Allí sigue, en su cuenta de twitter, incólume, el post del presidente electo Pedro Castillo, distorsionando la verdad al atribuir la muerte de un correligionario a la acción violenta de un grupo fanático de la ultraderecha y reclamando que su muerte no puede quedar impune.
El tuit, lanzado precipitadamente a las dos de la madrugada, revela claramente el intento de utilizar políticamente una tragedia sin darse el mínimo trabajo de verificar la realidad de los hechos.
Haría bien Castillo en rectificarse, pedir disculpas y, sobre todo, aprender de lo sucedido para no reiterar error semejante más adelante, cuando ya sea presidente en ejercicio.
Un error de ese calibre le puede costar la Presidencia. Un mandatario que mienta o cometa un error semejante puede verse expuesto, ante un Congreso en el que no tiene mayoría y no cuenta además con los votos suficientes para evitar una vacancia (tiene solo 42 votos seguros, entre los 37 de Perú Libre y los 5 de Juntos por el Perú, y necesitaría 44 para estar a salvo), a un descalabro fatal.
La gravedad del cargo de jefe de Estado exige una severidad que no puede exponerse a dislates de semejante calibre. Es cierto que somos humanos y cometemos errores y un Presidente no está libre de cometerlos, pero lo que acá queda claro es que el señor Castillo no revela propósito de enmienda ni voluntad política de rectificación.
El poder es la peor droga. La circulina es más potente que la cocaína. Lo peor que le podría ocurrir a un mandatario poco preparado, con enormes precariedades políticas, es entregarse al cauce de la precipitación o el exceso, imbuido del alto cargo que ni siquiera aún ocupa.
De por sí, los pronósticos políticos de la gestión de Castillo no son buenos. Aún a pesar de su saludable moderación económica, hay tremendos problemas por delante para los que no parece correctamente equipado y que van a requerir de una sabiduría particular, que por cierto no se aprecia en este poco feliz tuit.
Manejarse en medio de una pandemia que aún no cesa, resolver las enormes expectativas que sobre su gestión se ha generado en millones de peruanos -la mitad del país-, atender el teje y maneje de un Congreso donde no tiene mayoría, no son poca cosa, y van a exigir un manejo serio y responsable, una mano de estadista, no la perseverancia de un candidato beligerante e irresponsable.
«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.
Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.
La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.
María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.
La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética.
Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridadde las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.
Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.
La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.
Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.
Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.
El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.
“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.
Los intereses de las bancadas
Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.
Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.
Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.
“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.
Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.
Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.
“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión.
El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.
Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños.
Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”.
En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.
Los favoritos
Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos.
El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.
De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.
Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.
Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.
Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.
Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.
“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.
“De méritos no tiene nada”
Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.
La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.
De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.
De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales.
El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC.
Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento.
Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.
Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados.
Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.
Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.
El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso.
“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa.
El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.
Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.
Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma.
Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.
Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.
(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López
El pasado 11 de junio el Congreso de la República aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto Ley General de Museo. Dicho dictamen constituye una grave amenaza al potencial crítico del arte, la producción cultural y al ejercicio de la libre expresión.
De acuerdo al dictamen son consideradas infracciones muy graves, sujetas a penalidades y multas, los siguientes puntos:
La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.
La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).
La implementación de las exposiciones que contravengan a las buenas costumbres en la exposiciones y actividades de los museos.
Resulta sumamente preocupante que la interpretación de la norma recaiga en la subjetividad y arbitrariedad de los funcionarios que la aplican. Cabe preguntarse qué significa “modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”, “realizar actividades relacionadas a una apología al terrorismo”, o ir en contra de “las buenas costumbres”.
Cabe preguntárselo en un país con una historia reciente de censuras, persecuciones y acusaciones a piezas y exposiciones de arte. En 2015, la obra de teatro La Cautiva fue investigada bajo la figura de apología al terrorismo; en 2017 ocurrió lo mismo con un mural y una cerámica del Museo de la Memoria de ANFASEP y con la serie de Tablas de Sarhua, Piraq Causa (¿Quién es el culpable?).
Las investigaciones y acusaciones prescribieron, pues las piezas claramente tenían una posición crítica frente a la violencia, tanto a la de las organizaciones subversivas como la que ejercieron las fuerzas del orden.
