Los medios de comunicación que se comprometen con la lucha contra la violencia hacia las mujeres deben hacerlo con ética y respetando la dignidad de la víctima y el dolor de sus familiares.
Informar o hacer reportajes sobre casos no puede ser un acto sensacionalista e irresponsable, sino un aporte a la lucha contra este problema que cobra la vida de cientos de mujeres y deja en la orfandad a niños/as y en el dolor a familias enteras.

La libertad de expresión es fundamental en toda democracia. Sin embargo, esta no puede confundirse con libertad para dañar, revictimizar, estigmatizar y vulnerar la dignidad de las familias. Este derecho fundamental tiene límites y se encuentra en el derecho de las personas a vivir libres de discriminación y sin violencia.

El programa que emite América TV, llamado «Evidencia Oculta», el pasado domingo 18 de mayo ha emitido un reportaje sobre el caso de Solsiret Rodríguez, víctima de desaparición y feminicidio, cuyo caso litiga el CMP Flora Tristán. Lamentablemente, lejos de informar, el “reportaje” ha difundido información inexacta y, con absoluta crueldad e irresponsabilidad, ha atentado contra la dignidad de sus familiares al brindar afirmaciones estigmatizantes de la víctima.

Este no es un hecho aislado; otras emisiones del mismo programa, sobre otros casos, han seguido el mismo camino, vulnerando derechos y difamando a quienes ya no tienen voz, burlándose, así, del dolor de las familias.

Frente a ello, la organización que litiga el caso desde hace años, tratando de encontrar justicia y acompañando a la familia, ha emitido un comunicado que comparto a continuación.

No es solo rating, es machismo, es indiferencia, es indolencia.
Luchar contra la violencia hacia las mujeres es un acto transformador, que amerita mucha responsabilidad y posturas éticas. Programas como el descrito hacen tanto daño como la violencia misma.

[Entre Brujas] Lo sucedido en Pataz, la tortura y asesinato de 13 trabajadores vinculados a la minera empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, es una de las expresiones más crueles del nivel de criminalidad que atraviesa el país y de la indolencia de un Estado cómplice por acción y omisión.

Culpables, todos. No solo el gobierno que lamentablemente tenemos —por indiferente, superficial e incompetente—, sino también el Congreso, por generar normas que limitan los controles y favorecen a la minería ilegal. Esta actividad está asociada y facilita otros crímenes como el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de mujeres y niñas. Dramas álgidos en nuestro país.

La ciudadanía está indignada y tiene miedo. No es para menos. Pero el cinismo de las autoridades actuales llega a tal nivel que las salidas —populistas y absurdas siempre— no se concentran en el problema real, porque no les interesa. Es más importante calmar el fuego del momento con aparentes medidas drásticas y tardías (como el toque de queda, la instalación de una base militar y la suspensión de la actividad minera), que atender los problemas de fondo.

Al gobierno le interesa salir del momento, apagar el escándalo actual, no los problemas estructurales del país. El populismo y el negacionismo cínico son parte de todo gobierno autoritario. Recordemos las lamentables afirmaciones del primer ministro respecto al secuestro de los trabajadores, que días después fueron encontrados cruelmente asesinados.

Los esfuerzos del gobierno, junto a sus aliados en el Congreso, están enfocados en traerse abajo a la oposición, así como toda posibilidad de vigilancia y de crítica. No es casual que se arremeta contra el Ministerio Público, como tampoco es coincidencia que, justamente en este escenario de impunidad y abandono, se apruebe una norma para perseguir y hostigar a las organizaciones de la sociedad civil, buscando acallar sus denuncias y su actuación (Ley que modifica a la APCI).

Todo lo bueno va para atrás. A esto se suman los retrocesos en el Congreso en materia de garantías para el ejercicio de derechos de poblaciones vulnerables, ataques diarios, con tantas propuestas normativas regresivas que se hace imposible darles seguimiento a todas.

El autoritarismo solo es funcional para la criminalidad, la impunidad y la corrupción. Por ello, defender las libertades, la democracia y la pluralidad es tan importante. Se trata de paz, de poder vivir en un entorno con garantías. Todo esto que estábamos débilmente construyendo, se nos está arrebatando. 

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Es parte del balance que deberían hacer todas las fuerzas políticas, o donde aún subsistan personas o políticos responsables, de cara al próximo proceso electoral.

