las ilusiones del premier Gustavo Adrianzén respecto de que la cumbre APEC podría haber logrado que la aprobación de la presidenta Boluarte mejorase un poco. Dos encuestas hechas con posterioridad (IEP y CPI) revelan que o sigue bajando o está estancada en los bajísimos niveles que mostraba antes del evento internacional.

En otras circunstancias, con otro gobierno, el impacto del foro internacional, con la presencia de mandatarios de las principales potencias del mundo y el logro de importantes acuerdos en beneficio del país, sí hubiera redundado en un rebote estadístico a favor del régimen, pero el desprestigio y descrédito del gobierno actual es de tal envergadura que ni eso la ha ayudado a mejorar sus indicadores de popularidad.

Según la medición del IEP, El 76% indica que la situación económica es peor que hace un año. Ocho de cada 10 encuestados creen que la situación política es peor que hace doce meses (pasa del 71 al 80%). Y lo más preocupante es la seguridad: el 90% cree que es peor que en 2023. Y como cereza del postre, la sensación de que la corrupción se ha incrementado llega al 82%.

Si le sumamos el inicio sangriento del régimen (eso le va a pesar políticamente y también penalmente a la mandataria) y la ausencia absoluta de políticas públicas (vemos ahora último el mamarracho llamado Ley MAPE para resolver el tema de la minería informal), y la constatación de que no hay una sola entidad pública que haya mejorado sus niveles de actuación y de provisión de servicios (pasaportes, brevetes, DNI, etc,), se entenderá perfectamente el grado refractario del gobierno para una mejoría ante el parecer de la ciudadanía.

No hay remedio para este gobierno. Ni cambios de gabinete, ni anuncios grandilocuentes, como la inauguración del megapuerto de Chancay, ni eventos superlativos (como la cumbre APEC), ni discursos reiterados, harán que la aprobación del régimen aumente. Y lo peor es que al gobierno eso no le importa. Y se nota.

Boluarte confía en que la conjunción de intereses con la coalición mafiosa del Congreso la sostendrá en el poder a toda costa y eso es lo único que le interesa. Qué desolador que nuestros dos bicentenarios (2021 por la proclama de San Martín) y 2024 (por la batalla de Ayacucho) nos hayan tocado en suerte gobernantes como Pedro Castillo y Dina Boluarte, incapaces de entender el profundo significado republicano de las fechas.

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Congreso, gobierno de boluarte

Sería bueno que los casi cuarenta partidos de centroizquierda y centroderecha que se hallan inscritos o al borde de hacerlo, estrenen un perfil opositor del gobierno actual que los diferencie del establishment conformado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos, que hoy forman parte de la coalición parlamentaria que sostiene al régimen de Boluarte.

No basta con conformar un partido, con pergeñar un programa de gobierno o con reclutar cuadros técnicos calificados. Deben mostrar su rostro político desde ya. Esa sería su mejor campaña política, ya que brindaría muchos beneficios y no acarrearía el perjuicio del desgaste por aparecer tan prematuramente.

No puede guardar silencio frente a una realidad política lacerante para la inmensa mayoría de peruanos, hartos del Ejecutivo y del Congreso y que prestarían resonancia a un discurso opositor fuerte y reiterado, como hoy no existe.

A la derecha le permitiría, además, marcar un perfil disidente que compita con la beligerancia de la izquierda respecto del gobierno y, sobre todo, que le brinde una identidad política alejada de la fuerza derechista más significativa hasta el momento, como es el fujimorismo, que a pesar de su desastrosa gestión parlamentaria mantiene un caudal de intención de voto que podría volverlo a llevar a la segunda vuelta.

Tarea difícil la que le toca a las fuerzas de centro existentes, pero que debe marcar el inicio de su campaña, además de la agotadora búsqueda de consensos mínimos que permitan formar alianzas electorales (tarea ardua y compleja, llena de obstáculos y sobresaltos).

Estamos en el mejor momento de empezar a hacerlo. Recién a mediados del próximo año empieza la campaña propiamente dicha. Si antes de ello, se logra perfilar una identidad opositora del statu quo, se podrá competir con relativo éxito frente las tendencias antisistema arraigadas en el sentimiento de la mayor parte del pueblo peruano, más allá de identidades ideológicas.

