Lavarse las manos

"Durante todos esos periodos parlamentarios, año a año, los congresistas se han dedicado a buscar cómo prohibir que se enseñara en las escuelas los resultados del Informe Final de la CVR. Ahora ya sabemos por qué y es que estudiar el conflicto nos enseña a las peruanas, a los peruanos a identificar cuándo se comete abuso de poder y las nefastas consecuencias que trae consigo, porque convierte el resentimiento en una rabia sin límites, en un dolor que no cesa."

Desde diciembre, desde que Dina Boluarte es presidenta del Perú, la Policía Nacional del Perú ha decidido que tiene derecho a matar. A matar a la población de distintas regiones que tomó por la fuerza carreteras y aeropuertos como protesta contra el triunfo de los grupos de poder y corrupción del Congreso de la República, que se han reapropiado de un ejecutivo que breve tiempo estuvo en las manos del endeble grupo del maestro rural por el que esas peruanas y peruanos votaron y con quien se identificaron. Y por sus consignas queda muy claro que lo que quieren es asegurar su integración y visibilización en el sistema legislativo constituyente, para que no sea nuevamente cómo acaba de ocurrir con Pedro Castillo.

Debido a este agigantamiento del poder parlamentario, pareciera que también hubiera distorsionado la manera en que se concibe la relación de poder entre el Estado y sus ciudadanos. Lo podemos observar cuando la policía misma narra el horror del lamentable asesinato del suboficial José Luis Soncco como la muerte de una víctima del terrorismo. De esa forma busca ponerse al mismo nivel de victimización que corresponde al de la masacre de Juliaca ocurrida este lunes con la muerte de 17 personas y decenas de heridos muy graves. Algo similar ocurrió el mes de diciembre, cuando la policía apelaba al tener un alto número de heridos por las piedras y otros objetos utilizados para agredirlos durante las acciones del paro. La distorsión no es otra cosa que el negar, de esta manera, que existe una relación de poder que no es para nada equitativa entre una institución armada por el gobierno profesionalmente y los protestantes de pueblos marginados armados con palos y piedras, que, por supuesto, no tienen cómo contar con helicópteros, proyectiles o bombas lacrimógenas. A lo mucho, con precarias bombas molotov.

Otro ejemplo es el de la Presidenta y sus ministros cuando responden ante los reclamos porque ya van dolorosamente 47 personas asesinadas durante su primer mes de mandato. Pediremos que se investigue, responden, y daremos dinero como reparación a sus familias. De hecho –tal como expuso el premier Alberto Otárola en el Congreso ayer martes, durante su tranquila espera del voto de confianza–, se dará dinero a todo el país mediante bonos y otros alicientes económicos durante el tiempo que se mantengan en el poder. Una manera de esconder que la policía funciona como toda fuerza del orden, bajo una cadena de mando encabezada por su gabinete ministerial. Por lo tanto, así no hayan ordenado los asesinatos directamente, cuentan con todo el poder necesario para detenerlos. 

Masacre viene al caso para nombrar el crimen que está ocurriendo por varias razones, pero pensemos en dos: una, porque además de referirse a un asesinato masivo e innecesario,  remarca la enorme desigualdad de poder entre las víctimas y los victimarios. La segunda,  porque fue una terrible práctica durante la guerra entre el Estado y Sendero Luminoso. (De hecho, el actual presidente del Congreso de la República, José Daniel Williams Zapata, fue uno de los protagonistas de la Masacre de Accomarca, cómo vamos a poder olvidarla). Es otra razón porque desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) emitió el Informe Final (2003) sobre el conflicto armado, le pidió al país que se comprometiera a erradicar el racismo y la exclusión socioeconómica para evitar volver a resentir a la población indígena peruana, sobre todo del sur del Perú. Para ello propuso enfáticamente que deberíamos estudiar en los colegios (es decir, estudiar tanto maestras, maestros como estudiantes) las causas, hechos y consecuencias de la guerra para evitar que se repitiera. Este año se cumplirán 20 desde que se publicó el Informe. Podríamos decir que ya pasó una generación entera. Durante todos esos periodos parlamentarios, año a año, los congresistas se han dedicado a buscar cómo prohibir que se enseñara en las escuelas los resultados del Informe Final de la CVR. Ahora ya sabemos por qué y es que estudiar el conflicto nos enseña a las peruanas, a los peruanos a identificar cuándo se comete abuso de poder y las nefastas consecuencias que trae consigo, porque convierte el resentimiento en una rabia sin límites, en un dolor que no cesa.

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