Por ahora, es la ciudadanía responsable la que debe alzar su voz, y la que, dentro de un año, tiene la posibilidad de volver a elegir. 

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Indolencia Estatal

La partida del Papa Francisco ha conmovido a creyentes y no creyentes. Esta figura pública y líder de la Iglesia Católica no fue un hombre sin errores. A lo largo de su vida supo reconocerlos (incluyendo los cometidos durante la dictadura en Argentina), evidenciando así su humana imperfección.

Este Jesuita de carisma particular se ganó la admiración de católicos, ateos y agnósticos porque hizo lo que ningún Papa se atrevió a hacer: enfrentó la pederastia, se opuso a las guerras de forma clara, a la persecución de migrantes, al enriquecimiento desmedido; renunció a la opulencia del Vaticano y se mostró en contra del cambio climático.

Francisco, para el caso peruano, ha sido extremadamente relevante. No solo pidió perdón por los abusos sexuales al interior de la Iglesia; cerró una de las organizaciones más nefastas: el Sodalicio de Vida Cristiana, escuchando a las víctimas y dando validez a las investigaciones realizadas por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes sufrieron –además– actos de hostigamiento que fueron escuchados por el Sumo Pontífice.

Ese solo hecho, que implica enfrentar el patriarcado en la cuna del mismo, es valioso y digno de admiración. Fue su última obra, pero lo hizo, brindando un espacio de sosiego a las víctimas al devolverles la dignidad.

De otro lado, quienes pretenden colocar al Papa como súper progresista o feminista se equivocan. Claro que tuvo posturas mucho más abiertas, compasivas y dialogantes frente a temas de debate social, pero también tuvo sus límites. Me hubiera gustado decir que era un papa feminista, pero no es así. Tampoco creo que se le podía pedir más.

Francisco mostró una actitud de reconocimiento de la dignidad humana para todos, señalando, por ejemplo, que las personas LGBTIQ+ “son hijos de Dios” y, en ese sentido, amados.

Además, criticó a quienes esparcen el odio y expulsan a sus hijos de casa por esta causa, comprendiendo que este hecho solo genera más dolor y pidiendo abrazar a cada ser humano en sus diferencias.

En cuanto al aborto, solo pidió pensar y hacer más por las mujeres que sufren esta angustia, evitando juzgar con dureza y comprendiendo las desigualdades que están alrededor del problema.

Francisco alzó con claridad y sin miedo su voz en contra de las guerras, se solidarizó con Palestina, se indignó y abrazó a los migrantes, reconociendo el drama que muchos viven. Habló del enriquecimiento desmedido y la corrupción, señalando al cambio climático como una de sus consecuencias. Enfrentó resistencias, pero se mantuvo del lado de los más necesitados, rechazando la opulencia absurda de la Iglesia.

Fue así un buen hombre. Una persona que habló desde la empatía, el sentido de humanidad y de bondad. Por ello, se ganó la admiración de gran parte de la población, incluso de aquella crítica y opuesta a la jerarquía de la Iglesia Católica.

Así, Francisco coincidió con muchos principios feministas como la igualdad, sin llegar a coincidir en todo. Pero abrazó la lucha contra varias formas de discriminación y rechazó los discursos de odio. Eso es bastante.

Amado por muchos y odiado por otros, sobre todo por quienes insisten en sembrar odio en el mundo.

Se le reconoce el entender de justicia e igualdad; enfrentando las resistencias. No sé si se le podía pedir más.

Hace varios años, un jesuita querido, al conocer mi trabajo, me dijo: “hay muchos caminos para llegar a Dios”. Y desde ahí entendí que, si pensamos en el bien, los caminos (a pesar de las diferencias) se pueden encontrar.

Francisco, también jesuita, dialogando con diferentes luchas sociales, ha afirmado el mismo precepto. La humanidad necesita bondad, dignidad y derechos, no odios ni individualismos que solo nos siguen destruyendo.

Me quedo con el último discurso del Papa Francisco, en donde, aun al final de su vida, le preocupa la involución del mundo, denunciando un afán de muerte y violencia que nos está deshumanizando. En este resalta su preocupación por las mujeres y la niñez, principales víctimasde un planeta que se sumerge en la barbarie con la risa de quienes lo provocan.

