[EN LA ARENA] Buena parte de la música criolla le canta al amor perdido. Cada canción expone alguna de las razones que explican por qué la pareja llegó a su fin: desde la condición de humilde plebeyo hasta considerarse una nube gris. Pero una de las razones de ruptura más duras en la Lima y las ciudades costeñas de antaño que fue poco atendida en las canciones populares fue la huida del matrimonio infantil. Probablemente porque en los tiempos en los que se producían esas canciones estaba naturalizado. Lo cierto es que el matrimonio de niñas y adolescentes (que sólo requirió hasta 1984 de la autorización de cualquier familiar para que la hija tuviera que casarse) terminaba cuando las chicas de catorce años o menos escapaban de las violencias con las que sus maridos les golpeaban el cuerpo y el alma, y quedaban con pocos recursos para sobrevivir.

Hasta mediados del siglo pasado a la mujer no le quedaba otra forma de vivir sino dentro del matrimonio (o el convento). En las ciudades algunas terminaban primaria, en las zonas rurales ni siquiera. Viudas o separadas debían realizar oficios vinculados al hogar y el panllevar. Eran muy pocas quienes terminaban secundaria y que estudiaban alguna profesión, que sí o sí seguía muy parecida al hogar. Fuera de esta élite, las demás debían casarse y según el nivel de pobreza, lo antes posible. Por tanto, separarse era para la mujer poner en riesgo su vida y la de sus hijos también.

No era la separación de la mujer un tema romántico que alguna persona quisiera tararear o cantar en una fiesta, pero hubo algunos aportes en los que se denunció la violencia aunque no la edad de la mujer, pues les era indiferente. Son canciones que sólo conocen especialistas, con poco espíritu de difusión. No obstante, aunque nos faltaron las canciones, sí hubo vidas que nos pueden contar cómo fue. Una de ellas es la de Lucha Reyes. La precariedad y violencia que sufrió su madre, la hizo cantar desde niña. Sin recursos para mantener a sus quince hijos, tuvo que entregarla a un convento, donde estudió algunos años de educación primaria. Trabajó como su mamá de lavandera y otros oficios que pudo ofrecer como niña. El año 1950 tenía 14 años. Segura de su voz, concursó en un programa de Radio Victoria. Cantó un vals muy conmovedor, “Abandonada” de Sixto Carrera, en el que una mendiga le cuenta a un desconocido, que por el maltrato del marido tuvo que abandonar a su hijo y se encuentra viviendo en la calle. Él reconoce a su madre, la recoge y la abraza. Quizá había un mensaje de la adolescente Lucila Sarcines Reyes para su mamá, pero quien irónicamente le responde es su primer esposo, un policía del que se separó para lograr sobrevivir. Con su siguiente esposo quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo a los 16. La maternidad no la salvó de una nueva relación violenta, de la que también consiguió escapar. Pocos años después se convirtió en Lucha Reyes una de las cantantes peruanas más reconocidas en el mundo entero.

Mucho nos hubiera servido escuchar canciones criollas donde las adolescentes compartieran sus padeceres. Porque así, generaciones del siglo pasado y del presente quizá hubiésemos quedado advertidas de las uniones forzosas, de los embarazos no deseados y quizá, sabríamos cómo atender a mujeres aún tan niñas que hoy siguen sufriendo en el Perú la violación de sus derechos más íntimos y elementales; porque setenta años después, cuando el Congreso recién se debatirá el Proyecto de Ley para erradicar el matrimonio infantil, el presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, se opone. Dice que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer. Porque setenta años después, en las oficinas del Ministerio de la Mujer un psicólogo abusa sexualmente de una adolescente, una trabajadora social impide el aborto terapéutico de otra abusada por sus abuelos. Ojalá el Congreso lo apruebe pronto, porque cada día de espera, cada día, dos niñas han dado a luz en nuestro país.

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[EN LA ARENA] La guerra ha sido la herramienta con la que Israel decidió hacerse del territorio cedido por el gobierno británico y ampliarlo en la medida de todo lo posible, provocando que la migración se haya prolongado dolorosamente en el territorio del Levante (Siria, Líbano, Palestina). En estos días, la población de Gaza huye hacia las fronteras y gobiernos y organizaciones internacionales demandan que se abran corredores hacia países que los puedan recibir. Cómo no huir de la crueldad con la que el gobierno Israelí está vengando el ataque de Hamas, duplicando las cifras de personas muertas y heridas en guerras anteriores, lanzando misiles contra hospitales… Y esta guerra recién empieza.

