NoMásViolencia

Son muchas las víctimas violencia sexual quienes por miedo, vergüenza o temor a la estigmatización guardan un doloroso silencio por años. Algunas no entienden lo que ha sucedido, se quedan confundidas, sobre todo cuando la persona agresora fue alguien de su entorno, a quién admiraban o respetaban. 

La confusión y el temor se incrementa cuando quién pensabas que debería cuidarte, guiarte o protegerte, aprovecha este rol o la confianza depositada no solo por el niño, niña, joven o mujer, sino por la familia de esta, para vulnerar lo más íntimo: la integridad sexual. 

En nombre de las religiones se han cometidos muchos abusos, desde siempre. Hablar de esto no es atacar la fe de cada persona, que es respetable, sino visibilizar que, dentro de las iglesias, también hay agresores sexuales, quienes aprovechando este espacio de poder y confianza vulneran niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

El escándalo del Sodalicio, puesto en la palestra pública tras la investigación de Paola Ugaz y Pedro Salinas, graficó una realidad que ha costado años ser aceptada por la jerarquía católica, pero que es real. La violencia sexual existe en organizaciones religiosas y poderosas como esta, y ha sido una práctica de poder y control, que terminó vulnerando la vida de decenas de jóvenes. 

Se sabe que este no es el único caso.  Juan Luis Cipriani, ex arzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, renunció a la orden y salió del Perú en 2019, ante una denuncia de violencia sexual realizada por un hombre adulto, que quiso hablar de los hechos sucedidos varias décadas atrás (1983). Esto fue investigado por el Vaticano y se ordenó el exilio del ex cardenal. 

Hechos similares se han denunciado en todo el mundo. Lamentablemente, en nombre de la fe se han cometido abusos y hechos deleznables e irreparables, que han sido silenciados por las instituciones religiosas y sus autoridades, con la finalidad de no perder ni su legitimidad ni su poder. Aquellas que no han dado respuesta o han omitido los hechos, se han convertido en cómplices de los abusos que se perpetúan en el seno de estas organizaciones.

Tan cómplices de los hechos son quienes conociendo los mismos callan, como quienes premian y condecoran a los supuestos agresores, dejando de lado los testimonios de las víctimas para afirmar – mediante sus actos- que no les creen.  

Pero también hay otro nivel de complicidad y es el del ciudadano/a de a pie. La fe es individual; pero esta no puede cegarnos y llevarnos a defender lo indefendible. Tal vez las Iglesias, y especialmente la católica, ha perdido a tantos fieles, justamente por las incoherencias que existen y porque si un principio católico es: el bien por el otro, no podemos dejarlo de lado para defender a una jerarquía ciegamente. 

La consigna cristiana de “ama a tu próximo como ti mismo” a muchos se les olvida.

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Cipriani, NoMásViolencia

Más de una vez Dina Boluarte con el ánimo de victimizarse y buscar algo de simpatía en la ciudadanía ha señalado que “ella es la madre de todos los peruanos”. 

Por supuesto, este tipo de argumentaciones, bastante estereotipadas, no han logrado el resultado esperado, y su desaprobación, como se evidenció hace algunos meses, ha alcanzado el 91 por ciento, según la última encuesta de Datum.

La presidenta se pierde en un laberinto de escándalos de corrupción y alianzas perversas con representantes en el Congreso y otros actores políticos, en un país debilitado democráticamente y atemorizado por la inseguridad e incremento de la criminalidad organizada. En este escenario tan grave, la jefa de Estado ha mantenido silencio por meses, pero hace unos días dio una conferencia de prensa que solo nos recordó que, si es “una madre” es bastante indolente e indiferente frente a sus “hijos e hijas”. 

En la mencionada conferencia de prensa, utilizó la mayoría del tiempo para hablar de su viaje a China  (si, ese en el que quedó claro que le gusta el chifa); lo grave es que se mantuvo completamente indiferente frente a la pregunta de los periodistas sobre el accionar del gobierno frente a los casos de las niñas/niños  Awajun y Wampis, violentadas/os sexualmente durante años por personal docente  frente a indolencia de las autoridades, quienes conocen los hechos y riesgo de esta población hace mucho tiempo. 