Preocupa que uno de los ámbitos de acción de la norma sea precisamente el Lugar de la Memoria (LUM), cuyo director fue separado por el Ministro de Cultura en el 2017 debido a una exposición crítica de la dictadura fujimorista, la Carpeta Colaborativa Resistencia Visual 1992-2017. Preocupa más, porque en 2018 todos los contenidos del LUM fueron revisados debido a las acusaciones de apología al terrorismo del ex congresista fujimorista, actualmente en prisión por corrupción, el señor Edwin Donayre.
Un argumento de la acusación de Donayre fue que el camino de piedras para entrar al LUM era un “sendero” que estaba “iluminado”. Para el entonces congresista, eso encerraría un mensaje de apología.
Las piezas, proyectos culturales y espacios mencionados tienen mensajes claros en contra de la violencia por lo que no queda duda que las investigaciones fueron interpretaciones antojadizas y maliciosas frente a propuestas que comparten una visión crítica y de denuncia frente a las responsabilidades que tuvo el Estado durante el periodo de violencia.
La memoria sobre el conflicto armado interno en nuestro país es un tema doloroso y complejo que aún como sociedad no hemos procesado. Eso no quiere decir que no existan verdades históricas, cuerpos, sentencias, ausencias, así como criminales en prisión. El arte y su potencial crítico y provocador han servido para sanar, pero también para colocar en el debate público dichas verdades.
Los funcionarios que tienen en sus manos la potestad de normar sobre la libre expresión en el ámbito de la cultura deben hacerlo con ética y responsabilidad, en especial en una sociedad fracturada por un pasado de violencia y cuyo tejido social debe recomponerse de la mano de la libertad de pensar y reflexionar sobre aquello por lo que nuestro país atravesó.
PubMed es como un Google para médicos. Esta base de datos tiene más de 32 millones de papers sobre los últimos estudios científicos publicados en el mundo. Si uno busca ahí las palabras “dióxido de cloro + covid”no encuentra documento alguno que concluya que este desinfectante es eficaz para combatir al coronavirus. Por el contrario, el primer resultado resalta uno de sus muchos efectos nocivos para el ser humano: la disfunción renal.
La Organización Mundial de la Salud, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS); diga usted, querido lector, una entidad. El consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro (CDS) no sirve para combatir la Covid-19. Y es, para fines prácticos, lejía. Por supuesto, en nuestra fauna parlamentaria hay quienes han hecho oídos sordos.
“Que la FDA apruebe o desapruebe un medicamento no es la voz de dios”, responde el irreverente Posemoscrowte Chagua, congresista de Unión por el Perú (UPP), cuando Sudaca le recuerda la desaprobación del CDS a nivel mundial. El legislador y médico cirujano es el padre de la flamante Comisión Dióxido de Cloro de este Congreso, que ya está de salida.
Chagua presentó la moción para crear este grupo especial el 20 de agosto del 2020.El pedido no fue visto hasta mayo de este año. En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, 49 congresistas votaron a favor de su creación. Algunos forman hoy parte del equipo investigador. “Los congresistas que lo usan son los que han votado a favor”, asegura Chagua.
Todo fue posible gracias al respaldo de su bancada (UPP), junto a legisladores de Podemos Perú y Somos Perú. Les pareció que destinar 30 días para investigar un producto desacreditado por la ciencia desde el año pasado era una buena idea. Y están seguros de que harán historia.
El congresista Iro Chagua sustentando la creación de la Comisión Dióxido de Cloro en el Pleno del Congreso.
Para el grupo parlamentario, su labor será parte del legado que dejarán para el combate contra la pandemia. “¿Por qué no esperar, con buena fe, que en el próximo Congreso algún congresista totalmente libre, neutro, con libertad de pensamiento, pueda decir: ‘voy a revisar esto’?», se aventura a decir Chagua.
Para lograr su cometido, la flamante comisión parlamentaria viene trabajando arduamente desde el pasado miércoles 16 de junio. Ese día se declararon en sesión permanente porque están a contrarreloj. Los testimonios son la principal base que tienen los congresistas para su cruzada. Y en menos de un mes, el informe final será expuesto en el Pleno, publicado en la web del Congreso y remitido al Poder Ejecutivo. Sin duda, un nuevo hito en las excentricidades de nuestra política.
Chagua, sin embargo, dice que “no pueden esperar que los resultados del informe resulten aceptables para la gran prensa y las autoridades de la ciencia” y que garantizarán que “todo lo que salga va a ser producto de un estudio, una contrastación de las posiciones”.
