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Congreso, Mari Carmen Alva

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 328.

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Congreso, Mari Carmen Alva, Pedro Castillo

 

Durante décadas, en los libros de historia se representaba la organización social de toda cultura mediante una pirámide dividida en estamentos. La organización del virreinato, por ejemplo, distribuía los niveles del triángulo por grupos raciales: en la cima estaba el español, seguido de criollos y mestizos, luego indios y en la base más ancha, negros y mulatos. Una vez terminado el año en que se estudiaba el periodo colonial, los escolares nunca más volvíamos a encontrarnos con una pirámide similar sobre la sociedad contemporánea. Aparentemente, gracias a la democracia, una organización así y sus relaciones de poder habían quedado en el pasado,

Se suponía que al convertirnos en una república y considerarnos iguales, el Perú había conseguido reemplazar la pirámide por una escala alfabética de niveles socioeconómicos, de la A hasta la E, como suele aparecer en los informes estadísticos. Los hitos de ese logro habían sido resultado de la independencia, la liberación de los esclavos y de la tardía reforma agraria. Pero como bien nos hizo notar Gonzalo Portocarrero, en una sociedad donde la ley pública jamás llegó a tener prestigio, la independencia solo consiguió que otros extranjeros y los criollos más blancos reemplazaran a los españoles, que la prohibición de la esclavitud no pusiera fin a la discriminación racial y a la pobreza de la población afrodescendiente, y tampoco consiguió que la reforma agraria lograra terminar con la pobreza de la población indígena y su acceso a educación de calidad.

Doscientos años después de la independencia, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, le demanda a la alcaldesa de un distrito rural arequipeño que cambie el tono de voz porque está prohibido en “su casa”. El recurso de considerar su casa al Congreso, el lenguaje corporal que utilizó y el silencio posterior a los reclamos de demás autoridades públicas, dan cuenta de cómo con ese discurso ella se coloca en la blanca cima de la vieja pirámide y le quita la voz a la autoridad de una localidad rural. Con este acto, Alva pone a Marilú González en la base inferior de la pirámide y transparenta cómo su reclamo no puede ser aceptado porque rompe con el orden establecido. Se ha metido a su casa a protestar, sin importar que sea justo o no.

Doscientos años después de la independencia, los electores peruanos dieron preferencia a un maestro rural sindicalista para que fuera presidente, mostrando su hartazgo por la heredera de la mafia fujimorista que azota al país desde los años noventa. De la base fue llevado hasta la cima. Pero el presidente no quiso esa casa. Prometió que la convertiría en museo y mantuvo otra casa en Breña para visitas, yendo directamente contra la ley, desconociendo sus verdaderas funciones, pero con la esperanza de transmitir “al pueblo” que no lo traicionaba, sino que sufría el no saber cómo gobernar junto con él.

Estas buenas intenciones son para él razón suficiente para justificar el sentirse víctima de los grupos de poder que promueven sistemáticamente su vacancia, pero el querer permanecer en la base piramidal no tiene por qué justificar que se lave las manos, que eluda sus principales tareas, que dé sus cargos a personas sin experiencia en el sector o, peor aún, que los mantenga sabiendo bien que están implicados en mafias viejas o nuevas de los sectores informales y delincuenciales del país.  En ninguna de las dos casas, el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República, alguno de sus dirigentes ha sido capaz de pedir disculpas. Lo único que se ha conseguido es que el presidente se quite el sombrero.

8 de febrero de 2022

 

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Congreso, Maricarmen Alva

 

Ni siquiera la bancada de Perú Libre iba a apoyar la confianza del efímero gabinete Valer. El presidente Castillo se vio obligado políticamente a cambiarlo sin jugar la carta de su presentación acelerada ante el Congreso y descartando así la torpe iniciativa del cantinflesco Premier de fungir de la primera “bala de plata” en el proceso de dos negatorias de confianza que permitirían la disolución del Congreso.

Si Castillo jugaba a ello, aseguraba su vacancia pronta. Un Congreso puesto contra la pared y empujado a jugarse su permanencia, obviamente iba a preferir sacar a Castillo de Palacio, antes de irse pacífica y dócilmente a su casa.

Hoy, la única manera que tiene Castillo de evitar que la crisis escale y se lo lleve de encuentro del poder presidencial, es procediendo inmediatamente a armar un gabinete, ya no de centro, de derecha, o cerronista o de izquierda auténtica. Eso, más allá de lo deseable, según el respectivo punto de vista ideológico, no es lo factible en las actuales circunstancias.

La única manera de salvar el grave impasse político en el que se ha metido, por propia voluntad, el Primer Mandatario, pasa por convocar a un Premier de probada solvencia moral y profesional, que cumpla con los requisitos meritocráticos indispensables y, más importante aún, que tenga una capacidad de convocatoria política mayúscula, y que reciba de parte del jefe de Estado, todo el poder necesario para actuar.

