Usted ha mencionado que para contrarrestar las críticas de los medios de comunicación, la presidenta Boluarte ha buscado la manera de controlar totalmente el IRTP, ¿A que se refiere con su declaración?

Es tentación de todo gobierno utilizar los medios estatales como si fueran órganos de vocería. Se vio clarísimamente en los años 90, en el gobierno de Fujimori. Después de recuperar la democracia en el 2000, hemos hecho un esfuerzo por transformar los medios estatales en medios públicos. Hemos tenido momentos en los que más o menos esto se ha logrado y momentos en donde ha habido un retroceso muy grande. Estamos precisamente en uno de esos momentos.

El gobierno de la presidenta Boluarte no respeta la autonomía de los medios estatales. De hecho, a ella no le gusta ser criticada por los medios de comunicación en general. No le gusta incluso que los medios de comunicación le hagan preguntas. Pero lo que menos acepta es que un medio de comunicación financiado por el Estado pueda tener cierta autonomía. Es por ello que coloca en el directorio a gente de su confianza.

Uno de ellos fue Jesus Solari (ex presidente del IRTP) quien guardó silencio mientras se denunciaron atrasos en los pagos de los trabajadores y se despedían a periodistas reconocidos de TV Perú. Cuando renunció recién salió en RPP para advertir sobre las “irregularidades” en el IRTP¿Esto fue manipulación del gobierno?

Ella (presidenta Dina Boluarte) es quien nombra al presidente del IRTP. Vemos que al nombrar a Jesús Solari, una de las primeras medidas que toma es cancelar el programa de Carlos Cornejo. Él había entrado al IRTP en mi gestión, recomendado por el gerente de prensa de ese entonces. El Consejo Directivo, por supuesto, estuvo absolutamente de acuerdo. Aclarando que en ese entonces, el presidente era Castillo, cuya relación con los medios tampoco era la adecuada, pero respetó nuestro trabajo. Solari, en su carta de renuncia, dice que no puede seguir aceptando las presiones. Entonces, confirmamos esta manipulación desde el Ejecutivo, que viene no solo del presidente sino también de personas internamente allegadas a ella.

¿Que nos intenta decir cuando dice “internamente”?

Hablo del premier y la ministra de Cultura. Durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando es nombrada Bettsy Chávez, se percibe un intento de manejar el canal y, por supuesto, hay fricciones y oposiciones hasta que finalmente terminó saliendo al poco tiempo de que asumió el premierato, ya que mi nombramiento es de confianza. Es aquí donde vemos que todo gobierno, Castillo incluido, puede caer en la tentación de controlar el medio estatal como decía al principio; pero este gobierno no sólo busca un trato amable, sino también servil.

Entonces, ¿Existió un mensaje detrás de la renuncia de Solari?

Cuando renunció Solari, se fue con él todo su Consejo Directivo del IRTP, apoyando a su presidente que había sido nombrado por Boluarte y por Urteaga. Todo ese consejo directivo, dos o tres meses después de trabajar con este nuevo equipo de gobierno, renuncia porque considera inaceptable el trato que se le ha dado a su presidente. Y es que considera inaceptable seguir recibiendo presiones para cambiar la línea editorial del canal y para modificar la programación. Es un mensaje muy fuerte, pero lamentablemente no tuvo mucho eco.

Varios periodistas denunciaron esto y terminaron despedidos. Está el caso de Carlos Cornejo, Carla Harada y otros que fueron retirados de la pantalla de TV Perú, ¿Donde queda la imparcialidad?

Son figuras emblemáticas que daban a entender sus desacuerdos, a veces con gestos, a veces con algún comentario. No es aceptable el trato que han recibido. Ahora se encienden las pantallas de TV Perú y los noticieros hablan de un país en el que no hay inseguridad. No hay inseguridad, no hay delincuencia, los precios no suben, el Congreso no atropella las reformas. Si uno ve el canal ahora, hay programas que están hechos para destacar todo aquello que hace el gobierno, ni siquiera el Estado, sino el gobierno.

Usted viene advirtiendo sobre cómo se viene manejando el IRTP. En su última columna mencionó la autonomía que debe existir entre el Estado y el IRTP, ¿Cuál es esa recomendación que quiere transmitir?

Lo que sugiero es cambiar la ley y establecer que los miembros del Consejo Directivo del IRTP sean elegidos mediante concurso, en lugar de ser nombrados por el presidente de la República y recomendados por el ministro de Cultura. Actualmente, dependen absolutamente de ellos. En cambio, si se sigue esta línea, no dependerá del nombramiento de alguien, sino que serán seleccionados mediante concurso público y por un tiempo determinado. Esto aseguraría la continuidad de políticas y de la línea editorial, además de avanzar hacia la consolidación de medios públicos. Sin embargo, vemos que estamos yendo de mal en peor en cuanto a esta propuesta, y la actual presidenta del IRTP no vela por los intereses de la institución.

Entonces,  ¿qué papel toma Ninoska está tomando en esta problemática?

