El congresista de Avanza País Alejandro Cavero ha calificado de “impertinentes” 24 pruebas de la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino y dos de sus exministros, en la denuncia contra ellos por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y por las lesiones (graves y leves) que sufrieron otros manifestantes. Así lo plasmó Cavero en un informe preliminar presentado a fines de febrero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sudaca pudo revisar el documento.
El Ministerio Público considera, sin embargo, que estas pruebas sí son de vital importancia para el proceso, no porque determinen quiénes son los responsables directos de ambos crímenes, sino porque le “brindan contexto” a la brutal represión que se vivió en noviembre del 2020. Las pruebas explican, por ejemplo, el nivel de control que tenía Merino −y su Gabinete− sobre la situación. Y también cómo esas efímeras autoridades intentaron, incluso, borrar las huellas de sus actos en televisión nacional.
El informe de valoración de pruebas hecho por Cavero es uno de los pasos previos al informe final de la subcomisión, que será debatido en el Pleno para ver si este aprueba la denuncia constitucional. Solo así, Merino y sus exministros podrían ser procesados en la vía judicial. Los altos funcionarios tienen un manto de inmunidad que solo puede ser levantado mediante este mecanismo de antejuicio político.
TESTIMONIOS RELEVANTES
Son cuatro las pruebas que tienen que ver con los intentos de censura al canal del Estado que a Cavero le parecen inútiles. Y es que, como se supo en su momento, el régimen de Merino presionó a TV Perú para que no se emitieran las imágenes de las marchas.
Entre las declaraciones que la Fiscalía contempló figura una del periodista Renzo Mazzei, quien testificó que el entonces jefe de comunicaciones del Congreso, José Rocha, estaba en Palacio cuando le dijo: “Me indica acá que le bajes a la transmisión de las marchas”. “A lo que yo pregunté ‘¿me estás diciendo que no transmita las marchas?’ y José me respondió: ‘sí, eso te estoy diciendo’”, contó Mazzei. Rocha, en la práctica, fungía de asesor de prensa de Merino en la presidencia.
Mazzei le informó de la conversación al entonces presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) −la matriz de TV Perú−, Eduardo Guzmán. Este corroboró ante la Fiscalía lo contado por Mazzei y agregó que encaró al entonces premier Antero Flores Araoz durante un breve encuentro en las instalaciones del canal.
“Es inaceptable que desde Palacio de Gobierno se pretenda censurar la transmisión de las marchas”, le dijo Guzmán al entonces jefe del Gabinete, según su testimonio. “Él manifestó su contrariedad sobre nuestra transmisión”, agregó el comunicador sobre la respuesta del primer ministro.
Cavero, sin embargo, no cree que las declaraciones de Mazzei y Guzmán aporten. Tampoco los descargos de José Rocha. “Tienen que tener en cuenta que esto es un informe de pertinencia de pruebas. Y al señor se le imputa homicidio, no ocultar información”, dice Cavero.
Desde la defensa legal de la familia de Inti Sotelo −una de las víctimas de la represión−, le enmiendan la plana. «La sola posibilidad de implementar una disposición como la de ocultar la información da cuenta del control que Merino, como jefe de Estado, tenía. Creo que estas pruebas lo que acreditan es que él tenía muy claro que la opinión pública no debía informarse de cómo se estaba reprimiendo la movilización ciudadana. Y creo que acredita que Merino sabía perfectamente que se estaban cometiendo actos violentos y se estaba haciendo un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza”, dice Carlos Rivera.
“Siempre se les pide a los fiscales que, cuando formulan una denuncia, se refieran a los hechos precedentes y a los hechos concomitantes, que podríamos traducirlos como el contexto en que se desarrollan los hechos. Entonces es lógico que el fiscal presente una evidencia de esa naturaleza, no es descabellado ni es impertinente. La evidencia puede ser directa o indirecta”, opina el abogado Luciano López.
Cavero también calificó de “impertinentes” las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre la asignación de la escolta a Manuel Merino. Entre estas, los testimonios de cuatro oficiales y una suboficial que dieron detalles de los nombramientos en la División de Seguridad Presidencial. Lo mismo hizo con siete oficios cursados entre los agentes sobre este tema.
La designación de la escolta del presidente es relevante porque entre los agentes que estaban destinados a cuidar a Merino figuran algunos de los que estuvieron en las calles reprimiendo la manifestación del 14 de noviembre. Esto lo dio a conocer, en su momento, un documentado artículo del diario Perú 21. Las asignaciones contaron con el visto bueno del general Jorge Lam, quien había quedado a cargo de la comandancia general de la PNP. Este oficial es uno de los principales investigados en el proceso paralelo que sigue una fiscalía común por estos hechos.
“Esas son asignaciones a su seguridad personal y la Fiscalía no ha presentado como prueba la orden de que ellos vayan a la calle”, responde Cavero, quien también rechaza en su informe la declaración de Juana Anzualdo Calderón, secretaria de alta dirección del despacho ministerial de la cartera del Interior. Anzualdo fue, en la práctica, secretaria del entonces ministro Gastón Rodríguez Limo y dijo que los reportes de inteligencia eran enviados directamente al correo de este. Rodríguez es otro de los denunciados por la Fiscalía de la Nación.
En su informe, Cavero también se tomó el tiempo de descalificar una serie de documentos que se consignan para entender la cronología del intercambio de comunicaciones entre distintas entidades policiales.
ACTUANDO COMO JUEZ
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
Fotoportada: Darlen Leonardo
