Toda la meritocracia estatal se está yendo al tacho, los servicios públicos ya están colapsando, las reformas principales de los últimos años se están destruyendo, las reformas políticas urgentes y necesarias, no se harán, el clientelismo político corrupto con autoridades regionales, locales y congresales, está pervirtiendo la representación democrática. Es una tragedia la que estamos viviendo, que no se puede soslayar por el simple hecho de que Castillo no va a expropiar nada o no va a cambiar el rumbo principal del orden macroeconómico.
No obstante, la propuesta de recolección de firmas debería hacerse de todas maneras y no buscar tan solo 75 mil firmas sino millones, que expresen no solo rechazo al statu quo, al tinglado armado por la dupla Ejecutivo-Congreso, sino que, de paso, sirva para activar a ese gran sector de centro liberal que hoy no encuentra representación, ni en el gobierno ni en el Parlamento.
El propio Sagasti no debería limitarse a lanzar la idea y guardarse en sus cuarteles de invierno. Puede convocar a un equipo grande de personalidades que impulsen esta iniciativa y que a partir de ello germine, ojalá, una alternativa política más potable que la que hoy representan la izquierda radical, la mediocre izquierda moderada, la derecha mercantilista del fujimorismo y la derecha conservadora.
Y la derecha, torpe y miope que tenemos, no es capaz siquiera de darse cuenta de ello, que mientras más perdure el statu quo, peores serán sus posibilidades de un triunfo electoral en la próxima justa presidencial. El camino del declive general, la consolidación de un Estado fallido, controlado por las mafias informales, será irreversible por un buen tiempo. Y mientras eso pasa, los halconcillos bamba de la derecha seguirán cobrando sus jugosos emolumentos en el palacio Legislativo. Una real vergüenza.
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