Aquí tenemos que hacernos una primera pregunta: ¿Quién es Ninoska? ¿Quién era antes de ser nombrada presidenta del Consejo Directivo del IRTP? Ninoska era la jefa de prensa de la presidenta Boluarte como secretaria general de prensa. Ahora hace exactamente lo contrario a lo que debe ser un medio de comunicación respecto de la autoridad. Esto envía dos mensajes: la imagen donde todo lo que haga el gobierno tiene que ser difundido, tiene que estar ahí la imagen. Y por otra parte, es la tarea que le mandan a Ninoska: cuidar la imagen de la presidenta a nivel nacional. Como recompensa, su permanencia está asegurada.

Y es aquí donde podemos hacer hincapié a este viaje que realizó Ninoska a España junto al Gerente General, ¿Realmente es necesario este tipo de comisiones al exterior en medio de un estado de austeridad?

Después del reportaje que sacaste junto a Sudaca, se evidenció que se había sobrepasado del límite de dinero necesario. No había ninguna explicación convincente; yo creo que la Contraloría debería decir algo, no solo porque es un monto bastante significativo. Son 7.000 dólares que costaban los pasajes y unos 5.000 dólares de viáticos. Supuestamente, de estos viajes, el IRTP debe salir beneficiado. Tendría sentido si iban a aprender sobre la técnica de emisión satelital, ya que ahora estamos en pleno proceso de implementación, cuestión que se inició en mi gestión. Sin embargo, Ninoska se iba como invitada solo para inaugurar un evento de Inteligencia Artificial en Valencia.

Nota de redacción: La presidenta del IRTP, junto con el Gerente General, realizaron un viaje del 5 al 8 de abril a Valencia, España. Según el diario El Peruano, se desembolsaron 7.000 dólares en viajes y 4.000 dólares en viáticos solo para dos personas. Se intentó contactar al Área de Prensa de la institución para obtener información sobre el tema; sin embargo, nunca proporcionaron una respuesta fundamentada.

¿Considera que se está manejando indebidamente el presupuesto?

Si tú me dices que es un viaje para conseguir que vengan personas expertas en esa tecnología para asesorar al IRTP, pues me parece muy bien que gastemos lo que gastemos en eso. Sin embargo, no tiene mucho sentido ni mucho sustento este viaje, salvo para conocer España o Europa. Además, el Gerente General es un cargo muy administrativo, entonces, entiendo que Ninoska no quiera viajar sola, pero sería aceptable que el viaje pueda ser acompañado del Gerente de Televisión o del Gerente Técnico. Pero el Gerente General, que es, digamos, la máxima autoridad administrativa, tampoco sé muy bien qué debía hacer en ese viaje.

Viendo este tema de gastos. Cuando asume la presidencia del IRTP, ¿A cuánto ascendían los viáticos y el desembolso de pasajes aéreos por directivo?

No, durante mi gestión en el IRTP no realizamos ningún viaje al exterior. Incluso, en ese momento, existía una restricción para viajar al extranjero. Asumí el IRTP con un presupuesto muy reducido. 

¿Y al interior?

Por supuesto, con ello pudimos conocer cada una de las filiales del IRTP y ver el estado en el que estaban, además de intentar conseguir un presupuesto para mejorar su situación. Sin embargo, no hicimos ningún viaje al exterior en ese momento.

¿A cuánto ascendía estos viáticos y viajes?

Mire, no tengo la cantidad exacta, pero le aseguro que fue mucho menor que lo que actualmente viene derrochando la señora Ninoska Chandía. Podría decirte que por comisión solo iba un representante del IRTP y estos viáticos ascendían a los 210 dólares, y una cantidad igual o incluso menor en pasajes.

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Desde 1943, las entrañas del Palacio de Justicia en Lima han servido como custodios de un tesoro invaluable: más de 150 millones de documentos que abarcan los 201 años de historia republicana del Perú. En el sótano de esta emblemática sede del Poder Judicial (PJ), el Archivo General de la Nación (AGN) resguarda con celo la colección republicana, así como la documentación notarial y judicial que data desde el siglo XIX. 

Sin embargo, detrás de esta fachada histórica yace una realidad desoladora. Recorrer estos pasillos es adentrarse en un mundo de condiciones deplorables que amenazan el patrimonio documental y notarial de todos los peruanos.

Benjamin Zevallos
Archivo General de la Nación en peligro por falta de cuidados. Foto: Andina

El AGN, encargado de preservar la memoria histórica del país, se enfrenta a un desafío monumental. A lo largo de décadas, los documentos han sufrido el deterioro causado por el paso del tiempo, la humedad, las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento adecuado. Los estantes repletos de expedientes, libros y registros están expuestos a un constante peligro, mientras que las instalaciones muestran señales evidentes de deterioro estructural.

Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física de los documentos, sino que también amenaza con borrar parte de la memoria histórica del país. Los archivos del AGN son testigos silenciosos de los momentos más cruciales de la historia peruana, desde la independencia hasta los acontecimientos políticos y sociales más recientes. Preservarlos es fundamental para entender nuestro pasado y construir un futuro más sólido y consciente.