Pero hasta el cierre de esta edición, solo han asistido ingenieros químicos y otros investigadores fanáticos de la llamada «lejía milagrosa». Es el caso de la doctora Arlene Falcón, de la Universidad Nacional de Ucayali. Durante su intervención, la médica destacó que su casa de estudios es “la única en el Perú que está investigando” el blanqueador.
También se dio tiempo para agradecer al principal promotor de este “medicamento multiusos”: el alemán Andreas Kalcker. “Tenemos que agradecerle a Kalcker [por patentar] esta sustancia como CDS y que nosotros utilizamos”, dijo.
La breve aparición del creador del CDS, Andreas Kalcker, durante una de las sesiones de la comisión especial del Congreso. Fue para agradecerle.
De hecho, Kalcker fue invitado a la Comisión de Salud del Congreso en julio pasado, un mes antes de presentada la moción de Chagua, como “creador de la fórmula magistral” del dióxido de cloro. Sin embargo, desistieron de recibirlo al enterarse de sus cuestionamientos, entre estos una investigación de la justicia española por el delito contra la salud pública.
“Una reverenda cojudez”
Ruben Ramos, exUPP y hoy en la bancada Nueva Constitución, fue uno de los parlamentarios que votó a favor de la moción. Hoy es vicepresidente de esta comisión. El congresista dice que “no está a favor de su uso”, pero admite que la consume y la recomienda. “Es una realidad su uso clandestino y creo que a las instituciones encargadas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, no les interesa. Sacan sus comunicados de alerta, pero para advertir no tienen ningún fundamento científico”, afirma el farmacéutico de carrera.
Pero el INS y EsSaludsí han buscado razones para oponerse al blanqueador. En julio y agosto del 2020, respectivamente, mientras el congresista Chagua presentaba su moción en el Congreso, ambas instituciones se dieron el trabajo de hacer una revisión sistemática en reconocidas bases de datos para encontrar estudios clínicos favorables al CDS. No encontraron nada.
Al parecer a Ramos no le llegó la noticia.
Otro de los legisladores que apoyó la iniciativa fue Carlos Almerí, de Podemos Perú, el partido que lidera el dueño de Telesup (la universidad de la fachada bamba). “Este es un tema que venía peleando el colega Chagua que, al margen de que no compartamos muchas posiciones políticas, ha venido exigiendo permanentemente”, dice el miembro del grupo parlamentario. Y denuncia que la demora en la puesta en marcha de esta comisión recae en la presidenta del Congreso: “Por la mezquindad de la señora Mirtha Vásquez y su Mesa Directiva no se han logrado algunas comisiones. Esa es la razón por la cual es casi extemporánea su creación”.
Carlos Almerí en la Comisión CDS. El legislador asegura que esta labor no genera ningún gasto estatal.
Lo cierto es que mientras estos parlamentarios invertían tiempo en la creación de este grupo, la comunidad científica no se cansaba de descartar una y otra vez al CDS.
El mito de que este producto combate innumerables enfermedades no es de ahora. Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador de la Universidad Científica del Sur, considera que “era previsible que ante el covid, lo iban a proponer”. “La vienen usando desde hace varios años contra cualquier enfermedad incurable planteando que podría ser útil [como el VIH, cáncer y el autismo]”, dice.
“Lo que nunca han logrado explicar es el mecanismo de acción, es decir, cómo esta molécula que tiene cloro y dos oxígenos, logra funcionar contra cualquier cosa de las que plantean”, agrega.
Magaly Blas, médica especialista en salud pública y epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, detalla la extensa lista de efectos nocivos del CDS para humanos.
“Al ingerirlo, las personas que lo toman pueden tener quemaduras e irritación en todo el aparato digestivo. Inclusive puede dañar el esmalte de los dientes. Además, causa metahemoglobinemia, un cambio en los glóbulos rojos que no permite que estos transporten oxígeno. La persona siente que se está ahogando”, explica la doctora. Y aún no ha terminado.
Blas asegura que “también se han reportado casos de arritmias cardiacas”. Otros síntomas muy comunes son la insuficiencia hepática, náuseas y vómitos. Como si faltaran argumentos, la Digemid recordó a finales de julio del año pasado que “no ha otorgado registro sanitario a ningún producto” que contenga CDS para consumo humano.
