🚨|El Ministerio Público abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales que se desarrollan en el país.
Según la información brindada a Sudaca, el accionar fiscal ha sido el siguiente: actualmente se han liberado a 337 personas. De esta cifra, 327 fueron liberados con citación, mientras que 10 han sido liberados con comparecencia. Por otro lado, se tiene conocimiento que 53 personas cumplen con detención preliminar, 3 personas se les ha dictado prisión preventiva y 2 se encuentran con requisitoriado.
La detención preliminar. Hablamos con Rafael Chanjan, abogado penalista. Destacó que se tiene que averiguar si es que se trata de un delito común, ya que si fuera así, entonces su detención sería de 7 días. Sin embargo, si se tratase de un caso complejo, esta detención podría ser de 10 días. “En la práctica judicial, el fiscal deberá solicitar prisión preventiva”, destacó. “Hay que verificar que exista riesgo procesal (fuga y/o entorpecimientos de la actividad probatoria). Tanto para la detención preliminar como para la prisión preventiva”, mencionó el abogado.
La fiscalía corre contra el tiempo. “Sí hasta que vence el plazo (10 días) no hay un requerimiento de prisión preventiva, entonces las personas tienen que salir en libertad”, mencionó el abogado con respecto al accionar fiscal y la cifra que el Ministerio Público presentó. Cada caso tiene que reflejarse por el riesgo procesal de cada investigado para solicitar la prisión preventiva.
Como hemos visto en las cifras y según lo comentado por Chanjan, es que también vencido el plazo de 10 días que se puedan determinar de detención preliminar, el fiscal puede decidir darles comparecencia restringida o que puedan seguir con el proceso mediante una libertad que sea fijada a partir de reglas de conducta.
Conversamos con Jose Daniel Anglas, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien participó de dicha movilización del 19 de enero en el distrito de Miraflores. “Nos dirigimos al Parque Kennedy, no pensamos que tendría tanta acogida, pero cuando llegamos al Ovalo de Miraflores había dos grupos marcados”, comentó.
“Se exigía en la protesta porque había muertes (al interior del país) y que Dina renuncie, pero por una cuestión moral. En un Estado de Derecho no pueden estar matando gente y haber represión”, reflexiono el estudiante sanmarquino. A las 8 de la noche, el grupo de protestantes en el distrito sureño tomaron dirección por la Av. Arequipa con rumbo al Centro de Lima de una manera tranquila y respetando los espacios públicos, sin buscar confrontaciones.
“A la altura de Aramburu, había un cordón policial que intentó separarnos”, comentó el estudiante que al igual que los asistentes a la movilización no creyeron que siendo Miraflores un lugar altamente resguardado se iba a dar la situación de lanzar bombas lacrimógenas. “Había menores de edad y adultos mayores. Cuando empezamos a escuchar los disparos, la turba empezó a disolverse. Estábamos muy asustados”, sentenció.
“Los policías empezaron a empujarnos con sus escudos. Nos preocupó que no solamente estábamos los jóvenes; también había padres de familia, menores y adultos mayores que habían salido a protestar”, comentó José mientras recordaba que junto a su familia y varios asistentes intentaron resguardarse y salir de la zona de peligro.
Los comunicadores en acción: Una foto que dice más que mil palabras
Sudaca tuvo la oportunidad de conversar con Ingrid Armas Reyes, comunicadora audiovisual, quien capturo una imagen que ha tenido mucha acogida por parte de los usuarios de las diferentes redes sociales. Dos bomberos luchando arduamente por apagar el fuego, un día después de las manifestaciones, en la Casona Marcionelli. La comunicadora compartió con nosotros lo que se vivía en el lugar de los hechos.
“Mientras yo me acercaba al lugar, más era la tristeza. El ver como poco a poco inconsciente o conscientemente se provocan estos hechos desastrosos”, sentenció Ingrid. Había llegado al día siguiente, pero el calor era sofocante y el humo todavía salía de los escombros del perdido patrimonio cultural. “Los bomberos habían estado trabajando desde la madrugada, cuando tomé la foto eran dos bomberos (un hombre y una mujer)”, agregó.
No lo pensó ni una ni dos veces. “Cuando yo creí que ya estaba todo, no sé cómo doy media vuelta y me encuentro esta historia y la capture. Vi cuando ellos estaban cansados porque ya habían soltado la manguera y yo tenía dos opciones: tomarla con la cámara profesional o con la del celular. Atine en tomarla con mi celular en el momento preciso que yo quería transmitir: El cómo dos bomberos hacían todo lo posible para salvar y apagar el incendio de la casona”, reflexiono la comunicadora.