Tras su muerte queda su obra, pero también se abre un nuevo periodo. Esperemos que este no traiga de regreso lo más retrógrado, medieval y cruel de la Iglesia, ya que, de ser así, se complicaría aún más el escenario global.

Que vuele alto Francisco y que su partida no sea centro de aprovechamiento político de quienes, con descaro, contribuyen a empobrecer el país y la humanidad.

El embarazo infantil es una forma de violencia que pone en grave riesgo la salud física y mental de las víctimas.  En el Perú, miles de niñas, adolescentes y mujeres son forzadas a enfrentar embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual, exponiéndolas a sufrimientos equiparables a la tortura.

Desde 2023 hasta la fecha, 2,554 niñas menores de 14 años han sido obligadas a continuar con gestaciones producto de la violencia. A pesar de las alarmantes cifras, el Estado no ha implementado medidas suficientes para prevenir tanto la violencia sexual como la desprotección en la que quedan las víctimas de este crimen.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de los derechos del niño (CDN), ha instado al Estado peruano a tomar medidas urgentes para proteger a esta población, incluida la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Sin embargo, a pesar de algunos avances, se presentan retrocesos peligrosos, especialmente en lo que respecta al aborto terapéutico, un derecho reconocido por el Código Penal desde 1924, pero que no siempre se garantiza en la práctica.

Una niña de 13 años violentada que intentó suicidarse quedó atrapada entre el conservadurismo y la indolencia. LC necesitaba una operación con urgencia para evitar más daños en su salud, pero la operación no podían realizarla porque estaba gestando. Su madre solicitó la interrupción terapéutica del embarazo, pero esta le fue negada. LC quedó parapléjica para siempre. 

Otra niña de 13 años, Camila, quien quedó embarazada producto de los constantes ataques sexuales de su padre, sufría dolores físicos y crisis emocionales. La madre solicitó el aborto terapéutico y este le fue negado. Posteriormente perdió naturalmente la gestación y fue criminalizada por autoaborto. Extendiendo con ello su sufrimiento y el de su madre. 

Ambos son casos emblemáticos por haber sido litigados en instancias internacionales y encontrar al Estado Peruano responsable de la vulneración de derechos a estas niñas. 

A pesar de esta realidad, las cifras de miles de niñas en situaciones similares parecen no importar a las autoridades actuales. Ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Por el contrario, se viene hostilizando a los médicos y presionando para retroceder en la implementación de este derecho. Las autoridades niegan o pretenden desconocer que una gestación en una niña menor de 14 años pone en gravísimo riesgo su salud física y por supuesto la mental. 

De hecho, las cifras de mortalidad de materna son mayores en esta población, pues sus cuerpos no están preparados para una gestación. Obligarlas es un acto cruel y muchas veces un asesinato. El año pasado, una niña de 13 años falleció durante el parto. Responsables todos. 

El aborto terapéutico es un derecho humano, y negárselo a las niñas violentadas sexualmente es vulnerar su integridad. El Congreso de la República debe cumplir su rol de fiscalización, pero no debe usar esta facultad para amedrentar y hostilizar a quienes en cumplimiento de su función defienden los derechos y la salud de las niñas.

Lamentablemente el rol del Ministerio de Salud es indolente. Por ejemplo, se conoce que altos funcionarios del MINSA, están presionando a las autoridades del Instituto Nacional Materno Perinatal para que cambien la Guía de práctica clínica y de procedimiento para la atención del aborto terapéutico, aprobada en el 2024 y que busca clarificar la Guía Nacional aprobada en el 2014. 

Es decir, las autoridades indolentes frente a la realidad y solo preocupados por sus alianzas y negociaciones políticas, plantean retrocesos que no les afectan, pero que si precarizan y ponen en riesgo la vida de cientos de pequeñas que tienen que sufrir su irresponsabilidad y ambición. 

Como ciudadanos y ciudadanas, podemos mitigar esto, exigiendo a las autoridades proteger la vida de las niñas. 

Son niñas, no madres. 

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NiñasNoMadres

Uno de los avances más importantes en la sanción de la violencia contra las mujeres fue la tipificación del feminicidio (2011) como un crimen específico en el país.