¿Cómo es posible que judíos que sufrieron persecuciones, víctimas de genocidio, que pasaron de una diáspora a otra, no puedan comprender en el recuerdo de ese sentir la dimensión del daño que están causando? ¿Cómo es posible que palestinos que sufrieron cacerías religiosas, que se saben de armamentismo precario, puedan regir y asesinar en nombre de su fanatismo islámico? Lo cierto es que es en esos contextos cuando sólo queda migrar.

Así fue como llegaron a nuestro continente. Los judíos expulsados por los Reyes Católicos al finalizar el siglo XV y perseguidos por la Inquisición creada para combatirlos con saña, llegaron para refugiarse en México, Brasil y Surinam. Cuando el zar Alejandro III dio rienda suelta al antisemitismo y los pogromos de fines del siglo XIX, llegaron hasta Argentina. Los palestinos vinieron cuando las autoridades turcas del Imperio otomano, al comenzar el siglo XX, empezaron a restarle derechos a los palestinos cristianos y a utilizarlos como carne de cañón en su ejército. Llegaron a Argentina, al nuevo mundo, con pasaportes turcos, pero decidieron trasladarse a Chile y algunos a Perú. Cuando en 1948 se creó el Estado de Israel el 80% de palestinos que ocupaban el territorio, 800 mil personas, tuvieron que ser forzadas a migrar, algunos consiguieron venir hasta aquí y reunirse.

Tanto en Perú como en Chile, los palestinos, por ser cristianos ortodoxos y al haber perdido un territorio a donde regresar, se integraron rápidamente a nuestras culturas. Por eso no fueron asociados a una cultura “oriental”. Por el contrario, rápidamente desarrollaron el comercio y la producción textil, destacando, como en todo el continente, en política, arte y deportes. En Chile, donde se encuentra la comunidad palestina más grande, de más de 150 mil, tienen un importante club de fútbol, el Deportivo Palestino.

Perú, por su catolicismo colonial, no acogió muchos judíos sino hasta finales del siglo XIX. Y aunque la comunidad judía tuvo un pequeño apogeo en los años 40, tras el gobierno de Fujimori y el enfrentamiento con Baruch Ivcher, su población, ya con claros destinos, se redujo a un poco más de mil personas. Por el contrario, los árabes en Perú han crecido y son hoy más de 10 mil. Mientras tanto, la migración peruana también ha crecido exponencialmente y fue por una guerra que empezamos a salir.

Más de tres millones de peruanos empezaron a migrar con la crisis económica que (irónicamente) provocó el alza del precio del petróleo que pusieron los países árabes para detener a Israel en la década de 1970. Pero el real impacto en Perú se produjo cuando los gobiernos de Belaúnde y Alan García se vieron sobrepasados por la deuda externa y Sendero Luminoso desató una cruenta guerra interna. Hombres y por primera vez, mujeres empezaron a migrar masivamente, cambiando los países de destino. Dejaron de ser la entonces exitosa Venezuela, Estados Unidos y España y se sumaron países como Italia, Argentina, Chile y Japón. Hoy, aunque hace una década parecía haber descendido la ola, tras la pandemia y el abandono del Estado en manos de mafias durante la celebración del bicentenario ya han migrado casi medio millón. En América Latina no son las guerras, sino el huir de la delincuencia y la pobreza la razón principal para escapar.

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[EN LA ARENA] La semana pasada, la muerte del congresista Hernando Guerra García, además de alertarnos sobre la creciente precariedad del sistema de salud nacional, despertó en las redes sociales un intenso debate acerca de si era correcto burlarse o celebrar su fallecimiento. Su carrera política se inició en la izquierda universitaria, pero su apuesta por el emprendedurismo y sus ansias de poder político lo condujeron a vincularse con el fujimorismo y el enclave de Luis Castañeda Lossio. Gracias a este giro, consiguió en el actual parlamento ser congresista vocero de Fuerza Popular y dedicarse a modificar la Constitución para fortalecer el desmedido poder legislativo del que ya abusan las organizaciones políticas para delinquir cada vez más y mejor.

