**Fotoportada e infografías: Darlen Leonardo
Congreso
DEFENSA DE SUNEDU
La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.
“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.
Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.
La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.
“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro.
“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.
Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.
Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.
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Congreso, reforma universitaria, SUNEDU
Otra vez los fondos de pensiones
Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular).
En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS.
En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.
“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.
Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.
Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.
“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes.
Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.
“No hay discusión en la Comisión”
Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.
“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión.
El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.
Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza.
Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.
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Congreso, Gobierno, Pedro Castillo
Y así, como éstas mencionadas, las perlas prosindicales son de antología, destruyendo la relación equitativa que debe existir en una empresa entre accionistas y trabajadores, bajo la presunción básica de una sociedad capitalista, de que la libre relación laboral es potestad irrenunciable de los empresarios.
Ni en los tiempos más oscuros del velascato, cuando se impuso una dictadura sindical que destruyó el aparato productivo del país, no se había visto algo parecido a lo que hoy pretende el gobierno de Castillo, yendo a contrapelo de sus insistentes proclamas de que apoya la inversión privada y de que ésta debe estar tranquila respecto de que no se moverá el tablero institucional que está vigente. Con este proyecto de decreto, patea el tablero por los aires.
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Betssy Chávez, Congreso, MTPE
No olvidemos tampoco los audios chuponeados a Lady Camones, voceada como candidata a presidir la mesa directiva, cuyas expresiones contra “Los Niños” de Acción Popular prácticamente la han desacreditado, zancadilla de su propia bancada, además. Todos los días escuchamos a un congresista optimista que quizá para tantear a la tribuna, se autoproclama candidato, pero de inmediato la furia opositora contraataca no solamente proponiendo otro candidato, sino despotricando del entusiasmado optimista. Así, solo le estamos dando más oxígeno a Castillo y colaborando al desprestigio del parlamento.
La conformación de una mesa directiva de consenso y sin extremos no solamente es vital para enrumbar las prioridades de la función parlamentaria y devolverle algo del prestigio que este poder del estado tenía en el pasado, sino que también podría ser la última mesa antes de la destitución de Castillo y Boluarte, por lo que él o la presidente del congreso asumiría las riendas del país durante la transición a nuevas elecciones.
De allí que la figura de la o el presidente del congreso debe ser consensuada no solamente por temas de acercamiento político, sino también, por las cualidades que se necesita de una persona que podría tomar las riendas del país en uno de los momentos más complicados de nuestra historia.
Su tarea como presidente de transición no solamente sería la de asegurar elecciones limpias y transparentes, sino también contar con una agenda clara para retomar el camino de la meritocracia en la función pública, reactivar la economía y la creación de empleo, brindar una mejor seguridad ciudadana, asistir a las poblaciones vulnerables de manera efectiva y a tiempo, y ser inflexible con la corrupción.
Es probablemente nuestra última oportunidad de defender la democracia porque el paso del tiempo juega en contra de las libertades. Así como “ La Ultima Cena “ marcó el camino del cristianismo, la última mesa directiva es nuestra esperanza de un nuevo amanecer, donde no puede caber, ningún Judas.
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Acción Popular, Congreso, Tribunal Constitucional
¿Usted va a votar a favor de censurar al ministro?
Por supuesto, porque, sobre todo, está demostrando: o una negligencia entre comillas o una desidia asolapada, al no ubicar ni al exministro Silva, ni a Pacheco ni al sobrino del presidente. Hoy me he enterado de la versión del abogado de Silva, que dice que tiene pruebas de que varios funcionarios más del gobierno están involucrados. O sea, esta es una telaraña de corruptela.
De repente involucra a ‘Los Niños’ también.
Bueno, al final la justicia determinará lo que tenga que determinar.
¿Qué espera de parte del presidente el 28 de Julio?
Esperamos el cambio total de todo el gabinete. Si te lavas la cara, no te vas a lavar solo la mitad. Es toda la cara. Qué mejor gesto sería. Pero, aparte, el presidente, como ya no se le cree lo que dice y a veces es mentecato, tendría que firmar un acta de compromiso con las fuerzas políticas de cuál va a ser su conducción y qué es lo que tiene que cumplir. De no ser así, él solo tendría que cavar su tumba.
Congresista, para ir terminando: un informe de Alejandro Cavero ha impedido que se investigue a su correligionario Manuel Merino por la represión y las muertes de noviembre del 2020. ¿Qué opinión tiene de sus conclusiones?