“Sabía que si levantaba la cámara con ese súper lente iba a ser que ellos voltearan y se malogre la escena. Baje la cámara, agarre el celular y dispare. Logre la escena que a muchos les ha gustado”, agregó con entusiasmo.
“Yo quería capturar la escena y colocarla en mis redes sociales”, confiesa Ingrid mientras se siente asombrada que 72.000 personas han visto su foto a partir de la página “Limatopías”. Aconseja a los futuros profesionales audiovisuales que no se limiten por no tener una cámara profesional y no poder tomar la “gran foto”. “Más importa la historia que quieres contar y lo que quieras capturar en ese momento. Capturen, capturen y ahí estará la historia”, finalizó Ingrid con una sonrisa.
20 de enero. Tres bomberos y un edificio calcinado. Foto: Ingrid Armas Reyes.
Sudaca presento un informe que detallaba las irregularidades entre Innova Ambiental y la Municipalidad de Lima. Y es que se tenía que organizar un concurso público para encontrar una nueva concesionaria. Pero ese nuevo concurso nunca se llevó a término y el plazo de 120 ya se cumplió 20 veces.
Castañeda intentó disolver este contrato. A finales del 2018, se presentó desde la gestión de Luis Castañeda un documento que culmina el Contrato de Concesión con Innova Ambiental. Sudaca pudo acceder a dicho documento que detalla entre otros puntos claves que la Municipalidad de Lima ya intentaba presentar la nulidad de este contrato, así como también, detalla la adenda que se tenía con Innova.
Según las últimas investigaciones que Sudaca ha dado seguimiento, en medio de la gestión de Castañeda se resolvió en diciembre del 2018 finalizar la concesión. Sin embargo, no se llegó a consolidar esta resolución, ya que era el último mes de Castañeda en el municipio. Durante este tiempo, la empresa ha recibido 481 millones de soles por parte de la comuna, de acuerdo con la información de la Oficina de Tesorería de la entidad.
Rafael López Aliaga ha prometido una “Lima, potencia mundial” como lema principal de su campaña. En una conversación con el periodista Nicolás Lucar mencionó su interés sobre este tema. “Yo no le debo a nadie. No tengo obligación con nadie”, fueron las palabras del actual burgomaestre sobre Innova Ambiental quien estaba siendo orientado por Lucar sobre la adenda y los plazos que han permitido que esta empresa siga operando en la ciudad.
Anomalías en sus primeros días
El alcalde de Lima ha sorprendido a la opinión pública con su cambio de posturas a varias propuestas que lo hicieron ganar la elección. Primero prometió anular los peajes. ¿Por qué cambió su discurso de anularlos a intentar renegociarlos? La Municipalidad de Lima ha perdido en diciembre un nuevo arbitraje y su pedido de nulidad, iniciado por Muñoz en 2019, que fue desestimado por un tribunal arbitral.
La nulidad ya no es una opción. El alcalde tendría que dialogar con las concesionarias viales y la renegociación de loscontratos de concesión, esto no evitaría que la MML reduzca o evite la tarifa de una posible compensación al concesionario.
Pérdida innecesaria de dinero. La realidad en la iniciativa de Rafael López Aliaga ocasiona más allá de un beneficio a la comuna limeña un gasto innecesario por millones de dólares en arbitrajes que no son razonables por loslaudos arbitrales internacionales muy recientes que ratifican la vigencia de los contratos de concesión.
Ahora bien, si López Aliaga quiere anular los contratos unilateralmente, primero deberá pagar a los concesionarios alrededor de US$5,000 millones. Si no es pagada, entonces, seguirán cumpliendo sus obligaciones contractuales de operar y mantener las vías concesionadas.
Hemos visto que la última gestión de Luis Castañeda estuvo obstruida por los escándalos de corrupción afianzada con Odebrecht. Entre algunas referencias está el favorecimiento a la constructora OAS entregando -mediante adenda- la obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio.
Pareciera que López Aliaga quiere retornar a los años 2014 a 2018. Y es que la municipalidad está siendo gestionada por ex funcionarios de Solidaridad Nacional. Además, el empresario en repetidas ocasiones ha endiosado a Castañeda. Sin embargo, el exalcalde ha cumplido prisión preventiva por lavado de activosy otros delitos por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, a cambio de favorecerle en licitaciones de obras públicas.
13 de enero. El nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participo de la misa por el primer año del fallecimiento de Luis Castañeda Lossio: Foto: Municipalidad de Lima.
Se conoce que la fiscalía ha encontrado evidencia de que OAS había entregado US$480 mil para la campaña de Castañeda; mientras que Odebrecht dio montos de entre US$100 mil y US$120 mil. La fiscalía considera al exalcalde de Lima el cabecilla de una presunta red criminal destinada a cometer actos ilícitos para la campaña municipal 2014.