Cuando muere una persona que daña (a una niña, a una familia, a una comunidad, al Estado) sus víctimas reaccionan de distinta manera.  En este caso, que se trataba de un congresista, una persona cuya labor es defender los intereses del país, el hecho de que se haya dedicado a malinterpretar la Constitución para defender los intereses de organizaciones corruptas genera dilemas porque conflictúa el vínculo con una persona en la que deberíamos confiar, pues su trabajo es velar por nosotros, pero que nos ignora para proteger al corrupto y sus secuaces.

El sentir alivio por la pérdida de alguien que se aprovecha de nosotros es algo normal, pero cuando se trata de familiares que nos deben cuidar o como en este caso, de gobernantes, el no poder hacer público ese respiro inevitablemente trae problemas al exigir respeto y observar rituales de velorio y entierro que lo celebran (dado que implica celebrar también su poder corrupto o violento). Es imposible entonces que no provoque problemas emocionales y sociales. Si no se cuenta con un sistema político con dinámicas saludables, es muy probable que se sienta que desde la tumba nos puede seguir haciendo daño, dado que las instituciones insisten en mostrarlo como si fuera un ser admirable.

Una de las reacciones psicosociales más conocidas que confirma que los más crueles gobernantes pueden seguir haciendo daño es la negación de su muerte. La muerte de Adolf Hitler, por ejemplo, fue anunciada con tal solemnidad (acompañada de la música de Wagner) que se creyó fingida. Algunos imaginaron verlo como ermitaño en una cueva en Italia, otros como pastor en los Alpes suizos. Lo vieron en también en Francia y en Irlanda. Stalin, tres meses después de su muerte, insistía con que Hitler seguía con vida en España o en Argentina. Años más tarde, lo vieron en Venezuela y después en Colombia. Que no nos extrañe que también lo hayan creído ver en Perú.

Augusto Pinochet, militar que amasó millones de dólares y jugó con la vida de miles de chilenas y chilenos, murió ya anciano. La máxima sanción que sufrió fue la prisión domiciliaria. En estos tiempos en que se han cumplido 50 años de su golpe de Estado y cuando un violento fascismo renace en el mundo entero, se estrena la película El Conde de Pablo Larraín, en la que Pinochet resulta ser un viejo vampiro, tan inmortal que su madre, la vampira Margaret Thatcher lo rejuvenece y pasa de ser un anciano a ser un escolar primarioso, ahora en Argentina que corre hacia la escuela entusiasmado meneando una peluca similar a la de Javier Milei.

Aquí en Perú hasta la fecha se pone en duda el suicidio de Alan García, algunos lo han visto en Suiza, otros en Panamá, otros dicen que en Francia. La fantasía que se encuentra en lugares donde un gobernante corrupto puede disfrutar de su dinero sin ser detenido. Sin duda hay inspiración en todo el tiempo que estuvo entre Francia y Colombia esperando que algunas de las denuncias por su primer mal gobierno prescribieran y que le permitió ganar por segunda vez las elecciones del año 2006.

Guerra García intentó ser presidente en varias ocasiones, con el partido de Susana Villarán, con el de Yehude Simon y con el de Castañeda Lossio. Si hubiera sido presidente y moría, ¿nos hubiéramos preguntado si fingía su muerte? Ya no importa. Como el congresista que fue, difícilmente estas fantasmas nos llenarán de ansiedades. Aunque si de ansiedad se trata, será su corpóreo reemplazo en el Congreso quien alerte nuestra suspicacia.

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[EN LA ARENA] Si usted vive en Sullana, en San Martín de Porres o San Juan de Lurigancho, a partir del martes 19 un soldado, un policía o varios de ellos,  podrán ingresar a su casa, registrar su casa sin que usted lo autorice, sin necesidad de mandato judicial. Desde el martes ya no tendrá permiso para vivir en su distrito, tampoco para entrar o salir de él sin la anuencia de las fuerzas de seguridad. Tampoco podrá reunirse pacíficamente después de las 12 de la noche. No habrá forma de que lo consiga, así la reunión sea en un local privado, abierto al público o en su casa. De nada servirá que ya haya avisado. Nada de disturbios en los espacios públicos. Ni siquiera considere que un grupo pueda alzar la voz y protestar. Eso genera desorden. Debe tener esto bien claro porque de lo contrario podrán a usted detenerlo, sin necesidad de que un juez lo solicite formalmente. Tampoco habrá plazos para que lo pongan a disposición de un juzgado, pues el terrorismo “urbano” como lo ha bautizado el Alcalde de Lima, permitirá que el Estado lo mantenga detenido el tiempo que mejor le parezca. Y nadie podrá defenderlo, pues durante su prisión, ninguna autoridad tendrá que dar cuenta al Ministerio Público y o al juez de le estará pasando durante la detención. (Ah, y estimado lector, no se queje de que no parezca que también me dirijo a las mujeres lectoras, pues como ya no se puede escribir con lenguaje inclusivo…)