En este contexto, el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia plantea una urgencia aún mayor para encontrar una solución adecuada que garantice la conservación y accesibilidad de este valioso patrimonio. El traslado a un nuevo local es una medida necesaria, pero también es crucial asegurar que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares necesarios para proteger estos documentos históricos para las generaciones futuras.

El Archivo General de la Nación (AGN) en Perú se enfrenta a un momento crítico ante el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia, donde actualmente residen documentos históricos cruciales para el país. Este traslado se debe al deterioro de las instalaciones y a la orden judicial de desalojo, que ha llevado al AGN a buscar un nuevo local para salvaguardar su invaluable contenido.

El Ministerio de Cultura ha firmado un contrato por un valor de 3 millones 161 mil 220 dólares, equivalente a 12 millones 328 mil 758 soles, para alquilar un nuevo espacio por 36 meses. Este nuevo local, ubicado en una bodega industrial en El Callao, tendrá un costo mensual de alquiler de aproximadamente 83 mil dólares.

Benjamin Zevallos

                                  Las denuncias del AGN han tomado relevancia después de varios años exigiendo cambios. Foto: Andina

La necesidad de trasladar estos documentos se debe no solo al mal estado de las instalaciones actuales, sino también a la urgencia de proteger este patrimonio histórico ante posibles daños. Sin embargo, algunos críticos advierten que el nuevo local, situado en una zona industrial, podría no ser la solución ideal, ya que podría exponer los documentos a riesgos adicionales.

A pesar de las preocupaciones sobre la idoneidad del nuevo espacio, el AGN y el Ministerio de Cultura han defendido la elección, argumentando que representa un ahorro en recursos públicos. Sin embargo, algunos expertos y funcionarios señalan que esta solución temporal podría no ser la más adecuada y abogan por la construcción de un local propio para el AGN.

En un contexto donde la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, recientes eventos han sacudido la confianza en el sistema en el distrito de Santiago de Surco. 

La contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales ha sido el epicentro de una serie de irregularidades que han dejado al descubierto un patrón de conducta tendenciosa por parte de las autoridades locales.

El proceso comenzó con el Concurso Público N° 19-2023-CS-MSS-1, convocado el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, desde el inicio, se evidenciaron indicios de favoritismo hacia la empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 

Cabe resaltar que de esta primera empresa hablamos en nuestro informe anterior vinculando a Industrias Arguelles con la muerte del presidente de la comunidad de Quipan, Santiago Guardamino.

Diversas empresas participantes levantaron consultas y observaciones sobre las bases administrativas, señalando múltiples irregularidades destinadas a restringir la participación de competidores y favorecer a la mencionada empresa.

A pesar de las alertas planteadas, la Municipalidad de Santiago de Surco optó por hacer caso omiso de las observaciones y continuó con el proceso sin realizar modificaciones significativas. Esto generó un clima de desconfianza entre las empresas participantes y la comunidad en general. La exclusión de ofertas de compañías como PETRAMAS SAC y CONSORCIO SURCO LIMPIO, bajo argumentos dudosos, y la posterior adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC por montos considerablemente mayores, aumentaron las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

Ante estas irregularidades evidentes, tanto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como el Tribunal de Contrataciones del Estado intervinieron, emitiendo pronunciamientos y recomendaciones claras. El OSCE instó a la Municipalidad a corregir los vicios del proceso y garantizar la transparencia en futuras contrataciones, mientras que el Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas afectadas, revocando la adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC.

Sin embargo, lejos de corregir sus prácticas, la Municipalidad de Santiago de Surco persistió en su actitud de desacato. Decidió realizar una nueva convocatoria, la Adjudicación Simplificada N° 03-2024-CS-MSS-1, con condiciones aún más favorables para la empresa previamente beneficiada. Esta decisión generó una nueva ola de cuestionamientos y denuncias por parte de las empresas participantes y organismos de control.

A pesar de las advertencias y recomendaciones de los entes reguladores, la Municipalidad de Santiago de Surco continuó con su actitud desafiante. Ignorando las disposiciones del OSCE, procedió a adjudicar la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES en un acto de total desacato.

Sudaca accedió a un documento donde la comunicación dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco expone de manera clara y precisa las discrepancias encontradas en el proceso de contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales. Sin embargo, se observan ciertas deficiencias en la gestión del proceso por parte de la entidad convocante, lo cual merece ser resaltado y analizado críticamente.

Benjamín Zevallos  

En primer lugar, cabe destacar que, a pesar de la existencia de normativa clara que establece la notificación de los actos emitidos por el OSCE a través del SEACE, la Municipalidad de Santiago de Surco no actuó conforme a dicha normativa. Aunque se emitió un dictamen instando a declarar la nulidad del procedimiento de selección, la entidad continuó con el desarrollo del proceso y adjudicó la buena pro sin tener en cuenta las recomendaciones del OSCE. Esta falta de atención a las disposiciones legales y técnicas por parte de la entidad convocante pone en entredicho la transparencia y la legalidad del proceso de contratación.