La del estribo: tres películas de primer orden. Cónclave, bajo la dirección de Edward Berger y con la actuación estelarísima de Ralph Fiennes; la sobresaliente y notable Emilia Pérez, dirigida por Jacques Ardiad, que le mereció el premio Cannes a la mejor actriz a Karla Sofía Gascón, artista trans; Die Mittagsfrau, dirigida por Barbara Albert. Todas con su proveedor favorito ya que, para variar, no existen en la cartelera cinematográfica nacional.

 

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marchas de oposición, Oposición, partidos de oposición

 

El juez Concepción Carhuancho se debe sentir un héroe de la justicia por mandar a prisión preventiva a todos los imputados que pasan por sus manos. No le interesa que no se cumplan los requisitos mínimos para que dicha medida proceda (probados elementos de convicción de la comisión de un delito superior a cuatro años, y, concurrentemente, peligro procesal; si no hay los dos, la prisión preventiva no procede).

Por eso, luego, en segunda instancia, la mayoría de sus casos son suspendidos y la prisión preventiva levantada, pero en ese trance se envió a gente cuya culpabilidad no está sentenciada a la cárcel. Fiscales abusivos y jueces caneros han formado una alianza nociva para el sistema de justicia penal en el país.

Demasiados casos de flagrante injusticia se están cometiendo en el Perú y la solución no parece pasar por la propia institucionalidad judicial. Y la Junta Nacional de Justicia actual no ha servido para nada en cuanto a la corrección de esas inconductas (ojalá la nueva JNJ -a la que la izquierda se quiere bajar con malas artes- corrija los entuertos señalados).

Hemos transitado de una justicia garantista a una punitiva por razones mediáticas. Concepción Carhuancho está mirando más los titulares de la prensa que los artículos que debería del código de procedimientos penales. Como muchos jueces, se llevan de las narices por fiscales avezados, excesivos, abusivos en la interpretación de la ley.

Es mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Y acá se sobrepasa la ley con las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, utilizadas más como mecanismo de extorsión a los imputados a cuenta de que se acojan a procesos de colaboración eficaz, teñidos de invalidez de antemano por la forma en que se consiguen.

Lo decimos una vez más. El próximo gobierno -porque de éste mejor no esperar nada y mucho menos del Congreso ilegítimo que tenemos– debe colocar entre sus prioridades gubernativas la reforma radical del sistema de justicia en el Perú.

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Carhuancho, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

El grado de fuerza que van a tener las candidaturas radicales disruptivas en las elecciones del 2026 obliga a que las fuerzas que van de la centroizquierda a la centroderecha evalúen seriamente unirse, inclusive entre sí, si quieren afrontar con relativo éxito dicha propensión social.

Porque, además, el adversario a vencer no será solamente ese radical outsider sino el fujimorismo, fuerza del statu quo que mantiene un nivel de intención de voto, que, de mantenerse la fragmentación, tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, por defecto del resto.

El centro tiene un bolsón electoral importante, pero se va diluir si se mantienen incólumes las cuarenta candidaturas de dicho segmento que hasta el momento ya figuran entre los partidos inscritos y los por lograr dicha inscripción.

Una derecha que valore más el Estado de Derecho y una izquierda que haga lo propio con el mercado, son relativamente factibles de unirse en un proyecto común. Un frente de ese perfil, disruptivo por su propia constitución, sí sería capaz de enfrentar a Keiko Fujimori, Antauro o Aníbal Torres con posibilidades efectivas de imponerse.

Y su novedad política la otorgaría el carácter antisistema que va a predominar en esta elección, no por razones ideológicas, sino por el estado de ánimo ciudadano, harto del establishment, irritado en extremo con la coalición mafiosa de Ejecutivo y Legislativo y sobrecargado de resentimiento por la mediocridad de un régimen que no es capaz de construir siquiera una sola política pública decente que lleve el Estado a las zonas más empobrecidas del país (las mayorías se sienten respecto de la inseguridad ciudadana o de la corrupción, como se sentían frente al vendaval de la pandemia y un Estado incapaz de brindarles auxilio).

Es difícil labrar un pacto político. Ya lo es tan solo constituir un partido programático, mucho más lo es pensar en unir esfuerzos con una fuerza política diferente. Pero el desafío que nos toca enfrentar el 2026 es de tal envergadura que requiere esfuerzos extraordinarios.

