Guardamino asumió la presidencia en un periodo crítico para su comunidad, que estaba atravesando una grave crisis debido a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta transacción se realizó durante el mandato de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, muy por debajo de su verdadero valor.
Ante esta situación, Santiago Guardamino decidió actuar legalmente, interponiendo una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la directiva saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, aunque en segunda instancia la pena se redujo a cuatro años de prisión suspendida. Este caso llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), donde la resolución estaba programada para después de la declaración de Guardamino, fijada para el 3 de abril de 2024.
En una reciente conversación con el abogado penalista, Rafael Chanjan. Se abordó el complejo y delicado caso de Santiago Guardamino, cuyo fallecimiento ha generado una creciente preocupación y movilización en la comunidad de Quipan. “Este caso es un tema que debe ser tratado con mucha cautela, ya que involucra no solo la pérdida de una vida, sino también el clamor por justicia en un contexto de desprotección”, comentó el abogado, quien ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.
La entrevista reveló la frustración del abogado respecto a la falta de avances significativos en la investigación. “Es comprensible que la familia busque respuestas, pero ¿qué está haciendo la comunidad de Quipan? ¿Qué papel están jugando sus dirigentes en esta lucha?”, cuestionó. Esta inquietud destaca una problemática más amplia: la responsabilidad de las comunidades en la defensa de sus derechos y la importancia del liderazgo local en la búsqueda de justicia.
El abogado también subrayó que la situación de Guardamino no es un caso aislado. “La justicia peruana se ha visto marcada por la indiferencia y la desigualdad. Es alarmante que, en un caso como este, las dinámicas de poder y la influencia de ciertas empresas prevalezcan sobre la justicia humana”, manifestó, reflejando una realidad que afecta a muchas comunidades vulnerables en el país. Esta observación pone de relieve un patrón preocupante: en numerosos casos, las comunidades se sienten desprotegidas ante los intereses económicos de grandes corporaciones, lo que genera un clima de impunidad.
Durante la conversación, el abogado hizo hincapié en la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades judiciales, particularmente de la Fiscalía. “Estamos hablando de un año desde la muerte de Guardamino, y aún no hemos visto avances significativos. Las decisiones de los fiscales hasta ahora parecen estar más alineadas con los intereses de la empresa involucrada que con la búsqueda de justicia para la víctima y su familia”, argumentó.
El abogado también abordó el papel de la comunidad de Quipan, destacando la importancia de su movilización. “Definitivamente, se necesita una movilización no solo de la familia, sino de todos los sectores involucrados para exigir respuestas claras y efectivas de las autoridades. La unión de la comunidad puede ser un factor clave para visibilizar la lucha por la justicia”, enfatizó.
Nota de redacción: La situación se complicó aún más por la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se iba a llevar a cabo en los terrenos adquiridos de manera fraudulenta. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era fundamental, ya que su testimonio podría conducir a la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, que ocurrió con nueve disparos, truncó esta posibilidad y le impidió presentar su testimonio.
Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un procedimiento civil para anular la compraventa de las tierras, el cual estaba estrechamente relacionado con el resultado del caso en la Corte Suprema. Ahora, la comunidad enfrenta un futuro incierto, marcado por la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.
Además, señaló que la búsqueda de justicia no debería ser una tarea exclusiva de la familia de la víctima. “Este es un asunto que trasciende a un individuo. Hablamos de derechos humanos y de la necesidad de proteger a toda una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la acción de una empresa que, aparentemente, ha manipulado documentos para intentar justificar su actuar”, dijo.
Al acercarse el primer aniversario de la muerte de Guardamino, el abogado instó a redoblar los esfuerzos para obtener justicia. “Lamentablemente, los esfuerzos pueden ser suficientes para la familia, pero recordemos que no es un problema entre una persona con otra. Este es un caso que resuena en toda la comunidad y que necesita una respuesta contundente del sistema judicial, partiularmente del Ministerio Público”, añadió.
Finalmente, el abogado cerró la conversación con un llamado a la reflexión. “La justicia no debe ser un privilegio de unos pocos. Es fundamental que el Estado y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos actúen con responsabilidad y compromiso. El caso de Santiago Guardamino es un recordatorio de las luchas que enfrentan muchas comunidades en el país y de la necesidad urgente de un sistema legal que proteja efectivamente los derechos de todos, sin excepción”.
Mientras la comunidad de Quipan espera una respuesta, el eco de su búsqueda de justicia resuena cada vez más fuerte. Este caso pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y del compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos, así como la urgencia de un cambio en la forma en que se ejerce la justicia en el Perú. La lucha por la justicia de Guardamino no solo es la lucha de su familia, sino la de toda una comunidad que clama por un trato equitativo y justo.
Este último delito establece que los funcionarios públicos que, sin observar leyes, reglamentos ni estándares ambientales vigentes, autorizan el otorgamiento, renovación o cancelación de permisos, concesiones o licencias para actividades o proyectos sin la debida competencia, incurren en una falta grave, pudiendo ser sancionados con penas privativas de libertad.
