Sala Penal falla a favor de Quipán: se ratifica sentencia contra Abel Cruz Mosquera

En nuestra última entrega sobre el caso de la empresa Argüelles y la muerte de Santiago Guardamino, hablamos de las acciones que realizó el dirigente contra la ex representación de la comunidad de Quipán, encabezada por Abel Cruz Mosquera, quienes actuaron a sus anchas. Guardamino llevó a cabo varias diligencias en favor de la comunidad, sin saber que finalmente silenciarían su voz en una fatídica noche que sigue traumatizando a toda una comunidad. La Sala Penal le ha dado la razón a Santiago Guardamino, ¿por qué? Acompáñanos en este nuevo informe para Sudaca.pe

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas cometidas durante su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se ratificó la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, declarándolo culpable como autor del delito contra la fe pública.

Contreras está en la obligación de dar la cara a la Comunidad de Quipan por una gestión que no solo permitió a la Empresa Arguelles ir delante con un proyecto que afecta la autonomía e integridad de los vecinos, sino también que cobro la vida de un dirigente cuyo asesinato está siendo investigado, pero que trae a la mesa la discusión por su asesinato justo un día antes de acercarse al Ministerio Publico para declarar en contra de esta empresa y de Abel Contreras.

¿Cómo fue el proceso que empezó Santiago Guardamino?

En un caso que ha sacudido la conciencia de la nación, Santiago Guardamino Gonzales, destacado defensor de la integridad de la Comunidad de Quipan, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa, justo después de haber obtenido el apoyo crucial de los comuneros en su lucha contra la corrupción y la venta ilegal de terrenos. Guardamino, quien ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal, fue abatido a tiros por sicarios, recibiendo nueve balas en su cuerpo, un acto que se presume fue cometido para silenciar sus declaraciones programadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Guardamino había sido una figura clave en la batalla judicial contra la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C, vinculada a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales. Estos terrenos, valorados en 600,000 soles, fueron vendidos a un precio irrisorio, en complicidad con el anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos oficiales para consumar la venta. Guardamino, comprometido con la justicia, había impulsado un proceso judicial para anular este contrato fraudulento y llevó a cabo una denuncia penal que resultó en la condena de Mosquera Ortiz.

Benjamin Zevallos
Continuación de la decisión de la Sala Penal


El asesinato de Guardamino, perpetrado a pocos metros de su hogar, se produjo en un momento crucial. Su declaración ante la Corte Suprema, prevista para el 3 de abril de 2024, era un elemento esencial para resolver el caso (expediente
7399-2023). Este caso tenía el potencial de invalidar la venta fraudulenta y devolver la propiedad a la Comunidad de Quipan, evitando así la realización del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi” en los terrenos comprometidos.

La comunidad de Quipan había depositado su confianza en Guardamino para enfrentar las irregularidades que habían marcado la administración de su antecesor. La venta fraudulenta de tierras había dejado a la comunidad en una crisis profunda, y Guardamino, con su liderazgo, se había erigido como un bastión de esperanza y justicia. Su valentía y determinación lo llevaron a desafiar poderosos intereses, pero también lo convirtieron en un objetivo para aquellos que temían las repercusiones de sus acciones judiciales.

El asesinato de Guardamino no solo es un golpe devastador para su familia y la Comunidad de Quipan, sino también un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia cuando se enfrenta a la corrupción y la violencia. Su muerte subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que, con valentía, defienden los derechos de sus comunidades y luchan por un futuro más justo.

En un último esfuerzo por anular la compra venta fraudulenta, Guardamino había iniciado un proceso civil paralelo, estrechamente vinculado al resultado de su declaración ante la Corte Suprema. Ahora, con su muerte, la comunidad enfrenta un nuevo desafío: mantener viva la lucha de Guardamino y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano.

La tragedia de Santiago Guardamino es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores de la justicia y los derechos humanos. Su legado, marcado por la valentía y el compromiso con su comunidad, debe inspirar a todos a continuar la lucha por la verdad y la justicia en Quipan y más allá.

Guardamino había estado al frente de una ardua batalla legal contra la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales a la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la irrisoria suma de 600,000 soles, equivalentes a 0.006 soles por metro cuadrado. Este negocio ilícito fue realizado con la complicidad del anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, y el propietario de la empresa, Aniceto Elvis Arguelles Loayza. La venta se llevó a cabo mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo actas de asamblea general y estudios topográficos y catastrales.

En su lucha por la justicia, Guardamino había logrado la condena de Mosquera Ortiz a 5 años de prisión efectiva en primera instancia, aunque esta pena fue reducida a 4 años de prisión suspendida en segunda instancia. Sin embargo, la influencia de Industrias Arguelles no se detuvo ahí. La empresa continuó operando en el terreno un botadero de basura denominado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi«, lo que motivó una serie de denuncias de Guardamino por los daños ambientales y de salud causados a los comuneros.

La magnitud de la corrupción se hizo aún más evidente cuando se descubrió que Aniceto Elvis Arguelles Loayza simuló la transferencia del terreno a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., dirigida por su sobrino Gerson Guillen Arguelles, para evitar que la Comunidad Campesina de Quipan recuperara las tierras.

El motivo detrás del asesinato de Guardamino se centra en su inminente declaración ante el Ministerio Público. El día después de su asesinato, Guardamino debía responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Esta declaración era crucial para demostrar la ilegalidad de la venta de terrenos y recuperar las propiedades para la comunidad.

Además de sus esfuerzos legales contra la venta fraudulenta, Guardamino también había iniciado una denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, Karen Marianella Pasco Flores (Gerente General de Industrias Arguelles), Abel Cruz Mosquera Ortiz (ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan) y Gerson Guillen Arguelles.

Según la denuncia, Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Arguelles Loayza para adquirir fraudulentamente las tierras por 600,000 soles, cuando su valor real era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Guardamino expuso que los documentos utilizados contenían datos falsos y que la compra venta fue una simulación para ocultar la verdadera intención de apropiarse de los terrenos comunales.

El asesinato de Santiago Guardamino es un claro intento de silenciar a un defensor de la justicia y proteger los intereses corruptos de aquellos que buscan explotar los recursos de la comunidad de Quipan. Sin embargo, el 06 de mayo la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el mismo Abel Contreras, expresidente de la Comunidad de Quipan y quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas que cometió en su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se RATIFICÓ la sentencia interpuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte “como autor del delito contra la fe pública”.

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