Las investigaciones que afrontó Castañeda en su primera gestión, donde López Aliaga fue regidor, fueron en crecida. Se cuestiona su participación en una transacción financiera a una sospechosa empresa. Los investigados habían participado ilícitamente en el pago de una deuda entre la Municipalidad de Lima y la empresa Relima. La cuestión fue la forma y el monto (35.9 millones) que fue pagado a la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones: Comunicore.
Pactado el acuerdo, apareció la empresa en cuestión comprando la deuda de Relima por 14.6 millones de soles. La gestión de Castañeda, en 2006, pago 35.9 millones de soles a Comunicore. Completado el pago, la empresa procedió a ser liquidada. Actualmente las investigaciones han condenado a 4 exfuncionarios de la gestión de Solidaridad Nacional.
Después de toda esta problemática que ha perjudicado la imagen de Castañeda Lossio y cuestiona la posición del actual alcalde de Lima. Aterrizamos a la realidad, ¿qué nos espera en el caso Innova Ambiental? Los peajes tienen una nueva postura, mientras que el ideario del burgomaestre se posiciona a partir de un personaje que estuvo gravemente involucrado en un caso internacional de corrupción. ¿Seguirá perdiendo dinero la MML y perdiendo más arbitrajes? ¿Seguirán gastando millones de dólares para nada en lugar de proponer nuevas obras con sus aliados del sector privado? ¿Seguiremos viendo a Innova Ambiental operando en la capital?
El periodista invocó a Rafael López Aliaga a concluir con el contrato que tiene la Municipalidad de Lima con Innova Ambiental. Lúcar ha sido enérgico con este caso, y es que adjudica que mensualmente la ciudad paga 500 mil soles con la empresa.
Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular se convirtió a inicios del presente año en el septuagésimo cuarto burgomaestre de Lima Metropolitana. “Por Dios, por los que menos tienen en Lima y en el Perú, por Lucho Castañeda Lossio, sí, juro”, dijo López Aliaga en la ceremonia de transición en el Gran Teatro Municipal de Lima.
El legado de Castañeda parece que será el pilar más importante del nuevo alcalde. Sin embargo, cabe resaltar que fue en esta gestión donde no se pudo finalizar la concesión con Innova Ambiental. Entonces, ¿cuáles serán los cambios que promete López Aliaga que afectan el legado del exalcalde de Solidaridad Nacional?
Con respecto a Innova, el empresario ha propuesto un concurso público internacional que proponga el tratamiento de los residuos sólidos con nuevas tecnologías. El alcalde de Lima dialogó con el mismo Nicolás Lucar con respecto a este caso. “Yo no le debo a nadie. No tengo obligación con nadie”, afirmó raudamente sobre el futuro de Innova.
Al cierre de este informe, la Municipalidad de Lima se prepara para el primer Consejo Metropolitano que entre los temas que tiene pendientes el nuevo burgomaestre debe de priorizar el tema de los residuos sólidos y el polémico tema de “renegociación” de los peajes. Priorizar este tema, en lugar de obsesionarse con los peajes, ya objeto de revisión en diversos arbitrajes.
El alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha mostrado interes en fomentar el uso de las nuevas tecnologías y en la convocatoria para el tratamiento de los residuos sólidos.
Al cierre de este informe, el alcalde de Lima se encuentra afrontando escándalos en sus primeras semanas de gestión. López Aliaga ha cambiado su postura a varias propuestas, como es el caso de los peajes. Antes mencionaba que era necesario desaparecerlos, sin embargo, ha mencionado que convocará una sesión del Consejo Metropolitano para recuperarlos. Entonces, con respecto al caso de las propuestas ambientales, ¿cambiará la postura de López Aliaga sobre la permanencia de Innova Ambiental? Se espera que honre sus compromisos.
La última elección. Pedro Castillo se encontraba en los últimos meses de su gestión y la crisis política se agravaba más. Además, el Congreso ya había presentado una moción de vacancia presidencial en su contra. Betssy Chávez se convirtió en la última jefa del Gabinete Ministerial de la era Castillo. Al igual que sus antecesores, la abogada se encontraba en investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias cuando ejerció como ministra de Cultura.
Los ministros
Los jefes del Gabinete Ministerial han sido cuestionados a lo largo del presente informe, la culminación de sus gestiones se dio por investigaciones personales, pero también se dieron por problemas de otros miembros del gabinete.
Un total de 78 ministros y 5 ex premieres han pasado por la presidencia de Pedro Castillo. Los jefes del Gabinete Ministerial fracasaron en un intento de defender su credibilidad a pesar que las investigaciones ponían en tela de juicio la transparencia de su gestión. Sin embargo, este fracaso no se debe meramente a cuestiones personales, también obligaron a cesar sus funciones por investigaciones de su misma plancha ministerial
El expresidente Castillo fue integrado en una investigación por pertenecer a una organización criminal. Lo mismo pasó con el ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. El Ministerio Público señaló que había cometido el delito de obstrucción a la justicia.