Eso es el Estado de Emergencia que ha decretado un gobierno que todos los días en las noticias nos muestra cómo la Policía Nacional del Perú captura sicarios, ladrones y extorsionadores,  narcotraficantes y abusadores sexuales. La pregunta natural es entonces, ¿por qué aumenta y no disminuye el crimen? Y la respuesta inmediata es porque los detienen pocos días y luego los dejan libres. Algunos, quizás usted, saben además que aquellos que van a la cárcel, aunque sea poco tiempo, ingresan a una suerte de convención delincuencial, al núcleo comunal de los más osados delincuentes, con acceso a una coordinación sin precedentes a nivel territorial. Cuentan además con una camada de delincuentes comunes, abandonados en prisiones sin un debido proceso, prestos a servirles para sobrevivir en los hacinados penales del país. Sin espacio en las cárceles, surge entonces la pregunta, ¿la Presidenta quiere hacinar más las cárceles o ya existe alguno de esos grandes proyectos de construcción que gustan tanto los empresarios del gremio? ¿Dónde irán a parar los nuevos detenidos?

En todo caso, la Presidenta desquerida, animada ante la Asamblea de las Naciones Unidas, con este decreto parece querer posicionar su firmeza, aquella que la ha caracterizado desde los primeros días de asumir su mandato, siempre rodeada por integrantes de las Fuerzas Armadas. Y de seguro se preguntará usted, al igual que yo, cuál será entonces el papel de los militares en las calles de Sullana, de San Martín de Porres, ¡de San Juan de Lurigancho!, a donde se trasladaron varias mafias delincuenciales cuando los militares el año 2015 salieron a ordenar las calles de El Callao. Esa puede ser una razón por la que rápidamente sus burgomaestres han declarado no saber nada del plan de la Presidenta.

Con este precedente (porque el del Presidente Castillo el año 2021 quedó en tan solo un intento), sólo nos queda recurrir a una hipótesis psicosocial. Es decir, que la Presidenta y allegados como el Alcalde López, piensen que con psicosociales podrán detener a la delincuencia (de hecho, el Alcalde confía en las macetas). La Presidenta optó por masacres para atemorizar a la población y consiguió mantenerse en el poder y amedrentar a los ciudadanía. ¿Cómo no amenazar a delincuentes y opositores (como el impulsivo Bukele) mostrando que se cuenta con una violencia de nivel superior, mucho más poderosa de la que creían? Mostrar especialistas en matar al enemigo es un recurso mediático, pero la delincuencia sólo se aviva con más y más violencia. Si se resuelve, es atendiendo las causas. Nadie se cura sólo combatiendo los síntomas.

Nosotros (cómo no mencionar a las mujeres) ya vivimos lo que fueron las torturas, asesinatos y masacres de los gobiernos de Belaúnde, Alan García, Fujimori enfrentando al terrorismo con terror. Las consecuencias fueron nefastas, decenas de miles de muertos y desaparecidos y sólo han pasado poco más de 50 años como para haberlo olvidado. ¿Lo que se hizo en Ayacucho ahora en Lima se quiere repetir? Hay alcaldes que están pidiendo ser declarados en Estado de emergencia. ¿Está seguro, querido lector, que desea usted que las mafias del país sean enfrentadas de esa manera?

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[EN LA ARENA] La educación es un dispositivo fundamental para el gobierno de un país porque hace real el vínculo que ha establecido, acordado o impuesto para su población. Nos pueden educar como ciudadanos pero también como súbditos. Ese es un gran reto que la República peruana en muy pocas ocasiones se lo ha tomado realmente en serio. Los niveles de analfabetismo y carencia de escritura en lenguas orales (valga la redundancia) fueron tan altos en los siglos XIX y XX que la Constitución de 1979 tuvo que explicitar que las personas analfabetas también podían votar, pues de lo contrario se estaba negando la condición de ciudadanía a grandes porcentajes de población.