Benjamín Zevallos 

Además, resulta preocupante que la Municipalidad de Santiago de Surco haya procedido con el consentimiento de la buena pro a pesar de las advertencias y recomendaciones emitidas por el OSCE. Sobre todo, la persistencia de seguir con el proceso en medio de las advertencias.

Benjamín Zevallos

 

 Parte del contrato con Industrias Arguelles

La comunicación emitida por el OSCE pone de manifiesto importantes fallas en el proceso de contratación llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago de Surco. Estos hechos evidencian la urgente necesidad de reformar los procesos de contratación pública en el distrito de Santiago de Surco. Es imperativo que las autoridades competentes garanticen la transparencia y la equidad en todos los procesos de contratación, evitando así la repetición de prácticas tendenciosas que perjudican el interés público y socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Sobre todo, por ejemplo, que casos como los dados en Innova Ambiental (la famosa adenda), San Isidro Verde, y, finalmente, el caso de Industrias Arguelles no sean pan de cada día.

Al cierre de este informe invocamos a las autoridades municipales dar una respuesta sensata y transparente sobre el caso, ya que al momento de cerrar esta nota periodística no se nos dio una respuesta oportuna.

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contrataciones públicas, irregularidades, Surco

Tras 50 años y 5 meses de dedicación al Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Gustavo Palacios (70) compartió un desgarrador relato sobre su experiencia en el trato que el IRTP acostumbra tener con sus trabajadores.

«Quiero compartir con ustedes el café más amargo que he recibido en toda mi vida (…), después de haber dedicado más tiempo diariamente a la institución que a mi hogar«, mencionó Gustavo en un mensaje que se publicó con el fin de advertir sobre las formas que se utilizaron para entregarle su carta de cese.

Palacios ha tenido una larga trayectoria dentro del IRTP, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 no fue mezquino con él, ya que padeció de esta terrible enfermedad en más de una ocasión. Esto ocasionó que Palacios sufriera de diferentes secuelas que llegaron gravemente hasta el corazón. 

Opresiones en el pecho. Falta de aire. Cansancios frecuentes. Es solo el inicio de los problemas de salud y del giro que tomaría su vida y su situación laboral. Entre todas las revisiones médicas detectaron que tenía, del 100% de funcionalidad del corazón, un 21% que no estaba funcionando adecuadamente. 

Le detectaron angina e isquemia por los problemas cardíacos que venía sufriendo y que una de las arterias se encontraba obstruida. Por lo que, después de tantas intervenciones y encontrándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) decidieron reunirse en una junta médica para que deliberaran y finalmente llegar a la conclusión que Gustavo debía ser intervenido en una cirugía abierta de bypass coronario.

“Me encontraba internado en el Hospital Edgardo Rebagliati desde el 26 de marzo hasta el 8 de abril, pasaron 14 días sin que ninguna persona de bienestar social (del IRTP) se preocupara”, mencionó Gustavo recordando la falta de interés de la oficina. 

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de su decepción fue el trato recibido el 5 de abril, fecha en la que cumplió 70 años. En lugar de recibir muestras de apoyo o consideración por su estado de salud, la oficina de bienestar social se adelantó a entregarle, a la velocidad de la luz, la carta de cese por jubilación en su domicilio. “(El IRTP) me tenía un «presente», que resultó ser la notificación de mi cese”, mencionó. 

«Lo que no estoy de acuerdo es la forma. No se preocupan por el trabajador pero sí por otras cosas», lamentó Gustavo señalando que la oficina de bienestar social dentro del IRTP debería tener otro nombre, ya que parece más preocupada por organizar ferias de antojitos y productos comerciales que atender los problemas reales de los trabajadores.

Y es que no cabe duda de su afirmación, recordemos la denuncia realizada por la colega Maria de Jesus Gonzales sobre el trato que recibió cuando no le permitieron el ingreso al canal por un tema de feriado y respeto a su contrato y la estabilidad laboral.

«No es que desconozca la ley, es automáticamente«, expresó con amargura.

La respuesta del IRTP

Cuando conversamos con Gustavo nos mencionó que mandó su malestar por medio de un correo electrónico a la Sra. Ninoska Chandia, presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, así como también, al gerente general de quien recibió respuesta.

Benjamín Zevallos

Respuesta de Luis Vivanco Aldon, Gerente General del IRTP

Gustavo concluyó su mensaje con un llamado al sindicato para que tome en cuenta lo expuesto y tome acciones al respecto por aquellos trabajadores que aún siguen en funciones y aquellos que están próximos a la jubilación. 