Lo que podría reencaminar al gobierno sería solo la convocatoria a un gabinete multipartidario o, quizás mejor dicho, plurideológico, con personajes calificados, que genere el suficiente consenso parlamentario para alcanzar el voto de confianza y que logre establecer fajas de transmisión política con una ciudadanía ya harta e indignada con la mediocridad del gobernante.

 

 

Castillo debe, para ello, ceder importantes cuotas de poder, olvidarse de su gabinete pigmeo en la sombra, desechar Sarrateas y aledaños, olvidarse del caciquista afán de copar el Estado, permitir que el Premier arme su gabinete, y él abocarse en el gobierno a una o dos tareas esenciales, en términos de reformas o de cambios que satisfagan de algún modo el sentido del voto obtenido el 2021: tal vez, salud y educación públicas.

Por cierto, no somos optimistas respecto de la posibilidad de que un personaje tan básico y limitado como Pedro Castillo tenga la lucidez necesaria para entender que la referida es la ruta que corresponde seguir. Más bien, lo vemos reafirmando su signo mediocre en la conformación del nuevo gabinete. Lo más probable, pues, es que labre su propio destino de la peor manera.

 

 

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Congreso, Hector Valer, Pedro Castillo

La única salida política de la crisis de gobernabilidad que ha generado el malhadado régimen de Pedro Castillo pasa o por su renuncia o por una decisión del Congreso (sea por la vía de la vacancia o de la acusación constitucional) que lo retire de Palacio.

Ya resulta más que evidente la irreversibilidad de la mediocridad en la gestión. Estamos ante el serio riesgo de un colapso del Estado, con las graves consecuencias que ello tendría para el país, no solo en términos del daño económico y político que de por sí generaría, sino por la eventual explosión de un conflicto social de curso indeterminado que tal estado de cosas podría producir.

La designación del gabinete Valer, plagado de más impresentables que los dos gabinetes anteriores -cosa que ya parecía imposible de lograr-, y agravado por la designación de un Premier que no debería estar un minuto más en el cargo por sus inconductas recientes (es un agresor de mujeres), es una falta de respeto a la ciudadanía.

 

El Congreso, de insistir en el despropósito Castillo, debería, primero, negarle la confianza al gabinete, y, segundo, si el Primer Mandatario, carente de una mínima dignidad y admisión de incompetencia, no renuncia, abocarse a encontrar la salida legal para recortar su mandato.

La experiencia de un gobierno surgido del pueblo provinciano ha sido, lamentablemente, fallida. Castillo es un embustero que se arropó de ese discurso antiestablishment para ganar las elecciones, pero una vez en el poder ha demostrado que su único logro ha sido reeditar los peores vicios de la República peruana, llevados a su minusválida dimensión: el patrimonialismo, la temprana corrupción, la ineficacia administrativa, etc.

Como venían las cosas, el momento destituyente se iba a producir más temprano que tarde. Castillo ha adelantado las agujas del reloj, con pasmosa indolencia y desparpajo. Porque lo que ha pergeñado con el gabinete Valer es no solo una muestra de su mediocridad sino también de su evidente psicopatía política. El Presidente carece de criterios morales para gobernar, la situación psicosocial más grave que pudiéramos hallar en un gobernante.

Es hora de que la sociedad civil, lamentablemente pasmada en su activismo por haberse plegado al oficialismo, se despercuda y tome conciencia de que el desprolijo manejo político del país no puede seguir siendo tolerado. Es hora también de que la clase política -particularmente los partidos de centro (Acción Popular y Alianza para el Progreso)- abandonen el acrítico respaldo a un régimen cuyo deterioro va a generar inmensas consecuencias a la sociedad entera. La gangrena castillista debe ser cortada temprano, antes de que contamine el cuerpo social en su conjunto.

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Congreso, Pedro Castillo

El presidente Castillo ha labrado un gabinete que le permita, simplemente, traspasar la valla de la cuestión de confianza. Así, a la permanencia de Perú Libre y Juntos por el Perú, le suma Perú Democrático, Somos Perú y el sector provinciano de Acción Popular.

No es un gabinete que permita remontar la crisis de gobernabilidad en la que se halla inmerso, en gran medida, por responsabilidad del propio Presidente, quien ha hecho de designaciones cuestionables su signo distintivo. Y así, insiste en ello manteniendo al inverosímil titular de Transportes y designando a un cuestionado ministro del Interior, cuando, según todas las encuestas, el problema de la inseguridad ciudadana se ha vuelto ya el principal problema nacional. Pasa lo propio con el ministro del Ambiente, que no conoce nada de su sector, o la ultraconservadora ministra de la Mujer.