Pero en la comisión dicen que existen testimonios de lo contrario, que en sus regiones hay familias enteras que se han curado de la Covid-19 gracias al CDS, que al tío de tal le ha funcionado, que la cuñada de cual le salvó la vida. Para Mayta-Tristán y Blas esto no sería más que un efecto placebo.
“Más del 80% de personas se recuperan de la Covid sin hacer nada. Muchos lo pueden atribuir a diversas cosas. Antes era la ivermectina y ahora el dióxido de cloro. Yo no puedo decir que funciona porque mi abuelita lo tomó”, explica la doctora. “Hay evidencia tangible que personas hospitalizadas graves [por Covid] habían consumido dióxido de cloro”, complementa el doctor.
De hecho, en agosto del año pasado, Victor Manchego, gerente de la Red Asistencial de Cusco, dijo a RPP que el 30% de los pacientes en cuidados intensivos por Covid-19 en su región presentaban también cuadros de intoxicación con dióxido de cloro e ivermectina.
Para el padre de la comisión, el congresista Posemoscrowte Chagua, la evidencia de los especialistas son sólo eco de la FDA y OMS. “Por lo general somos muy obedientes a las instituciones internacionales”, afirma, como lamentándose. Mayta-Tristán, que dice conocer al legislador, considera esta afirmación una “reverenda cojudez”. “Las personas que se oponen no tenemos ningún tipo de influencia farmacéutica. Es un tema de cordura, de salud, de proteger a la población”, explica.
El alcance de las conclusiones del informe final sobre el uso del CDS es un misterio. Para Carlos Almerí el objetivo del grupo parlamentario no es otro que “dejar establecido que el dióxido de cloro no es realmente un medicamento que podría dañar a las personas”. En oposición, claro está, a lo que la OMS se harta de evidenciar desde el año pasado.
Rubén Ramos, por su parte, cree que lo único que harán será “sistematizar la información que existe, que es primigenia, y dar recomendaciones” al Ejecutivo. Esto con la esperanza de que el gobierno inicie una indagación propia con un estudio clínico.
Rubén Ramos, vicepresidente de la flamente comisión. En julio del año pasado anunció que pediría al MINSA autorizar el uso del CDS para tratar la Covid-19.
A Magaly Blas esto le parece imposible. “El asunto es cómo investigar una sustancia dañina para el ser humano. No creo que ningún comité de ética en el Perú apruebe una investigación de ese tipo. ¿Quién va a querer enrolarse en un estudio donde el consentimiento informado te diga que te puede producir arritmia cardiaca, insuficiencia hepática y te puedes morir?”, pregunta, entre risas, la doctora.
En el caso de ganar Castillo, mucho del destino político y social del país va a depender del papel de bisagra y de contención que ejerza el centro en el Congreso de la República. La izquierda está definida: son 42 (37 de Perú Libre y 5 de Juntos por el Perú); la derecha lo propio: son 44 (24 de Fuerza Popular, 13 de Renovación Popular y 7 de Avanza País).
En el centro recalan 17 de Acción Popular, 15 de Alianza para el Progreso, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados, en total 44. En el escenario de un Castillo tirado al centro, más moderado, con el plan de Francke bajo el brazo, es factible que se llegue a un acuerdo con este numeroso sector de congresistas y lograr así un holgado grupo de 86 votos, con los cuales se podría, sin problemas, hacerse las modificaciones tributarias que se han planteado particularmente para el sector minero (que es de donde Castillo piensa sacar la caja para sostener su proyecto de reconstrucción del Estado en materia de salud y educación).
Pero el elemento de negociación que el centro debería anteponer es que Castillo arríe las banderas de la Asamblea Constituyente. Primero, porque no es necesario para aplicar el plan Francke y segundo porque de querer hacerlo va a someter al país a una zozobra política e incertidumbre social gigantesca, cuyo principal perjudicado va a ser el propio gobierno (con las inversiones privadas retraídas no hay país que pueda prosperar).
La única manera de asegurarnos que el período Francke no sea una primavera rosada que a renglón seguido, apenas se acomode en el poder Castillo, dé paso a un verano rojo liderado por las huestes cerronistas, pasa porque Castillo renuncie a la idea de refundar constitucionalmente el país, pretensión que choca con el rechazo de por lo menos la mitad del país que no votó por aquella.