Este testimonio arroja luz sobre las deficiencias en el sistema de bienestar laboral dentro del IRTP y plantea interrogantes sobre la verdadera preocupación de la institución hacia sus empleados. Al cierre de este informe, el caso de Maria de Jesus Gonzales y de otros compañeros siguen en pie de lucha por ser reconocidos para beneficio de su integridad como colaboradores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

Se presume que el asesinato fue para callar sus declaraciones en la Corte Suprema. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue asesinado a pocos metros de su casa. A pesar de ello, ¿Que hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor. Y es que la comunidad vende un total de 10,000 hectáreas fraudulentamente por 600,000 soles a favor de la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C, esto se hizo en complicidad con el entonces presidente de la comunidad, el señor Abel Cruz Mosquera Ortiz, falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales) y a un precio irrisorio que ni siquiera el cuerpo de tasadores del Ministerio de Vivienda lo hubiera calculado a sesenta soles la hectárea.   

Por estos hechos Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y realiza una denuncia penal contra la dirigencia saliente de Mosquera Ortiz. Siendo este último condenado -en primera instancia- con 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- se redujo a 4 años de prisión suspendida, lo que fue motivo que en dicho proceso penal sea arribado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023) el cual tenia que ser resuelto el día 03 de abril de 2024 después de la declaración de Santiago Guardamino.

Sin embargo, esta complicidad de Mosquera Ortiz y la empresa Industria Arguelles y Servicios Generales S.A.C tenía como propósito crear sobre el terreno vendido fraudulentamente, el relleno sanitario Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Entonces, por miedo a que el Contrato se anule y la propiedad retome a la Comunidad de Quipan al acreditarse el delito en la Corte Suprema fue asesinado.

Así mismo el asesinado en forma paralela inicia un proceso civil para anular la compra venta, el cual está directamente vinculado al resultado que emitirá la Corte Suprema luego de escuchar a Santiago Guardamino el día 03 de abril del 2024, lo cual ya no ocurrió debido a que fue asesinado.

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Arguelles, Industria Arguelles, Quipan

Sudaca converso con uno de los perjudicados en este caso y comento que, actualmente, se han venido pagando gran parte de la deuda que tenían, sin embargo, señalo que no han reconocido intereses por el tiempo de espera, ni mucho menos se han hecho responsables de los problemas que ha generado esta problemática.

Además, han mencionado que este tema les ha generado diferentes problemáticas que los han perjudicado y que no quieren dejar que este caso quede impune. Se vocean varios responsables, sin embargo, una sola voz responsabiliza a López Aliaga y Luis Molina, presidente del SERPAR.

Los antecedentes del calvario de los ex trabajadores del SERPAR. Este malestar por la falta de pagos se profundiza debido a las preferencias mostradas por la Municipalidad de Lima en invertir en áreas que no priorizan el bienestar laboral de sus servidores. Se ha evidenciado una mayor inversión en patrullaje nuevo y utensilios que no son adecuadamente utilizados o gestionados por la MML. Esta situación fortalece la molestia de los ex trabajadores del SERPAR y la sensación de falta de atención hacia sus reclamos.

Es más, se ha observado la importancia de consolidar las bases para gestionar el antiguo Parque Zoológico de Huachipa, ahora Parque de las Leyendas – Sede Huachipa. A pesar de los esfuerzos por revitalizar este emblemático lugar, los ex trabajadores del SERPAR lo ven como una preocupación adicional, ya que temen que los recursos destinados a este proyecto retrasen aún más el pago de sus derechos laborales.

Sudaca pudo conversar con algunos de los ex trabajadores del SERPAR para entender desde su punto de vista la magnitud de esta problemática. «Después de dedicar tres años y nueve meses al Servicio de Parques de Lima (SERPAR), la frustración embarga a muchos de los ex trabajadores, quienes llevan ocho meses esperando el pago de sus beneficios laborales bajo la nueva gestión de Rafael López Aliaga«, relata con pesar uno de los afectados.

Esta situación se suma a la serie de desafíos que enfrentan los funcionarios públicos cesados cuando cambian las administraciones en las diversas entidades del país. «Ingresé durante la gestión Muñoz y continué hasta su inesperada salida de la Municipalidad», recuerda uno de ellos mientras señala que su cese tuvo lugar en octubre de 2022, coincidiendo con la llegada de Romero a la alcaldía.

El proceso burocrático posterior a su cese culminó en noviembre de ese mismo año con la resolución de reconocimiento de la deuda laboral. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, hasta el momento, bajo la gestión actual, no se ha materializado el pago correspondiente a los beneficios laborales acumulados durante su tiempo de servicio.

Para añadir un toque de ironía a la situación, el productor televisivo y actual regidor de la MML, Efraín Aguilar, ha expresado que «no es posible que sigamos con la misma dieta» al referirse a los recursos asignados.

«La falta de respuestas a nuestras comunicaciones dirigidas tanto al Presidente del SERPAR, Luis Molina, como a los Secretarios Generales correspondientes, ha dejado a los ex trabajadores en un estado de incertidumbre. Los intentos de diálogo con el secretario o el presidente se han visto frustrados, ya que no se otorgan citas para abordar la situación», subraya el ex trabajador, manifestando su frustración ante la difícil travesía que enfrentan en busca de una solución con respecto a la deuda pendiente.

