[TIEMPO DE MILLENIALS]El sábado se desarrolló la Marcha del Orgullo, y fue un éxito rotundo. Hace tiempo no se veía en Lima una marcha tan multitudinaria, después de unos años de apatía política, donde ni las marchas del «fraude», vacancia, o en protesta por la vacancia de Pedro Castillo tuvieron este poder de convocatoria en la capital.
La jornada se vivió como una verdadera celebración, llena de carros alegóricos, performances, y incluso conciertos en vivo de diversos artistas. Se pudo ver a muchas familias con niños participar en la marcha y celebrar el mes del orgullo, además de exigir avances en temas de derechos para los individuos de la comunidad.
No existe causa más liberal que la que aboga por que todos los ciudadanos de un país tengan igualdad ante la ley. Hoy, la comunidad LGTBQI+ en el Perú está muy lejos de gozar de dicha igualdad. Las parejas del mismo sexo en el Perú no pueden casarse, ni afiliar a su pareja como derechohabiente en su seguro de salud, tienen dificultades para dejar una herencia, abrir una cuenta en el banco, pedir un crédito hipotecario, entre otras cosas. Su proyecto de vida se encuentra totalmente limitado en nuestro país.
Lo más desesperanzador es que pasan los años, y las movilizaciones, pero no se ven avances en materia legislativa. El actual Congreso no ha podido ponerse de acuerdo ni siquiera para la ley de Unión Civil, ya ni hablar del matrimonio igualitario.
Durante la marcha, diversas personalidades políticas pertenecientes al progresismo se hicieron presentes e incluso salieron a hablar. Congresistas de izquierda como Ruth Luque, Susel Paredes, o la progresista Flor Pablo Medina. ¿Y los liberales? No se supo mucho de ellos.
A pesar de ser la igualdad ante la ley, y las libertades sociales tanto como las económicas banderas del liberalismo clásico, en el Perú los pocos liberales que hay les dejan el terreno vacío a las voces de izquierda, para que estas de adueñen de las libertades sociales. Así la derecha pierde la oportunidad de mostrar una cara moderna, que empatice con los jóvenes que buscan voces que apoyen causas como esta. Según la más reciente encuesta de Ipsos, el 44% de los jóvenes de entre 18 y 25% años apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo este el grupo etario donde más aceptación tiene dicha propuesta.
Ya vimos el sábado que la cantidad de gente que asistió a la Marcha del Orgullo no fue menor, e incluso logró movilizar más gente que la mayoría de las marchas convocadas por el conservadurismo. En regiones poco a poco el movimiento LGTBQI+ comienza a manifestarse. Y los liberales, ¿les van a regalar las causas de libertades sociales a la izquierda?
El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.
Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.
Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.
La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).
[EN UN LUGAR DE LA MANCHA] Cuando se promociona al Perú en el extranjero se habla siempre de un país con cinco mil años de historia, con decenas de lenguas originarias, en fin, de un territorio que tiene el raro privilegio de tener varias edades y cosmovisiones a la vez. Todo queda en las vitrinas de la hipocresía y la incoherencia, porque en la práctica, los bienes de los que nos sentimos tan orgullosos son maltratados sin mayor trámite. En tanto, el Ministerio de Cultura sigue pregonando con celo su trabajo en favor de la identidad cultural del país. A este paso, estoy seguro, no quedará ninguna en pie.
Y como esto parece una competencia de necios, el Congreso no se puede quedar atrás y acaba de aprobar una ley que, a manera de obsequio, otorga el nombramiento sin examen a los maestros de escuelas públicas. Adiós meritocracia. ¿Quién sustentó esta deplorable iniciativa? Nada menos que José Luna, sí, uno de los azotes de Sunedu y amo y señor de Telesup, la universidad de siete pisos en fachada y solo cuatro construidos. La educación como simulacro sigue su rumbo triunfal.
Luego de esto cualquier educador o trabajador cultural pensante diría que no se puede caer más bajo. Malas noticias: en educación y cultura en nuestro país al fondo siempre hay sitio. Presupuestos magros, desigualdades humanas y de infraestructura que rozan la infamia, medios de comunicación que en su mayoría no tienen la más mínima voluntad de abordar ningún asunto cultural, escuelas a su suerte, maestros a la suya. Por si acaso no creo en cuotas impuestas, pero ante tal imperio de la idiotez, francamente ganas no faltan.
¿Qué más quisieran hacer, señores del Ejecutivo y el Legislativo? Les propongo, por ejemplo, un impuesto a la lectura, otro a la creación musical y uno más a las danzas. A los artistas plásticos cáiganles con todo. Otra idea coherente con el tamaño de su inteligencia podría ser derrumbar de una vez el requisito de ser Maestro o Doctor para enseñar en una universidad, para emparejar el suelo con las escuelas públicas y terminar con esas molestias que vienen con el intento de hacer un trabajo de calidad y basado en méritos. Dinamiten la gratuidad escolar. ¡Terminen de una vez con la cultura y la educación, nada les falta para lograrlo!
Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.
No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.
Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.
Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.
Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.
Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.
No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.
Cuando la fraseología ideológica se usa sin fundamento, se pervierte cualquier posibilidad de discusión productiva. Es lo que está pasado ahora con el gobierno de Dina Boluarte y el ejercicio del poder que está ejerciendo un Congreso abierta y desembozadamente derechista.
¿Serlo los vuelve fascistas? Uno puede criticar ciertas decisiones gubernativas o congresales, u otras hechas en complicidad, pero no debería extenderle por ello partida de defunción a la democracia. Se ven tan fuera de la realidad a quienes hablan de dictadura congresal o régimen fascista de Boluarte, como los que, desde la derecha, durante el fallido régimen de Castillo, hablaban sin ningún criterio sensato, de la dictadura comunista que nos gobernaba.
Hay mucho por criticar del proceder de un Parlamento mediocre, corrupto y autoritario. La destrucción de la reforma universitaria, el intento de copamiento de otras instituciones (aunque sea normal en cualquier Parlamento del mundo con mayoría suficiente para proceder a ello), es discutible poner en el mismo saco la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien nunca, en verdad, debió ser ratificada por la Junta Nacional de Justicia, la arremetida anunciada contra los organismos electorales por razones infundadas, la falta de reformas importantes (ha sido vergonzoso el retroceso del fujimorismo en el tema de la bicameralidad), etc., pero no es verdad que el Congreso sea comparsa plena del Ejecutivo, y que, por ende, haya desaparecido la separación de poderes y, en consecuencia, haya muerto la democracia, como se ha dicho con más afán de impacto mediático que cercanía con la realidad política que hoy nos define.
Hay que activar los mecanismos de vigilancia democráticos y, además, estar pendientes del proceder de los poderes del Estado que hoy nos gobiernan, porque la contrarreforma que se ejecuta podrá ser legítima, pero no por ello está o puede estar libre de merecidas y duras críticas cuando se cometen en su nombre dislates como los mencionados.
Pero la batalla política debe empezar con la corrección en los términos y no mediante fraseología sensacionalista que no resiste el contraste de la realidad.
-La del estribo: imperdible la monumental muestra Los Incas. Más allá de un imperio, que se expone en el MALI. La muestra incluye una selección de más de 250 objetos arqueológicos y obras de arte procedentes de colecciones públicas y privadas, muchas de ellas nunca exhibidas, y comprende desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo, incluyendo su supervivencia en el periodo colonial. De manera complementaria se presenta Piedra en imagen. Lo inca en la fotografía, ca. 1900-1940, curada por Natalia Majluf. Va hasta el 26 de noviembre.
El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.
Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.
Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.
En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.
Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?
Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.
Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?
En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.
Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?
Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.
En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.
En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.
En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.
Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.
En entrevista publicada hoy en El Trome, Keiko Fujimori no descarta la posibilidad de volver a postular, contra toda crítica hecha al respecto por sus adversarios y analistas políticos independientes, pero lo más relevante, a juicio de este columnista, es su señalamiento de que anda buscando un candidato de consenso.
Acierta en ello Keiko Fujimori. Se necesita que los principales partidos de centro y derecha aglutinen esfuerzos y lancen un candidato potable, capaz de derrotar al autócrata que va a surgir de las canteras de la izquierda antisistema (felizmente, hoy la izquierda se ha fraccionado y lanzará al menos siete candidatos).
Y en este esfuerzo no puede haber principismos infantiles (“nada con el fujimorismo” o “nada con el aprismo”) que ya se empiezan a escuchar en algunos pasillos políticos de las nuevas agrupaciones derechistas surgidas. Se debe buscar un consenso básico entre la derecha liberal, el fujimorismo, el aprismo, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País (si mantiene el talante liberal que le imprimió Hernando de Soto). Por allí va la cosa o debería ir.
No solo se trata de una acción política pensada en pasar a la segunda vuelta y allí triunfar, sino en la urgencia de asegurar una cuota parlamentaria importante en el próximo Congreso, que lo blinde al futuro gobierno respecto de la inestabilidad política que ha caracterizado los últimos lustros al país.
Va a tener que haber renuncias no solo electorales sino eventualmente doctrinarias menores, pero así ocurre siempre que se establecen pactos como el sugerido por la principal candidata de la centroderecha y lideresa indiscutida de un sector importante del país (no por gusto ha pasado a tres segundas vueltas en las últimas elecciones).