Castillo no parece tener capacidad de aprendizaje político. Se resiste a ello. No entiende la magnitud de las responsabilidades que le caben como gobernante del Perú, mucho menos, las responsabilidades administrativas que le corresponden como Jefe de Estado.

Los ministros y funcionarios renunciantes que se animaron a expresar las razones de su disconformidad, aluden, todos, a la existencia de un grupo de personajes que rodean al Primer Mandatario y pesan políticamente más que los ministros. ¿Hay alguna novedad en ese frente? Ninguna. Todo se mantiene igual.

No es posible, pues, avizorarle buen futuro político a este gabinete por más que cuente con la presencia de algunos destacados personajes, como el flamante Canciller, César Landa, o el nuevo titular del MEF, Oscar Graham, cualitativamente superior el peso mediano, Pedro Francke. El problema no estriba en ellos.

La sola presencia de un Premier disparatado como el impredecible Héctor Valer hace que la ceremonia de ayer se asome pronto a ser una impostura política, armada a último momento, sin mirar el horizonte ideológico o político del país.

 

 

Ya no cabe analizar si el régimen migró al centro, si acaso a la derecha, si se reafirmó en su coalición de izquierdas, si se radicalizó o cerronizó, no, esos no son los asuntos en los que el Presidente delibera. A estas pocas alturas de un gobierno fallido como el suyo, Castillo solo quiere durar lo más que sea. Así, su gran perspectiva histórica no pasa de la quincena, de que el nuevo consejo de ministros reciba la confianza en el Congreso y de esa manera él poder seguir haciendo de las suyas bajo el manto de impunidad que le brinda el cargo presidencial. Así, muy lamentablemente, estamos como país.

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Congreso, Gabinete, Pedro Castillo

Las autoridades una vez más demuestran el poco interés que tienen en lograr cambios favorables y sostenidos para alcanzar una educación de calidad y una sociedad más igualitaria. A puertas de cerrar la actual legislatura el Congreso de la República, mediando una perversa alianza entre la derecha más reaccionaria y la izquierda patriarcal se trajeron abajo la reforma universitaria, con la excusa de devolverle “autonomía” a las universidades, le devuelven – en realidad- la libertad a estas para hacer de la educación un negocio sin ninguna clase de ética ni fiscalización.

Pero no solo este escenario amenaza la educación, también lo hace el Proyecto Legislativo 904/2021, presentado por el congresista Edras Medina del grupo parlamentario Renovación Popular, denominado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”; pero que en realidad busca desconocer la autonomía del Ministerio de Educación y hacer depender a este de la opinión y conformidad de los padres y madres de familia. Tal como suena, la educación de los niños estaría definida por algunas organizaciones de padres/madres quienes podrán vetar contenidos sin mediar aquí los criterios de especialistas en temas de educación.

 

Esta propuesta, que es bien vista por los sectores más conservadores (antiderechos) del congreso, distorsiona el derecho a participar de los padres/madres de familia en el proceso educativo, que por cierto se encuentra ya establecido a través de las APAFAS y de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI).

 

¿Què hay detrás de esta propuesta?, el interés de grupos parlamentarios vinculados a sectores fundamentalistas que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. A estos operadores de la discriminación no les interesa la calidad educativa, les importa mantener los cimientos de una sociedad excluyente y tutelar, que reproduzca la discriminación. Utilizando discursos tendenciosos, como “la defensa de la familia” o su oposición a una supuesta “ideología de género” mal informan, generan miedo y ahora operan a nivel del ejecutivo y el legislativo para fortalecer una agenda perversa que sostenga la desigualdad..

 

Diversas instancias se han pronunciado con preocupación frente a la probable aprobación de una iniciativa legislativa contraria a los compromisos del Estado Peruano en materia de educación e igualdad. Se han manifestado la Defensoría del Pueblo, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones de jóvenes y del derecho a la educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, así como instancias de la cooperación internacional.

 

Este escenario de riesgo se agrava tras la reciente designación de Kathy Ugarte, congresista de Perú Libre, como Ministra de la Mujer; la nueva titular del sector se ha opuesto públicamente al enfoque de igualdad de género y ahora lidera el ente rector de las políticas de género, una paradoja peligrosa que hace temer retrocesos que repercutirán en la vida y bienestar de millones de mujeres y niñas.

 

El escenario es adverso, a nivel del legislativo y también del ejecutivo, el presidente Pedro Castillo  ha demostrado su nulo compromiso con los derechos de las mujeres y ayer envió un mensaje claro de oposición a los avances en materia de igualdad. Se anuncian tiempos de muchos retrocesos que solo podrán ser bloqueados con una clara y contundente respuesta ciudadana.

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Congreso, SUNEDU

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue «una celada». Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta «autonomía universitaria». 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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