Según el testimonio recabado, la justificación de la institución se centra en la falta de recursos financieros. El ex trabajador enfatiza que, durante la reflexión sobre las actuales carencias del SERPAR LIMA, la institución depende significativamente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual, que asciende a casi 100 millones de soles.

«Desconocemos si existe una instrucción del alcalde de Lima para retener los fondos destinados al SERPAR o si se debe a deficiencias en la administración actual de la institución», señala el ex trabajador, destacando la falta de claridad en la situación.

Es relevante destacar que, a pesar de la alegada escasez de fondos, el SERPAR asignó aproximadamente S/ 145,000 para la construcción de una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho, y mantiene una plantilla de trabajadores considerable. «Con esos recursos, podrían habernos pagado, pero lamentablemente esta es nuestra triste realidad», añade el ex trabajador, subrayando la aparente disparidad en la asignación de recursos.

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las demandas de los ex trabajadores del SERPAR ni a las críticas sobre la asignación presupuestaria. La ausencia de una postura clara por parte de las autoridades municipales profundiza la incertidumbre y la tensión en torno a la situación del SERPAR.

La crisis financiera en el SERPAR y las tensiones laborales actuales plantean interrogantes sobre la gestión de recursos por parte de la Municipalidad de Lima. La asignación de millones de soles al patrullaje mientras el SERPAR lucha por su supervivencia económica y el cuidado de la fauna evidencia la necesidad de una revisión urgente de las prioridades presupuestarias municipales para garantizar el bienestar de la ciudad y sus trabajadores.

Las tentativas de comunicación con el presidente del SERPAR, Luis Molina, y los Secretarios Generales han sido infructuosas, generando frustración entre los afectados. La explicación institucional se centra en la escasez de fondos, mientras que los ex trabajadores reflexionan sobre las carencias actuales del SERPAR, dependiente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual.

La espera persiste y las expectativas de justicia y reconocimiento laboral enfrentan obstáculos en medio de la inestabilidad institucional. Es importante que el burgomaestre se haga cargo de sus trabajadores y exfuncionarios que siguen exigiendo acciones por parte del líder de Renovación Popular y actual Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Al cierre de este informe, si bien es un respiro para la MUNILIMA el poder saldar estas deudas con sus trabajadores. Ha generado un gran malestar esta problemática de falta de pago entre los ex trabajadores que no quieren dejar impunes a quienes creen responsables de todo esto: el alcalde de Lima y el presidente del SERPAR.

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El fin de semana pasado salió publicado en El Peruano la autorización de viaje de Ninoska Chandia, Presidenta Ejecutiva del IRTP, y de Francisco Vivanco, Gerente General de la institución en mención. Lo que llama la atención son los gastos que se está corriendo para financiar este viaje a Valencia, España. 

En la publicación se da a conocer que se está financiado solo en pasajes aéreos una cantidad de 7.000 dólares americanos para los dos ejecutivos. Hablamos de 3.500 dólares por persona en pasajes aéreos, ¿Tan caro puede salir? ¿Se debió a la proximidad del día de compra del viaje o tal vez por el cargo que ejercen?

¿Que se sabe del viaje de Ninoska Chandia?

El presidente de TYRIS TV S.L. invitó a la Presidenta Ejecutiva y al Gerente General del IRTP a participar en el evento INCOM, un foro nacional sobre tecnologías de streaming que se viene celebrando en Valencia, España, del 05 al 08 de marzo de 2024. La participación de los representantes del IRTP en este evento se justifica por la oportunidad de promover la labor del IRTP, fortalecer relaciones internacionales y conocer nuevas tecnologías y tendencias en medios audiovisuales.

En virtud de estas consideraciones, se autorizó el viaje en comisión de servicios de la Presidenta Ejecutiva y el Gerente General del IRTP a Valencia, España, del 04 al 09 de marzo de 2024. Los gastos derivados de este viaje, incluyendo pasajes aéreos y viáticos, son cubiertos por el IRTP.

Se establece la obligación de presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje, así como la rendición de cuentas correspondiente. 

¿3500 dólares por persona?

Hablamos de una cantidad exorbitante de dinero que si alguien consulta en las páginas de las aerolíneas, los pasajes por persona llegan a los 1200 dólares americanos. Salvo en el caso que el viaje esté cerca a la fecha de pago que puede costar 2300 dólares, pero hablamos de una cifra fuera de lo común. 

No solo hablamos de costos de viaje, sino también de los viáticos que por los cuatro días asciende a 4 320 dólares americanos. 

Benjamín Zevallos

 Parte de la publicación de “El Peruano” sobre el viaje de los ejecutivos

¿Qué convenios y beneficios tangibles va a tener el IRTP? 