Meterse el escenario de una eventual disolución del Congreso, nuevas elecciones congresales, o referéndum inicial para ver si se convoca otro que consulte si se va a una Constituyente, elecciones para la misma, etc., teniendo en el medio planeando la posibilidad de una vacancia, sería una demostración de irracionalidad que ojalá Castillo entienda que sería terrible para el país y su propio mandato.
El ganador de las elecciones que asuma el Ejecutivo -hasta que el JNE no falle, no se puede asumir nada oficialmente- se enfrentará a un Congreso tan o más populista que el actual.
La composición fragmentada del mismo (hay diez bancadas, ninguna con mayoría absoluta), el hecho de que 122 de los 130 ejerzan por primera vez el cargo (un Parlamento novato), la naturaleza ideológica de sus miembros (solo hay 44 de derecha antipopulista), no genera buen pronóstico.
Si a los 37 de Perú Libre, le sumamos los 17 de Acción Popular, los 15 de Alianza para el Progreso, los 5 de Juntos por el Perú, los 5 de Podemos y los 4 de Somos Perú, quienes han demostrado ser materia dispuesta para cuanto despropósito legal se le ocurriera a alguno de sus colegas, suman nada menos que 81 votos fácilmente prestos a aprobar cualquier iniciativa populista regulatoria, como las que han abundado en el Legislativo vigente.
Hay que agregar el dato de las próximas elecciones regionales y municipales que seguramente llevarán a que muchos parlamentarios traten de sembrar políticamente a favor de sus partidos para que obtengan mejores resultados en dichos comicios. Se viene un carnaval de iniciativas antimercado.
Este Congreso, elegido en enero del 2020, presentó entre marzo del 2020, que asumió, hasta junio del 2021, nada menos que 969 proyectos de normas que se entrometían en el manejo macro y microeconómico del país, teniendo como principales blancos el sistema financiero y el de las AFP. Más allá de que muchos de ellos no prosperaron, revela una fruición digna de mejores causas legislativas, habiendo tanto por hacer en ese sentido.
Va a ser un problema para el Ejecutivo lidiar con estos arrebatos. Que desde el Legislativo se petardee su plan de acción, distorsionando la política económica general, será uno más de los problemas con los que el gobierno entrante tendrá que lidiar, aparte de la pandemia y la recesión económica.
Será necesario que el Ejecutivo plantee un gobierno multipartidario, que incluya miembros del Congreso en el gobierno quizás o establezca pactos muy explícitos, para lograr que se establezca un compromiso de no intromisión en asuntos regulatorios. De otro modo, será un festín de irresponsabilidades el que desde el Congreso veremos perpetrarse los siguientes cinco años.
Mientras la ONPE terminaba de contar los votos que dan como virtual ganador a Pedro Castillo, las últimas 24 horas en el Congreso de la República recordaban lo peor de los últimos cinco años. Una reforma constitucional para limitar la cuestión de confianza -que fracasó- derivó más tarde en borradores de moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti.
Esta última iniciativa, al inicio apoyada por los parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP), por ahora, ha sido enterrada.
El primer fracaso
Ayer, el Congreso tuvo su primer y casi definitivo revés en su intención de ejecutar reformas constitucionales para limitar la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Esto luego de que no se alcanzaran los dos tercios del número legal de congresistas hábiles para ello. Y aunque luego vino una reconsideración, siempre impulsada por el alfil de César Acuña, el congresista de APP Luis Valdez, el pleno reconfirmó que los números no iban a alcanzar: 80 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones.
Si bien se pensó que se podía sacar adelante en la cuarta legislatura, ahora solo tocaría acudir a la vía del referéndum. Pero según fuentes congresales, esto no prosperará. ¿Cuál es la historia de este fracaso por buscar poner candados al próximo Ejecutivo? Sudaca conversó con diversas fuentes parlamentarias para entender quiénes estuvieron detrás y cómo se les quemó el pan en la puerta del horno.
Para las fuentes no hay duda de que la desesperación de los congresistas tiene su punto de origen en la resaca del 2019. “Hay un tema que se dice, pero en el texto se nota más. Hay un trauma con Vizcarra. Lo que hizo en 2019 ha dejado a muchos traumados y el documento responde directamente a las cosas que él hizo”, dice una fuente.