Como bien ha dicho Rafael Belaunde, las de acá a dos años serán una de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana, solo equiparables a las de después de la guerra con Chile o las de 1990, luego de que el país estuviera al borde de la inviabilidad. Razón mayor para pensar en un acto de voluntad política extraordinario.

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centro derecha, Juan Carlos Tafur, Sudaca

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 2803, que establece la unión civil entre dos adultos que quieren formalizar su convivencia, sin importar si son del mismo sexo o de sexos opuestos.

Siempre he pensado que en este tema del reconocimiento a las parejas homosexuales era mejor ir con todo (matrimonio, derecho de adopción, etc.), pero quizás resulta mejor la estrategia de ir avanzando de a pocos y paulatinamente llegar a la meta de los logros señalados.

En esa medida, se debe saludar la iniciativa impulsada por el congresista Alejandro Cavero, porque abre la puerta al camino de ir logrando derechos civiles para todos los peruanos sin distinción de género. Y hay que felicitar a los congresistas que se han allanado al proceso y que probablemente no lo hubieran hecho si se iba por más.

Entre los derechos que otorga la unión civil se encuentran las decisiones médicas prioritarias, la inclusión en seguridad social, los bienes adquiridos durante la convivencia, el derecho a pensión, beneficios económicos, prestación de alimentos, así como los derechos sucesorios, todos ellos derechos legales hoy proscritos y que tantos problemas generaba en la vida real a parejas homosexuales.

El Perú es uno de los países más rezagados en derechos civiles de la región. No sólo en lo concerniente al tema vinculado a los derechos de homosexuales, sino en asuntos como el aborto, los métodos de control de la natalidad a nivel de servicio público, etc. Es hora de ir poniéndonos al día y lograr poco a poco la constitución de un Estado de Derecho inclusivo, moderno y liberal.

Ojalá el Pleno del Congreso ratifique esta iniciativa legal y los conservadores rancios -que abundan no solo en la derecha sino también en la izquierda, como se ha visto en la votación de la comisión de Justicia- no impongan sus prejuicios y aversiones medievales, ante un proyecto moderno y profundamente democrático.

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derechos civiles, género, homosexuales, unión civil

La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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Boluarte, Datum, Encuesta

Ahora que la APEC permite ensalzar las virtudes del libre comercio y de los múltiples tratados que el Perú ha firmado, es bueno recordar el papel funesto que jugaron en contra, la izquierda nativa y algunos sectores empresariales, coludidos en ideologías proteccionistas.

La izquierda, aún hoy, reniega de las bondades de la apertura arancelaria y sostiene que es necesario apoyar a los productores nacionales con tasas impositivas especiales. Y coincide en ello con la derecha populista y nacionalista que ha reaparecido en el planeta (Trump es la mejor expresión de ello).

Así como la tozuda y miope visión ideológica de la izquierda frustró y sigue frustrando proyectos de inversión privada de naturaleza extractiva (desde Camisea hasta Tía María o Conga), hizo lo propio con la apertura comercial que tantos beneficios, inmensos ellos, le ha brindado al país, merced a los tratados liberales firmados a continuación del inicial, con los Estados Unidos, gracias a la gestión, hay que reconocerlo, del gobierno de Alejandro Toledo.

Y, por supuesto, todo el despliegue comercial comentado es posible gracias al modelo económico propiciado por la Constitución del 93, cuyo capítulo económico -que la izquierda, cuándo no, quiere cambiar- siembra las bases que luego permitieron que el libre comercio global deviniera en necesario y natural.

Los tratados de libre comercio, contra lo que pensaban los gremios empresariales mercantilistas, no han destruido ninguna industria ni creado desempleo masivo, sino todo lo contrario. Han alineado, más bien, las fuerzas productivas locales hacia los sectores en los que somos competitivos, corrigiendo las distorsiones que el modelo velasquista de protección industrial había generado.

Que la cumbre APEC se realice una vez más con nuestro país como anfitrión es buena ocasión para reafirmar los principios del libre comercio y la economía de mercado, así como también para recordar a quienes actuaron con enorme irresponsabilidad histórica a económicos ya tendrían al Perú colocado en un lugar muy superior al que actualmente ostenta.

 

Uno de los distritos más afectados por la congestión de tránsito es Barranco. Pequeño, pero cada vez más poblado, sufre las consecuencias de la construcción del Metropolitano durante la gestión de Luis Castañeda, que ocupó la avenida Bolognesi en carril exclusivo, dejando únicamente la avenida San Martín-Pedro de Osma, como vía de acceso a Chorrillos (junto con la Costa Verde).