También podríamos reconocer que en los últimos cincuenta años ya casi no existe población que no pueda leer y escribir, pero debemos admitir, como siempre nos lo indican las pruebas internacionales, que de poco ha servido, pues no se comprende lo que se lee y, lo que se escribe, no trasciende aquello que podemos compartir en un chat. Conocido como el analfabetismo funcional, lo que ha ocurrido en el país es que lo único que hemos conseguido es que este se expanda, al punto de llegar al mismísimo gobierno y conseguir el control del Estado.

Como evidencia tenemos a la actual Comisión de Educación liderada por tres congresistas sumamente cuestionados por sus ataques a la educación nacional: el Presidente de la Comisión, José María Balcázar, temido por su defensa al matrimonio infantil, es egresado y docente en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, una de las universidades cerradas por la Sunedu por no cumplir con los mínimos de calidad para obtener su licenciamiento. Ahora en el poder, socavando lo poco que resta del serio profesionalismo de la Superintencia, es uno de los autores del proyecto de Ley que busca que las universidades consigan un licenciamiento indefinido y permanente, con los nuevos criterios que ellos proponen. Y el Secretario Esdras Medina, pastor evangélico, activo integrante de Con mis hijos no te metas, acusado (pues la denuncia fue retirada) de maltrato a su esposa e hija, nos entrega el sustento: es que la Sunedu es una Gestapo, una suerte de policía nazi que persigue a las pobres universidades marginadas por su sencillez. Para completar el triunvirato, tenemos a Paul Gutiérrez Ticona, el Vicepresidente de la Comisión quien basado en la decisión personal que ha tomado de no dar pensión alimenticia su hija porque ha desaprobado cursos en la universidad, ha presentado un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración de pensión de alimentos para los estudiantes de bajo rendimiento.

De esta manera se confirma que con docentes que no pasan las pruebas de nivel básico en las escuelas y universidades estafa que reciben a sus estudiantes, sí se puede llegar muy alto: se puede ser congresista, dueño de una universidad, dominar a las mujeres desde que son pequeñitas. De poco valieron el proyecto de modernización educativa de Manuel Odría o el proyecto de educación liberadora de Juan Velasco. Proyectos de esa magnitud, urgentes para transformar el país resultan hoy inverosímiles para un gobierno que ha conseguido, con el beneplácito de la oligarquía, dejar en manos de personas que sólo buscan el interés personal el futuro de nuestras niñas y niños. Ojalá algún día nos lo perdonen.

 

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[EN LA ARENA] La fama del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se asemeja a la ganada por Fujimori a mediados de los años 90, cuando vendió la imagen de haber derrocado tanto a Sendero Luminoso como a la crisis económica. Hoy sabemos que fue un equipo de policía del gobierno anterior el que atrapó a Abimael Guzmán y que fueron las poblaciones locales víctimas del terrorismo las que se organizaron para vencerlo. Sabemos que las medidas para salir de la crisis económica, recetadas por el Concilio de Washington, provocaron un reacomodo en los grupos de poder económico del que surgió el actual sistema de corrupción que sufrimos. Entonces, las peruanas, los peruanos, sí sabemos que el populismo es una fachada que encubre decisiones irresponsables con terribles consecuencias para un país. Y a pesar de ello, con entusiasmo, algunos dejan de lado ese saber y piden que se apliquen las veloces y efectivas medidas de Bukele en el Perú.

Antes de la pandemia, la violencia de El Salvador y de Perú era muy distinta, basta ver que las tasas de homicidios eran enormemente distantes (36 y 8,5 respectivamente). Actualmente,  Bukele ha conseguido reducir su tasa a 7,8 y Perú ha retornado a la tasa del 2019, manteniéndose aún en el rango de países de América del Sur con menos homicidios. Para ese cambio extremo, Bukele decretó régimen de excepción y reformó el Código Penal limitando los derechos de defensa y de presunción de inocencia que según las bases del derecho ni siquiera se puede hacer en estado de excepción. De las más de 66 mil personas juzgadas, más de la mitad han sido detenidas sin orden de detención o por encontrarse en flagrancia. Como lo señala el informe de Amnistía Internacional (2022), para juzgarlos bastó que fueran percibidos como criminales de acuerdo con los discursos de estigmatización del gobierno: tatuajes, parentesco con un pandillero o vivir en una zona controlada por una pandilla. En los juicios sumarios, que han llegado a ser de hasta 500 acusados a la vez, se les ha dado de 20 a 30 años de prisión. Cuando los jueces se han opuesto ante la falta de evidencia, han recibido reprimendas de funcionarios judiciales de alto nivel, exigiendo dictar detención provisional como regla general. Por supuesto, los periodistas que han informado sobre el fenómeno de las pandillas y la existencia de negociaciones secretas con el gobierno han tenido que cambiar de domicilio o salir del país. Algunas investigaciones sostienen que ya son más de doscientas personas las que han muerto en las cárceles.

