Graciela y Dayana, son una pareja de mujeres peruanas, que como muchas otras decidieron formalizar su unión y casarse, y de esta manera constituir su familia.
La diferencia es que ellas no pueden hacerlo legalmente en el país, debido a que en el Perú el derecho a contraer matrimonio es exclusivo de las personas heterosexuales.
Por ello, lejos de su familia y sus queridos esta pareja decidió formalizar su unión en Argentina, hace un año. Con pena de no poder compartir su alegría con sus seres queridos, pero en un acto de afirmación de su identidad y derechos. En este país, desde hace varios años, se puede contraer matrimonio independientemente del sexo, orientación sexual o identidad de género de las personas contrayentes.
Más allá del romanticismo, negarles la posibilidad de casarse en su país de origen es un hecho de discriminación directa que se ha mantenido en el tiempo y evidencia que aún estamos en un país profundamente homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico y machista.
De manera persistente e histórico el movimiento LGBTIQ+ ha levantado como parte de sus demandas el reconocimiento del matrimonio igualitario, así como la necesidad de romper con la discriminación estructural y la violencia que los excluye, atemoriza y violenta cada día. La respuesta ha sido la indiferencia de parte de las autoridades.
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en su compromiso con la lucha contra la discriminación ha asumido el litigio de este caso, con la finalidad de lograr la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre dos ciudadanas peruanas mujeres y marcar así un hito histórico para el movimiento feminista y LGTBIQ+.
Este caso emblemático busca el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, como el derecho a formar una familia, el derecho a una vida libre de violencia y otros tantos en el marco del principio de igualdad y no discriminación. También se pretende promover que se respete el proyecto de vida de las personas, obligaciones estatales que se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto, se tienen importantes precedentes de pronunciamientos de distintos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima que, aunque no en última instancia, han amparado la solicitud de reconocimiento del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo, señalando que con ello se garantizan principios y derechos reconocidos en los tratados internacionales que el estado peruano ha suscrito.
Entre estos están casos emblemáticos como el de Oscar Ugarteche Galarza y Fidel Atoche, Susel Paredes Piqué y Gracia Aljovín de Lozada, Andree Martinot Serván y Diego Urbina Fletcher y, el más reciente de junio del año pasado de Mónica Coronado e Irina Picco. En este último, se reconoció por primera vez que negar la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo genera una violación masiva de sus derechos fundamentales.
Con el caso de Graciela y Dayanna se abre una nueva oportunidad para lograr una igualdad real y lograr así un país que algún día que respete y garantice los derechos de todos sus ciudadanas y ciudadanos.