Cuando al alcalde chorrillano se le ocurre hacer una actividad deportiva, cuando hay un accidente o un deslizamiento en la playa y la Costa Verde es cerrada al tránsito, Barranco simplemente colapsa, pudiendo ser necesaria una hora y media para transitar el kilómetro y medio de largo que tiene.Y sin necesidad de ello, todos los fines de semana es una tragedia circular por sus calles.

Ahora, sin embargo, se está abriendo una oportunidad de oro para que el problema se resuelva: la construcción o ampliación de la vía expresa hacia el sur. Se calcula que concluya en diciembre del 2025 y conectaría el final que hoy tiene en República de Panamá con la carretera Panamericana Sur. Si, con sensatez, se lleva al Metropolitano por esa vía, ya no será necesario mantener el corredor exclusivo hacia Matellini como hoy sucede. Tranquilamente, la avenida Bolognesi podría volver a ser de doble tránsito vehicular en todo su trayecto y se convertiría al Metropolitano en un alimentador hasta Matellini,que conecte con los otros alimentadores (aunque seguramente, tendrá más demanda la línea que iría por la vía expresa que se está construyendo).

Se evitaría con ello, además, la separación de Barranco en dos, uno rico y otro pobre, que el Metropolitano de la avenida Bolognesi consagró, impidiendo la accesibilidad a la zona popular del distrito que, como está ocurriendo con Surquillo, tranquilamente podría convertirse en un centro gastronómico y turístico de la ciudad.

Jessica Vargas, la actual alcaldesa, está haciendo hasta el momento una buena gestión. Se anuncia la puesta en marcha del teleférico, la reconstrucción de la ermita, debería retornar la ecoferia de las primeras cuadras de la avenida San Martín, al costado del Gálvez Chipoco, peatonalizar algunas calles, y si sus buenas relaciones con el alcalde de Lima, permiten que se haga la sugerido con el Metropolitano habrá cambiado, para bien, la faz del distrito.

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barranco, Metropolitano, teleferico

José Arista, titular del MEF, y Rómulo Mucho, del Ministerio de Energía y Minas, por un mínimo de decoro y verguenza deberían haber ya renunciado a sus puestos, luego del escandaloso manejo gubernativo de Petroperú.

Contraviniendo sus propias ideas respecto del problema que acarrea la millonaria pérdida que Petroperú le endilga al fisco peruano regularmente -es decir, que pagamos todos-, el gobierno, con resabios ideológicos estatistas, ha colocado en la presidencia y gerencias del organismo estatal, a personas con prontuario estatista que caminarán muy lejos de la propuesta del anterior directorio, que proponía un manejo corporativo que condujese paulatinamente al traslado de la empresa al sector privado.

Es verdad que el problema se arrastra desde hace décadas y son varios los ministros corresponsables del desastre, pero en esta ocasión, el asunto ya tocó fondo y había, además, una solución sensata planteada, simplemente a la espera del visto bueno del gobierno para resolverlo.

Si algún ministro debe andar siempre con la carta de renuncia en el bolsillo es el ministro de Economía y Finanzas. Su propio prestigio profesional lo debería compelir a emplearla a la primera de bastos en que el gobierno se desvíe por rutas heterodoxas o reñidas con el buen manejo de la cosa pública.

Ya son varios brulotes que al ministro Arista ha dejado pasar por alto y no parece movérsele un pelo de dignidad, pero al menos se esperaba que un ministro como Rómulo Mucho, comprometido con la inversión privada y creyente en la economía de mercado, este manejo de Petroperú le resultase intolerable, pero, al parecer, el fajín tiene un poder magnético que los hace evadir la única respuesta decorosa: la renuncia.

Este gobierno no es que no sepa qué hacer con Petroperú. Lo sabe muy bien. Utilizar la empresa como caja chica y antro de favores políticos para sus allegados y socios gubernativos, para lo cual cuenta con los enormes recursos fiscales que, sin rubor, ha empleado y seguirá empleando para mantener a flote un elefante blanco como es Petroperú. Una vergüenza por donde se le mire.

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Arista, MEF, Ministerio de Energía y Minas, Mucho, Petroperú
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