Con estas medidas, Bukele está fortaleciendo que las pandillas tengan el control de las prisiones. El Tren de Aragua, la pandilla venezolana de mayor impacto en América del Sur, creció cuando su líder, el sindicalista extorsionador Héctor Guerrero entra a la prisión de Tocorón. Una vez que alcanza el liderazgo dentro de la cárcel, establece alianzas con las cabezas de los grupos criminales más importantes de las regiones aledañas, luego construye una fundación con fines sociales para negociar con el gobierno y toma el control de una zona de Aragua. Esa forma de controlar la organización criminal también tiene tradición en el Perú. Hay estudios y reportajes sobre el poder de las pandillas en cárceles como Lurigancho o el penal de Barbadillo. La Policía Nacional estima que unas 40 mil personas entre los 13 y 23 años forman parte de una pandilla (en Lima y Callao hay más de 400). Y una vez detenidos, las extorciones, secuestros y otras actividades ilícitas las organizan desde la prisión. Su poder como autoridad no se reduce, sino que se profesionaliza.

Si ya superamos el 200% de hacinamiento en nuestras prisiones, ¿por qué deseamos un régimen de excepción y una modificación del código penal? ¿Para poder detener sin pruebas? ¿Para facilitar los vínculos entre pandilleros y con autoridades corruptas del Estado? Es probable que la ansiedad peruana ante la violencia en ascenso nos gane pidiendo soluciones rápidas y radicales, pero tengamos cuidado con los engaños. Que valga la enseñanza que nos dejó Fujimori: el populismo barato, sale caro y doloroso también.

 

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[EN LA ARENA] El 28 de julio, Dina Boluarte disparó una sarta de proyectos de ley pidiendo con urgencia que fuesen aprobados por el Congreso. Como en una campaña electoral, sin preocuparse de que estos formen parte de –o deformen políticas públicas con fines claros, prometió hasta puestos de trabajo: que los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, pasen a ser policías del Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ser policía no es un puesto cualquiera. Su labor es prevenir diversos hechos de violencia, mejorar la convivencia pacífica y aplacar las acciones delictivas. Trabajar de la mano con otros sectores, como el Poder Judicial, el sistema de salud y los gobiernos locales. No se trata de un soldado con deber de batallar contra el enemigo. El Estado le ha designado ciertos compromisos que responden al interés público: el evitar conflictos (políticos, religiosos, sociales, culturales) y asegurar el bienestar de la población; jamás lo contrario.

Eso implica confiar y ahí empieza el profundo problema que enfrenta la PNP, pues es considerada como la quinta institución más corrupta del Estado peruano (Proetica 2022). Es usual en la televisión ver la detención de policías por vincularse a mafias, narcotráfico, extorsionar a trabajadoras sexuales, cobrar coimas, lavar activos, etc. Como contraparte, la PNP también cuenta con espacios televisivos para difundir las capturas de delincuentes logradas en sus campañas, pero no consiguen revertir la percepción de desconfianza y corrupción.

El actual proyecto de Ley, cuestionado por especialistas en seguridad ciudadana, fue sustentado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana por el Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vergara, quien señaló como razón para convocar a los reservistas que solo se cuenta con un policía por cada 500 ciudadanos y que “cada año hay menos efectivos policiales para hacer frente a la creciente ola de delincuencia”. La primera es correcta, los estándares internacionales sostienen que se debe contar con un policía por cada 250 personas. Lo que sí es falso, es que cada año se tenga menos efectivos policiales y que la ola de delincuencia sea creciente.

Diez años atrás en el Perú se produjo una escalada de violencia que llegó a su pico el año 2018 cuando se alcanzó una tasa de casi 8 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. El advenimiento de la pandemia disminuyó notoriamente el número de asesinatos y el año pasado, la cifra fue de 6, una tasa previa al 2013, antes de la migración masiva y del desplazamiento de mafias por todo el continente. A pesar de que nuestra población ha aumentado en más de cuatro millones de personas desde ese momento, se ha mantenido el mismo número de víctimas de algún hecho delictivo, lo cual no es poca cosa: hoy, es la cuarta parte del país, hace diez años, era casi la tercera.