La norma que estableció este delito tuvo varias modificaciones orientadas a considerar los escenarios de riesgo y los tipos de feminicidio, sin limitarlo solo a los crímenes en relaciones afectivas. Se trata de una de las primeras leyes peruanas que reconoce a las mujeres como sujetas de derecho de manera específica, evidenciando las realidades desiguales que enfrentan.

Si bien la inclusión de este delito permitió establecer sanciones, también facilitó el desarrollo de políticas para investigar el fenómeno y profundizar en el análisis de los riesgos, una etapa fundamental para la prevención.

El camino para lograrlo no fue fácil. Antes de que esta categoría se incorporara al ordenamiento jurídico y penal del país, el asesinato de mujeres y niñas en escenarios de violencia de género era calificado como “crimen de honor” o “crimen pasional”. De esta forma, se justificaba la conducta del agresor y se invisibilizaban los trasfondos de discriminación que precedían al hecho.

La tipificación del delito también ayudó a sensibilizar a la ciudadanía sobre un problema de larga data. Además, permitió reconocer que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias mortales y que puede ocurrir tanto en espacios públicos como privados, a manos de personas cercanas o desconocidas.

Cuando se dice que el feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal, se señala que, lamentablemente, existe un significado social construido a partir de la realidad biológica. Es decir, se imponen mandatos, estereotipos, comportamientos, roles y expectativas que afectan la autonomía de las mujeres y las exponen a mayor vulnerabilidad ante la violencia, lo cual es injusto.

Para categorizar este delito, se realizaron estudios que evidenciaron su prevalencia y permitieron generar un registro nacional de casos. Según estos, los agresores justificaban sus acciones alegando que la mujer les discutió, les interpuso una demanda de alimentos, se negó a continuar la relación, rechazó tener intimidad sexual o simplemente no accedió a sus proposiciones. En muchos casos, existían antecedentes de violencia, pero en otros no. También existen los feminicidios producto de la violencia sexual, casos terribles y recurrentes en el país.

En otras palabras, el feminicidio es un crimen específico en el ordenamiento penal, que sanciona la agresión extrema contra mujeres y niñas, cuya prevención es responsabilidad del Estado.

No todos los casos ocurren en relaciones de pareja o expareja. Recordemos el trágico caso de Eyvi Ágreda, una joven que fue rociada con combustible en un transporte público por un acosador con quien no tenía vínculo alguno. Eyvi falleció, y su muerte trágica impulsó a las autoridades a tomar más medidas para enfrentar el problema, incorporando el acoso como un factor de riesgo.

A más de diez años de la tipificación de este crimen, algunos se preguntan por qué sigue ocurriendo. Ningún delito desaparece por el simple hecho de tipificarse. Su inclusión en el ordenamiento penal es una expresión de rechazo desde el Estado y un mecanismo de sanción, pero no la única solución.

Quienes hemos trabajado en este tema por años insistimos en que no solo es necesaria la sanción, sino también la prevención de la violencia contra las mujeres. Mientras este fenómeno exista, el problema continuará.

El feminicidio es el último eslabón en una cadena de violencias contra las mujeres, un desenlace trágico al que no se debería llegar.

En el contexto actual, caracterizado no por una ola de retrocesos, sino por un tsunami de ataques contra las medidas de igualdad, la congresista y pastora Milagros Jáuregui, en un intento caprichoso por desmantelar los avances en materia de derechos de las mujeres, ha presentado un proyecto de ley para eliminar este delito y reducirlo a un simple “asesinato en relaciones de pareja”. No hay propuesta más ideologizada ni más vergonzosa que esta, contraria a las víctimas de feminicidio y a sus familias.

El 2024 terminó con una cifra trágica de 162 feminicidios (MIMP, 2025). Hace pocos días, una niña murió víctima de la cruel violencia sexual. En un país que llora la vida de decenas de mujeres y niñas cuyos crímenes debieron prevenirse, la congresista ocupa su tiempo en desmantelar las medidas destinadas a sancionar y prevenir estos hechos.

Ante semejante actitud, le pregunto a Milagros Jáuregui: ¿qué daño le hace la tipificación de este delito? ¿Por qué le da la espalda a las madres que lloran a sus hijas asesinadas y claman por justicia? ¿Por qué retroceder en esta materia y permitir más impunidad?

Claramente, estos son los caprichos del poder.