Un segundo tema es la alianza estratégica entre fuerzas políticas. Pese a que el líder de APP, César Acuña, negó una alianza con Fuerza Popular, es innegable que existe una sociedad. En esa línea, la iniciativa buscaba poner más candados a una eventual disolución del Parlamento por parte de un más que probable gobierno de Pedro Castillo. Y por el contrario, tenerla más fácil para vacarlo. De esta manera, cualquier arranque autoritario del presidente estaría limitado, pero también se entrancaría cualquier reforma mínima sobre la que la mayoría parlamentaria pueda estar en contra.
Otro tema que no es menor es el afán de protagonismo de Luis Valdez, un personaje muy cercano a César Acuña. Valdez es visto por sus opositores como un congresista afanoso por dejar huella en la historia parlamentaria. Y el que parece estar en la misma sintonía es su compañero de bancada Omar Chehade, que ya había propuesto una reforma constitucional cuando era parlamentario oficialista de Ollanta Humala. Ambos personajes, como quedó demostrado en la vacancia a Vizcarra, guían los pasos de la bancada de APP.
Luis Valdez, alfil de APP, busca figuretear según fuentes parlamentarias (Foto: Andina).
Pero detrás de este intento también hay un ánimo de confrontación con el actual presidente de la República, que llegó a su nivel más álgido ayer, como veremos líneas más adelante. “En el Congreso se piensa que Sagasti está ahí por circunstancias del destino nada más. Además, se considera que de alguna manera oprime a los parlamentarios y los trata mal. Es más un tema emocional”, cuenta otra fuente parlamentaria.
APP, por supuesto, no actuó solo. Podemos Perú y Acción Popular fueron las bancadas donde se pudo cosechar más apoyo. Algunos de sus aliados, sin embargo, retrocedieron a última hora. Pese a que hubo un acuerdo inicial con UPP y el Frepap, estos últimos se bajaron del carro. En primer caso, las razones se basarían en un acercamiento con Castillo. En el segundo, dicen las fuentes parlamentarias, desistieron del apoyo cuando vieron que un proyecto de ley que favorecía la inscripción de su partido -que no logró pasar la valla en las últimas elecciones- no terminó de cuajar.
Choque con Sagasti
Previo al pleno de ayer 10 de junio, los congresistas, nuevamente liderados por APP, pusieron en la mira a Francisco Sagasti y una posible censura en su contra. ¿Qué había pasado? Una tensa reunión entre el hijo putativo de César Acuña, Luis Valdez, y el presidente interino.
Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, aseguró a los medios que le había dicho al presidente que en la comisión que preside no se iba a impulsar la reforma de bicameralidad, pese a que, afirmó, es necesaria. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de confianza, sí señaló el interés por sacar la reforma adelante.
Le recordó el cierre del Congreso del 2019 y el riesgo que supone que el Ejecutivo pueda plantear cuestiones de confianza a la ligera ante un eventual presidente autoritario. “Por no querer responder el pliego interpelatorio, podría solicitar una cuestión de confianza”, declaró.
Después de la reunión y previo a que fracase el intento de la reforma, Valdez había señalado que la actitud de Sagasti fue muy confrontacional y amenazó con una denuncia constitucional en caso el mandatario utilice sus “poderes fácticos” para las reformas. Sagasti respondió minutos después: «No hay ningún interés de intimidar nada que permita el más mínimo resquicio para una acusación constitucional. Aquí de repente el ladrón cree que todos son de su condición».
Los congresistas se sintieron agredidos en general, por lo que se empezaron a esbozar algunos caminos. Fuentes del congreso señalan que algunas bancadas, entre ellas de Fuerza Popular (FP) y Unión Por el Perú (UPP), estaban cocinando una moción de censura en contra del presidente Sagasti.
Como Jefe del Estado y del Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los 3 días de Pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria, y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura.(1/4)
Sagasti salió a responder a los pocos minutos desde su cuenta de Twitter. “Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones, como el que estamos viviendo”, escribió en uno de los mensajes.
Hoy por la mañana, sin embargo, Valdéz rechazó cualquier intento de censura. “Más allá del reproche político que es natural, en el Congreso no se tiene el más mínimo ánimo [de censurar]. [Sagasti] debe entender que es el primer mandatario y su distancia al proceso electoral es importante”, dijo.