Es muy probable que este control sea resultado de las diversas reformas que la policía ha ido viviendo desde el año 2017, cuando se cambió la organización interna y el modelo de formación policial. Lo podemos ver en las cifras. El año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que sólo había un efectivo policial por cada 856 habitantes. En el año 2017, la cobertura subió a uno para 673 habitantes. Hoy como señaló el Comandante, han llegado a 500. La pregunta es entonces, por qué promete trabajo de policía a los reservistas la señora Dina Boluarte, quien gusta aparecer rodeada de militares. Ya la ley anterior había sido rechazada porque implicaba un cambio sustancial en el presupuesto de la PNP desequilibrando la distribución del erario nacional. Ahora, reaparece como promesa tras las masacres perpetradas por la policía durante el Estallido popular 2022-2023 que ella justificó en lugar de detener.

La policía peruana tiene otras necesidades y sabemos bien que la mayor fragilidad se encuentra en su formación profesional. El 2008 Sunedu reconoció el rango universitario a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero hasta la fecha no ha culminado con el licenciamiento, que asegura los estándares de una auténtica educación policial. Hay países que cuentan con centros de investigación avanzada, capaces de ofrecer diplomas y maestrías. La gran ventaja de una formación así, que abarca enfoques comunitarios, éticos y científicos, es que permite a la policía no dejarse manipular por sus autoridades políticas, abandonar la compulsión por enriquecerse ilícitamente y contar con la confianza de que la próxima vez que haya una marcha, no saldrán a matar.

 

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[EN LA ARENA] Hace 200 años, todavía nuestros actuales símbolos patrios no habían sido diseñados, aún tenían vigencia los que diseñó José de San Martín. Los símbolos que quedaron vigentes los mandó a hacer Simón Bolívar y desde ese entonces con algunos retoques, se supone que deben ser las imágenes con las cuales se construye nuestro nacionalismo. El nacionalismo es un sentimiento muy particular, pues se trata de una adherencia a un territorio que tiene límites fuera de nuestra vista, que abarca sociedades que jamás conoceremos, lenguas que quizá nunca escucharemos, caminos, ríos, montañas que nunca pisaremos. El territorio, poblado por millones de personas que jamás nos llegaremos a ver, tiene un gobierno mayor, que abarca, de cierta manera piramidal a todos los gobiernos en los que se divide el territorio. Y sin embargo, somos uno solo, un terruño que queremos porque aquí nacimos, que celebra estrepitosamente cuando triunfamos con algún deporte, que hemos defendido con la vida en las pocas guerras que hemos tenido. Somos un solo territorio pero que vive herido y fracturado por el extractivismo, la pobreza, el racismo, la corrupción y la indiferencia. Un territorio al que le sacamos el jugo sin pensar en el futuro, pero ahí vamos, con el pobre dándonos todo lo que puede.

El nacionalismo implica también entender a este territorio como una patria. No hay que saber latín para saber que patria y padre derivan de un mismo término. La tradición occidental la representa simbólicamente como una mujer porque es la tierra, porque la patria es la tierra de nuestros padres, de nuestros antepasados. Quizá sea por eso que el patriotismo se ligue duramente con el conservadurismo, con la creencia ingenua de que todo pasado fue mejor y que no debemos cambiar nuestras patriarcales costumbres. La cosa es que el nacionalismo nos acompaña todos los días, y mucho más ahora que son las fiestas patrias y tiempo de protestas. Está en la bandera que hay en cada puerta. Sus colores, el blanco y el rojo, adornan mercados, calles, colegios, ciudades. Está en la camiseta de los deportes nacionales, para los deportistas y para sus hinchas también. En el escudo que se lleva en bordados oficiales y en ropa de diseño.

Pero cuando los símbolos patrios caen en manos extremistas, nos terminan dividiendo. Si cada vez que Keiko Fujimori postula utiliza la camiseta de los futbolistas, eso limita a usarla a quienes la tienen pero no quieren ser relacionados con una líder que usa su partido político como una organización delictiva. Cuando los congresistas usan la bandera peruana, las peruanas y peruanos que salen a marchar deben llevar también la Wiphala o una bandera negra para reclamar las masacres ocurridas en su región.