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Feminicidio, NoMáRetrocesos

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo, una fecha emblemática que no pasa desapercibida gracias a la fuerza que el movimiento de mujeres y feminista tiene a nivel global.

Convenientemente, este día tampoco pasó desapercibido para la primera presidenta del Perú, quien, con un discurso bastante endulzado, intentó posicionarse como gran defensora de las mujeres, cuando sabemos que es todo lo contrario.

Es bajo el gobierno de Dina Boluarte que se están dando los mayores retrocesos en materia de igualdad. Un ejemplo de ello es la amenaza a la continuidad del MIMP.

Boluarte pasará a la historia por ser la presidenta que, paradójicamente, le quitó a más de la mitad de la población la única institución con rectoría en el Estado para promover la igualdad y luchar contra la discriminación y la violencia de género.

Pasará a la historia por hacerle el juego al patriarcado y rendirse ante él, con argumentos falaces que solo siguen hablando de su propia enajenación a un poder al que ya no puede enfrentar, y que está detrás de esta y otras propuestas de retrocesos.

El 8 de marzo, Boluarte saludó a las mujeres por la mañana y, por la tarde, permitió que la PNP arremetiera contra las que llegaban a la Plaza San Martín en una marcha pacífica e histórica.

Es también en este gobierno que las organizaciones feministas y de derechos humanos son más hostilizadas y estigmatizadas, mucho más que en años anteriores.

Haciendo gala de su indiferencia con los derechos de las mujeres en el ámbito internacional, Dina Boluarte no ha enviado una delegación (como sí lo han hecho muchos presidentes anteriores) a la 69ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus Jurídico de la Mujer (CSW 69) de las Naciones Unidas. Esta es una reunión anual en la que los países dan cuenta del avance en políticas orientadas al empoderamiento y desarrollo de las mujeres en el mundo. Este año, el tema fue la revisión de los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing hace 30 años.

La delegación peruana, ausente.

Saludar y reprimir. 

Saludar y destruir.

Es cierto que ser mujer no te hace, necesariamente, buena persona; asumirlo sería caer en una posición esencialista. Sin embargo, igual duele.

Cuando la historia cuente este periodo, dirá que hubo una presidenta mujer que gobernó victimizándose, instrumentalizando los derechos de las mujeres y destruyendo las garantías para su protección. Lamentable.

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8M2025, MarchaLima

El Perú atraviesa una profunda crisis democrática. Parte de esta se refleja no solo en la falta de separación de poderes, sino en el ataque a la pluralidad de voces y a las garantías normativas para que las organizaciones de sociedad civil ejerzan su trabajo de vigilancia y critica frente al gobierno y otros actores del Estado. 

Todo autoritarismo teme a las organizaciones sociales, a la protesta y a cualquier expresión o actor que se atreva a levantar cuestionamientos o críticas al poder.

Deshacerse de las organizaciones que incomodan, es parte del plan de todo gobierno autoritario. Experiencias similares se han vivido en Venezuela y Nicaragua. Hacía dichos modelos si garantías nos están orillando. 

Para lograr el objetivo de anular la critica y seguir afianzando elcampo de impunidad que están construyendo tienen que debilitar el Estado de derecho, además de difamar, potenciar odios autoritarios y patriarcales en la población y poner en riesgo la seguridad jurídica de sus detractores. 

La propuesta normativa de modificación de la Ley del APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que plantea medidas arbitrarias y desproporcionadas busca – precisamente-  generar un contexto de inseguridad jurídica para las ONGs,  allanando el camino para cerrar y censurar a aquellas incómodas a los intereses del gobierno y sus aliados. 

Antes de esta propuesta, el campo fue preparado mediante campañas para deslegitimar el principio de igualdad, y , en general los derechos humanos. Por ejemplo, la campaña “Con Mis hijos no te metas” , que por su llegada a tanta población y nivel de publicidad debe haber tenido una gran inversión; estaba orientada a promover odio y miedo a las defensoras de derechos y las feministas, basándose en la tergiversación de la información. La era de la post verdad. Miente, miente, que algo queda. 