Boluarte no solo pasó la pregunta a su Ministro de Educación, sino que no se pronunció en absoluto sobre el tema ni siquiera para indignarse o rechazar crímenes tan atroces. No mostró ni una pizca de preocupación, ni un poco de empatía o un atisbo de indignación. Por el contrario, claramente la pregunta le incomodó. 

Efectivamente, son los Ministros quienes pueden dar respuestas más precisas sobre diversos temas, pero no le costaba nada tomar la palabra para evidenciar preocupación o compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia sexual hacia las niñas y niños, especialmente de sectores tan vulnerabilizados. Pero no se puede trasmitir lo que no se siente. 

El drama de la violencia sexual en el Perú no es reciente, tampoco es una novedad que sean  las niñas y niños de las zonas amazónicas los más vulnerables, debido  a la prevalencia de la impunidad y el abandono del Estado. Pero, si es sorprendente que una mandataria se mantenga indiferente frente a dramas horrorosos. 

Racismo, discriminación e indolencia. Puede ser. Pero creo que a la “madre de todos los peruanos” no solo la embargan estas taras, sino que además está tan molesta con el país y preocupada por mantener sus mentiras o proteger a su Waiky, que todo lo demás no le importa. 

Así, seguimos a expensas de una autonombrada madre bastante indolente y perversa. En tanto, la impunidad prevalece y la vida de niños, niñas y adolescentes siguen dañadas, sin justicia ni reparación.  Esa madre, nos odia.

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La violencia sexual es asunto de poder. Una forma criminal de humillar, de poseer un cuerpo que se desprecia y sobre el cual se quiere reafirmar la superioridad.

Es decir, los ataques sexuales no tienen que ver con los deseos sexuales, ni con una libido irrefrenable.  Se relaciona directamente con una conducta que refleja el odio y despojo de la humanidad de la otra persona, a quien solo se le considera como un objeto de abuso, desprovisto de derechos.

Es una cruel expresión del patriarcado feroz, que invade el cuerpo y lo subyuga, vulnerando un aspecto profundamente íntimo y privado como es la sexualidad. 

Las principales víctimas de violaciones sexuales son las mujeres, especialmente las niñas, niños y adolescentes. Cuyos cuerpos vulnerables y estigmatizados son abusados. Sin embargo, el abuso sexual es también una práctica utilizada entre varones en espacios en donde se requiere reafirmar una masculinidad hegemónica, patriarcal y abusiva. 

La violación sexual es utilizada como castigo patriarcal, como forma de reafirmar poder incluso entre hombres. El origen perverso es el mismo.

Así, hechos recientemente conocidos como la denunciada violación sexual múltiple contra un estudiante en la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú -que se ha hecho pública- es indignante y lamentablemente no es una práctica aislada. 

Según la víctima, este hecho quiso justificarse como “una tradición” de quienes conforman o pretenden conformar la institución pública. La víctima no recibió un apoyo inmediato y, por el contrario, superiores trataron de persuadirle apelando a que los agresores tenían una familia detrás que se vería perjudicada y que el caso no debería volverse un “escándalo”. Lo cual es cruel e inadmisible.

Infelizmente, aunque son pocos los hechos denunciados, sumando que para los hombres hay estigmatizaciones directamente relacionadas a la masculinidad hegemónica, se sabe que estás prácticas han existido (y al parecer persisten) como rituales de iniciación en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú. 

Estos hechos deshumanizantes vulneran derechos fundamentales, dejando graves secuelas en las víctimas que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, muchas veces pueden ser equiparables a la tortura.

Urge que estas denuncias se investiguen, se sancione a los responsables, se proteja a quien denuncia de manera inmediata y se implementen medidas para la no repetición de estos hechos, en los espacios de formación como las escuelas de oficiales y suboficiales. 

El Estado tiene que erradicar, efectivamente, estás prácticas en todas sus instituciones, incluyendo los espacios formativos de la Policía Nacional del Perú y de todas las escuelas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Esta es una obligación ética y legal.  Al no hacerlo y mantenerse indiferente, las autoridades se convierten en cómplices de un crimen atroz.

La violencia sexual es un asunto que el Estado debe prevenir, centrando sus esfuerzos no solo en la sanción (que es sumamente relevante) sino además en la prevención. Esto último involucra un trabajo a nivel de todo el Estado y la transformación de aquellas masculinidades patriarcales hegemónicas, que tanto hace sufrir a las mujeres y también a los hombres. 

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