Quizá la única imagen que aún nos representa sin problemas políticos sea el mapa del Perú. Hemos crecido aprendiendo a dibujarlo a pulso, con plantilla, con papel carbón, con hojas para calcar y ahora, claro, a imprimirlo y a sacarle fotocopia. Recitamos los nombres de cada región, los límites del Perú y jamás hemos olvidado pintar las 200 millas que nos tocan del Océano Pacífico. El territorio que jamás llegaremos a ver, los peruanos que jamás nos llegaremos a conocer, parecemos caber en un mapa, ese que hay en cada salón de clase del país. Una de sus versiones, quizá la que muestra con mayor sinceridad cómo nos imaginamos, es el mapa que aprendimos dividido en tres regiones naturales; esa división en costa, sierra y selva es una exitosa fórmula nacionalista todavía presente en las canciones, en las historietas, en los programas de televisión, hasta en la publicidad de teléfonos celulares. Las tres regiones que consiguieron abarcar nuestra diversidad étnica con estereotipos sí, pero con una intención de reconocimiento mutuo que con la bandera parece haberse perdido. Ya nos tocarán mejores fiestas porque el amor por el terruño, por la Mama Pacha, por nuestras diferencias, nos unirá para reconstruirnos.

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[EN LA ARENA] Qué controversial que el viceministro de interculturalidad, Juan Reátegui Silva, difundiera en las redes sociales su reunión con el grupo La Resistencia. Una violenta organización dedicada a atacar autoridades públicas defensoras de derechos humanos. Si un viceministerio publica una reunión de trabajo con una agrupación que tanto daño causa justo una semana antes de la Toma de Lima, ¿cómo no se va a interpretar como un acto amenazante de parte del actual gobierno? Controversial porque el viceministro es un reconocido funcionario de origen awajún con una vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y ha salido a justificar lo acaecido señalando que se había realizado en el marco de un programa contra el racismo.

Todos los medios le han recordado al viceministro las acciones violentas de La Resistencia, cargadas de odio y difamación. Queda la pregunta de cómo no puede haber sido consciente de ello un funcionario de tan alto rango que sabe que la próxima semana llegarán representantes y activistas de las regiones de otros pueblos originarios. No puede justificar que se trata de admitir a quienes piensan diferente, porque es una agrupación que ha cometido delitos. El reclamo va hacia la falta de un filtro en todas las instituciones estatales que impida que se realicen encuentros con personas y organizaciones dedicadas a dañar a nuestra población.

Una semana antes de la Toma de Lima, todavía quedan rastros del miedo que sembró la Policía Nacional del Perú junto a grupos como este con la avenencia de la presidenta de la República, que no hizo nada para detenerlos. Los miles de limeñas y limeños que participaron de la espontánea marcha contra el Congreso en junio, y el apoteósico desfile de más de cincuenta mil personas el día de la Marcha por el Orgullo han sido señal de que nos estamos recuperando. Cabe sumar que tras los informes de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la policía se ha sabido portar profesionalmente durante ambas manifestaciones. Cosa que no deja de indignar porque significa entonces que sí podrían haberse evitado las más de 70 personas asesinadas hace pocos meses atrás. El ímpetu por salir a marchar empieza a renacer.

Pero los rastros de aquel miedo los alimenta la prensa que continúa con la estrategia del terruqueo y los discursos de la presidenta, quien ya culpó a los protestantes de una próxima crisis económica, cuando han sido las masacres producidas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Congreso y el Poder Judicial, las que han dejado sin aliento a las fundaciones y organismos internacionales que evalúan la estabilidad política y económica de los países para las grandes inversiones internacionales.

Sea entonces por error o por amenaza, lo cierto es que el actual gobierno sólo destila desconfianza. Quiere que desconfiemos entre nosotros. Pero con su actuar lo que alimentan es la desconfianza entre nosotros y los tres poderes del Estado, tomados por mafias nacionales, siendo la principal, la fujimorista. Es contra estas redes de corrupción y clientelaje por las que nos levantaremos el 19 de julio. Por eso, en medio de tanta desconfianza, dar la contra a este gobierno también implica dar espacio a la solidaridad. Y así será. Como en enero, nos tocará dar la mano a nuestras hermanas y hermanos que vendrán a luchar con la esperanza de que podremos recuperar el mejor sentido de nuestra democracia, confiando en el adelanto de elecciones como el primer paso de una ardua tarea, la de cambiar nuestro sistema político. Es una asunto que se lo debemos a nuestra próxima generación, que tiene derecho a crecer dignamente.

 

 

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