Santiago Guardamino Gonzales, presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, fue asesinado el 3 de abril de 2024 a las puertas de su hogar. Este crimen ha conmocionado a la comunidad y plantea serias preguntas sobre los motivos y las personas detrás del homicidio.
Guardamino había asumido la presidencia en un momento crítico para la comunidad, que se encontraba sumida en una crisis tras la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta venta se realizó durante la gestión de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, mucho menor al valor real del terreno.
Frente a esta situación, Santiago Guardamino tomó medidas legales, presentando una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la dirigencia saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, pena que fue reducida a cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia. Este caso llegó hasta la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), que debía resolverse después de la declaración de Guardamino programada para el 3 de abril de 2024.
La complejidad del caso se incrementa con la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se desarrollaría en los terrenos adquiridos fraudulentamente. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era crucial, ya que podía resultar en la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, perpetrado con nueve disparos, impidió que pudiera dar su testimonio.
Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un proceso civil para anular la compraventa del terreno, estrechamente vinculado al resultado del caso en la Corte Suprema. La comunidad ahora enfrenta un futuro incierto, con la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.
La muerte de Santiago Guardamino no solo es una pérdida personal para su familia y comunidad, sino que también representa un golpe a la integridad de los procesos judiciales y la defensa de los derechos comunales. La pregunta que queda es: ¿quiénes se benefician realmente de este crimen y cómo se garantizará la justicia para Quipan?
Los rollos del problema
La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha estado operando un botadero de basura llamado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en los terrenos adquiridos fraudulentamente de la Comunidad Campesina de Quipan. Este proyecto ha generado una serie de denuncias por parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido al daño ambiental y a la salud de los comuneros. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que finalmente le costó la vida.
Para evitar que la comunidad recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago por un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C. Esta empresa es gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.
El asesinato de Guardamino se produjo un día antes de que este acudiera al Ministerio Público para responder sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su asesinato sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera declarar y aportar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?
Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles. Entre ellos, una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra:
- Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
- Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
- Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan
- Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente las 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.
La documentación presentada por Guardamino revelaba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo que, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a costa de la comunidad.
La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipan. Este asesinato plantea graves preguntas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.
Lo que se vino encima de la empresa y la justicia con los vecinos de Quipan
El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó y denegó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, ratificando su condena por el delito contra la fe pública. Esta decisión, originalmente emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue en respuesta a las acciones ilícitas cometidas durante la gestión de Contreras, denunciadas por el fallecido Santiago Guardamino.
El asesinato de Guardamino, ocurrido un día antes de su declaración crucial ante el Ministerio Público, subraya la gravedad de su lucha contra la corrupción. Su testimonio tenía el potencial de invalidar el contrato fraudulento y devolver los terrenos a la comunidad, afectando directamente los intereses de Industrias Arguelles y su proyecto «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi».
La comunidad de Quipan confiaba en Guardamino para enfrentar las irregularidades y recuperar la integridad de sus tierras. A pesar de su trágica muerte, la ratificación de la sentencia contra Contreras es un paso hacia la justicia, aunque queda mucho por hacer para proteger a los defensores de los derechos comunales y asegurar que sus sacrificios no sean en vano.