Ahora vemos diversos medios de comunicación y cuentas  deredes sociales que destilan odio contra todo lo que tenga que ver con bienestar. Difaman, inventan y hostilizan. El objetivo es claro, dejar a las organizaciones sociales, especialmente a las de derechos humanos y las feministas como corruptas y nocivas, quedando el escenario político y social libre, para que los reales corruptos sigan haciendo sus negocios y consolidando un país inseguro, machista, individualista y sin ningún tipo de bienestar para la ciudadanía. 

Muchos de los medios que dedican programas enteros  a sacar información sobre el financiamiento a las ONGs como grandes investigaciones, omiten la verdad. La información del financiamiento de las ONGs la tienen porque estas, especialmente las que están hostilizando, tienen una práctica permanente de rendición de cuentas y son transparentes. 

Es decir, obtener el detalle de la vida económica, los balances y las auditorias de las ONGs es fácil. Todo ya está en el APCI. Todo se rinde anualmente. Las organizaciones de sociedad civil no solo rinden cuentas al Estado, a través de los mecanismos ya establecidos, lo hacen a cada fuente cooperante de acuerdo a los formatos y procedimientos internacionales de transparencia. 

Por lo tanto, ¿le tienen miedo las ONGs de derechos humanos y feministas a la fiscalización?. No, por supuesto que no. Estas son fiscalizadas por APCI, por la SUNAT , por SUNAFIL y también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

La oposición a esta norma no tiene que ver con una resistencia a la rendición de cuentas, sino con el rechazo a medidas abusivas y prácticas autoritarias que ponen en mayor riesgo la débil democracia que tenemos, a través de la censura y de la persecución. 

No es gratuito que pocos días la presidenta haya salido públicamente a manifestarse contra las organizaciones y de paso, contra la igualdad. No es casualidad lo poderosa que se siente, como no es casual la protección que tiene del Congreso auncuando su nivel de ilegitimidad alcanza porcentajes vergonzosos. 

A la presidenta y al Congreso les importa más ocupar su tiempo en esta persecución tendenciosa que en actuar contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, la corrupción, los desastres ambientales, la violencia contra las mujeres y niñas, la impunidad y la informalidad en las construcciones del país (que se caen). 

Lo que le importa a este Gobierno y al Congreso, es continuar en el poder y para ello están preparando hace mucho el escenario. Eliminar la oposición es parte. 

Le toca a la ciudadanía, poner un alto y defender la débil democracia que nos queda. 

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NoNosCallarán

Son muchas las víctimas violencia sexual quienes por miedo, vergüenza o temor a la estigmatización guardan un doloroso silencio por años. Algunas no entienden lo que ha sucedido, se quedan confundidas, sobre todo cuando la persona agresora fue alguien de su entorno, a quién admiraban o respetaban. 

La confusión y el temor se incrementa cuando quién pensabas que debería cuidarte, guiarte o protegerte, aprovecha este rol o la confianza depositada no solo por el niño, niña, joven o mujer, sino por la familia de esta, para vulnerar lo más íntimo: la integridad sexual. 

En nombre de las religiones se han cometidos muchos abusos, desde siempre. Hablar de esto no es atacar la fe de cada persona, que es respetable, sino visibilizar que, dentro de las iglesias, también hay agresores sexuales, quienes aprovechando este espacio de poder y confianza vulneran niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

El escándalo del Sodalicio, puesto en la palestra pública tras la investigación de Paola Ugaz y Pedro Salinas, graficó una realidad que ha costado años ser aceptada por la jerarquía católica, pero que es real. La violencia sexual existe en organizaciones religiosas y poderosas como esta, y ha sido una práctica de poder y control, que terminó vulnerando la vida de decenas de jóvenes. 

Se sabe que este no es el único caso.  Juan Luis Cipriani, ex arzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, renunció a la orden y salió del Perú en 2019, ante una denuncia de violencia sexual realizada por un hombre adulto, que quiso hablar de los hechos sucedidos varias décadas atrás (1983). Esto fue investigado por el Vaticano y se ordenó el exilio del ex cardenal. 

Hechos similares se han denunciado en todo el mundo. Lamentablemente, en nombre de la fe se han cometido abusos y hechos deleznables e irreparables, que han sido silenciados por las instituciones religiosas y sus autoridades, con la finalidad de no perder ni su legitimidad ni su poder. Aquellas que no han dado respuesta o han omitido los hechos, se han convertido en cómplices de los abusos que se perpetúan en el seno de estas organizaciones.