Lamentablemente al cierre de este informe no tuvimos respuesta del área de comunicaciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Es triste ver que la insistencia periodística sea respondida con en el silencio de una espera inalcanzable por comunicarse con personal del instituto. Y es que en varias ocasiones se nos colgó la llamada, se nos intentó pasar con los anexos respectivos, pero en el cambio de llamada las colgaban y, en parte, nos dieron anexos que nunca contestaron. 

¿Esta es la manera que Ninoska Chandia organiza y dirige al IRTP? Lamentablemente cuando intentamos comunicarnos con ella para ver las acciones a seguir por las irregularidades denunciadas por antiguos y activos trabajadores del instituto solo recibimos una clara evasión de una respuesta clara.

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El día de la visita al relleno sanitario “El Zapallal», la cual se dió el 20 de febrero del 2023, se vivieron una serie de acontecimientos que revelan preocupaciones graves sobre la gestión ambiental y la salud pública en la zona. La jornada comenzó con una charla informativa presentada por un ingeniero de INNOVA, la empresa a cargo del relleno, donde se expusieron diversos aspectos relacionados con la gestión de residuos. 

En esta charla, el ingeniero Milton Miranda, mostró una diapositiva que señalaba la contaminación proveniente de otros sectores, como la quema de residuos en zonas cercanas al relleno. Este hecho fue respaldado con un video que mostraba humo negro emanando de la zona cercana al límite del relleno. Para la sorpresa de los dirigentes fue que justamente para la visita al relleno sanitario, aparecía esta quema de residuos en las afueras del Zapallal. 

La presencia de recicladores en el cerro, protegidos por la policía, aumentó el riesgo percibido por los dirigentes, quienes consideraron que no había garantías para su participación en la visita, ya que a ellos se les pidió una variedad de requisitos para el ingreso al recinto mientras que los recicladores se hicieron del compromiso y se hicieron presentes contra viento y marea. 

Esta situación llevó a que los dirigentes abandonaran el relleno, ya que no sentían que en esta reunión se iba a escuchar neutralmente las partes iguales. Informaron al alcalde de Carabayllo quien también se pasó a retirar en su camioneta. Posteriormente, se mantuvieron conversaciones con la congresista Ruth Luque, quien expresó su preocupación por el retiro de los dirigentes y se comprometió a analizar la situación y tomar acciones al respecto. Parlamento 10, representación de Lomas de Carabayllo, aseguraron que la congresista atendió sus preocupaciones y que se llevó la información completa del caso.

Sobre la situación actual del relleno

En cuanto al funcionamiento actual del relleno sanitario “El Zapallal», se señaló que está cerrado y no se realizan actividades en su interior. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la gestión de residuos y la contaminación ambiental en la zona, especialmente debido a informes que señalan la presencia de metales en aguas subterráneas y la emisión de gases contaminantes. Informes que en Sudaca hemos analizado a profundidad.

El tema de la gestión del relleno sanitario ha generado tensiones y disputas, tanto a nivel local como nacional. Se menciona la posibilidad de que INNOVA continúe operando el relleno, pero también se plantea la opción de que la municipalidad deje de trabajar con esta empresa y busque otras alternativas para la gestión de residuos. Y es que la posibilidad de un concurso público está más que cerca de realizarse, sin embargo, aún sigue el proceso legal que impide el trámite. 

¿Innova podría participar de este concurso?

Aunque parezco irónico tocar este tema. Lamentablemente es necesario visualizarlo en el panorama hipotético que Innova Ambiental pretenda mantenerse en la palestra de la limpieza pública, y es que se requiere que la concesionaria proporcione la maquinaria necesaria, sin embargo, una vez que se termine la concesión entre Innova y la MUNILIMA, toda la maquinaria que se ha venido utilizando en los últimos años quedaría automáticamente en dominio de la municipalidad.

Entonces, ¿Qué pasaría con Innova? No podría asegurar la facilidad de acceso a maquinaria necesaria para trabajar en Lima Cercado. Parece que el futuro de la concesionaria de limpieza pública se iría en picada.

En relación con el proceso judicial y las acciones legales emprendidas por INNOVA, existe preocupación por la posibilidad de que la empresa logre revertir las medidas tomadas en su contra, lo que podría permitirle continuar operando el relleno. Esto representaría un retroceso en los esfuerzos por mejorar la gestión ambiental y proteger la salud de la población. 

Benjamín Zevallos

Publicación de Innova Ambiental sobre la visita al relleno sanitario

Retornando a la visita al relleno sanitario. Se destacó el contexto nacional en el que se encuentra el tema de la gestión de residuos y la responsabilidad ambiental de las empresas. Se mencionó que la congresista Ruth Luque ha estado involucrada en el seguimiento de este asunto y se espera que tome medidas en base a la información proporcionada durante la visita al relleno sanitario. 

Cuando Sudaca se comunicó con la parlamentaria y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República para el periodo 2023-2024, se supo que iba a garantizar el mejor proceso, ya que había tomado en cuenta el caso de Innova Ambiental, sin embargo, era necesario estudiar la problemática para tomar la mejor decisión.