El informe de Cavero recomienda que se archive. Eso ha traído cola porque muchos no están de acuerdo…
… ¿Y usted está de acuerdo o no?
La pregunta es un poco complicada porque es mi correligionario. De una forma u otra está de por medio la imagen del partido, pero también soy consciente de que, por hechos similares, se ha dado un juicio político con sanciones. No conozco el detalle del informe al 100%, pero ante la opinión pública no se ha visto bien que se mande al archivo. En lo personal, el correligionario Merino es una persona que no ha tenido antecedentes, es una persona coherente y que, lamentablemente le tocó la primera magistratura en un ambiente bastante conflictivo.
Usted ha sido más enfático en una entrevista con El Comercio en enero del 2021. En ese momento calificó de golpe de Estado la forma en que asumió Merino la presidencia. Le leo la cita: “Hay una propuesta para que el próximo Congreso presente acusaciones, incluso, en lo penal contra todos estos congresistas que dieron este golpe de Estado”.
Eso lo declaré, porque esa fue mi posición en un inicio. Luego, con todo lo que se ha sabido de Vizcarra, la situación ya cambia. En el caso de Merino y Ántero Flores Aráoz, hoy en día la opinión pública no toma a bien que el informe vaya al archivo. Así que este lunes se va a evaluar una reconsideración. Yo lo lamento, porque Acción Popular es el único partido al que todo el tiempo lo golpean.
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Congreso, José Arriola, Pedro CastilloCon el tremendo poder de difusión que les permite tener el gobierno central, la narrativa está clara: contra el Congreso, los medios de comunicación y los grupos empresariales. Desprestigiar el statu quo, golpear en las líneas de flotación a los que consideran sus enemigos a derrotar en los próximos comicios electorales. Se preparan para ello. Están capitalizando, mediante el hurto a las arcas públicas y los favores a los sectores informales, para emprender, cuando se presente la nueva oportunidad electoral, una campaña gigantesca. Ese es el guion. La tienen clara.
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Congreso, gobierno regional de Apurímac
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Congreso, Pedro Castillo, Vacancia
Pero ella dice, en los audios: “el pueblo está con nosotros”.
Bueno, está equivocada. No revisa las encuestas, no ve televisión, ni redes. Lo más importante en las personas es ser conscientes y coherentes.
Congresista, ¿qué opina usted del plagio de Pedro Castillo y la primera dama?
A ver, hay una falla en no controlar, en no tener los filtros de parte de las autoridades universitarias, que deben ejercer el control y la supervisión para que eso no suceda.
Por extensión, entonces, es responsabilidad del presidente de esa casa de estudios: el señor César Acuña.
No, porque tú sabes que en todas las empresas… ¿quiénes las manejan? Los rectores, los directores académicos, los asesores. Los accionistas ya no llegan a tener esa responsabilidad. Los accionistas han delegado esos cargos, esas actividades.
¿Y qué opina de las denuncias de plagio contra su hermano?
Él ya aclaró. Ha tenido el tiempo y, de alguna forma, ha tratado de que se esclarezca. Y lo que tengo entendido es que el problema que tuvo en la universidad de España quedó claro y no sucedió lo que todos querían: que le quiten el título, el grado.
Pero eso no quita las conclusiones de la comisión de doctorado de la universidad [que no se había citado a diversos autores en la tesis]. ¿No es un acto igual de condenable el acto del presidente a los actos del señor César Acuña?
Son cosas distintas, porque, en el caso del presidente Castillo, las investigaciones no han concluido. En el caso de mi hermano, ya hay conclusiones donde no ha quedado claro el hecho del plagio.
Congresista, ¿cree usted en la libertad de prensa?
Absolutamente, claro que sí.
Lo pregunto porque María del Carmen Alva le ha cerrado las puertas a los colegas que vienen cubriendo el Parlamento. ¿Está de acuerdo con esa decisión?
Hay un error allí. Si bien las condiciones han cambiado, estamos en una nueva normalidad, la pandemia no ha pasado, pero no es motivo. La prensa debe tener la oportunidad de divulgar lo que se hace en el Congreso.
Entonces, si usted fuese presidente del Congreso, nos abriría las puertas en su totalidad.
Sí, es necesario porque uno tiene que pensar en el bien; no en el mal.