Se va a necesitar un candidato de consenso que luego pueda gobernar con relativa calma y superar los dos más graves problemas que nos aquejan: la zozobra política y la parálisis económica. Con ello resuelto, será posible atender otros problemas estructurales: salud y educación públicas, inseguridad ciudadana, regionalización, reforma político-electoral, etc. Es importante que Keiko Fujimori haya dado un paso político en esa perspectiva.
-La del estribo: gran puesta en escena de Patricia Villalobos y Javier Valdés, en la obra Pequeñas infidelidades, confirmando satisfactoriamente las expectativas anunciadas en este espacio hace un par de semanas. Va en el Teatro de Lucía y puede adquirir sus entradas en Joinnus.
Hace bien el Congreso en buscar la reconsideración de la votación parlamentaria para lograr la ansiada bicameralidad. Es una reforma política importante, significativa en cuanto a su impacto en la mejora institucional democrática y que, por ende, tendrá efectos positivos en la marcha económica del país (ya está más que probado que a mejor democracia mayor crecimiento económico).
El Perú, en general, es un país de bajísima representación parlamentaria y haría bien en aumentarla, y aprobando luego mecanismos adecuados (distrito electoral múltiple, renovación por tercios, etc.) lograr que este poder del Estado no vea evaporarse tan rápidamente su legitimidad.
Algunos medios de comunicación se han abocado a hacer campaña en contra con argumentos falaces y haría bien el propio Congreso en lanzar una estrategia informativa que genere simpatías ciudadanas y que, además, permita lograr los votos suficientes en el Legislativo, para evitar el imprevisible pase a referéndum, que es como se tendría que hacer si prima la última votación, donde no se alcanzaron los 87 votos necesarios para que califique como primera votación en aras de una reforma constitucional plena y legítima.
El gran argumento de los que se oponen a esta reforma es, señalan, que se está metiendo de contrabando, entre otras cosas, la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular al Senado. Bueno, efectivamente ello se está permitiendo, pero eso no es malo, es muy bueno. Una de las peores desgracias de las reformas vizcarristas es haber prohibido la reelección parlamentaria y si al menos, con esta reforma bicameral, se logra acotarla, en buena hora.
Aprobar la bicameralidad es una gran reforma, muy positiva para la democracia y el país. Le otorgaría una mejor y mayor institucionalidad a uno de los contrapesos del poder que más desprestigio arrastra en las últimas décadas, y cuya desventura irradia, sin duda, también hacia el Ejecutivo.
Es una estupidez soberana y pone de manifiesto un alma política mezquina, oponerse a ella simplemente porque los autores del proyecto son los miembros de la bancada de Fuerza Popular. El antifujimorismo ciego y torpe no puede llegar a extremos de delirio tales que conduzcan a torpedear una reforma a todas luces benéfica para el país.
El Congreso se siente impune, cree que sus actos no generan consecuencias políticas, que su desprestigio no afecta a todo el establishment político, que las barbaridades que se perpetran y las corruptelas que se develan pasan debajo del radar de la irritación ciudadana.
Porque en el caso de la presidenta Dina Boluarte se entiende de alguna manera su desaprobación, más allá de lo que haga. Que haya sucedido a un mandatario que tenía la aprobación de un tercio del país y que, además, haya ocasionado las muertes conocidas, justamente en las zonas castillistas, es un pasivo que difícilmente la abandonará, y que explica en gran medida los altísimos niveles de desaprobación que exhibe y de los que no se puede librar desde que asumió la posta presidencial.
¿Pero el Congreso por qué tiene tan alta desaprobación? Es verdad que el fenómeno es global, que los Legislativos no gozan de simpatías y que en el Perú en particular la gente lo aborrece (alguna vez un congresista me refería que al día siguiente de haber juramentado ya le mentaban la madre en la calle), pero el desastre nacional tiene otras causas.
A los sótanos a los que ha llegado el Parlamento actual, solo se llega con empeño y premeditación. Una tras otra, este Congreso ha dado muestras de mediocridad y corrupción, además de absoluta indolencia respecto de los pesares ciudadanos (la condecoración y develamiento del retrato de la expresidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, no es, si no, un síntoma más de ese desprecio por la opinión pública).
Si a ello le sumamos, la ausencia total de un programa de reformas o iniciativas legislativas orgánicas, que se basen en la relativa mayoría congresal obtenida, se entiende por qué el desenganche, aparentemente irreversible, de este poder del Estado de la gracia ciudadana.
Y en ese plan, se llevan de encuentro el prestigio de las élites políticas, abonando y allanando el camino de un autócrata próximo, que prometa arrasar con el establishment. Tamaña irresponsabilidad debe ser denunciada y los integrantes de la clase política que no tiene curules deben mostrar la mayor distancia crítica posible de este engendro legislativo que las elecciones del 2021 parieron.