¿Qué pasó para que la rabieta de APP cambiara tan pronto? Quizá la respuesta esté en que César Acuña quiera calmar los ánimos en su intento por acercarse políticamente al profesor.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 150: Expresidentes latinoamericanos emiten pronunciamiento que Fujimori aplaude, incluido Pastrana, quien denunció a su padre por venta de armas a las FARC. ¡Y el Congreso vuelve a las mañas!
Que la corrupción siempre ha existido en el Perú, eso es indiscutible. Un país que desde la colonia siempre ha vivido del extractivismo y la exportación, ha tenido que aprender de buena o mala manera a lo largo de sus dos siglos de república, a combatirla y rebajarla lo que fuera posible. Sin duda, si las prácticas de abuso y corrupción como las del siglo XIX (cuando antes y después de la guerra del Pacífico un puñado de familias peruanas y extranjeras se repartió tierras, ganado y minas con todo y población para enriquecer sus bolsillos) siguieran vigentes hoy en día, seríamos un serio motivo de preocupación internacional. Sin embargo, aunque los criterios éticos mundiales contemporáneos de buen gobierno y nuestra dolorosa lucha interna por los derechos humanos se han encargado de ir cerrando el paso a los descalabros de angurria política que busca regresar a aquellos tiempos de leyes con apellidos, las actuales cabezas de redes de clientelaje regional, agroexportación, minería, y narcotráfico han encontrado una vía inesperada que nos ha resultado terriblemente amenazante: han descubierto que pueden perpetuarse en el Congreso y en el Poder Judicial mediante una simple reforma constitucional que les permita perpetuarse en su curul.
Esa potestad que tenían los congresistas de poder reelegirse indefinidamente gracias a la Constitución de 1993, las peruanas y los peruanos la habíamos logrado eliminar con el referéndum del año 2018. Como en el referéndum también se planteó la bicameralidad, quisieron los congresistas dárselas de criollos y utilizar esta otra reforma solicitada como un recurso para que el Poder Ejecutivo no pudiera disolver el Congreso tras haber negado la confianza a dos gabinetes ministeriales. Su jugarreta consistió en poner en el proyecto que, si tanto la cámara de Senado como la de Diputados se oponía a esta decisión, esta orden de disolver quedaba anulada. ¡Así de simple! No nos quedó más remedio que tener que abandonar la bicameralidad para que no la utilizaran a su favor. Pero no les dimos el gusto.
Ahora bien, sin rendirse, y sacando provecho de la circunstancia electoral presidencial que en estas últimas semanas ha copado nuestra preocupación, y escondiéndose detrás de la campaña acordada por los propietarios de los principales medios de comunicación para no hablar de otra cosa que no sea la que provoque el miedo al comunismo, la mayoría del Congreso, de manera aún más burda, nuevamente ha conseguido cómo cambiar la Constitución para recuperar su posibilidad de reelegirse. Incansables, sabiendo estos congresistas que con una sola legislatura ya no podían modificar nada, porque los cambios a la Constitución solo pueden darse si consiguen la votación favorable en dos legislaturas ordinarias consecutivas o la aprobación en una legislatura y la ratificación en un referéndum, de pronto, de manera tan sorprendente como desconcertante, ¡aprobaron dividir la última legislatura en dos! Aunque usted no lo crea, como en un truco de sombrero o en un momento irónico de Lewis Carroll, consiguieron las dos legislaturas necesarias. El plazo entre la primera y la segunda, la que permite discutir sus propuestas de reformas antes de que cesen sus funciones, durará solo un mes. Un mes tendrán para aprobar la bicameralidad, de tal manera que pasar del cargo de senador a diputado y viceversa, elimine el impedimento para conseguir la reelección indefinida perfecta.
Como bien les señaló la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, puede que sea legal, pero indudablemente, no haberse inventado la posibilidad de crear una legislatura de esa manera no puede ser legítima. De decretarse esta reelección, los congresistas de las 10 bancadas del parlamento que entrará en funciones el 28 de junio (6 de las cuales están vinculadas a Fuerza Popular y otras agrupaciones con congresistas investigados por corrupción) podrán reelegirse una y otra y otra vez. Lo ha leído correctamente. Y si además, usted no vota por la candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República (ya se lo deben haber dicho por la televisión o la radio). perderá su canon familiar y se hundirá en la peor miseria comunista.
¿Hasta dónde podrán llegar los engaños y cortinas de humo de las cabezas de las redes de corrupción nacional? Quizá ya deberíamos ser un serio motivo de preocupación internacional.