Tan cómplices de los hechos son quienes conociendo los mismos callan, como quienes premian y condecoran a los supuestos agresores, dejando de lado los testimonios de las víctimas para afirmar – mediante sus actos- que no les creen.  

Pero también hay otro nivel de complicidad y es el del ciudadano/a de a pie. La fe es individual; pero esta no puede cegarnos y llevarnos a defender lo indefendible. Tal vez las Iglesias, y especialmente la católica, ha perdido a tantos fieles, justamente por las incoherencias que existen y porque si un principio católico es: el bien por el otro, no podemos dejarlo de lado para defender a una jerarquía ciegamente. 

La consigna cristiana de “ama a tu próximo como ti mismo” a muchos se les olvida.

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Cipriani, NoMásViolencia

La reciente medida adoptada por el Congreso del Perú, que prohíbe el uso de minifaldas para las trabajadoras, es una clara manifestación del control social sobre el cuerpo de las mujeres y una muestra de cómo aún se perpetúan normas patriarcales bajo la fachada de «formalidad». 

Lo que podría parecer una simple normativa de vestimenta es, en realidad, una forma de discriminación directa y una herramienta más para restringir las libertades; condicionando y determinando no solo cómo deben vestirse las mujeres sino también como deben comportarse en los espacios de poder y toma de decisiones.

El Congreso, el segundo poder del Estado, se ha convertido en el principal perpetuador de estereotipos, reafirmando que las mujeres deben mantener conductas basadas en un moralismo patriarcal que solo favorece a los agresores. 

En una sociedad en donde la violencia de género contra las mujeres y niñas es drama diario, este tipo de medidas solo fortalece la impunidad de los agresores y coloca como “provocadoras” a las mujeres que libremente deciden su forma de vestir. Así se valida la violencia sexual en el espacio público y se perpetúa la tolerancia a este flagelo social. 

El retroceso al que nos están llevando las actuales autoridades es gravísimo. Cuando pensábamos que el Congreso no podía caer más bajo surge el escándalo de la supuesta red de explotación sexual, las autoridades deciden limitar la vestimenta de las mujeres y se destapan escándalos de violencia sexual protagonizados por los mismos congresistas. 

Evidentemente estamos ante un Congreso, cuyos representantes son la expresión de una cultura patriarcal y machista que prevalece en nuestro país, la cual vulnera diariamente la vida de miles de personas. 

Las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a sentirse seguras en el espacio privado y público. Es decir, en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan.

El control sobre las elecciones de vestimenta esta intrínsecamente ligado a la histórica objetivización de los cuerpos, la sumisión a cánones hegemónicos de belleza y el “moralismo patriarcal y religioso” que se expresa además en la censura de contenidos que plantean una crítica a este modelo de exclusiones. Aunque ese es otro tema no puede dejar de mencionarse, ya que todo se encuentra relacionado. 

Volviendo a esta absurda y retrógrada medida que solo sirve para perpetuar estereotipos y la discriminación directa a las mujeres; su crítica es indispensable. No es un tema menor, estamos asistiendo a un retroceso de décadas en materia de igualdad. Lo que esta norma regular es la libertad individual de las mujeres, devolviéndonos a tiempos que pensamos ya estaban superados. El control, la vigilancia y la reculpabilización en su máxima expresión. 

Un feminicida justifica su crimen diciendo que “la mato porque lo dejó por otro”, los congresistas con esta medida dicen “las mujeres provocan los ataques sexuales”, exculpando así a los agresores. En el modelo patriarcal, punto de apoyo de la violencia de género, son las mujeres las culpables de lo que les pasa: ya sea por cómo estaban vestidas, si fueron o no a las fiestas, si salieron tarde o no, si tomaron alcohol o no. 

Cuánta razón y vigencia tiene la letra de la agrupación feminista “Las tesis”, quienes han graficado esta realidad al decir: 

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo
es la violencia que no ves (…) Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”

El camino hacia la igualdad de género pasa por promover autonomía, respetar libertades y ciudadanías. No por limitar libertades y culpar eternamente a las mujeres. La violencia sexual es un delito y el culpable siempre es el agresor. El Congreso, no entiende eso. Caer más bajo se puede. 

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ControldelVestir, NoMásRetrocesos
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