Jorge López Alvarado, exministro de Salud, fue removido de su cargo tras relacionarlo con sospechosas operaciones financieras de empleados que sirvieron en la compra de un departamento de estreno en Jesús María a favor de su expareja y madre de sus hijos. En el marco de una “transparencia” el mandatario, con el retiro de López, demostraba su desligamiento con este esquema de enriquecimiento ilícito.
Investigaciones especiales. El gobierno de Castillo estuvo ligado a presuntos actos de corrupción que ocasionaron operativos en las oficinas del mismo despacho presidencial. Sin embargo, también se ha implicado en estos temas al prófugo ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; entre otros (Geiner Alvarado López, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Walter Ayala, Defensa). De este último, Sudaca ha presentado un informe detallado de las investigaciones que afronta el exministro y que involucro al secretario presidencial Bruno Pacheco.
Por último, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero junto al ex premier Aníbal Torres afrontan una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los dos son cuestionados por pertenecer a una organización criminal y por ser obstruccionistas a la justicia. Son señalados por ser miembros del “brazo obstruccionista” que tendría la red criminal que encabeza el exjefe de Estado.
Hay varios desafíos entre el Ejecutivo y el Congreso camino al 2024, ¿Cuáles son los principales que usted identifica?
El país que asume Dina Boluarte es un país convulso y que ha sido agitado por Pedro Castillo, pero esta situación no está en el aire, sino que recoge sentimientos y clamores de una sociedad mayoritaria. A lo largo de este siglo, se ha visto cómo ese crecimiento económico benefició más a unos que otros, los pocos beneficios que obtuvieron se diluyeron rápidamente. Tanto dinero entró a las arcas privadas, pero también a las públicas y somos un país precario. Y volvemos a que una solución no es meramente el adelanto de elecciones. Las elecciones si pueden canalizar los conflictos. Cuando las hay, bajan los conflictos sociales. Por otro lado, es necesario cambiar las relaciones entre los dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo). El gobierno es precario y ha pasado de ser izquierdista a inclinarse a un gobierno de centro-derecha. Dina Boluarte ha dado mensajes, trata de ampliar sus niveles de apoyo, pero si solamente se sostiene en la derecha del Congreso yo creo que va ser difícil que aguante los niveles de concordia, sino a costa de -ya como Ejecutivo- asumir responsabilidades o dar un paso al costado de acciones que se realicen desde el Congreso. Y es que este Congreso está sumamente fraccionado con muchos intereses mercantilistas en ámbitos de educación o transporte donde hay lobbies e intereses muy fuertes. Boluarte debe lidiar con una población que si antes hablaba de elecciones, hoy por hoy está dolida con 27 muertos. Este año que viene es de constante prueba.
Los gobiernos de transición que hemos tenido con Paniagua y Sagasti han sido exitosos, pero eran gobiernos de 8 meses. Ahora tenemos el doble. Ella no tenía la experiencia ni el arraigo de Paniagua ni Sagasti, pero; además, nace con 27 tumbas, así que no es fácil.
Muchos costos de inicio para un periodo largo.
Se hablaba de reformas políticas y se mencionaba constantemente el tema de la bicameralidad. En el panorama de las elecciones del 2024 y el año y medio que le queda al Congreso y a Dina Boluarte, ¿Cree usted que puede ser una salida o parte de una solución para la gobernabilidad?
No hay nada que por sí solo cambie drásticamente este panorama. Desde que se cambió la Constitución para la unicameralidad, yo he escrito y he sido simpatizante de la bicameralidad. Yo pienso que un Congreso bicameral va a ser mejor. Pero eso a lo mejor va a ser insuficiente para cambiar drásticamente la política peruana. Si el Congreso solo se encarga de hacer bicameralidad para la reelección se convertirá en una de las medidas más impopulares que hay, lo que nos da a entender que los congresistas no comprenden el rechazo de pie que tienen los ciudadanos de ellos mismos. Justamente, la vez pasada cuando hubo el referéndum, sí los congresistas no hubieran tocado todo ese diseño que se les presentó, hoy tendríamos bicameralismo, pero el Congreso se portó de manera angurrienta y quiso modificar artículos al final. Vizcarra, que tenía un apoyo considerable, dijo que eso no quería y la población respondió así. Esto evidentemente vio reflejada el rechazo que la población tiene de sus representantes y que estos ignoran por seguir trabajando bajo sus propios intereses.
No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.
En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.
La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.