Benjamín Zevallos

 La congresista Luque en el Relleno Sanitario “El Zapallal” junto a representantes de la OEFA, Innova, de Carabayllo y otros

Además de lo ya mencionado, se destaca la preocupación expresada por los entrevistados sobre las posibles consecuencias de la judicialización del caso. Existe el temor de que, si INNOVA logra revertir las medidas en su contra mediante recursos judiciales, se abriría la posibilidad de que el relleno sanitario vuelva a operar. Esta situación representaría un retroceso en los esfuerzos por abordar los problemas ambientales y de salud pública asociados con el relleno.

En términos de seguimiento, se espera que se realicen acciones adicionales para monitorear la situación y evaluar el progreso en la implementación de medidas correctivas. Esto incluye el seguimiento de los plazos establecidos por las autoridades reguladoras, como el plazo de 120 días otorgado por OEFA para que INNOVA presente su plan de cierre del relleno sanitario.

En resumen, la situación del relleno sanitario de Zapallal plantea desafíos significativos que requieren una respuesta coordinada y eficaz por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La atención continua a este tema es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población afectada.

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, Relleno Sanitario, zapallal

Desde Sudaca se ha tomado seguimiento de la construcción del Centro de Salud Municipal en el distrito de San Isidro. Se ha mostrado una gran preocupación que de la noche a la mañana se siga adelante con la construcción del proyecto y que la alcaldesa no haya tenido ningún impedimento y que esté participando de eventos del Estado.

benjamin zevallos

La alcaldesa de San Isidro tuvo que cerrar el parque Bicentenario para celebrar junto a la presidencia a los 800 mil usuarios de Pensión 65

Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficacia de las decisiones administrativas locales, así como sobre la priorización de los intereses públicos frente a otras consideraciones políticas. Se vio a la alcaldesa, Nancy Vizurraga, participando junto a la presidenta Dina Boluarte en la ceremonia de los 800 mil usuarios de Pensión 65.

Más allá de la presencia de la alcaldesa en este evento, causa revuelo que a pesar de las deficiencias del proyecto de San Isidro se siga adelante con ello. Se sabe que la municipalidad ha tenido contacto constante con el MINSA para este y otros asuntos de su jurisdicción.

Benjamin Zevallos

La luz verde del proyecto

El Gerente Municipal de San Isidro ha expresado optimismo respecto al futuro del proyecto del Centro de Salud Municipal, afirmando que se han superado las deficiencias técnicas y las dificultades de permisos y autorizaciones. Sin embargo, estas afirmaciones han suscitado interrogantes sobre si las irregularidades señaladas previamente en Sudaca han sido verdaderamente solucionadas.

La consulta realizada por los vecinos al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) reveló que, según la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01, el terreno donde se pretende construir el centro de salud se encuentra a menos de 100 metros de una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones y eventos, lo cual no es permitido para este tipo de instalaciones.

La respuesta negativa de la entidad a la viabilidad del proyecto plantea la necesidad de reevaluar la ubicación del centro de salud y tomar medidas para garantizar que cumpla con los requisitos legales y técnicos establecidos. En este sentido, se cuestiona cómo se podría trasladar el terreno a una ubicación adecuada, alejada de centros escolares y estaciones de combustible, para asegurar la viabilidad del proyecto y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Este proceso requeriría un análisis detallado de las opciones disponibles y la colaboración de diversas partes interesadas para encontrar una solución que satisfaga tanto las necesidades de atención médica como las preocupaciones de seguridad y regulación urbanística.

La información proveniente de la DIRIS LIMA CENTRO, remitida al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, es contundente: el lugar elegido para la instalación del centro médico municipal no cumple con los requisitos necesarios, por lo que se concluye que no es factible establecer el centro de salud en esa ubicación.

Esta situación se agrava por las acciones llevadas a cabo durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien ordenó la demolición de una vivienda que, además de no cumplir con los requisitos del MINSA para ser destinada a ese fin, fue construida con ese propósito inicialmente. Posteriormente, se inició la construcción de un edificio de cinco pisos, cuya finalización se ha visto retrasada debido a una serie de problemas.

Sorprendentemente, la gestión actual no ha tomado la decisión de detener este proyecto a pesar de las irregularidades evidentes. Además, se revela que el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano», identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía inicialmente una inversión de S/. 21,491,037,27 Nuevos Soles. Sin embargo, con la intervención de Cáceres, esta cifra se incrementó a S/. 23 331 937,20 Nuevos Soles, lo que sugiere una posible malversación de fondos públicos durante la gestión anterior. Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad en la administración de recursos públicos en el municipio de San Isidro, así como la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las irregularidades y garantizar el uso adecuado de los fondos destinados a proyectos de salud pública.
Benjamin zevallos

Sobre el proyecto en el diario oficial del distrito

Al cierre de este informe se sigue adelante con un proyecto lleno de irregularidades y demandas por parte de los vecinos que exigen un mejor ambiente para vivir y que, la construcción de este centro médico, podría ser perjudicial para muchos.

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